También en las democracias están surgiendo leyes no democráticas sobre la sociedad civil

La tan denunciada represión de la sociedad civil no se limita a los Estados autoritarios: las leyes restrictivas sobre las OSC se están extendiendo también a muchos Estados democráticos. 


By: Chrystie Swiney
March 28, 2019

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A demonstration of the Committee for the Defence of Democracy in Warsaw, Poland

Photo: Adrian Grycuk/Wikipedia


Hace poco, Amnistía internacional publicó un sorprendente informe que habla sobre la creciente cantidad de países que utilizan técnicas represivas, incluida la aprobación de leyes restrictivas, para evitar o disuadir a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de que desempeñen su crucial trabajo. En él, documentan a cincuenta países, la mayoría de ellos con tendencias autoritarias, que han propuesto o adoptado restricciones legales sobre las OSC durante la última década. Concluyen que esta “alarmante tendencia mundial” parece estar ganando impulso e intensidad; tan solo en los últimos dos años, cuarenta leyes que restringen a las OSC fueron aprobadas, o casi aprobadas.

Curiosamente, las restricciones que documenta Amnistía parecen trascender la geografía, el PIB, el estado de desarrollo y, lo que resulta más desconcertante, la estructura política o el tipo de régimen. De hecho, están surgiendo, y cada vez más, en países de todos los tipos económicos y políticos, incluidas las democracias fuertes, consolidadas y duraderas. La lista de países que han adoptado leyes restrictivas sobre las OSC no solo incluye a Pakistán, Kazajstán y Myanmar, sino también a los EE. UU., el Reino Unido, Australia e Irlanda. Todavía no se documenta ni explora a plenitud el sorprendente hecho de que los países democráticos fuertes, los mismos que se expresan con más vehemencia a favor de una sociedad civil independiente y fuerte, son parte de la tendencia de la reducción de espacios.

Si bien la imposición de restricciones injustificadas sobre las OSC es problemática en cualquier país sin importar su sistema político, esta clase de restricciones resultan excepcionalmente problemáticas en los Estados democráticos por el simple, pero trascendental, motivo de que la sociedad civil es fundamental para la existencia de una democracia. Cuando se reduce la independencia de la sociedad civil, también se reduce la fortaleza de la democracia. Cuando la autonomía de la sociedad civil se ve amenazada, la democracia comienza a marchitarse y a desaparecer, algo que Tocqueville percibió por primera vez a fines del siglo diecinueve y que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt expresaron más recientemente en su exitoso libro How Democracies Die (Cómo mueren las democracias).

Como politóloga, jurista y abogada de derechos humanos, he pasado la mayor parte de la última década rastreando y documentando el fenómeno de la reducción de espacios, que ahora estoy analizando en mi tesis de doctorado. Mi objetivo es subsanar las lagunas en nuestro entendimiento actual de este fenómeno tan estudiado, concentrándome en la faceta de esta tendencia que, por extraño que parezca, menos se ha examinado. Para ello, primero identifiqué a los Estados democráticos más fuertes del mundo, lo que determiné mediante una variedad de mediciones democráticas, y luego analicé y documenté minuciosamente cada uno de sus marcos jurídicos sobre la sociedad civil, documentando todas y cada una de las leyes pertinentes adoptadas, propuestas o anuladas entre 1990 y 2018. Mis resultados, hasta ahora, son impactantes.  

De los sesenta “Estados democráticos fuertes” que identifiqué, treinta y cinco (o alrededor del 58 %) han adoptado al menos una ley restrictiva sobre las OSC desde 1990; la mayoría de ellas fueron propuestas o adoptadas después de 2010. Si se agregan las propuestas actuales a la lista, el total alcanza los treinta y ocho Estados, o el 63 %. En muchos casos, estos Estados han adoptado más de una ley restrictiva sobre las OSC: más del 60 % han adoptado dos o más leyes restrictivas, y casi el 40 % han adoptado tres o más. Estas leyes, en ciertos casos, se parecen mucho a las que han surgido en los Estados no democráticos. Aunque en muchas ocasiones las leyes que surgen en los Estados democráticos fuertes tienen un contenido menos draconiano, siguen siendo parecidas a las que surgieron primero en los Estados con tendencias autoritarias. Por ejemplo, después de la adopción de la Ley sobre Agentes Extranjeros de Rusia en 2012, han surgido leyes similares en Israel, la India, Australia, Austria, Hungría y Polonia, entre otros.

Algunos ejemplos recientes sirven para ilustrar este punto. En octubre de 2017, el parlamento polaco aprobó una ley que consolidó todo el poder sobre el financiamiento para las OSC, ya sea nacional o extranjero, en manos de una sola persona designada por el primer ministro. En virtud de esta nueva ley, los actores gubernamentales podrán decidir cuáles OSC recibirán financiamiento y a qué niveles, lo que les confiere el poder definitivo para decidir cuáles OSC sobreviven. En junio de 2017, Hungría también aprobó una nueva ley, la cual exige a las OSC que reciben (aproximadamente) 28,000 USD o más de su financiamiento del extranjero, sin importar la fuente, que se etiqueten a sí mismas como “financiadas desde el extranjero” en todas las publicaciones. Muchos temen que esta etiqueta estigmatice y degrade al subsector de las OSC al que afectará de forma más directa, el cual incluye a las organizaciones que vigilan al gobierno. Se aprobaron leyes similares en Israel en 2016 y la India en 2010; la de este último país ha tenido consecuencias devastadoras para muchas OSC, en particular las OSC ambientales y de derechos humanos. Los informes recientes confirman que más de 24,000 OSC perdieron sus licencias para operar después de la adopción de enmiendas más restrictivas de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras de la India en 2010 y 2011.  

Cada uno de los sesenta “Estados democráticos fuertes” incluidos en mi análisis ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el principal tratado internacional que codifica la libertad de asociación, que se considera derecho internacional vinculante. Casi todos los sesenta firmaron además un tratado regional de derechos humanos que consagra de forma similar la libertad de asociación. Asimismo, con raras excepciones, como en Australia, todos reconocen este derecho fundamental en sus constituciones nacionales o la autoridad judicial suprema del Estado ha implicado su existencia, como en el caso de los Estados Unidos.

Lamentablemente, mis hallazgos ponen en duda el poder de la ratificación de tratados internacionales para moldear el comportamiento de los Estados, una conclusión que se debate desde hace tiempo. Pero lo más importante es que cuestionan nuestros supuestos e ideas preconcebidas de que las democracias fuertes son diferentes y “mejores” que sus contrapartes autoritarias, o están más comprometidas con el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. Mi investigación confirma una afirmación que sostienen repetidamente los observadores de la sociedad civil, los abogados de derechos humanos y los politólogos, pero que nunca se había explorado o confirmado empíricamente: en efecto, la tendencia de la reducción de espacios ha infectado a los Estados de todo tipo, lo que incluye más de la mitad de los Estados democráticos.

Como sucede en los países autoritarios, mis hallazgos confirman que la reciente ola de legislación restrictiva sobre las OSC comenzó poco después del cambio de siglo, cobró impulso después de 2010 y alcanzó su apogeo en 2017. Aunque aún es demasiado pronto para saber si estas tendencias continuarán en los próximos años, lo que está claro es que la tasa en la que se proponen y adoptan estas leyes en los Estados democráticos (aproximadamente el 63 %) se mantiene a la par, o según algunas estimaciones, incluso por encima de los porcentajes observados en los Estados menos democráticos.


Chrystie Swiney es una abogada de derechos humanos que actualmente está completando su doctorado en relaciones internacionales y se desempeña como becaria de investigación en la Universidad de Georgetown. Es autora de Global Trends in NGO Law.


 

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