Documentar el progreso es esencial para la labor de Amnistía contra la pena de muerte

Una simple recopilación anual del progreso con respecto a la abolición proporcionó una base conceptual para la campaña mundial contra la pena de muerte, al vincular los esfuerzos locales con una tendencia mundial.


By: Eric Prokosch
February 27, 2018

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Foto: EPA/EPA Mast Irham


Amnistía Internacional (AI) comenzó en 1961 como una campaña para liberar a los presos de conciencia en todo el mundo. Las apelaciones contra la pena de muerte pronto comenzaron a formar parte de su trabajo: si los presos de conciencia iban ser liberados, era evidente que no debían ser ejecutados. Una cosa llevó a la otra, así que en 1974 AI decidió formalmente oponerse a la imposición de la pena de muerte en todos los casos. Y en 1977, la Conferencia de Estocolmo de AI declaró que se comprometía “... a trabajar por la abolición universal de la pena de muerte”.

La estructura organizacional de AI se ajustaba bien a esa tarea, ya que contaba con secciones de activistas nacionales y una operación centralizada que dirigía las investigaciones y acciones. Sin embargo, la mayor parte de sus acciones hasta entonces estaban relacionadas con casos individuales. Al contemplar una campaña mundial por la abolición, vimos que teníamos que demostrar que la pena de muerte era una violación de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y no simplemente un asunto de política penal nacional. Necesitábamos dar a nuestros miembros activistas la sensación de que sus esfuerzos contribuían a un movimiento mundial dinámico. Necesitábamos proporcionar una imagen clara del estado de la pena de muerte en todo el mundo y celebrar todo avance positivo.

Durante la preparación de la campaña, AI había compilado un estudio mundial de las leyes y prácticas sobre la pena de muerte. A partir de este, y utilizando categorías desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compilamos una Lista de países abolicionistas y retencionistas. La primera versión de esta lista, publicada en 1979, mostraba 20 países que habían abolido la pena de muerte para todos los delitos (todos, a excepción de uno, estaban en Europa Occidental o América Latina), 12 que la habían abolido solo para delitos comunes, 117 países y territorios que retenían la pena de muerte para delitos comunes como el asesinato y dos países con jurisdicciones divididas (Australia y los Estados Unidos). Al mismo tiempo, comenzamos a compilar un registro de condenas de muerte y ejecuciones en todo el mundo y a publicar estadísticas anuales.

La Lista de países abolicionistas y retencionistas, que se actualiza periódicamente y se vuelve a publicar según sea necesario, se convertiría en una base conceptual del movimiento abolicionista mundial. A través de dicha lista, los activistas locales podían ver su trabajo como parte de un esfuerzo mundial, y cualquier logro a nivel nacional podía celebrarse como una contribución al progreso mundial.

Durante la primera campaña importante de AI contra la pena de muerte, pedimos a nuestras secciones nacionales y a sus miembros que recolectaran firmas de tantos países como fuera posible para pedir a la ONU la abolición en todo el mundo. Se presentó la petición al secretario general de la ONU en 1980, con firmas de más de 100 países, incluidas las de jefes de gobierno y ganadores del Premio Nobel. Esto demostró que el apoyo a la abolición no se limitaba a unos pocos países occidentales.

En los siguientes años, se abolió la pena de muerte en varios países, entre los que destaca Francia (1981), donde había siete prisioneros condenados a muerte en ese momento. AI, junto con muchos otros, había hecho campaña a favor de la abolición.

A raíz de una sugerencia del asesor jurídico de AI en la Conferencia de Estocolmo, el Consejo de Europa adoptó en 1983 el Protocolo Núm. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una clase de tratado por el cual los Estados europeos podían obligarse en virtud del derecho internacional de derechos humanos a abolir la pena de muerte en tiempo de paz y a no reintroducirla. También se estaba trabajando en la ONU para redactar un protocolo similar que preveía la abolición total (el cual se adoptó en 1989 como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP). En 1990, se adoptó otro protocolo de este tipo, relativo al continente americano, y actualmente se está considerando la redacción de uno más, para África. A través de estos tratados, los Estados solidificaban la abolición en sus países y afirmaban que la pena de muerte era una cuestión de derechos humanos.

Para su segunda gran campaña contra la pena de muerte, realizada en 1989, AI compiló un nuevo estudio mundial con entradas sobre todos los países del mundo. El estudio descubrió más países abolicionistas. Al inicio de la campaña, AI pudo afirmar que 35 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos, incluidos países de África, Asia y el Pacífico; 18 más lo habían hecho para los delitos comunes; y 27 países y territorios podían considerarse abolicionistas en la práctica, ya que no habían ejecutado a ninguna persona durante 10 años o más. Estas tres categorías sumaban 80 países, frente a 100 que mantenían la pena de muerte. Las cifras eran mucho más alentadoras que las de la lista de 1979. Esta clase de documentación mostraba de una forma muy concreta que había una tendencia mundial hacia la abolición, lo que infundió vigor a los esfuerzos de los activistas.

Dados los trastornos geopolíticos de la década de los 1990, se aceleró el ritmo de la abolición. Para el año 2000, pudimos proclamar que, en promedio, más de tres países al año habían abolido la pena de muerte en la década anterior y en 2015 se alcanzó el hito de 100 países totalmente abolicionistas.

En 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución a favor de una moratoria sobre las ejecuciones, por 27 votos a favor y 11 en contra. La resolución se volvió a presentar de forma anual con un lenguaje cada vez más fuerte y una cantidad cada vez mayor de votos favorables hasta 2007, cuando se presentó en la Asamblea General de la ONU, donde se volvió a presentar posteriormente.

Ahora había cuatro listas: la Lista de países abolicionistas y retencionistas de AI y las listas de los copatrocinadores de las resoluciones de la ONU, de los registros de votación de los distintos países sobre las resoluciones y de los Estados que habían ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP comprometiéndose a la abolición total. Estas listas se podían cotejar y utilizar en los esfuerzos de incidencia: para persuadir a los Estados abolicionistas de que apoyaran las resoluciones de la ONU y para persuadir a los Estados que ya lo habían hecho de que ratificaran el Protocolo. La última resolución de la ONU, que pedía una moratoria sobre las ejecuciones, se adoptó en 2018 con 121 votos a favor.

Han surgido nuevas organizaciones no gubernamentales, incluida la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, que reúne a grupos abolicionistas de todo el mundo; Ensemble contre la Peine de Mort (Juntos contra la pena de muerte), que organiza el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte de forma periódica, más recientemente a principios de 2019; y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que envía delegaciones de alto nivel para abogar por la abolición.

La última Lista de países abolicionistas y retencionistas de AI nombra a 106 países abolicionistas para todos los delitos, 8 solo para delitos comunes, 28 abolicionistas en la práctica y 56 retencionistas. El número de países totalmente abolicionistas se ha multiplicado por más de cinco desde 1979.

El informe más reciente de AI sobre condenas a muerte y ejecuciones en todo el mundo registró 993 ejecuciones que se llevaron a cabo en 23 países en 2017 (además de una cifra desconocida que alcanza los miles en China) y 2,591 condenas a muerte impuestas en 53 países. La lucha aún está lejos de terminar.


Eric Prokosch estuvo a cargo de la campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte de 1979 a 2005.


 

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