Están ganando terreno los litigios contra grandes proyectos extractivos en África

Las comunidades en África están usando cada vez más litigios contra grandes proyectos extractivos que exacerban la emergencia climática y la pérdida de la biodiversidad.



Oxfam International/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)


 

Este artículo hace parte de la serie Up Close de OGR “La emergencia climática ante las cortes," sobre la difusión global de litigios basados en derechos humanos que buscan impulsar accciones contra el cambio climático.

 


Mientras hacemos una pausa colectiva en nuestros distintos estados de confinamiento, la pandemia de la covid-19 es un espejo que nos muestra que nuestros sistemas son defectuosos, que la desigualdad ha alcanzado proporciones insostenibles, que la violencia contra las mujeres se ha normalizado y que la destrucción del planeta es una forma de vida.

Los patrones de consumo alrededor del mundo están alimentando la extracción acelerada del trabajo de las personas y de los recursos que provee la naturaleza. La agricultura a gran escala, con el despojo de tierras y el trabajo esclavo que acarrea, junto con la extracción de combustibles fósiles, nos ha traído al borde: somos testigos de violaciones masivas de los derechos de las personas y de altos niveles de tasas de extinción y de pérdida de biodiversidad.

Dentro de este contexto, las comunidades en África cada vez están buscando más formas de oponerse a los grandes proyectos extractivos, que han contribuido a la emergencia climática y a la pérdida de biodiversidad. El litigio relacionado con el clima es un enfoque creciente en el contexto africano. Varias comunidades y organizaciones ambientales legales han ido a las cortes para detener proyectos dañinos o para que se reconozcan los derechos de las comunidades donde ha habido violaciones a la justicia.

Save Lamu contra la Autoridad Nacional de Manejo

El 26 de juio de 2019, el Tribunal Nacional Ambiental de Kenia emitió un fallo importante que revocaba una licencia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) otorgada a la Amu Power Company Limited para desarrollar la primera planta alimentada por carbón en Kenia: una planta de 1050MW que se ubicaría en las costas del Condado Lamu, que tiene unas condiciones climáticas sensibles y está cerca de la Isla Lamu, patrimonio de la humanidad. La muy esperada decisión vino después de una apelación hecha en 2016 por Save Lamu, una organización de base, y cinco residentes de la isla. Juntos representaron los intereses de una comunidad diversa y vibrante que ha hecho de la Isla Lamu su hogar por varios siglos. Natural Justice estuvo trabajando para apoyar a las comunidades de Lamu durante la última década.

El Tribunal explicó que, cuando hay una falta de claridad acerca de las consecuencias de cierta legislación, como precaución, les corresponde a los órganos reguladores rechazar las propuestas de proyectos.

El fallo reconoce el papel central de las voces comunitarias en los procesos de toma de decisiones, en particular las de las comunidades que más han sido afectadas por las que se han tomado a favor de proyectos dañinos. De igual forma, resalta aspectos clave de la participación pública efectiva.

De manera notable, los demandantes de la comunidad también señalaron que el proyecto haría que Kenia incumpliera sus obligaciones ante el Acuerdo de París y que el proyecto era inconsistente con los compromisos de desarrollo bajos en carbón que hizo el país.

El Tribunal señaló en su fallo que “los asuntos de cambio climático son pertinentes en los proyectos de esta naturaleza y deben considerar y cumplir todas las leyes relacionadas a ello. La omisión de considerar las estipulaciones de la Ley de Cambio Climático de 2016 fue significativa incluso aunque su efecto futuro fuese desconocido”. El Tribunal aplicó el principio de precaución y explicó que, cuando hay una falta de claridad acerca de las consecuencias de cierta legislación, como precaución, les corresponde a los órganos reguladores rechazar las propuestas de proyectos; los asuntos de cambio climático son considerados de mayor importancia que los estudios incompletos o inadecuados cuando se quieren sacar adelante proyectos de desarrollo.

Earthlife Africa Johannesburgo contra el Ministerio de Asuntos Ambientales

Este caso sudafricano fue presentado por Earthlife Africa, representado por el Centro de Derechos Ambientales contra una propuesta para una planta alimentada por carbón, con base en los impactos al cambio climático. Este fue el primer caso en Sudáfrica que lo hacía. Se había otorgado una autorización ambiental para construir una estación de energía a base de carbón de 1200MW en la Provincia de Limpopo, sin haber hecho la evaluación de impacto climático. El 8 de marzo de 2017, el Alto Tribunal de Pretoria confirmó que el cambio climático es un riesgo sustancial para el desarrollo sostenible en Sudáfrica, lo cual está consagrado en el derecho al ambiente en la Constitución. El caso estableció un precedente importante contra los fallos que utilicen políticas energéticas anteriores y que apoyan nuevos proyectos de carbón. Está influenciado también por un principio clave de equidad: la justicia intergeneracional.

La Philippi Horticultural Area Food & Farming Campaign contra el Miembro del Comité Ejecutivo de Gobierno Local, Asuntos Ambientales, Desarrollo y Planeación

El Área Horticultural de Philippi tiene un radio de 120 kilómetros de tierra agrícola y pantanos que ha sido la fuente primaria de vegetales y frutas para Ciudad del Cabo durante más de un siglo. El éxito agrícola y la resiliencia climática de esta área se debe, en parte, al Acuífero de las Cape Flats que está debajo del área, el cual la hace más resistente a las sequías.

Con base en estudios erróneos e imprecisos, Ciudad del Cabo aprobó propuestas de desarrollo que eliminarían un tercio de la tierra agrícola, lo cual resultaría en la pérdida de 4000 empleos y 150.000 toneladas anuales de productos vegetales y florales. Las propuestas también conllevarían a la degradación y polución del acuífero, el cual le brinda seguridad de agua al área.

La Philippi Horticultural Area Food & Farming Campaign, una organización de base, llevó el caso al Alto Tribunal del Cabo Occidental. Se determinó que, aunque hubo evaluaciones de impacto del agua subterránea, dulce y pluvial (que ya habían caducado), no había una evaluación de impacto especializada en el acuífero. El juez Savage, quien determinó el caso, señaló que “lo que se requería era una evaluación más reciente de la salud del acuífero y del impacto que tendría el proyecto propuesto, en consideración con el cambio climático y la escasez de agua en el área”.

Este caso es la primera vez que un juez le instruye a una ciudad o a un municipio en Sudáfrica a tomar en cuenta la escasez y la disponibilidad de agua a la luz del cambio climático en sus planes de desarrollo. El caso decidió que ni Ciudad del Cabo ni el gobierno de la provincia del Cabo Occidental consideraron el impacto completo de los proyectos de desarrollo el Acuífero de las Cape Flats.

Este caso es la primera vez que un juez le instruye a una ciudad o a un municipio en Sudáfrica a tomar en cuenta la escasez y la disponibilidad de agua a la luz del cambio climático en sus planes de desarrollo.

Esta victoria llegó después de la victoria comunitaria más importante del caso Xolobeni, donde el Alto Tribunal de Pretoria decidió que el Ministerio de Recursos Minerales debe obtener el “consentimiento completo y formal” de la comunidad xolobeni antes de otorgar derechos a la explotación minera. Natural Justice está trabajando con los activistas de Philippi para oponerse a una operación minera propuesta sobre el acuífero.

Las comunidades en África, como en el resto del mundo, están viviendo tiempos muy inciertos. La pandemia de la covid-19 es sólo el inicio de los desafíos que enfrentamos. Pero los casos que han llegado a las cortes muestran que las comunidades no son espectadoras pasivas. Las victorias de los litigios climáticos alrededor del mundo, como en Colombia, Nueva Zelanda, Pakistán, India, Sudáfrica, Kenia y los Países Bajos, muestran claramente que el impulso está comenzando a crecer. Las personas de comunidades indígenas y locales, los jóvenes y las mujeres están liderando muchos de estos nuevos casos. Mientras escribo esto, la victoria del caso Greenpeace Nordic Association contra el Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, basada en el derecho a un ambiente saludable, está diseminándose. El Juzgado de Distrito estuvo de acuerdo en que el derecho constitucional a un ambiente saludable en Noruega podía hacerse cumplir en las cortes, pero dijo que no se había violado, en parte porque Noruega no era responsable por su petróleo exportado que se queme en otro lugar. El Juzgado de Apelaciones estuvo de acuerdo con que el derecho puede hacerse cumplir y añadió que Noruega es responsable por sus emisiones “exportadas”.

El litigio estratégico climático es un camino para oponerse a empresas y gobiernos. Aunque gasta mucho tiempo y recursos, cada victoria crea un efecto multiplicador en las comunidades en África y en las salas de juntas de las empresas multinacionales. Entre más conscientes del derecho sean las comunidades, más podrán usarlo, moldearlo y desafiarlo. Durante estos momentos de incertidumbre, podemos tener certeza de que las personas van a defender sus derechos.

En palabras del escritor keniata Ngũgĩ wa Thiong'o, “ninguna noche es tan oscura que no vaya a terminar en el amanecer, o más bien, cada noche termina con un amanecer”.

 

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: June 29, 2020

Pooven Moodley es abogado ambiental y de derechos humanos de Sudáfrica. Es el Director Ejecutivo de Natural Justice y el co-presidente del Consejo del Consorcio ICCA de Defensa de los Territorios de Vida.


 

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