¿Por qué razón querría una persona comprometida con poner fin a la tortura trabajar alguna vez con los perpetradores, o con organizaciones que perpetran actos de tortura? Hacerlo está plagado de riesgos morales; entre ellos, el más grave es el de ser utilizado, contribuir al mito de la reformación y no cuestionar las constelaciones de poder que perpetúan el abuso. Y, sin embargo, los juicios sobre cuándo la colaboración se convierte en apropiación y cuándo es una estrategia inteligente se hacen con demasiada facilidad en abstracto, con base en las preferencias morales en lugar de en opiniones fundamentadas empíricamente. En última instancia, la decisión de “trabajar desde adentro” tiene que estar basada en el razonamiento lógico y la evidencia empírica.
Una forma de razonamiento que justifica esta estrategia es la siguiente: para evitar los actos patológicos como la tortura es necesario transformar los contextos institucionales que autorizan, permiten y crean oportunidades para ellos; y, a su vez, una transformación institucional auténtica y duradera requiere el trabajo desde adentro como una condición necesaria, aunque de ninguna manera suficiente.
Los estudios sobre la eficacia de las intervenciones de derechos humanos han tenido resultados muy diversos.
Consideremos por un momento lo que sabemos sobre qué funciona en la prevención de la tortura. Por desgracia, y como han demostrado los científicos sociales que han llevado a cabo metaevaluaciones, los estudios sobre la eficacia de las intervenciones de derechos humanos han tenido resultados muy diversos. Quizás la estrategia más popularizada es penalizar la tortura y castigar a los responsables, un enfoque que sin duda resulta atractivo para nuestras intuiciones morales sobre los peligros de la impunidad y nuestras respuestas emocionales a las personas que cometen esta clase de actos atroces. Un estudio reciente sobre los esfuerzos para prevenir la tortura durante los últimos treinta años aportó evidencia empírica de que, cuando se hacen cumplir, las leyes que penalizan la tortura sí contribuyen a su reducción. Sin embargo, este mismo estudio mostró que en una variedad de jurisdicciones, desde los regímenes autoritarios hasta las democracias liberales, incluso si hay leyes excelentes sobre el papel, estas rara vez se hacen cumplir cuando se trata de castigar a los perpetradores en el sector de la seguridad. Casi siempre, acabar con la impunidad sigue siendo una meta más allá del alcance de las realidades institucionales.
Flickr/Dhammika Heenpella (Some rights reserved)
Organizational change expert John Kotter insists that leadership is critical, but change cannot be simply decreed from above or the outside; it requires deep and broad support across an organization.
Este estudio también indicó que lo efectivo era alterar las condiciones de la detención, un hallazgo que apunta a una cuestión más amplia sobre la prevención. La prevención de los actos patológicos requiere cambiar las condiciones que autorizan, permiten, legitiman y crean oportunidades para ellos. La impunidad es una de esas condiciones, pero no la más importante. Ahora contamos con varias décadas de investigaciones en las ciencias sociales, desde los infames experimentos de la prisión de Stanford de Zimbardo y los experimentos con electrochoques de Milgram, que sugieren que la situación es más importante que la disposición cuando se trata de la violencia institucional. Los contextos en los que se deshumaniza a los detenidos, en los que hay ideologías fuertes que justifican la violencia en nombre de la nación o la comunidad y en los que la conformidad y la obediencia se recompensan con la pertenencia y otros bienes sociales son propicios para el abuso. Es posible que los compromisos éticos de los individuos no sean suficiente defensa para no aceptar contribuir a la violencia, especialmente en las instituciones cerradas. Y esto significa que simplemente tratar de fortalecer el conocimiento de los individuos sobre los derechos humanos, o su compromiso con ellos (a través de capacitaciones de derechos humanos, por ejemplo), tiene pocas probabilidades de causar un impacto importante. Lo que hay que cambiar son las condiciones institucionales que dan forma a las acciones, los juicios y las orientaciones morales de los individuos.
En el equipo con el que trabajé en un proyecto que buscaba impedir la tortura en las organizaciones del sector de la seguridad en Nepal y Sri Lanka, tomamos este aprendizaje sobre la importancia de transformar los contextos institucionales como el punto de partida de nuestro trabajo. En este contexto, el experto en cambio organizacional John Kotter insiste en que los dirigentes desempeñan un papel crítico, pero el cambio no se puede decretar simplemente desde arriba o desde el exterior; se requiere un apoyo profundo y amplio en toda la organización. De manera más específica para nuestro campo, el experto en temas policiales David Bailey sostiene que “se debe hacer que el carácter de la organización contribuya a las reformas, y no se oponga a ellas”. Los estudios criminológicos sobre las reformas al sector de la seguridad también muestran que los cambios impuestos suscitan resistencia, y que las organizaciones del sector de la seguridad en particular, dado que son cerradas y poderosas, son expertas en resistirse a las reformas que consideran una imposición, cerrando filas y creando desvíos para mantener sus culturas y sus privilegios.
Todo esto sugiere que una condición necesaria (aunque no suficiente) para prevenir la tortura será trabajar “desde adentro” para cambiar los procesos, las estructuras y las culturas de las organizaciones del sector de la seguridad. Pero al mismo tiempo, y esto es algo que complica tremendamente el trabajo, las organizaciones del sector de la seguridad no funcionan de forma aislada; todo lo contrario: se insertan en una ecología económica, política y social más amplia que incluye el régimen político, el sistema de justicia penal, las ideologías, y las culturas y dinámicas sociales de las comunidades que las rodean. Cómo y dónde se ubiquen las organizaciones del sector de la seguridad en esta ecología más amplia determinará en gran medida las oportunidades, o los obstáculos, para transformar sus estructuras, procesos y culturas. Por ejemplo, en los casos en los que la policía esté completamente subordinada a otros ámbitos institucionales como el régimen político, habrá enormes dificultades para lograr algo más que una reforma superficial. En aquellos en los que goce de un lugar privilegiado en la distribución general del poder, los cambios en las prácticas y las normas de las organizaciones del sector de la seguridad pueden generar transformaciones políticas y sociales más amplias. En los casos en que la policía sea razonablemente autónoma, los esfuerzos de reforma pueden cambiar las prácticas a nivel local; quizás sean cambios limitados, pero cuando se trata de detener la tortura, no son nada desdeñables.
Estas preguntas sobre en qué parte del campo político y social es realmente posible generar cambios efectivos no pueden plantearse en abstracto. Las ideas preconcebidas, basadas en teorías abstractas sobre dónde se generan los cambios en realidad o basadas en las preferencias morales de los activistas acerca de con quién prefieren trabajar, no están a la altura. Para responderlas, se requiere un trabajo empírico minucioso y específico in situ y en los distintos espacios; un trabajo atento a los aspectos políticos, o a la dinámica del poder y las relaciones institucionales de la sociedad en cuestión. Y este análisis con fundamento empírico es el que nos proporcionará la única respuesta ética a la pregunta de si debemos trabajar con las organizaciones perpetradoras. El problema es que esto requiere entrar ahí e investigar. Incluso entonces, como ha sido el caso por mucho tiempo, las personas buenas y razonables discreparán sobre la ética y la eficacia de trabajar desde adentro o desde afuera, o incluso sobre cómo trazar las líneas divisorias.