La falta de hogar y la vivienda inadecuada están alcanzando proporciones de crisis, incluso en las economías emergentes y desarrolladas. Sin embargo, la urgencia y la indignación que deberían despertar las condiciones aberrantes en las que viven millones de personas parecen estar ausentes. Muchos políticos, jueces y gente común están acostumbrados a ignorar, estigmatizar, excluir e incluso criminalizar a las personas por su pobreza y por no contar con una vivienda adecuada. La pregunta es: ¿cómo llegamos a esta situación?
La vivienda se ha tratado más como una aspiración de política pública que como un derecho fundamental.
Al menos parte de la respuesta radica en la historia del derecho de los derechos humanos y en la decisión, tomada hace 50 años, de separar el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la vida, los cuales se articularon originalmente en un único documento: la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde que surgieron los dos Pactos de derechos humanos que separan los derechos sociales, económicos y culturales de los derechos civiles y políticos, la vivienda se ha tratado más como una aspiración de política pública que como un derecho fundamental; de esta manera, se rompió su vínculo con los valores centrales de los derechos humanos, la dignidad, la seguridad y el derecho a la vida, que habrían exigido prontas respuestas basadas en los derechos y el acceso a la justicia.
Mis interacciones con las personas privadas de vivienda me han convencido del carácter artificial de esta separación; estas personas entienden las profundas conexiones entre el derecho a la vida y el derecho a la vivienda. Articulan sus reivindicaciones de derechos humanos no solo como una demanda de vivienda con servicios básicos y seguridad de la tenencia, sino también, de manera más fundamental, como la exigencia de que se reconozca igualmente su derecho a vivir con dignidad y seguridad. Afirman que no se les trata como seres humanos y se les tacha de invasores, alimañas y delincuentes simplemente por intentar sobrevivir. Experimentan el olvido y el abandono de los gobiernos como una devaluación constante y sistemática de sus vidas.
Las experiencias reales de vivienda inadecuada o falta de hogar ponen de relieve lo anterior. Se estima que una tercera parte de las muertes en todo el mundo están relacionadas con la pobreza y la vivienda inadecuada. La tasa de mortalidad entre las personas sin hogar puede ser hasta diez veces mayor que para quienes cuentan con un lugar para vivir. 100 millones de niños viven en las calles en todo el mundo, enfrentando amenazas a su vida y su seguridad todos los días. La falta de agua potable y saneamiento conduce a enfermedades que matan a más de 840,000 cada año. 26.4 millones de personas pierden sus hogares debido a desastres naturales cada año, una cifra 60 % más elevada que hace cuatro décadas. Y, como se ha demostrado de manera trágica en Haití, la vivienda inadecuada aumenta dramáticamente el riesgo de perder la vida y las condiciones de vivienda inadecuadas después de los desastres aumentan la vulnerabilidad a la siguiente catástrofe.
Flickr/United Nations Photo (Some rights reserved)
A child in Raboto, Haiti--a town devastated by a hurricane and subsequent cholera outbreak in 2010. 26.4 million people lose their homes to natural disasters every year.
En situaciones de conflicto, se han atacado cada vez más los hogares y la infraestructura, lo que implica pérdidas de vida considerables. Las crisis de vivienda y financieras en todo el mundo han dado lugar a un aumento impresionante de la cantidad de desalojos y ejecuciones hipotecarias, lo que ha provocado daños irreparables en la vida familiar y duplicado el número de suicidios relacionados con la pérdida de vivienda en los Estados Unidos de América. A las personas con discapacidades se les siguen negando los apoyos para llevar una vida independiente y se les obliga a vivir en instituciones saturadas sin relaciones sociales o familiares, a menudo en celdas de aislamiento durante periodos prolongados. Los migrantes huyen de circunstancias que amenazan sus vidas únicamente para después tener que hacer frente a los riesgos relacionados con la falta de hogar en los países de destino.
A pesar de la evidente convergencia del derecho a la vida y el derecho a una vivienda adecuada, la separación de estos derechos humanos básicos ha dado lugar a un trato muy distinto ante condiciones muy similares. Cuando se revelan las condiciones de vida deplorables en el contexto de las prisiones y los centros de detención, no hay duda de que se les debe considerar como violaciones críticas de los derechos humanos que exigen tomar medidas. Y, sin embargo, cuando se señalan condiciones de vida similares o peores con respecto a los asentamientos informales, causadas porque los gobiernos no han tomado las medidas necesarias, estas no se abordan como violaciones de derechos humanos. Más bien, se les relega a las discusiones de política pública sobre la infraestructura y el desarrollo sostenible.
Este marco ha producido resultados ilógicos en la adjudicación de los derechos humanos. Si una persona se queda sin hogar como consecuencia de una acción del Estado, como la deportación o el desalojo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, ha estado dispuesto a identificar una violación de derechos humanos: del derecho a no sufrir un trato cruel o inhumano. Sin embargo, cuando una persona experimenta las mismas circunstancias de falta de hogar, pero esta vez a causa del descuido y la falta de acción por parte del Estado, el Comité no ha concluido que exista una violación de derechos humanos. Esta aplicación desigual ha provocado que se rechacen importantes reclamaciones de derechos humanos presentadas por las personas sin hogar, las personas con discapacidades, las mujeres que experimentan violencia y otros. Para ellos, la satisfacción de sus derechos humanos no consiste únicamente en estar libres de maltrato o castigo, sino, de manera más fundamental, en contar con el derecho positivo a un lugar para vivir con dignidad, seguridad e inclusión.
Negarse a escuchar, adjudicar y proporcionar recursos para la categoría de reivindicaciones del derecho a la vida derivadas de privaciones sistémicas, como la falta de hogar, tiene una inmenso impacto. Refuerza una práctica negativa en materia de derechos humanos que sigue negando el acceso a la justicia para muchas de las violaciones más graves del derecho a la vida en muchas jurisdicciones.
Actualmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU está redactando una nueva observación general (N.º 36) sobre el derecho a la vida, que brinda una importante oportunidad para reafirmar el compromiso con un entendimiento más inclusivo del derecho a la vida. Pero a pesar de algunos cambios prometedores en el lenguaje, en el borrador inicial persiste una bifurcación del derecho a la vida en dos categorías, con lo que las obligaciones de largo plazo de hacer frente a la falta de hogar y la pobreza quedan relegadas a la categoría de las aspiraciones de política pública imposibles de aplicar.
El punto de partida para comprender el alcance del derecho a la vida no debería basarse en si la causa de la privación es la acción o la inacción del gobierno; en cambio, debería basarse en cuáles son los derechos de los titulares de derechos. El reto que tenemos ante nosotros es ir más allá de las dos categorías de derechos y obtener una comprensión más unificada que otorgue igual reconocimiento a las vidas de quienes experimentan la pobreza y la falta de hogar y que garantice el acceso a la justicia y los recursos para las violaciones más generalizadas y flagrantes del derecho a la vida y el derecho a una vivienda adecuada.
***Este artículo es el resumen de un informe completo sobre este tema que presentó la Relatora Especial Leilani Farha ante la Asamblea General de la ONU el 25 de octubre de 2016.