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Hay varios temas en los que Amnistía Internacional puede no estar de acuerdo con Shivshankar Menon, el poderoso asesor de seguridad nacional de la India. Pero hay un punto en el que la organización de derechos humanos y el asesor de seguridad nacional pueden estar completamente de acuerdo. En palabras de Menon: "El poder hoy se distribuye de una manera mucho más equilibrada… Vemos múltiples balances de poder, y eso cambia con rapidez ya que varias potencias están emergiendo a la vez". De acuerdo con Menon: "Esta misma mutabilidad ofrece una oportunidad".
Si bien es cierto que la mutabilidad del mundo ofrece oportunidades en la geopolítica, esto es incluso más cierto con respecto a las oportunidades para tener un impacto sobre las violaciones de derechos humanos.
Ahora más que nunca, Brasil, India y Sudáfrica son actores globales. Estos países, junto con Indonesia, Turquía, Nigeria y otras potencias emergentes, disfrutan de un poder político grande y cada vez mayor. Si alzan la voz sobre asuntos de derechos humanos por todo el mundo, pueden tener un impacto importante.
Desafortunadamente, hasta ahora se ha observado poca disposición para aprovechar estas oportunidades.
Por supuesto que los dobles criterios anticuados de occidente no han desaparecido. Estados Unidos sigue estando renuente a levantar la voz sobre las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita o Bahréin. El gobierno de Washington apoyó al presidente Mubarak hasta el último momento, ya que aparentemente lo consideraban (para citar la antigua frase de los presidentes estadounidenses, usada originalmente en el contexto de los dictadores latinoamericanos) "un hijo de puta, pero al menos es nuestro hijo de puta".
Pero la hipocresía occidental, sea vieja o nueva, no puede ser una razón para que las potencias emergentes del sur global sigan ese poco saludable ejemplo. Si los países se ven a sí mismos como actores globales, deben desempeñar un papel global, incluso en la defensa de los derechos humanos.
Los gobiernos que tienen la costumbre de envolverse en la retórica recta del sur global, y que han sufrido terriblemente de violaciones de derechos humanos en el pasado, han estado dispuestos con demasiada frecuencia a darles la espalda a las violaciones severas de derechos humanos y a los crímenes contra la humanidad actuales que ocurren por todo el mundo.
Citaré sólo un ejemplo en donde la semejanza de estrategias entre un gobierno de represión racista hace 50 años y su sucesor democrático actual es perturbadora, como mínimo. La similitud nos debería hacer reflexionar a todos.
El 21 de marzo de 1960, las fuerzas de seguridad sudafricanas mataron a 69 personas que se manifestaban contra la injusticia de las leyes de pases del apartheid, en lo que llegó a conocerse como la Masacre de Sharpeville. La matanza causó indignación por todo el mundo.
El gobierno birmano estuvo entre los que exigieron que el Consejo de Seguridad de la ONU levantara la voz sobre la matanza de Sharpeville. El gobierno del apartheid se enfureció, e insistió que prestar atención a los asuntos internos de Sudáfrica crearía "un precedente de lo más peligroso". Afortunadamente, el Consejo de Seguridad descartó la enfadada fanfarronada del embajador. La Resolución 134 del Consejo de Seguridad, aprobada el 1.º de abril de 1960, criticó la "masacre de manifestantes desarmados que protestaban pacíficamente" y llamó al gobierno de Sudáfrica a abandonar la discriminación racial y el apartheid. En pocas palabras, prevalecieron el sentido común y la humanidad.
Corte a casi medio siglo después. La combinación de valor sudafricano y solidaridad internacional significó que en los años intermedios todos los sudafricanos habían triunfalmente conseguido su libertad. En 2007, la nueva Sudáfrica recibió la bienvenida como nuevo miembro del Consejo de Seguridad, con grandes esperanzas para sus logros futuros.
El 12 de enero de 2007, el borrador de una resolución que condenaba la represión y la violencia en Birmania (Myanmar) llegó ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El gobierno sudafricano, sin embargo, no devolvió al pueblo birmano la misma solidaridad global que benefició a su población en tiempos del apartheid. En cambio, Pretoria unió fuerzas con Moscú y Beijing para proteger a la junta militar de Myanmar contra el escrutinio internacional.
Usando un idioma que era inquietantemente similar a las respuestas indignadas de su predecesor de la era del apartheid en 1960, el embajador de la Sudáfrica democrática argumentó que condenar la violencia de la junta "no se ajusta al mandato del acta constitutiva", por su enfoque en los asuntos internacionales. Esto, explicó el embajador, era una razón "fundamental" para votar en contra de la resolución. Más adelante, el gobierno se jactó de que su postura en el Consejo de Seguridad probó que había sido "fiel a sí mismo".
Sudáfrica no es la única de las potencias emergentes que parece tratar la solidaridad global como algo que no le concierne.
India se enorgullece de su papel como país fundador del Movimiento No Alineado, creado en la era en que las superpotencias estadounidense y soviética parecían pensar que el mundo les pertenecía a ellas y a nadie más. Pero, desde entonces, "No Alineado" muchas veces ha sido un sinónimo de "hacer caso omiso de los abusos cometidos en otras partes".
Sin embargo, a pesar de los obvios retos, me siento convencido de que hoy en día la historia nos lleva en otra dirección.
La sociedad civil clama por que el liderazgo tome una postura más ética, algo que los gobiernos no han logrado hacer en años pasados. A veces, las victorias son extraordinarias. Los sindicatos obligaron al gobierno sudafricano a retirarse de manera humillante en el 2008, de manera que un barco chino que llevaba armas para el Zimbabue de Mugabe no pudiera desembarcar su cargamento en Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica dijo que sí, pero la gente dijo que no. Y el barco, después de intentar en vano descargar en otro sitio, se vio obligado a regresar a China.
En contraste con el papel que desempeñó en el asunto de las armas para Zimbabue en 2008, Sudáfrica tuvo un rol positivo en las conversaciones que resultaron en la aceptación para crear un histórico nuevo Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas en abril de 2013. El nuevo tratado, que estará abierto a la firma a partir del 3 de junio, puede impedir la venta de armas a países en los que es probable que ocurran violaciones graves de derechos humanos.
India también ha dado señales de un cambio de postura. Hace cuatro años, India desempeñó un papel vergonzoso al ayudar a que se aprobara una resolución sobre Sri Lanka en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la cual no se limitó sólo a evitar las críticas al gobierno de Sri Lanka. La resolución fue más allá, al elogiar al gobierno por su comportamiento en las etapas finales de la guerra en 2009, el cual incluyó lo que un informe de las Naciones Unidas describió más adelante como "un ataque severo contra el régimen de derecho internacional en su conjunto".
Para 2012, las cosas habían cambiado. Hubo un alboroto en el parlamento indio en respuesta a las revelaciones del documental para televisión Sri Lanka’s Killing Fields (Los campos de la muerte de Sri Lanka).
En gran medida por la presión nacional, India votó a favor de una resolución crítica en Ginebra la siguiente semana. El contraste con su posición en 2009 no podría ser mayor.
El patrón se repitió este año. Antes de la sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo, Amnistía Internacional de India reunió dos millones de firmas que pedían una mayor rendición de cuentas en Sri Lanka. India alzó su voz y votó a favor de una resolución crítica, que podría ser crucial en el periodo anterior a la cumbre de la Commonwealth en Sri Lanka en noviembre.
Igualmente Brasil, cuya población sufrió tortura y violencia a manos de un régimen militar de 1964 a 1985, en años recientes ha parecido estar dispuesto a ignorar el sufrimiento de los que enfrentan la represión en otros países. Pero también aquí hemos visto un cambio significativo. Así, Brasil votó en 2011 a favor del nombramiento de un relator especial de derechos humanos en Irán. En 2013, votó a favor de una Comisión de Investigación sobre Corea del Norte. Los dos votos representan un cambio pequeño pero bienvenido respecto a la antigua costumbre de mirar hacia otro lado.
Incluso en Siria, donde Rusia y China han desempeñado el papel más claro para evitar una condena fuerte de parte del Consejo de Seguridad de la ONU, los países IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) han cambiado parcialmente de tono. Los tres países fueron miembros del Consejo de Seguridad en 2011; Sudáfrica e India también fueron miembros en 2012. La reticencia de los tres países a alzar la voz ayudó a proteger a Moscú y Beijing.
Pero también aquí hemos visto un cambio, motivado en parte, de nuevo, por presiones locales. Una campaña pública en torno a la cumbre de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Durban en 2013 ayudó a garantizar que los BRICS incluyeran a Siria en su comunicado final, el cual contuvo un llamado para el libre acceso humanitario, que actualmente está bloqueado.
Lo más importante es que hemos visto señales en las que las potencias emergentes no representan un papel secundario, sino un papel protagónico en materia de derechos humanos.
En un acontecimiento histórico, en 2011, Brasil y Sudáfrica promovieron de manera conjunta en el Consejo de Derechos Humanos una resolución clave sobre violaciones a los derechos humanos con base en la orientación sexual y la identidad de género.
Al proponer la resolución sobre los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, Sudáfrica argumentó que: "Toda persona tiene todos los derechos y todas las libertades sin distinción alguna". Brasil pidió al consejo que "abriera las puertas del dialogo, que han estado cerradas por mucho tiempo". Particularmente en el contexto de una amplia resistencia de los gobiernos ante dichas ideas, éste fue un ejemplo importante de liderazgo real. Dicho liderazgo tuvo beneficios importantes, los cuales siguen propagándose alrededor del mundo e incluyen una serie de reuniones regionales celebradas en los meses recientes.
Las reformas al Consejo de Seguridad para que refleje mejor el mundo del siglo XXI se han discutido y retrasado interminablemente. Pero incluso antes de que se llegue a un acuerdo sobre tales reformas, es claro que el balance de poder está cambiando.
Alrededor del mundo, debemos esperar que exista una mayor comprensión de que el nuevo poder también trae consigo nuevas responsabilidades en el campo de los derechos humanos. Definir una postura de política exterior simplemente con base en lo que otros países no quieren que uno haga no es precisamente la fórmula para una diplomacia seria.
Lo que necesitamos ahora, de todos los gobiernos, tanto del norte como del sur, es que dejen de tomar decisiones con base en intereses políticos estrechos y que, en cambio, piensen en los que se verán más afectados.