La cuestión de cuándo y cómo han de cumplir las fuerzas militares con la obligación de proteger los derechos humanos individuales es objeto de un acalorado debate. Durante las últimas dos décadas, han intervenido una gran variedad de gobiernos, fuerzas militares, tribunales, organizaciones no gubernamentales y académicos, lo que ha dado lugar a una vertiginosa gama de interpretaciones.
Algunos sostienen que el derecho de la guerra —las reglas que rigen la conducta durante los conflictos armados— reemplaza por completo al derecho de los derechos humanos. Otros afirman que existe una relación de superposición entre ambos regímenes de derecho, pero difieren marcadamente en cuanto a cómo aplicar este enfoque complementario durante las situaciones de conflicto.
Las investigaciones existentes suelen centrarse en los debates sobre cuál es, o debe ser, la letra de la ley en esta situación fragmentada. Las limitaciones de este enfoque se hicieron evidentes mientras concluíamos nuestros cursos de formación militar en San Remo, Italia, en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario (IIHL, por sus siglas en inglés), uno de los institutos internacionales de capacitación más antiguos y destacados.
Después de forjar una alianza de colaboración con profesionales del IIHL, nos dimos cuenta de que la fragmentación jurídica no solo se manifiesta a través de los tratados y en las páginas de las revistas jurídicas, sino también en la enseñanza jurídica que reciben los soldados. Cada año, miles de miembros del personal militar reciben capacitación especializada sobre cómo aplicar el derecho de los conflictos armados (LOAC, por sus siglas en inglés) en una variedad de entornos de combate. Estos cursos combinan la enseñanza y las simulaciones para incorporar la sensibilidad humanitaria en las reglas formales de enfrentamiento y en la cultura cotidiana de los portadores de armas. Hoy en día, una gran cantidad de entidades —desde organizaciones no gubernamentales, ejércitos y alianzas militares hasta instituciones académicas y organizaciones internacionales— ofrecen esta clase de cursos, los cuales eran prácticamente inexistentes hace tan solo un par de décadas.
El proyecto del Modelo de Minnesota que emprendimos nació a raíz de la percepción de que el IIHL no tenía una idea clara del alcance y los efectos de esta expansión global de la capacitación sobre LOAC. Asimismo, si bien las fuerzas militares y los actores no estatales ahora tienen un acceso mucho mayor que antes a la capacitación jurídica, no queda nada claro qué versión del derecho —y de su relación con los derechos humanos— están internalizando. Nuestros socios en IIHL expresaron la necesidad urgente de entender si, y cómo, la expansión de la capacitación sobre LOAC contribuye a que existan interpretaciones divergentes de la relación entre los derechos humanos y el LOAC.
Este vacío de información presenta problemas para los investigadores y los profesionales de derechos humanos. Si no tenemos una idea de la capacitación jurídica que reciben los militares, no podemos entender de quién proviene la versión del derecho que guía las decisiones sobre el uso de la fuerza y las protecciones que se otorgan. Debido a esta falta de conocimiento, también es sumamente difícil que los capacitadores se coordinen, compartan las mejores prácticas, asignen recursos con eficacia y trabajen juntos de otras maneras para fomentar el cumplimiento de la ley.
Uno de los objetivos del proyecto es construir una base de datos —una parte de la cual estará a disposición del público a inicios de este año— que documente los cursos e institutos de capacitación sobre LOAC de todo el mundo. Esta investigación surgió como resultado directo de las necesidades de uno de los actores que trabajan sobre el terreno. De hecho, los capacitadores de otras organizaciones destacadas afirmaban reiteradamente la necesidad de contar con un mapa del campo y les sorprendía que este aún no existiera.
Si no tenemos una idea de la capacitación jurídica que reciben los militares, no podemos entender de quién proviene la versión del derecho que guía las decisiones sobre el uso de la fuerza y las protecciones que se otorgan.
Durante el último año, hemos colaborado estrechamente con aliados del IIHL, con el apoyo de un equipo de investigación sobresaliente conformado por estudiantes de pregrado, de posgrado y de la facultad de derecho. Analizamos una gran variedad de cursos que ofrecen capacitación práctica para militares, personas responsables de formular políticas, periodistas y activistas humanitarios. Los objetivos finales del proyecto incluyen ayudar a las organizaciones de derechos humanos y de refugiados interesadas a entrar en contacto con los programas de capacitación del IIHL, desentrañar los principales ejes de la fragmentación interpretativa en el ámbito de la enseñanza sobre LOAC y elaborar talleres para los instructores de las fuerzas militares y de organizaciones destacadas sobre la fragmentación, la superposición y las mejores prácticas en la capacitación sobre LOAC.
La colaboración estrecha con un actor clave de este campo reveló que para que exista una verdadera interdisciplinariedad —y una síntesis genuina de perspectivas— es necesario integrar los conocimientos de la disciplina y de los actores interesados. Este tipo de integración es la única forma de comenzar a abordar los efectos dependientes del contexto de las diferencias en la capacitación sobre LOAC. A través de nuestra alianza estratégica, hemos tenido la suerte de participar en cursos de capacitación y observar de primera mano cómo la pedagogía de la capacitación moldea la comprensión de la ley. También hemos tenido la oportunidad de conversar con profesionales de todo el mundo, tanto militares como civiles, que están inmersos en el ámbito de la capacitación jurídica o la conducta en el campo de batalla.
Nuestros hallazgos hasta la fecha indican claramente que las diferencias de interpretación entre los principales actores estatales y no estatales sobre la relación entre los derechos humanos y el LOAC se manifiestan en la capacitación que se les proporciona a los portadores de armas en todo el mundo. Además, las interpretaciones dominantes de los abogados e instituciones internacionales no son necesariamente las que se incorporan en los programas de capacitación sobre LOAC. Esto sugiere que los investigadores y los profesionales deben prestar mayor atención a los programas de adiestramiento militar como foros discretos para entender la política del derecho internacional en la intersección del LOAC y los derechos humanos.
Por último, nuestra investigación reveló que a pesar de la participación de docenas de organizaciones y la inversión de decenas de millones de dólares en estos cursos, ni los investigadores ni los profesionales tienen una idea cabal de hasta qué punto esa capacitación incide realmente en el cumplimiento de la ley sobre el terreno. Este conocimiento tiene interés práctico para los responsables de formular políticas que dedican recursos considerables a estos cursos, e interés teórico para los investigadores de derechos humanos que tratan de entender el momento y la manera en que las personas internalizan las normas jurídicas.
Durante la siguiente etapa de la colaboración, tenemos la intención de afrontar esta laguna en nuestro entendimiento de los efectos y la eficacia de la capacitación sobre LOAC mediante la recopilación de datos sistemáticos sobre cuándo y cómo dicha capacitación moldea las actitudes con respecto a los derechos humanos. Al hacerlo, pretendemos facilitar un diálogo extenso entre las organizaciones de derechos humanos, en gran medida aisladas, y los capacitadores de LOAC para que puedan coordinar mejor sus recursos y mejorar sus prácticas.