Las reformas de la libertad condicional anticipada en Turquía ponen a los presos políticos en un mayor riesgo

Un nuevo proyecto de ley de libertad condicional anticipada en Turquía tenía el potencial de mejorar el historial de derechos humanos del país, pero en cambio, deja a los presos políticos en una situación aún peor.



 Protestors gather in front of the Palace of Justice in Istanbul to show support for critical journalists who were jailed for "collaborating with terrorist organizations" in 2016. Sedat Suna/EFE.


Desde 2018, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) de Turquía, aliado de facto del partido gobernante del país, el AKP, ha estado pidiendo un proyecto de ley de libertad condicional anticipada que garantice la liberación de sus partidarios, incluido el conocido líder de la mafia, Alaattin Çakıcı. Además, estas enmiendas sobre la libertad condicional anticipada no se aplican a los acusados de delitos de terrorismo, la mayoría de los cuales son en realidad presos políticos. Pero el gobierno ha ignorado todos los llamamientos nacionales e internacionales para que se respeten los derechos humanos, modificando la libertad condicional anticipada y la libertad vigilada sólo de manera que sea políticamente conveniente para el partido gobernante, y poniendo a los prisioneros políticos en riesgo no sólo de violaciones de los derechos humanos sino también de contraer COVID-19.

Inicialmente, las opiniones encontradas entre el AKP y el MHP sobre el alcance del proyecto de ley y la preocupación del gobierno sobre la posible reacción de los votantes, retrasaron la promulgación del proyecto de ley durante dos años. Pero cuando el COVID-19 llegó a Turquía -hay actualmente más de 187.000 infecciones y más de 4.950 muertes hasta el 22 de junio- el partido gobernante y el MHP iniciaron rápidamente el procedimiento legislativo y aprobaron el proyecto de ley el 13 de abril conocido como la Ley Nº 7242.

Si el Gobierno turco hubiera observado el principio de igualdad y no hubiera discriminado a los presos políticos, este proyecto de ley podría mejorar el historial del país en materia de violaciones de los derechos humanos. Pero al excluir expresamente a los presos políticos del proyecto de ley, el partido gobernante, el AKP, desperdició esta oportunidad.

Durante el debate del proyecto de ley, numerosas organizaciones, como los colegios de abogados nacionales e internacionales y las oenegés de derechos humanos, hicieron llamamientos al Gobierno turco para que éste y sus aliados traten a todos los presos por igual en lo que respecta al proyecto de ley y, en particular, para que no discriminen a los presos políticos, de conformidad con las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

Un examen más detenido de las acusaciones de miles de personas que han sido encarceladas en virtud de las draconianas leyes antiterroristas de Turquía revela que casi ninguna de ellas ha sido realmente encarcelada por actividades terroristas reales.

Antes del proyecto de ley, los delincuentes convictos tenían que cumplir dos tercios de la condena y podían beneficiarse de la libertad supervisada dos años antes de completar esos dos tercios. Por ejemplo, los condenados a nueve años de prisión debían cumplir seis años, pero podían optar a la libertad condicional al final del cuarto año. Este no era el caso de los condenados en virtud de las leyes antiterroristas, que debían cumplir tres cuartas partes de su condena y podían tener derecho a la libertad condicional un año antes de cumplir esas tres cuartas partes. Por lo tanto, una persona condenada a nueve años en virtud de las leyes antiterroristas puede ser liberada después de cinco años y nueve meses (69 meses).

Pero el proyecto de ley en realidad dejó a aquellos que “infringen las leyes antiterroristas” en una situación peor: redujo el requisito (para todos los reclusos que no fueran infractores de leyes antiterroristas) a sólo tener que cumplir la mitad de la sentencia, y aumentó el período de libertad supervisada de dos a tres años. Así que, después de las enmiendas, cualquier recluso -excepto los llamados delincuentes de terrorismo- que fuera condenado a nueve años de prisión podría ser liberado después de 18 meses. Pero este período sigue siendo de 69 meses para los llamados delincuentes terroristas.

Tipo de recluso

Sentencia dictada

 

Antes de la enmienda, de fecha 15 de abril de 2020

Después de la enmienda

Delincuente de terrorismo

9 años

El prisionero puede ser liberado con libertad condicional después de 69 meses de encarcelamiento.

Igual

Otros

9 años

El prisionero puede ser liberado con libertad condicional después de 48 meses de encarcelamiento.

 

El prisionero puede ser liberado con libertad condicional después de 18 meses de encarcelamiento.

Puede parecer razonable excluir a los terroristas de esa legislación, pero el persistente abuso por parte de Turquía de sus leyes antiterroristas y el imperio de la ley, cada vez más débil, hacen que decenas de miles de personas hayan sido encarceladas sin ninguna prueba de actividad terrorista real.

Si bien los delitos de terrorismo a menudo aumentan las respuestas emocionales del público y atraen llamamientos públicos a la venganza y la justicia, en Turquía la etiqueta de “delito de terrorismo” se ha utilizado comúnmente para silenciar a los críticos políticos, y no para castigar a los terroristas violentos reales. Por ejemplo, con este nuevo proyecto de ley se puso en libertad a los reclusos condenados por corrupción, delitos organizados o violentos (por ejemplo, Alaattin Cakici) y delitos de drogas o relacionados con la sexualidad. Pero el premiado autor, Ahmet Altan, así como cientos de abogados y periodistas, siguen en prisión. Las enmiendas tampoco contemplaban medidas para poner en libertad a las personas en prisión preventiva, que actualmente se estima en 43.000 personas.

El 8 de julio de 2019, Dunja Mijatovic, Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, dijo que “la definición demasiado amplia de terrorismo y de pertenencia a una organización delictiva y la tendencia del poder judicial a ampliarlas aún más no es un problema nuevo en Turquía, como lo atestiguan numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos … su problema ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos tiempos… Estos procedimientos, combinados con un uso gratuito de la detención preventiva, ponen injustamente en peligro la vida de muchas personas en Turquía, incluidos muchos defensores de los derechos humanos”.

Según un cálculo de la Arrested Lawyers Initiative llevado a cabo sobre las estadísticas del Ministerio de Justicia de Turquía relativas a los enjuiciamientos en los últimos seis años, ha habido un aumento constante del uso de la ley antiterrorista.

Si bien en 2013 se imputaron a 8.416 personas por delitos definidos en el artículo 314 del Código Penal (pertenencia a una organización terrorista armada), el número de acusaciones ha aumentado a 146.731 en 2017 y finalmente a 115.753 en 2018. Por consiguiente, los fiscales turcos de todo el país han imputado a 337.722 personas por pertenecer a una organización terrorista armada entre los años 2013 y 2018. 285.168 de los acusados son hombres y 52.435 son mujeres. Aunque todavía no se han publicado las estadísticas correspondientes a 2019, no sería sorprendente que la cifra se elevara a 400.000 a finales de ese año.

Desde 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria han establecido en trece decisiones separadas que las disposiciones antiterroristas de Turquía son contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos en los que Turquía es parte. Un examen más detenido de las acusaciones de miles de personas que han sido encarceladas en virtud de las draconianas leyes antiterroristas de Turquía revela que casi ninguna de ellas ha sido realmente encarcelada por actividades terroristas reales, incluido el uso de la violencia o la amenaza. Por lo tanto, se podría argumentar con confianza que la liberación de esos prisioneros no supondría ninguna amenaza para el público. Como dijo Nacho Sánchez-Amor, relator del Parlamento Europeo para Turquía, el 24 de diciembre de 2019: “Entonces, ¿todo el mundo es un terrorista? Si lo usas para todo y para todos, nada ni nadie es un terrorista al fin y al cabo”.

Si el Gobierno turco hubiera observado el principio de igualdad y no hubiera discriminado a los presos políticos, este proyecto de ley podría mejorar el historial del país en materia de violaciones de los derechos humanos.

El 11 de junio, el principal partido de la oposición, CHP, presentó un recurso de anulación ante el Tribunal Constitucional de Turquía, en el que CHP alegó que este proyecto de ley violaba el principio de igualdad, la prohibición de la discriminación y el derecho a la vida.

Sin embargo, las probabilidades de que se haga justicia son escasas. El partido gobernante (AKP), cambió la estructura del Tribunal Constitucional dos veces, en 2010 y 2017. Hoy, doce de los quince jueces en ejercicio fueron seleccionados por el ex presidente Gül o por el presidente en ejercicio, Erdogan, ambos fundadores del partido gobernante, el AKP. Se necesita urgentemente una defensa en nombre de los presos políticos de Turquía, y es preciso iniciar una campaña de defensa coordinada para apoyar la acción de CHP para la anulación de las disposiciones discriminatorias de la Ley Nº 7242.

Si el Tribunal Constitucional de Turquía considera que el recurso de anulación es admisible, puede anular instantáneamente las disposiciones discriminatorias o aplazar el efecto de la anulación durante un cierto tiempo (no más de un año), y permitir una nueva legislación (es decir, la anulación aplazada). En caso de anulación instantánea, los presos políticos pueden ser liberados considerablemente antes de lo que pueden con arreglo a la disposición actual. Si se aplaza la anulación, tendrán que esperar a la nueva legislación. En cualquier caso, necesitan que no los olvidemos. La comunidad internacional puede apoyar y fomentar la solidaridad con esos presos políticos alentando al Tribunal Constitucional de Turquía a no ceder a la presión política y a observar los principios universales consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho internacional consuetudinario y la Constitución de Turquía.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: July 2, 2020

Ali Yildiz es abogado en ejercicio como miembro del Colegio de Abogados de Ankara y del Colegio de Abogados de Bruselas, y fundador de Arrested Lawyers Initiative.


 

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