El 20 de septiembre, la oficina de Amnistía Internacional en la India cesó sus operaciones en el país. Amnistía Internacional (AI) atribuyó el cierre a la “cacería de brujas incesante” que emprendió el gobierno de la India con base en acusaciones infundadas y motivadas, incluida la de dedicarse al lavado de dinero. De acuerdo con la oficina de AI India, durante los últimos ocho años, más de cuatro millones de indios la han apoyado y cerca de 100,000 indios han hecho aportaciones económicas.
El cierre de la oficina de Amnistía Internacional en la India plantea interrogantes sobre la estrategia global de AI y la democratización del movimiento global de derechos humanos. La oficina de AI en la India formaba parte del Programa de Transición Global (GTP, por sus siglas en inglés) de 2010 de AI, cuyo objetivo era reestructurar la organización al reducir las operaciones de su oficina en Londres y transferirlas a centros regionales en diversas partes del mundo. Se establecieron nuevos tipos de oficinas nacionales en la India, Brasil, Sudáfrica, Kenia, Nigeria e Indonesia. También se buscaba convertir a AI en un movimiento genuinamente global, así como reunir fondos del Sur global y dejar de depender por completo de los fondos del Norte global. Donantes como la Fundación Ford y la Fundación Open Society financiaron el traslado de AI al Sur, el cual se percibió como una manera de fortalecer la movilización del nivel local al internacional y aumentar el contacto con los defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil.
Sin embargo, también planteó algunas preguntas para AI y para el movimiento global de derechos humanos.
Cuando abrió su oficina en la India en 2012, AI quizás no previó que un gobierno iliberal subiría al poder en 2014; aunque debe haber estado consciente de los riesgos en otros países. Cuando AI desplegó el GTP en 2010, ¿lo hizo con un optimismo poco realista, sobre todo dado que el apoyo mundial para los derechos humanos en Occidente disminuía rápidamente? Se había reducido el optimismo con respecto a las potencias emergentes, como la India, Brasil y Sudáfrica, y varios gobiernos iliberales habían cobrado poder en el sistema global. No era posible esperar un momento oportuno, ya que los gobiernos de diversos tintes siempre suponen un desafío para el libre funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos. El hecho es que las oficinas de derechos humanos, sean nacionales o internacionales, pueden sufrir represalias por parte de los gobiernos, y AI debió preverlo cuando estableció su oficina en la India en virtud del GTP. Entonces, queda una pregunta sin responder: ¿valió la pena el costo, incluidas las consecuencias para las personas relacionadas con AI India?
Otra pregunta importante es: dada la tradición de AI de proteger a sus miembros de los prejuicios y las represalias, ¿qué medidas tomó para evitar que se tomaran represalias contra sus miembros y simpatizantes de las oficinas nacionales? Desde 2001, AI abandonó su “regla sobre el propio país”, según la cual los miembros de la organización tenían prohibido trabajar en casos en sus propios países. Era una limitación autoimpuesta para proteger a los miembros de posibles problemas con sus propios gobiernos, pero también para enfatizar la importancia de la solidaridad en el trabajo por los derechos humanos.
¿Valió la pena el costo, incluidas las consecuencias para las personas relacionadas con AI India?
El cierre de la oficina de la India eleva el valor de la “regla del propio país”, la cual podría haber evitado que el gobierno indio tomara la medida extraordinaria de cerrar la oficina de AI. El gobierno de la India alega que se incurrió en lavado de dinero, lo que implicaría realizar investigaciones contra todas las personas que aportaron a AI India y pondría en riesgo a una gran cantidad de simpatizantes de la organización.
Por otra parte, el objetivo de la “regla del propio país” era evitar que las oficinas locales de AI se convirtieran en una simple organización de derechos humanos local con vínculos internacionales. En el caso de la oficina de AI en la India, los vínculos con la organización matriz parecen haber obstaculizado su funcionamiento. Por ejemplo, en noviembre de 2019, la policía india realizó una redada en la oficina de AI India después de que la organización matriz testificó ante el Congreso de los EE. UU. con respecto a la situación en Jammu y Cachemira.
El cierre de la oficina de AI en la India también tiene implicaciones para el movimiento global de derechos humanos. Una evaluación de la Iniciativa Global para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Todo el Mundo (SHRW, por sus siglas en inglés) de la Fundación Ford, a través de la cual la fundación financió el traslado de AI hacia el Sur, planteó las cuestiones siguientes: ¿cómo diferenciar los papeles que desempeñan las ONG nacionales e internacionales?; ¿estas funciones se podrían interpretar como una expansión imperial de las agrupaciones con sede en el Norte?; ¿estos traslados apoyan o reducen la voz de los grupos y las comunidades locales?; ¿las ONG internacionales tienen una ventaja sobre las ONG nacionales en cuanto a la obtención de una mayor proporción de recursos debido a la concentración del “capital cultural” (“conocimiento y acceso a las instituciones de gobernanza mundial”) entre las organizaciones con sede en el Norte?
La ecología del movimiento de derechos humanos comenzó a cambiar en la década de los 1980, y la reseña de la iniciativa SHRW lo refleja. En este contexto transformado, los esfuerzos de AI para acercarse al terreno ocurrieron en un momento inoportuno, cuando habían surgido ONG fuertes en el Sur que desafiaban cada vez más la ecología tradicional de derechos humanos. A pesar de tener su sede en el Norte, AI funcionaba como un movimiento global con algunas de las limitaciones correspondientes, como la posibilidad de que los gobiernos autoritarios la acusaran de ser una organización de Occidente. En lugar de basarse en sus fortalezas, AI parece haberse propuesto el ingenuo objetivo de ampliar su presencia en el campo en el momento equivocado y por las razones equivocadas.
No obstante, el movimiento global de derechos humanos debe condenar las acciones del gobierno de la India contra la oficina de AI India. Debe abogar por el retiro de todas las denuncias y el restablecimiento de la oficina. También debe analizar las lecciones extraídas de la democratización del movimiento durante las dos últimas décadas, incluido el fortalecimiento del papel y las voces de las ONG del Sur. Por su parte, AI debe revisar los supuestos de su GTP, tomando en cuenta los acontecimientos de las últimas dos décadas. Una evaluación del GTP que encargó AI en 2017 recomendó formular una “nueva narrativa” que “vaya más allá de acercarse al terreno, más allá de la distribución del Secretariado Internacional [IS, por sus siglas en inglés] de Amnistía, para centrarse en cambio en la distribución de Amnistía como un movimiento... [convirtiendo a todas] las regiones en comunidades dinámicas para la realización de campañas públicas”.