Con más de 400 000 muertos, millones de desplazados e innumerables víctimas de graves violaciones de derechos humanos, los sirios se enfrentan a una pregunta desalentadora: ¿cómo puede ser la justicia en su país tras una década de brutal conflicto?
Encontré un fuerte desacuerdo no sólo entre los sirios que están a favor del régimen y los que no lo están, sino también dentro de esos mismos bandos acerca de cómo es la mejor manera de
hacer justicia. Este hallazgo es una advertencia temprana de que los hacedores de política y los profesionales de la justicia transicional no deben dar por sentado que las consultas “locales” darán lugar a un consenso claro o a prescripciones políticas directas. Para promover eficazmente una paz duradera, las respuestas a la violencia en Siria deben tener en cuenta unas exigencias de justicia incompatibles e incluso irreconciliables.
Los académicos y los profesionales han tratado de focalizarse cada vez más en las víctimas y supervivientes en el diseño y la implementación de procesos de justicia transicional localizados para revertir los legados de las violaciones masivas de derechos humanos. Aunque no existe una definición única de “local”, estos procesos suelen ser creados por y para los más afectados por la violencia, con el fin de reflejar sus necesidades, intereses y prioridades específicas del contexto. Los esfuerzos de justicia desde abajo reconocen el papel central que desempeñan todos los miembros de la sociedad en la transformación de los conflictos y exigen que las élites políticas se comprometan con la opinión pública para elaborar políticas eficaces.
¿Cómo puede ser la justicia en su país tras una década de brutal conflicto?
Para estimar lo que la gente común quiere de los procesos de justicia transicional, los investigadores suelen presentar a los encuestados de las poblaciones afectadas por el conflicto un menú de mecanismos de justicia —como juicios, comisiones de la verdad, amnistías, reparaciones y diálogos comunitarios— y les piden que indiquen sus preferencias. Los defensores de derechos humanos suponen que estas consultas “locales” pueden ayudar a los responsables políticos y a los profesionales —que pueden estar situados en el ámbito nacional o internacional— a diseñar intervenciones de justicia adaptadas a las preferencias de las víctimas y los supervivientes.
Pero, ¿hasta qué punto son útiles estas consultas cuando la población “local” discrepa fundamentalmente de la naturaleza, la forma y los objetivos de un proceso de justicia transicional? Este escenario es lo que está pasando en Siria.
A partir de las entrevistas originales que realicé en 2018, junto con una base de datos de 2013 del Syria Justice and Accountability Center (una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos dedicada a documentar las violaciones de los derechos humanos en Siria), analicé las preferencias en materia de justicia de 44 sirios que viven dentro y fuera del país. Los participantes variaban en cuanto a edad, género, secta religiosa, región de origen y tendencia política. Incluso entre esta pequeña muestra, los sirios expresaron perspectivas muy divergentes sobre la justicia.
Los desacuerdos aparecieron en casi todas las preguntas: ¿Qué mecanismos deben emplearse? ¿Quién debe estar a cargo? ¿Quién debe rendir cuentas? ¿Qué tipo de castigos debe haber? Sin embargo, un análisis más profundo de las respuestas de los participantes reveló tres perspectivas dominantes, basadas en diferentes puntos de vista sobre el conflicto y la forma de hacer justicia. Hay que tener en cuenta que estas perspectivas las mostraron tanto los sirios prorrégimen como los antirégimen al describir a los miembros del bando contrario:
En primer lugar, estaban los extremistas impenitentes. Estos individuos hablaban con una retórica que deshumanizaba y degradaba a sus enemigos. Tendían a considerar el conflicto como algo existencial: ganar o morir. Además de rechazar una paz sin una victoria unilateral, los extremistas impenitentes se inclinaban mayoritariamente por los mecanismos de justicia retributiva. Muchos querían juzgar a sus enemigos y recomendaban la pena de muerte para los autores condenados. También negaban con vehemencia cualquier delito cometido por su propio bando, y lo consideraban como algo verdaderamente patriótico.
Luego, estaban los partidarios dedicados. Los miembros de este grupo mostraban opiniones menos polarizadas sobre el conflicto que el grupo anterior, aunque seguían reivindicando definitivamente la lealtad a un bando. Los partidarios dedicados estaban firmemente comprometidos en asegurar los intereses de su propio bando y pensaban que eran mejores que el “otro”. Sin embargo, estaban más dispuestos a negociar y reconciliarse con sus adversarios. Tendían a favorecer los juicios por delitos cometidos por todas las partes y promovían castigos más leves. Muchos aportaron perspectivas matizadas —aunque interesadas en términos políticos— del proceso de justicia.
Por último, estaban los ciudadanos cansados de la guerra, que se identificaban más con ser sirios que con pertenecer a algún bando del conflicto. Estas personas afirmaban estar atrapadas entre las partes en conflicto, al tiempo que soportaban gran parte del sufrimiento. Los ciudadanos cansados de la guerra eran partidarios de responsabilizar a todas las partes, aunque eran el grupo más abierto a los mecanismos de justicia reparadora, como las comisiones de la verdad e incluso las amnistías. Su principal preocupación era poner fin a la violencia, y creían que los esfuerzos de la justicia debían estar diseñados para ese fin.
Disponer de una base de referencia adecuada de las preferencias “locales” puede ayudar a anticipar el grado de apoyo o resistencia que recibirían los distintos mecanismos de justicia en el terreno.
Imaginemos por un momento que este estudio exploratorio se repitiera en una encuesta nacional representativa de las preferencias de los sirios en materia de justicia en la actualidad. Si el 50% de los encuestados resultara ser un extremista impenitente, el 30% un partidario entregado y el 20% un ciudadano cansado de la guerra, ¿qué política se recomendaría? No hay manera de complacer a todo el mundo, y numerosos estudios de caso por fuera de Siria también han encontrado desacuerdos sobre las preferencias de justicia. En consecuencia, los defensores de derechos humanos no deben dar por sentado que las consultas apuntarán a intervenciones políticas favorables de forma universal, incluso a nivel “local”. Al final, los responsables políticos y los profesionales deben dar prioridad a las preferencias de quiénes se aplican, cuándo y cómo.
Pero eso no significa que registrar las preferencias de justicia de los individuos sea completamente inútil. Por el contrario, estas evaluaciones pueden ser una especie de medición
de la temperatura para estimar dónde se encuentran las actitudes del público en un momento determinado. Disponer de una base de referencia adecuada de las preferencias “locales” puede ayudar a anticipar el grado de apoyo o resistencia que recibirían los distintos mecanismos de justicia en el terreno, lo cual (aunque no sea el proceso ideal de diseño participativo) sigue siendo mejor que ignorar por completo las voces “locales”. Además, los defensores de derechos humanos deberían considerar la posibilidad de adoptar el pluralismo del proceso en la justicia transicional para intentar abordar las exigencias contrapuestas. El conflicto sirio no ha dejado a nadie indiferente debido a su devastación, lo cual significa que los hacedores de política deben tratar de entender las preferencias de todos los sirios si esperan animar a las personas a participar activamente en los esfuerzos de justicia.
Por su parte, los investigadores deben seguir yendo más allá de medir quién quiere qué en lo que respecta a las preferencias de la justicia transicional, y más bien investigar el porqué. ¿Qué fuerzas sociales, políticas y/o psicológicas conforman estas opiniones divergentes? Han surgido algunas investigaciones prometedoras sobre los determinantes de las preferencias de los individuos en materia de justicia transicional (por ejemplo, en Burundi, España y Bosnia), pero se necesita mucho más. La creación de esta base de conocimientos puede ayudar a los hacedores de política y a los profesionales a interpretar y utilizar mejor los resultados de las consultas “locales”.
Los procesos de justicia “local” diseñados desde abajo pueden prometer satisfacer las necesidades de las víctimas y supervivientes, pero no son una solución sencilla. Asumir que los
procesos “locales”, por el hecho de ser “locales”, pueden eludir las compensaciones inherentes a la negociación de cualquier proceso de justicia transicional subestima gravemente la complejidad de las perspectivas de los individuos. Los defensores de derechos humanos deben proceder con cautela y evitar expectativas demasiado idealistas sobre lo que puede conseguirse a nivel “local”. Especialmente en el caso de Siria, hay que abordar los desacuerdos con humildad y prepararse para un proceso polémico.