La población chechena paga un alto precio por la securitización de las políticas migratorias de Europa

El caso de la población chechena es un ejemplo de cómo la securitización de las políticas de migración —en particular, la política de retorno— pone a las personas migrantes en riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos básicos.



Michal Szypki/EFE


El espacio para la protección internacional de las personas que huyen de la persecución en sus países de origen se ha reducido en la UE. Este proceso responde a una retórica antiinmigrante cada vez más popular donde la migración se percibe como una amenaza para la identidad de los Estados europeos y —debido a sus presuntos vínculos con el terrorismo— para su seguridad. Esto, entre otros factores, afecta la situación de la población chechena. A pesar de que la situación de los derechos humanos en Chechenia sigue siendo alarmante, es frecuente que los países europeos devuelvan a personas chechenas, incluidas a las que se les negó el asilo, a la Federación de Rusia, donde muchas de ellas corren un grave riesgo de sufrir tortura, encarcelamiento y desaparición forzada.

En la República Rusa de Chechenia, tras el final de dos sangrientas guerras internas, se instaló el régimen de Ramzan Kadyrov en 2009. Kadyrov, un subordinado del Kremlin, mantiene una fachada de paz en Chechenia a expensas de violaciones continuas y generalizadas de los derechos humanos. A pesar de que las operaciones militares terminaron, Chechenia no es un lugar seguro para vivir para cada vez más gente. La disidencia política, activistas de derechos humanos y periodistas independientes, así como las mujeres, en particular las víctimas de violencia intrafamiliar, y las minorías sexuales son especialmente vulnerables a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. El régimen opera mediante la producción constante de enemigos internos y un uso frecuente de la responsabilidad colectiva por la participación real o supuesta en la resistencia contra Kadyrov y los grupos extremistas. También se ha observado un aumento en la presión que ejercen las autoridades en Grozny sobre las personas chechenas que viven permanentemente fuera de la república. Por ejemplo, se cometieron varios asesinatos de personas chechenas por motivos políticos en Europa y en otros países, el más reciente en agosto de 2019 en Berlín.

Sin embargo, los Estados europeos han adoptado un enfoque mucho más estricto en lo que concierne a las condiciones de acogida y la política de retorno. Por razones geográficas, la mayoría de las personas chechenas llegan a Europa a través de la frontera oriental de la UE entre Bielorrusia y Polonia, y muchas de ellas se trasladan hacia el oeste posteriormente. Sin embargo, Polonia, otrora hospitalaria para miles de personas chechenas que se resistían a la agresión rusa, ahora ha cerrado sus puertas a solicitantes de asilo de ese país. Su calvario comienza en el cruce fronterizo de Brest/Terespol —una ruta de escape natural en el camino a Europa— donde desde mediados de 2016 la guardia fronteriza polaca ha realizado operaciones de rechazo para tratar de mantener a las personas solicitantes de asilo fuera del territorio polaco. Con muy pocas excepciones, les niegan el derecho a solicitar asilo y, en cambio, las devuelven sumariamente a Bielorrusia; un lugar en donde las personas chechenas no pueden esperar recibir protección, ya que el país es un aliado cercano de Rusia. Aquellas personas que logran solicitar protección y entrar a la UE enfrentan largos procedimientos administrativos, oportunidades de integración reducidas y el riesgo de ser deportadas de vuelta a Rusia si se niega su solicitud de asilo, a pesar de que los grupos de derechos humanos han advertido repetidamente que no estarán seguras en ese país.

A pesar de que las operaciones militares terminaron, Chechenia no es un lugar seguro para vivir para cada vez más gente. 

De acuerdo con las opiniones de especialistas expresadas en las entrevistas del informe de 2019 “Republic of Fear” (La república del miedo), aunque los riesgos al regresar pueden variar según cada situación individual, hay grupos específicos con más probabilidades de sufrir represión. Además de las personas defensoras de derechos humanos y quienes critican a Kadyrov, también las personas sospechosas de actividades terroristas —lo que incluye a combatientes que regresan de Siria y exintegrantes de la resistencia antirrusa de las décadas de 1990 y 2000—, y sus familias, son objeto de ataques. Muchas de estas personas son enjuiciadas y condenadas con base en pruebas falsas de terrorismo y extremismo, dado que falsificar expedientes ha sido una práctica común de las fuerzas del orden rusas desde hace mucho tiempo, a fin de presentar el resultado de su trabajo de manera favorable. También corren el riesgo de sufrir tortura y ejecuciones extrajudiciales a manos de los servicios de seguridad. Es importante destacar que la mayoría de las personas repatriadas por la fuerza son entregadas directamente a las autoridades chechenas a su regreso y, en la práctica, no les es posible ir a alguna otra región de Rusia.

A train station at the Polish-Belarusian border where Chechens depart for Poland

En los últimos años, varias personas chechenas deportadas a la Federación de Rusia desaparecieron o estuvieron expuestas a graves peligros. En 2018, por ejemplo, Azamat Bayduyev fue deportado de Polonia. Bayduyev, quien recibió protección en Polonia en 2008, había estado viviendo en Bélgica hasta que las autoridades belgas lo arrestaron por sospechas de actividad terrorista. Sin embargo, no presentaron cargos contra él y lo transfirieron de vuelta a Polonia. Para tomar la decisión de deportarlo a Rusia, las autoridades polacas se basaron en material confidencial al que ni Bayduyev ni su abogado tuvieron acceso. Como consecuencia, no tuvo oportunidad de impugnar los cargos. Una vez en Chechenia, fue detenido por hombres armados y desapareció. Según informes, más tarde proporcionó un testimonio autoinculpatorio (se sospecha que bajo coacción), el cual sirvió de base para que las autoridades chechenas iniciaran un juicio penal en su contra.

Varias personas chechenas deportadas a la Federación de Rusia desaparecieron o estuvieron expuestas a graves peligros.

Hay otros casos de desapariciones inexplicables de personas chechenas deportadas de países de la UE: Zaurbek Dzhamaldinov fue visto por última vez en Moscú en julio de 2015, después de su deportación de Polonia a Rusia. Shoip Tutayev, deportado a Rusia por Bulgaria en 2016, fue torturado y obligado a disculparse públicamente con Kadyrov, cuyo gobierno criticó durante su estadía en el extranjero. Se conocen al menos dos casos de chechenos que fueron torturados y probablemente asesinados después de que se les obligó a regresar a Rusia en 2011 desde Noruega, donde se les negó la protección internacional: Umar Belimkhanov murió en Chechenia en 2013, dos años después, en un accidente automovilístico en circunstancias descritas como “sospechosas” y, ese mismo año, Apti Nazhuyev fue encontrado muerto en un río en Chechenia y un examen confirmó que su muerte fue resultado de tortura.

El miedo al terrorismo pone a prueba los derechos humanos. En efecto, hay informes fidedignos de que hasta un par de miles de personas de Chechenia, junto con otras nacionalidades, se han unido a las filas del llamado Estado Islámico, y no se puede descartar que algunas de ellas puedan ser cómplices de actividades terroristas también en Europa. Sin embargo, incluso en un caso en el que se descubra que alguien representa una amenaza para la seguridad, el marco de derechos humanos, que incluye a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, prohíbe su deportación a un país donde corra peligro de tortura o muerte. Otro problema es que los regímenes autoritarios como Rusia se valen de los sistemas policiales internacionales, incluida la Interpol, para perseguir a sus opositores políticos. Por lo tanto, no siempre se puede confiar ciegamente en la información de Interpol sobre personas buscadas para determinar que una persona extranjera representa una amenaza definitiva para la seguridad nacional. En casos relacionados con la ciudadanía de regímenes autoritarios y conocidos por su mal uso de los mecanismos internacionales, las decisiones sobre deportación o extradición deben ser objeto de una revisión judicial exhaustiva y se deben basar en información recopilada por los propios servicios de seguridad de los Estados europeos. De lo contrario, estos Estados corren el riesgo de sancionar de facto las violaciones cometidas por las autoridades chechenas y federales en Rusia contra su propio pueblo.

El caso de la población chechena es un ejemplo de cómo la securitización de las políticas de migración —en particular, la política de retorno— pone a las personas migrantes en riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos básicos. Si bien la seguridad pública es un interés nacional crucial, los países europeos también están sujetos al derecho internacional según el cual la prohibición de la tortura es absoluta y no derogable, como lo es el principio de no devolución de las personas en riesgo de tortura. Por consiguiente, las decisiones sobre los casos más difíciles relacionados con la sospecha de terrorismo deben originarse en políticas bien equilibradas y prudentes.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: February 27, 2020

Marta Szczepanik es experta en migración e investigadora de la Helsinki Foundation for Human Rights en Varsovia (Polonia). También está preparando su doctorado en Sociología en la Academia de Ciencias de Polonia y ha trabajado con la ACNUR, la OIM y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.


 

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