Ver el campo de las empresas y los derechos humanos como una red de rendición de cuentas empresarial

Una “red de rendición de cuentas empresarial” ilustra las numerosas maneras en las que los actores pueden exigir cuentas a las empresas por los daños a los derechos humanos, y el margen de maniobra que aún tienen las empresas para escapar de la responsabilidad.



"No está bien, Google. #NoSeasMalo" Prachatai/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)


Al impartir clases sobre empresas y derechos humanos (EDH), intento que mis estudiantes se entusiasmen con este campo tan dinámico, que ofrece más posibilidades de cambiar las condiciones de la gente común que otras áreas del activismo de derechos humanos. Al mismo tiempo, deben tener una perspectiva realista acerca de los problemas que dificultan que las empresas vayan más allá de las formas arraigadas en que operan. 

El movimiento de empresas y derechos humanos no se trata tan solo de “ganar bien haciendo el bien”, como plantea el movimiento de responsabilidad social empresarial (RSE), y tampoco se refleja en la propuesta mutuamente beneficiosa del “valor compartido”. Más bien, es un llamado a afrontar la concentración cada vez más marcada del poder empresarial, la excesiva influencia política del capital, la arraigada primacía de las ganancias para los consejos y gerentes, y la norma de proteger a las empresas matrices de las repercusiones de las acciones de sus filiales en los derechos humanos. Es un intento por superar los obstáculos a la obtención de reparaciones por las violaciones de derechos humanos.

Impartí mi primer curso sobre empresas y derechos humanos en julio de 2008, unas pocas semanas después de que John Ruggie presentara formalmente el Marco “Proteger, Respetar y Remediar” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: el marco que subyace a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), los cuales fueron respaldados de forma unánime por el Consejo tres años después. De acuerdo con el mandato de los PRNU, las empresas deben realizar la diligencia debida en materia de derechos humanos y proporcionar reparaciones cuando ocurran daños; los gobiernos tienen el deber de asegurarse de que las empresas lo hagan; y las empresas tienen que cumplir su “responsabilidad de respetar” independientemente de si los Estados cumplen o no su “deber de proteger”. 

El movimiento de EDH ha aprovechado los PRNU para impulsar avances sustanciales. Algunas empresas cedieron ante la presión de adoptar una política de derechos humanos para toda la empresa, mientras que otras han declarado que no tolerarán en absoluto la usurpación territorial. Hay empresas que se están uniendo a iniciativas de múltiples interesados para enfrentar problemas específicos y algunas han hecho esfuerzos manifiestos por corregir las malas prácticas de sus socios comerciales. También los gobiernos están tomando medidas: el órgano legislativo de Alemania está deliberando sobre una nueva ley de diligencia debida y Tailandia fue el último país del Sur global en lanzar un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Algunos sucesos son prometedores pero ambiguos, como cuando, el año pasado, la Business Roundtable anunció que ya no enfatizará la maximización del rendimiento para los accionistas, y a veces el efecto es difícil de medir, como ocurre con el activismo de los empleados. También hay avances notables, como el fallo histórico del Tribunal Supremo del Reino Unido en el caso Lungowe vs. Vedanta Resources, que abrió la puerta para exigir que las empresas matrices se responsabilicen de las repercusiones de las acciones de sus filiales en los derechos humanos.

Así como la araña construye su red, los diversos actores que componen el movimiento de empresas y derechos humanos construyen a ritmo constante la red de rendición de cuentas empresarial.

Sin embargo, el progreso puede parecer una ilusión. Las empresas altamente rentables como Apple evitan pagar impuestos, los conglomerados de alimentos compran productos de ranchos de ganado que están talando las selvas de Indonesia y prendiendo fuego al Amazonas y los defensores de derechos humanos son asesinados cuando protestan de forma pacífica contra los proyectos mineros, agrícolas e hidroeléctricos perjudiciales. 

A fin de conceptualizar los vectores complejos en los que puede actuar la sociedad para exigir que las empresas rindan cuentas por sus repercusiones en los derechos humanos, desarrollé una representación visual a la que llamo “Red de rendición de cuentas empresarial”. Ilustra que el gobierno, mediante las leyes y las políticas, solo es uno de los actores que exigen cuentas a las empresas; la sociedad civil, los consumidores, los inversionistas y otros actores desempeñan un papel clave tanto para hacer que las empresas rindan cuentas como para empujarlas a autorregularse, a menudo en un esfuerzo por evitar la regulación gubernamental. 

Las líneas radiales de la red representan palancas con las que la sociedad “regula” la conducta empresarial: 

  • Regulación gubernamental, el “primer pilar” de los PRNU, el deber del Estado de proteger.
  • Autorregulación, a través de la debida diligencia en materia de derechos humanos. 
  • Regulación por iniciativas voluntarias privadas, una forma híbrida de gobernanza que comprende a las iniciativas de múltiples interesados.
  • Regulación por los proveedores de capital, es decir, los inversionistas de deuda y capital. 
  • Regulación de la sociedad civil, representa las campañas y boicots de la sociedad civil, así como el desarrollo de niveles de referencia y calificaciones.
  • Regulación de los consumidores, mediante el comportamiento de cada consumidor. En comparación con las expectativas, esta línea radial ha sido una fuerza relativamente débil para fomentar la rendición de cuentas.
  • Regulación de accionistas activistas, una forma híbrida de regulación de inversionistas y activismo de la sociedad civil, donde los accionistas con conciencia social (incluidos los particulares) tratan de cambiar la conducta empresarial mediante la presentación y votación de resoluciones de accionistas.
  • Regulación de los empleados, la nueva radial que agregó mi grupo de 2019 después de que los empleados de Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Wayfair tomaron medidas sobre cuestiones que van desde la complicidad en el maltrato de inmigrantes por parte de la administración Trump hasta la inacción ante el cambio climático. 

Así como la araña construye su red, los diversos actores que componen el movimiento de empresas y derechos humanos construyen a ritmo constante la red de rendición de cuentas empresarial, en la que algunas radiales reflejan más actividad en ciertos momentos, mientras que otras permanecen inactivas por un tiempo. Y, como en el caso de la regulación de los empleados, a veces surgen radiales nuevas y sorprendentes. El dinamismo del ámbito de las empresas y los derechos humanos también es evidente en el cambio del núcleo de actividad de una radial a otra y la manera en que la red se estrecha a medida que se revelan más oportunidades para la rendición de cuentas empresarial. 

El concepto de la red captura las interacciones entre varios actores que trabajan en diversas radiales, de ahí las flechas de doble punta que cruzan el centro de la red. Esas interacciones se producen, por ejemplo, cuando las ONG convencen a los senadores de que envíen cartas a los inversionistas sobre la deforestación; los accionistas con conciencia social presentan resoluciones contra BlackRock por no presionar a las empresas de su cartera para que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero; los empleados de Amazon presentan una resolución de accionistas; o los movimientos sociales presionan con éxito al gobierno para que frene a las empresas. Cada actor influye, o tiene la capacidad de influir, sobre todos los demás actores.

Ante la presión de sus clientes, y a veces de sus empleados, las empresas pueden tratar de influir sobre el gobierno para que mejore su historial en materia de derechos humanos, como cuando varias empresas tecnológicas se opusieron a la Administración Trump con respecto a sus políticas de inmigración que, en general, se consideran discriminatorias. Esa presión representa la expectativa social actual de que, para ser responsables, las empresas deben alzar la voz ante las violaciones de derechos humanos. Las empresas involucran a los consumidores en campañas de señalización de virtudes que afectan a los derechos humanos, como la campaña de Nike en apoyo del ex mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick, cuando lo pusieron en la lista negra por arrodillarse durante el himno nacional en protesta por la brutalidad policial y el racismo hacia los estadounidenses negros. 

La representación visual también ilustra el enfoque “policéntrico” con respecto a la gobernanza y la rendición de cuentas que imaginó Ruggie. Puede guiar el desarrollo de estrategias de defensa y promoción multidimensionales, a través de varias radiales, para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos. Por otra parte, los persistentes agujeros en la red inyectan una dosis de realismo: a pesar de la presión de los actores interesados, las empresas siguen sucumbiendo a las presiones de los mercados competitivos que exigen rendimientos rápidos y elevados, lo que provoca más daños a las personas.

El acontecimiento más bienvenido en 2019 se produjo en la radial del gobierno, con el impulso, principalmente en Europa, de leyes que exigen que las empresas tengan en cuenta los derechos humanos en la realización de sus actividades. La primera de esas leyes se aprobó en Francia en 2017: la Ley del Deber de Vigilancia francesa, que exige que las empresas con más de 5,000 empleados creen y se apeguen a un “plan de vigilancia” para evitar las violaciones de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor. Los Países Bajos aprobaron una ley similar en relación con el trabajo infantil y, hasta la fecha, otros seis órganos legislativos europeos han comenzado a redactar leyes. En mi grupo de 2020, observaremos con atención este espacio, mientras seguimos examinando las otras fuerzas que esperamos que consoliden la red de rendición de cuentas empresarial.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: March 5, 2020

Joanne Bauer es cofundadora de Rights CoLab y profesora adjunta de Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia. De 2010 a 2019, fue la codirectora fundadora de Teaching Business and Human Rights Forum, una red internacional de más de 350 profesores de empresas y derechos humanos en más de 200 instituciones de más de 40 países.


 

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