La CPI y su impacto: más incógnitas conocidas

En realidad es muy poco lo que sabemos sobre el impacto de la CPI en los procesos de paz, tal vez porque estamos haciendo las preguntas incorrectas. Es el momento de crear un marco analítico más sólido, que incluya examinar casos en los que no intervino la CPI, para entender adecuadamente los efectos positivos y negativos de la Corte.


By: Mark Kersten
November 5, 2014

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El debate sobre si los esfuerzos de aplicación de justicia penal internacional son benéficos o perjudiciales se ha vuelto un elemento permanente en los campos de las relaciones internacionales y el derecho internacional. ¿Se debe buscar la aplicación de justicia en el contexto de los conflictos en curso? ¿Se debe posponer o dejar de lado por completo? 

Las preguntas sobre el impacto de la Corte Penal Internacional (CPI) giran en torno al dilema de si es útil (o no) buscar la atribución de responsabilidades en el contexto de conflictos en curso o recién concluidos. Si bien este dilema no se limita al caso de la CPI, el establecimiento de la Corte lo exacerbó e hizo permanente. Mientras que algunos de los tribunales que la precedieron terminaron condenando a participantes activos de las guerras, la CPI se diseñóespecíficamente para intervenir en contextos  de conflictos en curso, y cada vez hay más expectativas de que lo haga. A menudo, la violencia política aún está en su apogeo cuando se solicita la intervención de la Corte. Como muestran las crisis recientes en Siria y Palestina, frecuentemente se espera que la CPI sea la primera en responder ante una situación de violencia política emergente. 

 


Davit Hakobyan/Flickr (Some rights reserved)

Syrian President Assad - immune, so far, from investigation by the ICC.


Muchos opositores y partidarios de la CPI se han atrincherado entre dos posturas de una dicotomía estricta: no hay paz sin justicia o no hay justicia sin paz. Los defensores de la CPI sostienen que las intervenciones de la Corte pueden disuadir la comisión de delitos, marginalizar a los posibles infractores y persuadir a que las partes de un conflicto inicien negociaciones de paz. Los críticos responden que la CPI elimina los incentivos que tendrían los actores en los que se enfoca para negociar la paz, instiga mayores niveles de violencia y desvía la atención de medios alternativos, y posiblemente más eficaces, de resolución de conflictos.

En algunas ocasiones, se pueden observar los dos conjuntos de argumentos simultáneamente. En el caso de la intervención de la CPI en el norte de Uganda, algunos investigadores sostienen que las órdenes de detención emitidas por la Corte contra Joseph Kony y otros cuatro altos oficiales del Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s Resistance Army, LRA) los impulsaron a asistir a las negociaciones de paz de Juba. Otros argumentan que la orden de detención de la CPI contra Kony representó un obstáculo insuperable para la obtención de un acuerdo integral de paz entre el LRA y el gobierno de Uganda. 

También es común escuchar a observadores y académicos que insisten sobre la necesidad de ir más allá del debate de “la paz contra la justicia”. Pero esto es un error. No hay razones para dudar que las tensiones y los dilemas relacionados con los esfuerzos de aplicación de justicia penal internacional en el contexto de los conflictos en curso son reales. Asimismo, no hay razones para dudar que el proyecto de la justicia penal internacional complica la resolución de conflictos. Ciertamente lo hace. El problema es que aún no sabemos cómo ni por qué. Y estamos muy lejos de saber si, en general, las intervenciones de la CPI están teniendo una influencia positiva en los procesos de justicia, de paz y de conflicto. 

Estamos muy lejos de saber si, en general, las intervenciones de la CPI están teniendo una influencia positiva en los procesos de justicia, de paz y de conflicto.

Dada la cantidad de tinta derramada explicando los impactos de la CPI, puede parecer sorprendente que en realidad sabemos muy poco sobre los efectos de la Corte en los procesos de paz y la resolución de conflictos. De hecho, como observó la ex Fiscal en Jefe del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y ex Directora del International Crisis Group, Louise Arbor: “Todos repetimos el mantra de que no puede haber paz duradera sin justicia, y eso es cierto. Pero creo que aún no hemos resuelto las inevitables tensiones entre ambas de una manera viable”. 

Esto se debe al menos en parte a que no hemos hecho las preguntas adecuadas. Para lograr una mejor comprensión de los efectos, y la falta de efecto de la CPI, es necesario analizar con mayor profundidad tres cuestiones. En primer lugar, ¿cómo se remite una situación a la CPI? Ciertamente importasi la CPI interviene en un conflicto a  solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU o si lo hace a partir de la remisión de un Estado miembro. Distintos mecanismos de remisión implican distintos tipos de bagaje político que la CPI poner en orden. Es crucial que la Corte obtenga cooperación para recolectar evidencia y posiblemente para que se apliquen las órdenes de detención. Esa cooperación depende de la parte que remitió el caso; y probablemente significa que no será enjuiciada. Esto, a su vez, lleva a una atribución asimétrica de la rendición de cuentas y la responsabilidad por las atrocidades y la violencia política. En este contexto, no es de sorprender que las remisiones del Consejo de Seguridad causen que la CPI se enfoque principalmente en funcionarios de gobierno, mientras que las autoremisiones de Estados miembros provoquen que la Corte se enfoque en adversarios del gobierno y grupos rebeldes.

Esto nos lleva a una segunda cuestión: ¿contra quién se emprenden procesos de enjuiciamiento y contra quién no? Las investigaciones sobre la CPI se han enfocado principalmente en los individuos que son objeto de las sanciones judiciales; han asumido que hay un comportamiento similar entre los tipos de objetivos. Rara vez se consideran las posibles diferencias entre emprender un proceso contra un jefe de Estado como Muammar Gaddafi en comparación con un curtido rebelde como Joseph Kony. En cambio, se dice que ambos tienen los mismos incentivos a negociar debido a la CPI o la misma predilección por empecinarse y luchar a muerte debido a la CPI. 

Es necesario poner más atención en cómo las intervenciones de la Corte afectan a las partes que no son objeto del proceso. En Libia, la intervención de la CPI contra el gobierno libio reforzó la decisión de la oposición de rechazar las negociaciones con el “criminal” Gaddafi y animó a las fuerzas rebeldes a buscar una solución militar a la guerra. En Uganda, la intervención de la CPI legitimó el gobierno de Yoweri Museveni, que fue capaz, a su vez, de salvar su reputación después de la desastrosa, y probablemente criminal, manera en que manejó la guerra en el norte de Uganda. 

Por último, es fundamental que quienes estudian la CPI tomen en consideración qué otras dinámicas contextuales de los procesos de paz o de los conflictos pueden explicar sucesos que de otra manera se atribuirían a la Corte. Por ejemplo, en el caso del compromiso del LRA para participar en las pláticas de paz de Juba de 2006, las investigaciones sugieren que el Acuerdo Integral de Paz de 2005 entre Sudán y Sudán del Sur (los cuales eran representantes indirectos en la guerra entre el LRA y Uganda) tuvo un impacto igual de importante, si no es que más, en la presión para que el LRA acudiera a la mesa de negociaciones. 

También sería útil que los investigadores analizaran casos de no intervención de la CPI. En una situación de igualdad de condiciones, pocos negarían que Siria es un caso que amerita la intervención de la Corte, pero en el cual simplemente no se puede emprender una investigación de la CPI porque Siria no es uno de los Estados miembros y el Consejo de Seguridad no ha remitido su caso a la Corte. Con todo, es posible observar en Siria muchos de los supuestos efectos de las intervenciones de la CPI: negociaciones de paz fallidas, una violencia prolongada y la continuación de las atrocidades. Las lecciones obtenidas en los casos de no intervención pueden contribuir a que los académicos refinen sus marcos analíticos para estudiar los impactos de la CPI y la interacción entre las intervenciones de la Corte y las principales causas y motivaciones de la violencia política.

Las afirmaciones originales de ambos lados del debate paz-justicia están estancadas, son obstinadas y se reciclan continuamente. Pero la solución a este estancamiento no es acabar con el debate en su totalidad. Lo que necesitamos son explicaciones con más matices analíticos y riqueza empírica de cómo la CPI afecta los conflictos en los que interviene, así como las formas en las que no lo hace. Para empezar, hay que hacer las preguntas correctas y aceptar el viejo adagio de que entre más sabemos, más nos damos cuenta de cuánto desconocemos.


Mark Kersten es investigador, asesor y profesor en la London School of Economics y la School of Oriental and African Studies. También es el autor del blog Justice in Conflict(Justicia en conflicto). 

 
 


 

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