A menudo se dice que la tecnología avanza más rápido que la ley, y la identificación digital es un buen ejemplo de ello. La identificación digital se refiere al uso de tecnologías digitales, como algoritmos, bases de datos y redes móviles, para identificar a las personas. Marca un cambio de la documentación de identidad oral y en papel a la identificación electrónica y también introduce nuevos procesos. Uno de estos procesos es la autenticación, en la que una persona no solo necesita ser identificada mediante un documento como el documento nacional de identidad, sino que también tiene que demostrar que es la persona cuyos datos figuran en el documento. La autenticación se realiza mediante códigos y contraseñas de un solo uso previamente compartidos o enviados al titular del documento de identidad o mediante el uso de sus características biométricas, como las huellas dactilares, el iris o el rostro.
Gobernanza y tecnología
Todos estos avances en la identificación de personas están cada vez más disponibles en dispositivos como teléfonos inteligentes y sitios web. Sin embargo, la identificación digital se ha vuelto muy objeto de controversia cuando están involucrados los gobiernos. Este debate ha surgido porque las identidades digitales no son un fin en sí mismas, sino un medio para acceder a los servicios gubernamentales. Cada vez más, los gobiernos, especialmente en el continente africano, están haciendo de la identificación digital un requisito previo obligatorio para acceder a los servicios gubernamentales.
Los ejemplos van desde servicios para toda la población, como el seguro nacional de salud y los exámenes nacionales, hasta los ofrecidos por organismos especializados, como los permisos de conducir. Países como Kenia o Ruanda cuentan con plataformas digitales a través de las cuales los ciudadanos y no ciudadanos pueden acceder a casi todos los servicios de los organismos gubernamentales. En muchos países, los servicios de bienestar social, como la atención a las personas mayores y la asistencia sanitaria a las personas vulnerables, también se están integrando en programas de identificación digital, de modo que una persona solo puede recibir esos servicios después de haberse registrado con una identificación digital. Además, la persona debe ser identificada y autenticada antes de recibir el servicio.
Estos cambios han dado lugar a la gobernanza por tecnología, una brecha de gobernanza que se produce cuando los organismos gubernamentales adquieren y utilizan tecnología sin seguir los principios de buena gobernanza, como la participación de las personas, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Gobernanza por tecnología
El auge de la identificación digital en África plantea nuevas preguntas sobre la ciudadanía y la pertenencia. Estos derechos ya están previstos en las constituciones nacionales y en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), pero la identificación digital está redefiniendo la forma en que uno funciona en la sociedad. Tomemos el ejemplo del proyecto de identificación digital Huduma Namba en Kenia. El proyecto, que amplía el sistema existente para incluir a niños y extranjeros, se inició mediante una enmienda a la ley de registro de personas. La enmienda fue rechazada por muchas razones, entre ellas que las personas que carecían de documentos de nacionalidad corrían el riesgo de ser excluidas de los registros oficiales. Aunque Kenia tiene un número relativamente alto de ciudadanos documentados, ciertas comunidades se han enfrentado a barreras históricas para obtener la documentación de ciudadanía. No eran infundados los temores de que el nuevo sistema, que trasladaría todos los servicios gubernamentales a Internet, excluyera a estas comunidades de esos servicios. En lugar de tomar medidas para abordar la difícil situación de los kenianos sin documentación, el programa Huduma Namba del gobierno dio prioridad a la digitalización de los registros en papel existentes.
Problemas similares han surgido con el proyecto Ndaga Muntu de Uganda, por el cual a los grupos no incluidos en el listado oficial de comunidades étnicas de Uganda se les negó el registro de identidad, en violación de las protecciones de los derechos culturales consagrados en la constitución del país. Las personas de estas comunidades se ven obligadas a registrarse como miembros de comunidades diferentes y reconocidas para poder acceder a los servicios.
Además, la identificación digital plantea nuevas complejidades. En la era digital, el registro no es suficiente. Es necesario estar identificado y autenticado digitalmente para acceder a los servicios. En Uganda, a algunas personas que se registraron para obtener una identificación digital utilizando sus documentos nacionales de identidad se les capturaron los datos erróneamente y, por lo tanto, el sistema no pudo concederles acceso a los servicios. Por ejemplo, las fechas de nacimiento de algunas personas mayores se capturaron incorrectamente, indicando falsamente que eran más jóvenes y, por lo tanto, no elegibles para la ayuda a la vejez. En esos casos, la carga de corregir los datos inexactos recayó en los ciudadanos, lo que supuso una doble carga para un grupo que ya era vulnerable y necesitaba apoyo.
En otros casos, los errores en el sistema de identificación digital han llevado a la denegación masiva de servicios. En Kenia, más de 40 000 personas que de niños habían recibido alimentos y asistencia médica en campos de refugiados fueron marcadas como refugiados. Posteriormente, se les negó el registro como ciudadanos kenianos al cumplir los 18 años. Más recientemente, en Sudáfrica, se bloquearon más de 700 000 tarjetas y libros de identificación por sospecha de que las identidades se habían adquirido de forma fraudulenta. En ambos ejemplos, las personas afectadas no tenían ni idea de que su ciudadanía estaba en entredicho hasta que no pudieron acceder a los servicios gubernamentales.
El camino hacia un sistema más justo
En un sistema más transparente, se informaría a las personas sobre los datos que el gobierno tiene sobre ellas y se les daría la oportunidad de corregir los datos inexactos. La equidad exige que, en el caso de las personas vulnerables, los organismos gubernamentales acudan a ellas en lugar de suponer una carga adicional, proporcionando medios alternativos para que dichas personas accedan a los servicios.
Si se respetara el estado de derecho, a nadie se le negaría el acceso a los servicios. Aunque muchos países africanos no cuentan con mecanismos específicos para la gobernanza de las tecnologías digitales, los marcos existentes, como las constituciones nacionales, protegen el derecho de toda persona a ser reconocida, y el artículo 13 de la ACHPR protege el derecho de los ciudadanos a la igualdad de acceso a los servicios públicos.
La identificación digital es controvertida, y muchos de los casos mencionados saltaron a la palestra a través de la defensa y el litigio. A pesar de estas controversias, los gobiernos africanos planean seguir avanzando con la identificación digital y convertirse en estados digitales. A medida que más gobiernos digitalicen sus servicios, la tarea de los poderes judiciales, los responsables políticos y el público será traducir estos derechos e impulsar la buena gobernanza en las tecnologías del estado digital.
Este blog forma parte de la serie Tecnología y derechos humanos de OGR.