Japan's Prime Minister Shinzo Abe. Image: Kim Kyung-Goon / POOL / EFE
Las implicaciones para los derechos humanos de las respuestas gubernamentales al virus de la COVID-19 por fin se están poniendo de relieve como motivo de preocupación. Las inquietudes son múltiples, en muchos países, desde la posible suspensión del hábeas corpus para las personas “sospechosas” de tener el virus hasta la aplicación excesiva de las cuarentenas. La mayoría de las críticas parten de la perspectiva de que la epidemia de COVID-19 es una crisis de salud enorme que justifica restricciones especiales a los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 12 del PIDCP permite que los Estados adopten medidas especiales que restringen la libertad de circulación para proteger la salud pública. Conceder desde el principio que la epidemia es una amenaza grave a la salud pública ya de por sí representa un reto para los activistas de derechos humanos, porque los Estados tienen un margen considerable para imponer restricciones en estas situaciones.
Sin embargo, el verdadero problema es que se nos está condicionando a aceptar este “estado de excepción” como algo normal. De la misma manera en que la Guerra contra el Terrorismo nos llevó a aceptar la vigilancia invasiva, las restricciones a los derechos civiles y políticos, la xenofobia y la securitización de nuestras vidas cotidianas, la Guerra contra la COVID-19 nos está llevando por un camino en el que el “confinamiento” es una herramienta legítima, e incluso común, a disposición del gobierno. Las personas que no pueden salir de sus casas tampoco pueden organizarse ni participar en protestas públicas. Y la narrativa generalizada de que las personas que salen de sus casas sin una mascarilla quirúrgica son “egoístas” y “ponen en riesgo a los demás” nos obliga a autorregularnos, para la gran conveniencia de los gobiernos.
Japón es un país en el que las ramificaciones en materia de derechos humanos, a mediano y largo plazo, pueden ser graves. En lo que respecta a la COVID-19, Japón es un “caso atípico”; la cantidad de casos parece ser muy baja y, al menos fuera de los distritos comerciales centrales, la mayoría de las tiendas permanecen abiertas y la gente sale a la calle. De hecho, cuando comenzaron los contagios a nivel internacional, había una creencia generalizada de que el gobierno estaba tratando de minimizar el problema para que no afectara los Juegos Olímpicos, cuyo comienzo estaba previsto para julio de este año (y en los que el primer ministro Abe había invertido una gran cantidad de capital político y financiero). Los tabloides publicaron reportajes sobre supuestos encubrimientos, mientras que la prensa convencional (que opera en un entorno sumamente restrictivo en Japón) desempeñaba una función tipo “Pravda”, “verificando” los “rumores”. Al final, los Juegos Olímpicos se pospusieron de todos modos y, en cuestión de días, el número de casos registrados aumentó drásticamente.
Después de que se cancelaron los Juegos Olímpicos, el gobierno cambió de estrategia. La legislación existente para hacer frente a las pandemias de influenza se modificó para incluir la COVID-19, lo que permitiría al gobierno declarar una emergencia nacional por razones de salud pública. Poco después, se declaró una emergencia de salud pública en virtud de esta ley, la cual sigue vigente en Tokio y algunas otras zonas del país. Sin embargo, las disposiciones de la ley son relativamente laxas: en esencia, los gobernadores de las prefecturas solo están facultados para pedirles a los residentes que se queden en casa y a los comercios no esenciales que cierren; a diferencia de otros países, no es posible sancionar a las personas por incumplimiento.
Sin embargo, algunos críticos protestaron cuando se modificó la ley, y con razón. El objetivo principal de Abe siempre ha sido el cambio constitucional: la revisión de la Constitución pacifista japonesa de la posguerra. El enérgico nacionalismo de Abe y sus sueños de militarización impregnan muchas de las medidas adoptadas durante su largo mandato, entre ellas, la adopción de leyes que facilitan que Japón envíe a su ejército al extranjero en aventuras lideradas por los EE. UU., el descarte de la arraigada política que prohibía las exportaciones de armas y el intento de forzar a las universidades (muchas de las cuales tienen políticas pacíficas en la materia) a realizar investigaciones científicas para las fuerzas militares. La lista sigue y sigue. Y esto ni siquiera incluye las muchas otras medidas que han suscitado graves preocupaciones en materia de derechos humanos, como la ley del secreto de Estado que prevé el encarcelamiento no solo de los funcionarios públicos que filtren información secreta, sino también de los periodistas y ciudadanos privados que informen sobre ella.
Siguiendo esta tendencia, el Partido Liberal Democrático (LDP, por sus siglas en inglés) de Abe publicó un proyecto de Constitución revisada, en virtud del cual sería posible restringir cualquier disposición de derechos humanos en nombre de un concepto impreciso de “orden e interés público”. En su material promocional, el LDP hace una selección engañosa de textos de las normas internacionales de derechos humanos y sostiene falsamente que la restricción general se apega al derecho internacional.
Sin embargo, quizás el verdadero peligro del proyecto de Abe es la disposición sobre el estado de emergencia. La Constitución Meiji, adoptada en 1889 y vigente durante la Segunda Guerra Mundial, permitía el estado de emergencia, y se abusó mucho de sus disposiciones. Debido a esa experiencia, la Constitución actual no contempla el estado de emergencia: el gobierno simplemente no tiene la capacidad de suspender el orden constitucional. Según el proyecto de Constitución de Abe, esto sería posible con un mínimo de supervisión parlamentaria, y los derechos humanos solo se protegerían “en la mayor medida posible”.
Los periodistas que han investigado las oscuras organizaciones de derecha que tienen vínculos estrechos con Abe y otros políticos de alto rango del LDP señalan que la disposición sobre el estado de emergencia es su mayor prioridad. No les basta con cambiar la postura pacifista de Japón: quieren destruir la Constitución actual, y el orden democrático que establece. De hecho, el propio Abe no se tardó nada en utilizar la pandemia para sostener que la Constitución actual no proporciona al gobierno los medios suficientes para proteger a la gente, y que se requieren disposiciones de emergencia.
A pesar de las ambiciones de Abe, la resistencia pública al cambio constitucional ha sido impresionante hasta este momento. En este contexto, la COVID-19 bien podría ser el factor de cambio que necesita Abe. Las encuestas de opinión han mostrado consistentemente un apoyo público enorme a favor de medidas gubernamentales más fuertes contra la pandemia; de hecho, hay un descontento generalizado porque la declaración de emergencia no se hizo antes. Tanto en la derecha como en la izquierda, la gente está pidiendo medidas más contundentes, en lugar de la reacción mal concebida que perciben que está ocurriendo ahora. Abe probablemente ve que, si maneja bien la situación, el público le rogará que amplíe las facultades gubernamentales. Si eso sucede, no cabe duda de que las implicaciones para los derechos humanos serán graves.