Foto: Luemen Carlson/Unsplash
Los Estados Unidos adoptaron una Ley de Agua para el Mundo y una Estrategia Global sobre el Agua. En conjunto, reconocen la importancia del agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés) y priorizan recursos para países como Etiopía, Haití e Indonesia. Lamentablemente, estas políticas reflejan el excepcionalismo estadounidense por excelencia: la antigua (y ya descalificada) idea de que los derechos socioeconómicos, aunque son pertinentes en otras partes del mundo, apenas tienen cabida en la formulación de políticas en los Estados Unidos. A pesar de que su objetivo declarado es “que nadie se quede atrás”, estos programas no tienen un complemento a nivel nacional. Al no satisfacer las necesidades de sus propios residentes, los EE. UU. están afianzando la marginación de las comunidades desfavorecidas. Esto refleja un contexto mundial más amplio en el que el agua y el saneamiento se perciben primordialmente como preocupaciones del Sur global. Se trata de una premisa falsa que, desafortunadamente, causa que los encargados de tomar decisiones, los ingenieros y los financiadores ignoren la falta de tratamiento de aguas residuales y saneamiento adecuados que se extiende por el Norte global, como en Suecia, Canadá y Eslovenia, entre otros países.
Por lo general, se da por sentado que los EE. UU. tienen una cobertura de saneamiento universal; pero, en realidad, el país se encuentra ante una crisis invisible pero profunda. En 2017, la American Society of Civil Engineers otorgó a los Estados Unidos una calificación de D+ con respecto a su infraestructura nacional de aguas residuales. Aunque no se cuenta con datos precisos y completos, un estudio reciente estima que 540,000 hogares carecen de instalaciones sanitarias completas. En consecuencia, muchas personas padecen una exposición crónica a las heces, la contaminación ambiental y enfermedades como la anquilostomiasis.
Es cierto que la mayoría de las personas en los Estados Unidos tienen el privilegio de jalar la palanca del retrete y olvidar. Sin embargo, muchos hogares rurales padecen una infraestructura de saneamiento inadecuada, defectuosa o inexistente. Las comunidades marginadas por su identidad socioeconómica, racial, étnica e indígena soportan una carga desproporcionada. Las aguas residuales y las heces fluyen hacia los patios traseros y de regreso a las salas de estar. En una reunión informativa reciente en el Congreso de los EE. UU., Ralph Pierro II, quien vive en California, explicó que los residentes de la comunidad de Weedpatch han recurrido llenar bolsas de plástico con sus heces en lugar de usar los retretes porque el suelo se empantana debido a los fallos en los sistemas.
Cuando se les caracteriza como “condiciones del Sur global”, no reconocemos las desigualdades evitables, inexcusables y profundas en el Norte global.
El resultado es una imagen de desigualdades extremas en el disfrute del derecho al saneamiento. En la reunión informativa, Nina McCoy explicó que, en el condado de Martin, Kentucky, el diseño y la instalación deficientes del sistema han dejado atrás a toda una comunidad. El sistema de alcantarillado defectuoso solo conecta al 20 % de los hogares, y esta pequeña cantidad de usuarios no puede costear el mantenimiento del sistema, y mucho menos resolver los defectos iniciales de diseño. Con frecuencia, hay disparidades profundas en estrecha proximidad. Los datos del censo nacional de 1990 indican que en el condado de Lowndes, Alabama, el 10.5 % de los hogares negros no contaban con instalaciones sanitarias completas, mientras que solo el 0.4 % de los hogares blancos estaban en esas condiciones. No se han recopilado datos exhaustivos más recientes.
Estos no son casos aislados. Como documenta nuestro informe reciente, Flushed and Forgotten (Desechados y olvidados), la crisis de saneamiento abarca toda la nación. El informe proporciona breves panoramas de las disparidades en Alabama, Alaska, California, Kentucky, Luisiana, Michigan, Mississippi, la Nación Navajo, Carolina del Norte, Ohio, Texas, Virginia, Virginia Occidental y Puerto Rico... y apenas rozamos la superficie. Existen circunstancias similares en Florida, Nueva York y Minnesota.
Sin embargo, los debates sobre la crisis de saneamiento se centran con demasiada frecuencia exclusivamente en el Sur global, como es evidente en la Ley de Agua para el Mundo. Cuando los debates omiten la realidad de que este es un problema universal, refuerzan una percepción falsa que separa el Norte y el Sur globales. Las condiciones en Weedpatch, California, se asemejan notablemente a los infames “retretes voladores” de Kibera. Y cuando se les caracteriza como “condiciones del Sur global”, no reconocemos las desigualdades evitables, inexcusables y profundas en el Norte global. Los EE. UU. tienen los recursos necesarios para mejorar la infraestructura de aguas residuales, pero en la actualidad, la negligencia y la desinversión son las características definitorias de la estrategia nacional, junto con la exclusión deliberada. En realidad, son condiciones del Norte global.
En las comunidades rurales, los sistemas in situ son habituales, y a menudo costosos. Sin embargo, las leyes estatales y locales determinan que la carga financiera de las soluciones para el tratamiento de aguas residuales recaiga sobre los más necesitados. Cuando los residentes no pueden costear estos sistemas, recurren a las tuberías directas: canales improvisados que llevan las aguas residuales de los hogares a los patios o zanjas. Como las tuberías directas no cumplen con la normativa, a menudo se imponen cargos, multas o incluso sanciones penales a los propietarios de los hogares, lo que agrava los ciclos de pobreza y marginación y fomenta la falta de confianza en las autoridades.
Ante las exhortaciones para mejorar el agua, saneamiento e higiene, es común que se responda que es una tarea excesiva y después se pregunte: “¿realmente podemos permitirnos proporcionar servicios de saneamiento para todos?”. Nosotras nos preguntamos, ¿cómo podemos permitirnos no hacerlo? Las repercusiones humanas, ambientales y de salud de los sistemas de saneamiento inadecuados tienen costos tremendos, en vidas y en dólares. Como uno de los países más ricos del mundo, los Estados Unidos tienen los recursos y la capacidad para enfrentar esta crisis. Durante mucho tiempo, ha faltado voluntad política para hacerlo, pero recientemente se vislumbra un rayo de esperanza. Los dirigentes nacionales han comenzado a reconocer la crisis y a destinar fondos federales para pequeños sistemas con el objetivo de atender las necesidades en las comunidades rurales. Esto es algo necesario, aunque insuficiente, para el cambio estructural que se requiere para erradicar la crisis de saneamiento.
Mientras que la administración presidencial estadounidense se retira del ámbito internacional de los derechos humanos, aumenta el reconocimiento del derecho humano al saneamiento por parte de las agrupaciones de la sociedad civil, los funcionarios electos y las empresas. Para hacer efectivo este derecho, se necesita un cambio de paradigma que invalide la noción de que las personas deben asumir toda la responsabilidad y haga que el gobierno rinda cuentas en función de las normas de derechos humanos. Un nuevo enfoque requiere:
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Priorizar las necesidades de las comunidades desfavorecidas para mitigar las desigualdades que resultan de la discriminación o el abandono.
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Situar a las comunidades que llevan mucho tiempo en la periferia de los procesos de toma de decisiones en el corazón de los esfuerzos para combatir los retos persistentes, y reconocer sus conocimientos.
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Dar un papel central a la asequibilidad en el desarrollo de la tecnología, las políticas y las leyes sobre saneamiento. Esto incluye eliminar las políticas que hacen que la carga financiera de los sistemas recaiga sobre personas que no son capaces de pagar y que penalizan a estas personas cuando los sistemas no son adecuados.
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Configurar instituciones gubernamentales que rindan cuentas, sean transparentes y asuman la misión de fomentar el acceso al saneamiento para todos, tal como lo hacen los EE. UU. en todo el mundo.
El marco de derechos humanos se centra en eliminar las causas estructurales subyacentes de los fallos en el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. Si bien las condiciones del suelo, la geografía y la infraestructura desempeñan un papel evidente en el acceso al saneamiento, el obstáculo más importante es la falta de voluntad política. La Ley de Agua para el Mundo enfatiza que “los Estados Unidos deben ser líderes mundiales al ayudar a proporcionar acceso sostenible al agua potable y el saneamiento para las poblaciones más vulnerables del mundo”. No podemos estar más de acuerdo. Es hora de dar el ejemplo con una estrategia que responda a las necesidades de las comunidades marginadas en todos los EE. UU.