El humor cambiante de la revolución ecuatoriana

En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa muzzles las críticas y los ataques satiricas en un ambiente cada vez más anti democrático.

César Rodríguez-Garavito
March 30, 2015

Si explicar un chiste no tiene gracia, tener que rectificarlo es una desgracia. Mucho más para un sátiro profesional como Bonil, el popular caricaturista ecuatoriano. Cuando los gobernantes y las leyes no toleran el humor, los chistes pueden salir caros.

El 9 de febrero de este año, Xavier Bonilla, también conocido como Bonil, compareció ante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) de Ecuador, para responder por una caricatura que publicó en agosto pasado en el diario El Universo. El dibujo se mofaba de Agustín Delgado —parlamentario correísta y exjugador de la selección nacional de fútbol—, por trastabillar al leer un discurso ante la Asamblea Nacional y las cámaras de televisión.

No es la primera vez que la Supercom va tras Bonil. Hace un año, el caricaturista y su diario fueron multados por US$90.000 y obligados a rectificar por una viñeta que satirizaba el allanamiento de las oficinas de un miembro de la oposición política que había hecho denuncias de corrupción contra el Gobierno. Según la Supercom, la caricatura “no corresponde a la realidad” y “estigmatiza la acción” de quienes aparecen en ella (los policías y fiscales que hicieron el allanamiento). Dijo lo obvio, porque en eso consiste una caricatura. Si correspondiera a la realidad —si no la distorsionara, la exagerara o la invirtiera— sería un retrato. Si no estigmatizara la conducta humana —si no la cuestionara con agudeza y humor— nada la justificaría, porque nada la distinguiría de la noticia.


Flickr/Agencia de Noticias ANDES (Some rights reserved)

Xavier "Bonil" Bonilla addresses supporters in Quito, Ecuador.


Sin esas diferencias se marchitan la crítica y el humor. Los caricaturistas harían quebrar a los diarios. Los comediantes pasarían toda su vida ante los jueces.

Son diferencias esenciales para la democracia y la libertad de expresión. De ahí que las cortes independientes, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distingan entre la libertad de información (que está sujeta al deber de veracidad) y la libertad de expresión (que no lo está). Y reconocen una latitud mayor para las opiniones sobre funcionarios públicos, por ser contrapesos frente al poder de estos.

El cambio de humor de la revolución

De modo que el humor es un termómetro para la democracia. Así lo ha demostrado la evolución del gobierno de Rafael Correa, cuya intolerancia creciente ante la sátira ha ido de la mano con la erosión de las libertades y el Estado de derecho.

Así lo ha demostrado la evolución del gobierno de Rafael Correa, cuya intolerancia creciente ante la sátira ha ido de la mano con la erosión de las libertades y el Estado de derecho. El recuento más lúcido que conozco de la “revolución ciudadana” es el que le escuché en Quito a María Paula Romo, la destacada integrante de la Asamblea Constituyente por el movimiento de Correa. La primera etapa fue la del gobierno progresista y demócrata que desembocó en la notable Constitución de 2008, que garantizaba las libertades civiles y añadía un catálogo ejemplar de derechos económicos y ambientales. Correa parecía lograr la cuadratura del círculo: una apuesta decidida por la igualdad sin erosionar las libertades básicas. Había razones de sobra para estar de buen humor y admirar el proyecto ecuatoriano.

El año 2011 marcó un giro personalista y vertical del Gobierno, que cambió el humor de la revolución ciudadana y su actitud frente a los críticos. La reforma a la justicia de ese año alineó a los tribunales con el poder Ejecutivo, como lo documentamos en un estudio de DPLF, Dejusticia y el IDL. Con ella se abrió un período de reformas y acciones que han debilitado los controles democráticos, desde el derecho a la protesta (limitado por leyes penales sobre terrorismo que se han usado contra movimientos sociales) hasta los derechos políticos (restringidos por talanqueras legales y administrativas a los partidos y movimientos de oposición).

Esta reforma fue la primera de muchas que debilitaron los controles democráticos, desde el derecho a la protesta (limitado por varias leyes sobre terrorismo que han sido usadas contra movimientos sociales) hasta derechos políticos (restringidos por obstáculos administrativos y legales apuntados a los partidos opositores y a los movimientos sociales. Este fue el punto de inflexión que hizo que muchos partidarios de Correa de la izquierda democrática, como Romo, decidieran salir del gobierno y hacerse un lugar en la oposición.

De esta época viene la norma que tiene en aprietos a Bonil. La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 impone tantos y tan duros controles a los medios y la libertad de expresión que ha sido llamada la “Ley Mordaza”. La ley establece faltas tan vagas (como el “linchamiento mediático” a un funcionario cuando un medio lo cubra críticamente de forma repetida) y requisitos tan invasivos (como el deber de los medios de contratar un veedor elegido por un procedimiento fijado por el Estado) que en la práctica le da vía libre al Gobierno, a través de la Supercom, de censurar directa o veladamente las informaciones y opiniones críticas. Según Fundamedios, durante el primer año de vigencia de la ley, la Supercom inició 136 procesos contra medios de comunicación e impuso sanciones en 42 casos.

Para Romo y otros observadores, el punto de inflexión hacia esta fase, la tercera, es la reforma constitucional que permitiría la reelección indefinida de Correa y que cursa actualmente en el parlamento, tras haber sido avalada por el Tribunal Constitucional.

De Charlie Hebdo a Bonil

Las olas de la probable sanción a Bonil se sentirán más allá de Ecuador, porque el caso tiene dos aristas que aplican en otras partes. De un lado, la acusación inicial contra el caricaturista alegaba discriminación racial, porque el parlamentario Agustín Delgado es afroecuatoriano. Aunque Bonil no hacía ninguna alusión al color de la piel del retratado, el Gobierno y algunas organizaciones antirracistas sí lo hicieron en sus quejas. El artista reiteró públicamente que esa no era su intención y presentó excusas por la interpretación que se le podía dar a su caricatura. De ahí que el cargo que enfrenta mañana es haber discriminado por razones socioeconómicas (aunque, de nuevo, el dibujo era sobre un parlamentario en ejercicio). Al final, Supercom le ordenó al periódico donde trabaja Bonil, El Universo, publicar una disculpa en el encabezado su página web luego de solo 72 horas y a mantenerlo allí durante una semana. El juicio penal está pronto a seguir.

En retrospectiva, se entiende por qué el gobierno ecuatoriano aplazó la audiencia contra Bonil, inicialmente programada para el 16 de enero, cuando #JeSuisCharlie se  convirtió en un tendencia global. Desde los ataques al periódico francés Charlie Hebdo, Bonil ha aparecido en público sosteniendo un lápiz gigante, mientras #YoSoyBonil se ha tomado las redes sociales ecuatorianas.

Entre las manifestaciones de la opinión, el humor y la sátira son las más libres y, frecuentemente, las más eficaces. Como lo dijo alguna vez Darío Fo, dramaturgo italiano ganador del Nobel: "La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos."

Este texto es parcialmente extractado de una columna del autor publicada en el diario El Espectador.

 

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César Rodríguez-Garavito

Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.

 

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