Un fallo con futuro: el cambio climático ante la Corte Constitucional alemana

César Rodríguez-Garavito

June 19, 2021
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Cuando los futuros historiadores de los derechos humanos escriban la crónica del siglo XXI, probablemente dirán que el fallo reciente de la Corte Constitucional alemana acerca de la emergencia climática fue una señal nítida de cambios de largo plazo. Así como los geólogos proponen declarar una nueva época de la historia planetaria dominada por la especie humana (el Antropoceno) y reconocen sus primeras huellas en los desechos radioactivos de las pruebas nucleares de 1945, los analistas y practicantes de los derechos humanos podrán reconocer en la decisión de la Corte Constitucional de Alemania un giro importante en la evolución de los derechos.

Cuando los futuros historiadores de los derechos humanos escriban la crónica del siglo XXI, probablemente dirán que el fallo reciente de la Corte Constitucional alemana acerca de la emergencia climática fue una señal nítida de cambios de largo plazo. Así como los geólogos proponen declarar una nueva época de la historia planetaria dominada por la especie humana (el Antropoceno) y reconocen sus primeras huellas en los desechos radioactivos de las pruebas nucleares de 1945, los analistas y practicantes de los derechos humanos podrán reconocer en la decisión de la Corte Constitucional de Alemania un giro importante en la evolución de los derechos.

Como los aportes de la sentencia son numerosos, voy a comentarlos en dos blogs sucesivos. En esta entrada esbozo el caso y sus aspectos más novedosos. En la siguiente examinaré las consecuencias prácticas y las limitaciones del fallo. Dado que los comentarios y discusiones del fallo se han centrado en las dimensiones constitucionales del caso, aquí lo enfoco desde la perspectiva de los derechos humanos y su intersección con la acción climática.

Aunque la Corte negó varias de las peticiones de las cuatro acciones constitucionales que decidió en la sentencia, concedió demandas esenciales de la petición que la activista climática Luisa Neubauer interpuso junto con otros jóvenes demandantes y varias organizaciones que los respaldaron. La Corte determinó que la Ley Federal de Protección contra el Cambio Climático de 2019 se quedó corta en sus planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Aunque la meta que traza la ley para 2030 se ajusta a la contribución que la ciencia y el marco del Acuerdo de París de 2015 recomiendan para un país como Alemania, la Corte concluyó que la ausencia de un plan detallado para recortar aún más las emisiones desde 2031 viola los derechos fundamentales de las generaciones jóvenes y por venir. 

Resalto tres aportes pioneros del fallo. En primer lugar, al definir los derechos como “garantías intertemporales de la libertad,” la Corte ayuda a resolver con una sola fórmula dos limitaciones que han mostrado las doctrinas de derechos humanos al lidiar con el cambio climático. De un lado, la Corte replantea los términos del debate jurídico y político al enmarcar el cambio climático como un asunto de libertades. 

La tensión verdadera no es entre las libertades individuales y las medidas estatales indispensables para controlar el cambio climático (como cerrar las plantas termoeléctricas de carbón o abandonar nuevos proyectos de extracción de petróleo). El dilema real es entre dos tipos de restricción de las libertades: la limitación moderada que tendremos que vivir los humanos de hoy como resultado de esas acciones o la restricción extrema (la “abstinencia radical,” como lo dice la Corte) de todas las libertades que sufrirían las generaciones futuras por las acciones desesperadas que tendrían que tomarse para mitigar el cambio climático en el futuro si no actuamos hoy.

De otro lado, el reconocimiento del carácter intertemporal del calentamiento global contrasta con la escasa atención al largo plazo y a las futuras generaciones que ha sido común en el campo de los derechos humanos. Para usar la elocuente expresión de la geóloga Marcia Bjornerud que recogí en otro blog, este es un fallo “lleno de tiempo”. No se contenta con verificar lo que se está haciendo hoy sino que extiende su mirada a lo que deberá hacerse en las próximas décadas. De otro modo, como dice el fallo, estaremos sencillamente “descargando” la responsabilidad en los jóvenes, que tendrán que sufrir los escenarios más catastróficos del calentamiento global si no lo limitamos a 1.5-2 grados centígrados. 

También es una decisión llena de tiempo porque es dinámica. Entiende que el cambio climático no es un fenómeno lineal, sino que se acumula y se agrava con el paso del tiempo. Por ello no es lo mismo tomar medidas decisivas ahora que hacerlo más adelante. La Corte concluye acertadamente que los jueces deben escrutar con mayor urgencia y rigor las actividades y las políticas que agraven el calentamiento. 

En segundo lugar, el fallo responde a la objeción clásica de los gobiernos y las empresas demandadas en este tipo de casos. Unos y otras arguyen que, como el calentamiento global es un problema de acción colectiva global, buscar responsables individuales no tiene justificación legal ni utilidad práctica mientras que los demás sigan calentando el planeta. 

Siguiendo los pasos de la Corte Suprema de Holanda en el caso Urgenda, la Corte alemana rechaza la lógica utilitarista de ese razonamiento y formula el argumento opuesto, basado en una ética de la responsabilidad. Independientemente de lo que hagan los demás Estados, cada gobierno tiene una obligación legal de contribuir su “cuota justa” a la solución del problema, en función de factores como la cantidad de GEI que produzca hoy y que haya emitido históricamente. 

Además de ser la interpretación acorde con los derechos humanos (cuya protección por parte de un Estado no debe depender de lo que hagan otros Estados), es la única compatible con la lógica del Acuerdo de París, que se basa en la construcción de confianza entre Estados que deben contribuir su parte a la solución del problema global. 

En tercer lugar, el fallo sostiene certeramente que entre los deberes constitucionales de los gobiernos nacionales de evitar las violaciones masivas de derechos que acarrea el cambio climático está el de contribuir al avance y el éxito de acuerdos internacionales como el de París. Así, los casi 90 litigios sobre cambio climático y derechos humanos que se han iniciado alrededor del mundo no reemplazan sino que complementan las negociaciones internacionales como la que tendrán lugar en la cumbre climática de Glasgow en noviembre.

El fallo no sólo está lleno de tiempo, sino que llegó a buen tiempo. Así lo muestra el efecto inmediato que ha tenido en las políticas y la política en Alemania y el efecto de demostración que está teniendo alrededor del mundo, como explicaré en la siguiente entrada.


 

Cinco retos existenciales para los derechos humanos

Autor: César Rodriguez-Garavito

March 22, 2021
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A la hora de prever posibles futuros para los derechos humanos, el mejor lugar para empezar es el presente. Dos herramientas de las metodologías de construcción de escenarios futuros -la detección de señales de cambio y de motores de cambio- ofrecen puntos de partida especialmente útiles. Las señales de cambio son pequeñas innovaciones que tienen el potencial de perturbar un campo de práctica si crecen y se difunden ampliamente. Basta pensar, por ejemplo, en el impacto potencialmente transformador que tendrán las investigaciones de derechos humanos colaborativas que son hechas a través de plataformas digitales, a partir de contribuciones de miles de personas. Los motores del cambio son transformaciones estructurales más amplias en la sociedad, la tecnología, la economía, el medio ambiente y la política que subyacen a los cambios a largo plazo. Este artículo se centra en la identificación de los motores del cambio, en particular las tendencias estructurales que plantean retos existenciales para los derechos humanos. Me ocuparé de las señales de cambio en entradas posteriores. 

Hay cinco grandes tendencias que plantean retos especialmente graves para los derechos humanos.  El primero es el desafío geopolítico. El orden mundial euroamericano heredado de la segunda posguerra, que proporcionó la columna vertebral geopolítica para la globalización de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX, ya no existe. El ascenso de los países BRICS en la década de 2000, que anunció una nueva era de multipolaridad, fue la primera alarma. Resulta que todo lo que queda de la sigla BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en términos de aspiraciones realistas de poder geopolítico global, es la "C" de China. Mientras tanto, el orden euroamericano implosionó, tras el Brexit, Trump y el ascenso del populismo de derechas en Europa --con la ayuda de Rusia, ahora relegada al papel de perturbador global--. El resultado es un orden jurídico y político internacional más fragmentado e imprevisible, desprovisto de potencias mundiales que sean líderes fiables de las causas de los derechos humanos.

 

A la hora de prever posibles futuros para los derechos humanos, el mejor lugar para empezar es el presente. Dos herramientas de las metodologías de construcción de escenarios futuros -la detección de señales de cambio y de motores de cambio- ofrecen puntos de partida especialmente útiles. Las señales de cambio son pequeñas innovaciones que tienen el potencial de perturbar un campo de práctica si crecen y se difunden ampliamente. Basta pensar, por ejemplo, en el impacto potencialmente transformador que tendrán las investigaciones de derechos humanos colaborativas que son hechas a través de plataformas digitales, a partir de contribuciones de miles de personas. Los motores del cambio son transformaciones estructurales más amplias en la sociedad, la tecnología, la economía, el medio ambiente y la política que subyacen a los cambios a largo plazo. Este artículo se centra en la identificación de los motores del cambio, en particular las tendencias estructurales que plantean retos existenciales para los derechos humanos. Me ocuparé de las señales de cambio en entradas posteriores. 

Hay cinco grandes tendencias que plantean retos especialmente graves para los derechos humanos.  El primero es el desafío geopolítico. El orden mundial euroamericano heredado de la segunda posguerra, que proporcionó la columna vertebral geopolítica para la globalización de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX, ya no existe. El ascenso de los países BRICS en la década de 2000, que anunció una nueva era de multipolaridad, fue la primera alarma. Resulta que todo lo que queda de la sigla BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en términos de aspiraciones realistas de poder geopolítico global, es la "C" de China. Mientras tanto, el orden euroamericano implosionó, tras el Brexit, Trump y el ascenso del populismo de derechas en Europa --con la ayuda de Rusia, ahora relegada al papel de perturbador global--. El resultado es un orden jurídico y político internacional más fragmentado e imprevisible, desprovisto de potencias mundiales que sean líderes fiables de las causas de los derechos humanos.

En segundo lugar, el vertiginoso avance del procesamiento de la información y las telecomunicaciones en la era digital supone un formidable desafío tecnológico para los derechos humanos. Mientras que la historia de la década de 2010 giraba en torno a cómo Internet y las redes sociales empoderaban y conectaban a los activistas y a las organizaciones de justicia social más allá de las fronteras, la historia de los albores de la década de 2020 gira en torno a cómo esas herramientas y otras tecnologías, como la inteligencia artificial, se están utilizando para recopilar cantidades de datos personales sin precedentes, manipular el comportamiento humano, perturbar las elecciones y concentrar el poder en manos de las empresas digitales y los Estados de vigilancia. Como ha demostrado Shoshana Zuboff, las tecnologías e instituciones de la nueva era del capitalismo de la vigilancia socavan las condiciones para el ejercicio de los derechos básicos, desde la privacidad hasta la autonomía y la participación política. La biotecnología, que permite a los más pudientes comprar capacidades cognitivas y físicas mejoradas, plantea un reto igualmente formidable, en tanto amenaza con cristalizar y profundizar las desigualdades que ya están socavando los derechos humanos en todo el mundo.

En tercer lugar, el desafío político que el autoritarismo populista supone para la democracia y los derechos humanos ha llegado para quedarse. Su ascenso no es un accidente temporal en la trayectoria del liberalismo global.  Al polarizar las sociedades a través de una división moral categórica de la política entre "nosotros y ellos", entre la "el pueblo verdadero" y el resto, los populistas autoritarios atacan la creencia central de los derechos humanos en la igual dignidad de todos. Para ello, se apoyan en las tecnologías digitales (como las redes sociales) que se crearon para conectar a los individuos y las organizaciones, y que ahora se utilizan para afianzar las divisiones tribales, ya sean ideológicas, étnicas, religiosas, nacionalistas o de otro tipo.

En cuarto lugar, la crisis climática y medioambiental altera las condiciones básicas de la vida en la Tierra y, por tanto, las de los derechos humanos. Este desafío ecológico llegó a los titulares de los medios en 2018-2019, cuando los informes de los paneles de expertos de la ONU sobre el clima y la biodiversidad se superpusieron a la cascada de fenómenos climáticos extremos que los científicos venían advirtiendo desde hacía décadas. La llegada del Antropoceno, la era geológica marcada por el dominio (y potencial aniquilación) del planeta por parte de la especie humana, fue anunciada por esos primeros indicios del planeta inhabitable que heredarán las generaciones futuras si no se adoptan urgentemente medidas drásticas de descarbonización para cambiar la trayectoria que está llevando al planeta a 1,5°C -2°C grados de calentamiento a mediados de siglo y a 3°C -4°C grados a finales de siglo. El Antropoceno abre las puertas a violaciones de los derechos humanos a una escala sin precedentes, como decenas de millones de muertes inducidas por el clima y oleadas de desplazamientos forzados que superan con creces las causadas por las guerras, y un sufrimiento económico mucho más profundo y generalizado que los asociados a la Gran Depresión y las crisis financieras. En todos estos aspectos, la pandemia de coronavirus puede verse como un ensayo de los impactos sobre los derechos humanos que el empeoramiento del calentamiento global desencadenará en los próximos años y décadas si no se toman medidas urgentes y drásticas contra él.

Por último, el aumento de la desigualdad plantea un desafío socioeconómico fundamental. La desigualdad es, en efecto, "la antítesis de los derechos humanos", como demuestran el aumento de la desigualdad de ingresos en casi todos los países, el hecho de que menos del 1% de la población mundial posea casi la mitad de la riqueza del mundo y la realidad (confirmada una vez más por los efectos desiguales de la pandemia y expuesta poderosamente por las protestas por la justicia racial en 2020) de que la desventaja económica está estrechamente interrelacionada con otros sistemas de opresión, desde el racismo hasta el patriarcado y el nacionalismo discriminatorio.

Tomados por separado, cualquiera de estos motores de cambio estructural implicaría profundas transformaciones en el campo de los derechos humanos. En conjunto, suponen nada menos que un reto existencial para el mismo.  Sin embargo, un número cada vez mayor de actores de los derechos humanos está haciendo frente a estos retos, y estos y otros motores de cambio también crean oportunidades para el movimiento de los derechos humanos, como analizaré en posteriores entradas de este blog.

Como ha señalado Yuval Harari, "aunque los movimientos de derechos humanos han desarrollado un arsenal impresionante de argumentos y defensa contra los prejuicios religiosos y los tiranos humanos, este arsenal apenas nos protege contra los excesos consumistas y las utopías tecnológicas". Yo añadiría que -a menos que se actualice y renueve- apenas nos protege contra autócratas elegidos democráticamente, distopías digitales o riesgos planetarios como el calentamiento global y las pandemias.


 

¿Pueden los derechos humanos enfrentar riesgos existenciales para la humanidad y el planeta?

Autor: César Rodriguez-Garavito

January 22, 2021
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Si algo nos ha enseñado una pandemia, la crisis climática y la persistencia del populismo autoritario, es la importancia y la urgencia de enfocarse en los desafíos existenciales a los derechos humanos y al futuro de la humanidad y el planeta. La necesidad de anticipar, discutir y moldear el futuro del campo es aún mayor después del inicio tumultuoso de la década de 2020. 

Aún así, el énfasis en la práctica y los estudios de los derechos humanos es en el corto plazo. En términos de incidencia, las respuestas inmediatas son necesarias para prevenir o abordar violaciones de derechos humanos. De forma relacionada, los planes estratégicos organizacionales y los ciclos de financiación tienden a ser de dos o tres años por mucho.


 

 

En términos académicos, aunque muchos investigadores todavía tienen que hacerse la pregunta sobre el horizonte de tiempo, algunos, cuando afirman que supuestamente estamos en el “fin de los tiempos” de los derechos humanos, parecen haber concluido de forma prematura que ni siquiera vale la pena hacerse esa pregunta.

Ya he señalado que este punto ciego proviene de una ceguera más general frente a los asuntos del tiempo (y no del espacio) en el campo de los derechos humanos. Esto es evidente, por ejemplo, en la poca atención a las generaciones futuras en los conceptos y normas de derechos humanos. Por tomar un ejemplo clásico, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, esta considera sólo a las generaciones actuales porque sus estipulaciones no prohíben dejar un planeta inhabitable a las generaciones posteriores.

Aquí quiero esbozar una visión largoplacista de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, lo “humano” de los “derechos humanos” abarca no sólo a las casi ocho mil millones de personas vivas hoy (incluidas las jóvenes, que probablemente se enfrentarán a las amenazas existenciales en este siglo y el próximo), sino también a las innumerables generaciones que todavía están por nacer.

Esta visión se basa en el reciente trabajo del largoplacismo en la filosofía moral y en campos interdisciplinarios como las investigaciones en prioridades globales y el altruismo efectivo. También retoma el conocimiento ecológico e indígena, como lo refleja, por ejemplo, el principio de las siete generaciones del pueblo indígena Haudenosaunee de Norteamérica, según el cual los tomadores de decisión deben actuar con base en el interés no sólo de las generaciones actuales sino también de las siguiente siete.

En lugar de ser una preocupación distante o una heurística puramente intelectual, el enfoque largoplacista brinda tres preguntas prácticas clave que han recibido poca atención en los derechos humanos. El primer tema es el impacto. Los activistas hacen el trabajo de derechos humanos, a menudo pagando un precio considerable en su bienestar individual, debido a un compromiso altruista de ayudar a otras personas o mejorar el mundo de manera más general. Pero las preguntas acerca de quiénes deberían ser esas “otras personas” o cómo se pueden ayudar de forma más efectiva no se han examinado con rigurosidad. El “impacto” sigue siendo un asunto problemático y elusivo en el mejor de los casos, o simplemente es el título de una sección incómoda que hay que llenar en los informes para las financiadoras en el peor de los casos. Como lo han mostrado las investigaciones empíricas sobre altruismo efectivo, las acciones bienintencionadas y abnegadas que parecieran ser laudables de forma intuitiva pueden tener un impacto positivo pequeño cuando se comparan con opciones menos obvias. Por ejemplo, el sesgo cognitivo hacia la información que está más a la mano puede generar un enfoque desproporcionado en los desastres naturales repentinos comparados con las violaciones más masivas pero menos visibles de derechos humanos, como las muertes diarias por la falta de acceso a salud. Una perspectiva largoplacista corrige este sesgo al hacer visible y abordar la “violencia lenta” de las injusticias largoplacistas contra las personas y el planeta.

El segundo asunto que resalta una perspectiva largoplacista es el de las prioridades. Una vez se evalúan los impactos relativos de distintas alternativas, se vuelven urgentes las preguntas acerca de cuáles temas o estrategias priorizar. A la luz de las limitaciones de recursos, ¿qué debería priorizar una organización de derechos humanos determinada (por ejemplo, investigar vs. incidir, trabajo legal vs. comunicaciones, derechos sociales vs. derechos civiles, etc.)? ¿En qué temas deberían enfocarse los investigadores y las financiadoras? ¿Qué temas o desafíos debería priorizar el campo general para el futuro?

La priorización no es una moneda corriente en el campo de los derechos humanos. Entre los practicantes, la fuente misma de la fortaleza moral del movimiento (el compromiso por obtener una dignidad igual para todas las personas) a menudo se traduce en un impulso entendible de comprometerse de igual forma con todas las causas. De ahí surge la dificultad persistente de muchas organizaciones de incidencia en limitar su lista de causas o de cambiar sus prioridades a la luz de nuevos contextos. Sin embargo, si todo es una prioridad, entonces nada es una prioridad.

Muchos académicos de los derechos humanos también se rehúsan a profundizar en las investigaciones de prioridades porque oyen un eco de los análisis de costo-beneficio, los cuales han sido dominados tradicionalmente por el enfoque estrecho de la economía neoclásica. Sin embargo, este es uno de los muchos enfoques que se encuentran en los ricos debates largoplacistas en la filosofía moral sobre el impacto y las prioridades. Dado que, como Amartya Sen ha señalado, los derechos humanos son al final una aproximación a la ética (en lugar de un conjunto de reglas legales), el largoplacismo también debería ser un terreno fértil para la investigación de los derechos humanos.

Y tercero, el largoplacismo plantea un nuevo conjunto de preguntas acerca de los sujetos de derechos relevantes. Dicho de otro modo, el largoplacismo es la idea de que “las personas importan mucho, sin importar cuándo existan”. Como lo dije antes, esto significa que los sujetos de derechos que deben protegerse no sólo pertenecen al presente sino también al futuro. Este cambio de perspectiva es particularmente urgente, pues hemos amasado un poder tecnológico que puede ponernos en riesgo no sólo a quienes estamos vivos hoy sino también a todas las personas que van a venir.

La adopción de una visión largoplacista tiene implicaciones profundas para los derechos humanos y establece un nuevo trabajo y varias preguntas para los académicos e investigadores. Por ejemplo, a la luz de la evidencia de estas investigaciones acerca de las amenazas existenciales a la humanidad, ¿hay algún tema de derechos humanos que deba priorizarse? La evidencia apunta a asuntos como la regulación de la inteligencia artificial, las armas nucleares, el cambio climático y la producción y manipulación de virus y otros patógenos. Como si no hubiera ya amenazas, se deben evaluar otras fuentes de impactos masivos y de largo plazo a los derechos humanos, como la ingeniería genérica. De manera más general, sin importar los asuntos o lo específico de la incidencia y la investigación, el largoplacismo invita a los actores de derechos humanos a tomarse en serio las preguntas evasivas, incluidas las del impacto y las prioridades.


 

De Barbuda para el mundo: El amor (y la paz y la felicidad) en tiempos de emergencia climática

Autor: César Rodriguez-Garavito & Elizabeth Donger

December 11, 2020
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"El futuro ya está aquí, pero no está distribuido uniformemente", dijo el escritor de ciencia ficción William Gibson. Para anticipar el futuro de los derechos humanos en un planeta que sigue calentándose, hay pocos lugares más relevadores que la pequeña isla caribeña de Barbuda. Barbuda es un microcosmos de tendencias y retos más amplios, desde el desplazamiento por eventos climáticos extremos y el uso oportunista de esos desastres por parte de algunos gobiernos y empresas, hasta las fachadas ambientalistas de proyectos que agravan la crisis climática. Si se quiere evitar este futuro en Barbuda y en otros lugares, la comunidad internacional debe prestar mucha atención a la situación en la isla, cuya calma y belleza la convirtieron en el lugar de vacaciones favorito de la Princesa Diana e inspiraron a Robert de Niro a darle el nombre de “El paraíso encontrado” al centro vacacional de lujo que proyecta construir allí.  

Lo primero que hay que señalar es el doble rasero del gobierno. A principios de diciembre de 2020, el gobierno central de Antigua y Barbuda, situado en la isla de Antigua, fue el anfitrión de una cumbre virtual de los Estados de América Latina y el Caribe que habían firmado el histórico Acuerdo de Escazú en 2018. Este tratado vinculante garantiza la participación pública en decisiones ambientales importantes, así como los derechos a la información y al acceso a la justicia en materia ambiental. También ofrece importantes protecciones a los activistas ambientales, que se enfrentan a graves riesgos en todo el continente.

El gobierno se autoidentifica como "uno de los primeros en la región con una agenda climática progresista" y recibió recientemente 39,4 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima. Cuando el huracán Irma, de categoría 5, diezmó en 2017 a Barbuda (una isla más pequeña situada a 40 millas al norte de Antigua), el Primer Ministro Gaston Browne dijo: "Dentro de tres años, tendremos una conversación diferente; veremos un Barbuda resiliente frente  al cambio climático, totalmente verde".

Hoy, la conversación es muy diferente. Mientras abandera el Acuerdo de Escazú, el Primer Ministro Browne está ejecutando planes para transformar las 62 millas cuadradas de Barbuda en un paraíso para hoteles de lujo y extensas propiedades para multimillonarios. Al mismo tiempo, hace caso omiso a la fuerte oposición de los locales a sus planes para la isla y viola los derechos humanos básicos protegidos por el Acuerdo de Escazú y el derecho internacional, incluido el derecho de los barbudenses a tener voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas y tierras.

Desde la época de la esclavitud bajo el dominio colonial británico, la vida en Barbuda ha sido distinta a la de Antigua. Mientras que la economía de Antigua está impulsada por el turismo en gran escala, como la mayor parte del Caribe, todas las tierras de Barbuda son "propiedad común del pueblo de Barbuda", y "ninguna tierra de Barbuda [puede] venderse" - un sistema centenario reconocido formalmente en estas palabras de la Ley de Tierras de Barbuda de 2007. La cultura y la identidad de Barbuda están íntimamente ligadas a la tierra. Los barbudenses administran su isla seca y caliza en equilibrio con su delicada ecología: recolectan langosta, cazan, aplican técnicas de cultivo de tala y quema y permiten proyectos de ecoturismo selectos a través de su mecanismo de gobierno local, el Consejo de Barbuda.

Después de que el huracán Irma azotó el Caribe en septiembre de 2017, el gobierno central evacuó a Antigua a los 1.800 habitantes de Barbuda. La medida era necesaria, dijeron, porque una segunda tormenta era inminente. Cuando no llegó ninguna tormenta, personal armado de las fuerzas militares siguió buscando y sacando a los que querían quedarse y reconstruir. Los barbudenses permanecieron en Antigua durante varios meses, mientras sus posesiones se deterioraban por la sal y el sol.

A los pocos días de la evacuación, llegaron cuadrillas de construcción y comenzaron a trabajar las 24 horas del día en un nuevo aeropuerto internacional de un tercio del tamaño de La Guardia de Nueva York, sin ninguna evaluación ambiental. "Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que al gobierno no le interesaba que los barbudenses volvieran", nos dijo John Mussington, activista y director de la escuela secundaria de Barbuda, "querían reurbanizar la isla como una empresa inmobiliaria privada".

Esta es la segunda característica de la historia de Barbuda que resume los futuros desafíos para los derechos humanos en la crisis climática. Como ha escrito Naomi Klein, se trata de un “capitalismo de desastre” para el siglo XXI: el uso de una crisis y de la fuerza militar para promulgar reformas económicas que no habrían sido posibles en circunstancias normales.

A los pocos meses del huracán, el gobierno revocó sumariamente las protecciones comunales de la Ley de Tierras de Barbuda de 2007. Lo que ha pasado desde entonces es chocante, especialmente si se tienen en cuenta que está pendientes litigios contra la derogación de la Ley de Tierras y varios proyectos individuales. Gran parte de la nueva urbanización se encuentra dentro del Parque Nacional de la Laguna Codrington, un humedal protegido por la Convención de Ramsar. Como muestra el mapa que figura a continuación, los proyectos abarcan la mayor parte del lado caribeño de la isla.

  

(Figura 1: Mapa del desarrollador de proyectos planificados / Source: Unknown; Figura 2: Mapa de proyectos actualmente en proceso y áreas protegidas de Ramsar / Source: Dr. Rebecca Boger)

Uno de los proyectos es "Paz, Amor y Felicidad" (PAF), financiado por los magnates estadounidenses Steve Anderson y Jean Paul DeJoria. Sólo este proyecto, cuya construcción está en marcha, cubre 650 acres del Parque Nacional, casi el 2% de la isla. La propuesta incluye alrededor de 500 residencias, campos de golf y un puerto deportivo dentro de la Laguna Codrington para albergar megayates.

Entre tanto, el tratamiento que el gobierno les ha dado a los barbudenses ha sido escaso en paz, amor y felicidad. "Aquellos que tengan la intención de convertirse en terroristas económicos en este país, tendrán que enfrentarse a todo el peso de la ley por cualquier infracción", dijo el Primer Ministro Browne en 2015. Así se refirió a quienes se oponen a sus planes para la "Disneyficación de Barbuda", como la antropóloga ambiental Sophia Perdirakis llamó a las reformas en un seminario virtual organizado por el Acelerador de Litigio Climático del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Se trata de una contradicción notable para un gobierno que se presenta como defensor de un tratado (Escazú) cuyo aporte contribución original al derecho internacional es la protección de los derechos de los defensores del medio ambiente.

La contradicción se ha agudizado recientemente. En julio de 2020, después de que el único miembro barbudense del parlamento nacional, Trevor Walker, asistiera a una protesta contra el PLH, el Primer Ministro Browne dijo a la prensa "Cada vez que hagan algo ilegal allí, enviaré a la policía y al ejército... Prefiero luchar contra ellos y renunciar que hacer la vista gorda". En septiembre de 2020, en otra protesta pacífica contra PAF, dos concejales de Barbuda fueron arrestados y acusados de allanamiento y de violar las reglas de COVID por no usar tapabocas.

La tercera advertencia que Barbuda lanza para el futuro es la siguiente: así como la crisis climática representa una amenaza existencial para los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos abren la puerta al deterioro del medio ambiente y a un mayor calentamiento global. Según la Alianza Mundial para los Arrecifes de Coral, los proyectos en Barbuda "causarán un deterioro significativo, y probablemente irreversible, de la calidad del agua en la laguna Codrington, el principal criadero de peces de Barbuda". Los campos de golf, los centros turísticos y las nuevas residencias ocuparán tierras esenciales para la agricultura, la cría de animales y los pastos, y especies protegidas. Las urbanizaciones necesitan grandes cantidades de agua dulce, lo que requiere una desalinización en gran escala, proceso que genera un lodo tóxico que puede dañar gravemente los corales y la vida marina. La sustitución de manglares, juncos y humedales por construcciones costeras debilitará drásticamente la resistencia de Barbuda al aumento del nivel del mar y a otros fenómenos meteorológicos extremos que se intensificarán cada año, como lo mostró la temporada de huracanes de 2020.

El pasado y el futuro de Barbuda están en juego en los acontecimientos actuales. Si el Gobierno quiere tomarse en serio su compromiso con los derechos humanos internacionales, el medio ambiente y las generaciones futuras, debe respetar "los derechos sobre las tierras comunales y conservar el patrimonio, la cultura y el medio ambiente de Barbuda", como ha exigido el movimiento Barbuda No Más Silencio.

La comunidad internacional debe prestar mucha atención. El destino de Barbuda, para bien o para mal, se distribuirá uniformemente por todo el mundo dentro de poco tiempo.


 

Para que los derechos humanos tengan futuro, debemos tener en mente el tiempo

Autor: César Rodriguez-Garavito

June 10, 2019
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Si el final del siglo XX y el comienzo del XXI fue la época de la preocupación por el espacio, creo que en lo que queda de este siglo la variable dominante será el tiempo, tanto en los derechos humanos como en otros campos de pensamiento y práctica. 

Por definición, la globalización fue un fenómeno espacial: la expansión de los mercados en todo el mundo, la conexión de los últimos rincones del planeta a las redes de telecomunicaciones y el ascenso transnacional del neoliberalismo. Aunque el movimiento de derechos humanos fue una de las fuentes de crítica y resistencia contra las inequidades de la globalización, estuvo más concentrado en el espacio que en el tiempo. Su foco estuvo en la difusión global de estándares de derechos humanos, plasmados en tratados y acuerdos que pasaron a ser parte del lenguaje y el sentido común de la gobernanza global. Obsesionados con traspasar las barreras del espacio, los analistas y activistas de los derechos humanos dejamos a un lado la preocupación por el tiempo, como si la globalización fuera, en efecto, el “fin de la historia” que anunció Fukuyama.

Hoy sabemos lo prematuro que fue ese diagnóstico. No solo porque el nacionalismo está erigiendo murallas de odio alrededor del mundo, sino porque nuestro desdén por el tiempo nos está pasando la factura. Si faltaba alguna prueba de que la historia no terminó con la victoria del liberalismo y los derechos humanos, basta ver los resultados de las elecciones recientes, que consolidaron democracias iliberales desde India hasta Brasil.

También se nos acabó el tiempo para conjurar con medidas convencionales la crisis climática. Mi generación (la X) fue hija de la globalización y desperdició los 30 años cruciales que tenía para tomar medidas graduales contra el calentamiento global. Hoy los adolescentes de la generación Z hacen huelgas escolares para recordarnos lo que concluyeron los científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU: que la única alternativa que queda son medidas urgentes que reduzcan a la mitad las emisiones de carbono a más tardar en 2030, para evitar los escenarios más catastróficos del cambio climático y la crisis de derechos humanos que implicarían.

Recuperar el tiempo también implica cambiar la forma de pensar sobre él. Durante el auge de la globalización, los saberes dominantes fueron los enfocados en el espacio, desde la geografía hasta la economía política y el derecho internacional. Hoy es necesario aprender de otras disciplinas, como la biología y la geología, que tienen una comprensión más rica del tiempo por estar sintonizadas con fenómenos temporales como la evolución de las especies y la formación del clima.

Como escribió recientemente la geóloga Marcia Bjornerud, lo que se necesita es “una conciencia aguda de cómo el mundo está constituido por el tiempo, una conciencia de que el mundo está hecho de tiempo.” Esta visión significa cambios prácticos, basados en propuestas e ideas “llenas de tiempo”, en la bella expresión de Bjornerud.

Sugiero dos ejemplos de ideas llenas de tiempo relacionadas con los derechos humanos. La primera es reconocer los derechos de las generaciones futuras. Como escribió George Monbiot, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se queda corta al decir que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La Declaración solo tiene en mente a las generaciones presentes, porque nada en ella les impide legar un planeta inhabitable a las generaciones futuras. El artículo que hace falta en el derecho internacional diría que “cada generación tiene igual derecho a disfrutar de la riqueza natural”, como sugiere Monbiot.

La otra propuesta llena de tiempo es declarar un estado de emergencia constitucional para atender la crisis climática y la violación de derechos que esta implica, de la misma forma como se declaran emergencias para tomar medidas excepcionales contra crisis económicas o guerras. Hoy se sabe que, a menos que enfrentemos el cambio climático con la misma urgencia y en una escala similar a la de una guerra mundial, el calentamiento del planeta provocará un colapso económico mucho peor que la gran depresión de 1929 y muchas más muertes que las dos grandes guerras mundiales juntas.

Por eso, Inglaterra e Irlanda declararon una emergencia constitucional para enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida masiva de animales y plantas. Las mismas razones deberían llevar a otros Estados a aplicar la figura.

Estas son ideas respaldadas por movimientos sociales con un agudo sentido del tiempo: la ola de huelgas estudiantiles por los derechos de las generaciones futuras, y la serie de protestas contra la inacción frente al cambio climático liderada por organizaciones como Extinction Rebellion. La primera recuerda la importancia de pensar en el largo plazo, la segunda la de actuar en el cortísimo plazo.

El movimiento de derechos humanos tendría que aprender de esos otros movimientos. Para ello, tiene que afinar tanto sus objetivos de largo plazo como su capacidad de responder en el corto. En cuanto a lo primero, uno de los puntos ciegos de actores de derechos humanos como las ONG y los financiadores filantrópicos, es su dificultad para anticipar tendencias de largo plazo. Acostumbrados a ciclos de planeación y financiación de uno a tres años, solemos perder de vista las transformaciones esenciales que tendrán lugar en diez o veinte años y para las cuales deberíamos estar preparándonos desde ahora. Por ejemplo, los cambios profundos en los conceptos y la práctica de los derechos humanos que resultarán de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la edición génica. 

Al mismo tiempo, los actores de derechos humanos tienen dificultad para reaccionar con la urgencia necesaria en el corto plazo. Ante desafíos existenciales como la difusión del populismo autoritario o el cambio climático, las organizaciones de derechos humanos han tendido a responder a un paso glacial, probablemente por la inercia de las estrategias convencionales. Por ejemplo, la estrategia de la denuncia y el avergonzamiento de Estados violadores de derechos humanos no funciona como antes en un mundo donde los líderes populistas no tienen vergüenza. Tampoco funciona en un mundo acelerado en el que algunos de los retos más formidables para los derechos humanos no provienen de Estados sino de las empresas privadas, cuyas plataformas sociales pueden contribuir a desestabilizar los procesos electorales en cuestión de días.

Si el movimiento de derechos humanos quiere tener un futuro, tendrá que tomar en serio el tiempo.


 

 

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