¿Las empresas pueden contribuir a cambiar las normas sociales perjudiciales?

Un enfoque “neutro en cuanto al género” con respecto a la debida diligencia de derechos humanos no es suficiente, y las empresas deben tomar medidas proactivas para afrontar la discriminación sistémica por razón de género.




En su entorno de operación, las empresas pueden enfrentar situaciones en las que las normas o prácticas sociales y culturales se caracterizan comúnmente por relaciones inequitativas de poder, discriminación por razón de género y otras desigualdades. Una de las primeras obligaciones es identificar, prevenir y mitigar las maneras en las que las actividades empresariales pueden tener efectos diferentes en las mujeres, incluidas las dimensiones interseccionales. Sin embargo, en algunas circunstancias, las empresas también pueden usar su influencia para promover los derechos humanos y contribuir a remediar la desigualdad de género. Pero como ilustra el caso del pueblo guaraní en Bolivia, este enfoque no está exento de desafíos y dilemas.

Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, el Estado boliviano alentó el establecimiento de grandes haciendas con base en la inserción forzada de comunidades guaraníes como peones en condiciones de semiesclavitud en la región del Chaco. En 2010, el Estado adoptó medidas jurídicas y prácticas para liberar a las “comunidades cautivas”, como también se les conoce, y se les devolvió parte de sus territorios ancestrales. En 2013, Total, una empresa energética internacional, inició la fase de construcción del yacimiento de gas Incahuasi, localizado en el territorio indígena de Alto Parapetí, una antigua “comunidad cautiva”.

Comprensión del contexto marcado por el género de los proyectos energéticos

Debidamente, el proyecto consideró a las comunidades indígenas guaraníes anfitrionas como un grupo vulnerable. Sin embargo, en Total, no nos dimos cuenta en ese momento de que las mujeres indígenas guaraníes vivían la discriminación de una manera mucho más intensa que los hombres, porque la discriminación étnica, social, de clase y de género convergían en un círculo vicioso de pobreza, exclusión y violencia de género. Dentro del concepto de los grupos vulnerables, consideramos la primera capa de “pueblos indígenas”, pero tendríamos que haber profundizado en la segunda capa, las mujeres indígenas, que eran aún más vulnerables.

En Total, no nos dimos cuenta en ese momento de que las mujeres indígenas guaraníes vivían la discriminación de una manera mucho más intensa que los hombres.

Este descuido tuvo consecuencias. Por ejemplo, la economía monetaria derivada del proyecto, debido a los pagos de remuneración, las oportunidades de empleo y la prestación de servicios como el alquiler de automóviles, contribuyeron indirectamente a exacerbar las desigualdades entre los géneros. Las mujeres se volvieron más vulnerables y dependientes de los hombres, que tenían más probabilidades de acceder a los ingresos en efectivo y controlarlos. Gracias al trabajo de nuestro equipo de mujeres oficiales de enlace con la comunidad (personal de comunidades de Total), determinamos que la violencia de género, en específico la violencia intrafamiliar en las comunidades guaraníes, era un problema que no podíamos ignorar. Con base en nuestro plan de gestión social, elaboramos un programa para promover los derechos humanos en las comunidades vecinas. La promulgación de una ley en 2015 que penaliza la violencia de género, y convierte la violencia intrafamiliar en un asunto público, nos brindó la oportunidad de trabajar con este delicado tema apoyando a la nueva autoridad local encargada de su aplicación.

Elaboración y puesta en marcha de un programa piloto

El dilema ético de que una empresa ejerciera influencia o promoviera un cambio estructural hacia la igualdad sustantiva entre los géneros desapareció cuando el gobierno habilitó un marco legislativo y designó una autoridad pública de ámbito local para prevenir y afrontar la violencia de género. Se habían establecido las condiciones propicias para que la empresa pudiera considerar no solo cómo nuestra presencia y actividades afectaban las relaciones de género, sino también cómo podría contribuir a corregir la desigualdad de género. El riesgo de que las acciones de la empresa se percibieran como una intromisión con respecto a las organizaciones indígenas también se había mitigado en gran medida, sobre todo a través de nuestra asociación con una ONG local, “Casa de la Mujer”, con experiencia en la lucha contra la violencia de género en la región.

No obstante, enfrentamos algunas complejidades al diseñar el programa. Como empresa, sabíamos que no contábamos con la pericia necesaria y que sería difícil conseguir autorización del liderazgo guaraní, en el que predominan los hombres, para consultar a las comunidades y diseñar el programa con las mujeres afectadas por la violencia de género. Sin embargo, hablamos sobre los objetivos del proyecto con la directora de la cartera de género de la organización guaraní (la única cartera asignada a una mujer dentro del liderazgo), y con la autoridad pública a cargo de la nueva ley sobre violencia de género. Después de estas consultas, acordamos una estrategia combinada del sector público, el sector privado y la sociedad civil en la que la autoridad de aplicación de la ley dirigiría el programa.

Reconociendo los recursos limitados y la escasa experiencia en materia de violencia de género del servicio gubernamental local recién establecido, y con el objetivo de brindar apoyo adecuado a las comunidades, entablamos una relación de colaboración con Casa de la Mujer. Esta organización aportó su experiencia en la promoción de los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia de género y el trabajo con las comunidades indígenas. Iniciamos el programa piloto para crear conciencia entre las mujeres y los hombres de seis comunidades guaraníes sobre la violencia intrafamiliar y los mecanismos de acceso a la justicia.

Acordamos una estrategia combinada del sector público, el sector privado y la sociedad civil en la que la autoridad de aplicación de la ley dirigiría el programa.

La implementación del programa enfrentó dos desafíos principales: las desigualdades de género existentes y las normas sociales locales. Según CEDAW Bolivia, el 16 % de las mujeres indígenas no saben leer y escribir debido a que las niñas tienen un acceso nulo o limitado a la educación. Además, un factor agravante en las “comunidades cautivas” fue que las mujeres que vivían en un régimen de trabajo forzado no disfrutaban del derecho a asistir a la escuela y, una vez “liberadas”, las normas sociales y culturales limitaban su participación, lo que creó barreras adicionales al acceso a los mecanismos de reparación.

La metodología participativa y con enfoque de género de las sesiones de investigación y concienciación, que la Casa de la Mujer llevó a cabo de una manera culturalmente apropiada, mostró que estas mujeres tenían poca o nula conciencia de sus propios derechos y de las leyes existentes para brindar apoyo en casos de violencia de género. Los grupos de discusión específicos dirigidos por una facilitadora experimentada permitieron que las mujeres guaraníes compartieran sus experiencias en un espacio seguro, se dieran cuenta de que la violencia intrafamiliar no es un comportamiento normal ni aceptable y conocieran los mecanismos de reparación previstos por la ley.

Asimismo, el enfoque inclusivo sensibilizó a mujeres y hombres al mismo tiempo, de modo que las mujeres que participaran no sufrieran reacciones violentas ni daños involuntarios. Fue fundamental implicar a los miembros de la comunidad y dirigentes de sexo masculino en la identificación de la discriminación contra las mujeres, así como crear conciencia sobre la necesidad de abordar la violencia como un problema que afecta a las mujeres de manera individual, pero también como una cuestión que afecta a la comunidad en su conjunto.

Además del diagnóstico participativo, un resultado importante del programa fue promover la interacción entre la justicia consuetudinaria (prácticas de resolución de conflictos y regulación social basadas en la comunidad) y la justicia estatal (el mecanismo estipulado en la ley) para afrontar la violencia de género. En ese sentido, un objetivo clave fue la provisión de un remedio efectivo para las mujeres guaraníes, así como la designación comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades de una red de “promotoras comunitarias”, compuesta por sobrevivientes de la violencia de género capacitadas para ayudar a las víctimas a acceder a los servicios gubernamentales locales.

Reconocimiento de la necesidad de los derechos humanos con perspectiva de género

Volvamos a la pregunta que plantea este artículo: ¿pueden las empresas contribuir a cambiar las normas sociales perjudiciales? La respuesta es “sí”. En los contextos operativos en los que prevalece la desigualdad de género, las empresas pueden contribuir utilizando su influencia para promover la igualdad de género dentro de su esfera y más allá. Pero no pueden hacerlo solas. Es fundamental que haya una sólida diligencia debida en materia de derechos humanos que tenga en cuenta las cuestiones de género y permita una buena comprensión del contexto social, cultural y jurídico, junto con un enfoque de colaboración, en el que se combinen las funciones de los sectores público y privado y las organizaciones de la sociedad civil con los conocimientos especializados necesarios. Se necesitan todos estos componentes en conjunto para proponer medidas adecuadas que estén integradas en la realidad local.

 


This piece is part of a blog series focusing on the gender dimensions of business and human rights. The blog series is in partnership with the Business & Human Rights Resource Centre, the Danish Institute for Human Rights and OpenGlobalRights. The views expressed in the series are those of the authors. For more on the latest news and resources on gender, business and human rights, visit this portal.


 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: March 18, 2020

Cynthia Trigo Paz es asesora sénior de derechos humanos en Total.

 


 

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