Cómo identificar un régimen autoritario contemporáneo

Para identificar un régimen autoritario contemporáneo, podemos empezar por preguntarnos qué tienen en común Hungría y Brasil.




En lados opuestos del Océano Atlántico y el Ecuador, Viktor Orban, primer ministro de Hungría, y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, tienen mucho en común. Han introducido reformas jurídicas, políticas e institucionales similares destinadas a centralizar el poder en un mundo que todavía simpatiza con la idea de la democracia. Tienen un elemento a su favor: ambos líderes fueron elegidos. Sin embargo, tanto Orban como Bolsonaro han utilizado el mismo libro de jugadas para producir un régimen autoritario mientras aparentan mantener uno democrático: adoptando iniciativas supuestamente fragmentadas que revelan a plenitud su carácter antidemocrático cuando se interpretan en conjunto. Mientras que Orban comenzó sus reformas hace diez años, Bolsonaro ha puesto en marcha una cantidad considerable de políticas en un plazo mucho más breve: los últimos 13 meses.

Tanto en Hungría como en Brasil, se abordaron al menos cinco áreas de reforma: 1) la creación de un “otro”; 2) el debilitamiento de las instituciones gubernamentales; 3) el pacto excluyente entre religión y Estado; 4) las restricciones al financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil (OSC); y 5) los niveles de corrupción persistentes o en aumento.

La creación de un “otro” se basa en inventar un enemigo falso. Aprovechando la crisis de refugiados de 2015, estos se convirtieron en el primer enemigo falso de Orban. En lugar de proteger a las familias inocentes que huían de los horrores de las guerras en Afganistán y Siria, Orban avivó el miedo al “otro”: en específico, el “otro” musulmán y no europeo. Según una encuesta Pew de 2016, el 76 % de la población húngara, el porcentaje más alto de Europa, creía que los refugiados aumentaban la probabilidad de ataques terroristas en el país. A medida que el discurso sobre los refugiados comenzó a perder terreno en las elecciones municipales de 2019, Orban empezó a probar nuevos enemigos falsos: desde los prisioneros y la población romaní hasta los grupos LGBTI. Sin embargo, una cosa no cambió: la supuesta necesidad de adoptar políticas anti derechos humanos para afrontar la amenaza falsa, como la criminalización de activistas y las restricciones al acceso a los fondos para las organizaciones de derechos humanos.

Tanto Orban como Bolsonaro han utilizado el mismo libro de jugadas para producir un régimen autoritario mientras aparentan mantener uno democrático.

En Brasil, Bolsonaro decidió crear una gran variedad de “otros” en cuanto asumió el poder: negros, jóvenes pobres en las grandes ciudades, grupos LGBTI, activistas de derechos de las mujeres, docentes, pueblos indígenas y el movimiento sin tierra, por mencionar a algunos. También utilizó a los enemigos falsos como excusas para poner en marcha políticas anti derechos humanos, como la política de disparar a matar en los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo, donde la policía de Río mató a más de 1800 personas tan solo en 2019, la cifra más alta desde que comenzaron a medirse los asesinatos en 1998. Otras de estas políticas incluyeron el impulso al movimiento de las escuelas “sin partido”, el cual ha logrado promover casi 200 leyes y proyectos de ley en todo el país que imponen la censura contra cualquier “ideología política, religiosa o filosófica” (es decir, contra los derechos LGBTI y la igualdad de género); y el discurso de odio contra los pueblos indígenas, el cual fomentó un aumento considerable de la deforestación.

Las políticas anti derechos humanos también se fortalecen a través de herramientas más tradicionales, como el debilitamiento de las instituciones gubernamentales responsables de vigilar al Poder Ejecutivo. En Hungría, Orban ha probado una serie de políticas para reformar el sistema judicial, que incluyeron disminuir de manera pronunciada y repentina la edad de jubilación, lo que obligó a 274 jueces a jubilarse en 2012, y llenar el Tribunal Constitucional de partidarios del gobierno.

Tanto Orban como Bolsonaro también forjaron un pacto excluyente entre la religión y el Estado.

En Brasil, si bien Bolsonaro se ha mantenido alejado, hasta ahora, de sus promesas de campaña de aumentar la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de 11 a 21, ha impulsado políticas más matizadas pero eficaces que debilitan las instituciones de vigilancia, como el Mecanismo Nacional de Prevención y el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE, por sus siglas en portugués). En julio de 2019, el Decreto Presidencial 9.831 eliminó los salarios de 11 miembros del Mecanismo Nacional de Prevención, que es responsable de vigilar la tortura en las cárceles y hospitales psiquiátricos de todo el país. Según el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, este Decreto constituye una violación directa del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. También se ha restringido la vigilancia mediante la censura de instituciones en otros campos. A mediados de 2019, por ejemplo, Bolsonaro despidió al presidente del INPE, después de que este anunciara que la deforestación de la selva amazónica había aumentado un 88 % en comparación con junio de 2018.

Tanto Orban como Bolsonaro también forjaron un pacto excluyente entre la religión y el Estado, que en ocasiones ataca a lo que la extrema derecha llama “ideología de género”, que en realidad es la igualdad de género. En 2018, el gobierno de Orban logró incorporar el deber estatal de proteger la cultura cristiana en la Constitución de Hungría. En 2019, recortó todos los fondos para estudios de género en universidades públicas. En Brasil, el movimiento de escuelas sin partido, que ha recibido apoyo del presidente y su antiguo partido político, fortaleció su llamado a la censura en las escuelas, sobre todo con respecto a los derechos de las mujeres y la población LGBTI. En esta interpretación del cristianismo, no hay espacio para la igualdad de género o el amor entre personas del mismo sexo.

Las OSC también han sido percibidas como amenazas tanto por Orban como por Bolsonaro. En 2017, Orban adoptó una ley que supuestamente tenía como objetivo promover la transparencia entre las OSC, pero que en realidad impuso restricciones en el acceso al financiamiento, al obligar a dichas organizaciones a revelar detalles específicos sobre sus donantes extranjeros e identificarse como “organizaciones que reciben apoyo del extranjero”, muy al estilo de la ley rusa de “agentes extranjeros”. La Comisión de Venecia y el abogado general de la Unión Europea consideraron que la ley de 2017 infringe el derecho a la libertad de asociación, entre otros derechos. No hay democracia cuando las personas se ven obligadas a luchar de forma aislada contra el Estado.

Sin embargo, Orban no estaba satisfecho. En 2018, presionó por la adopción de más leyes contra las OSC, que se basaron en la creación de su primer enemigo falso: los refugiados. Una de esas leyes criminalizaba el apoyo para proteger los derechos de los refugiados en Hungría, incluidos el “financiamiento”, la “creación de redes” y la “producción de materiales informativos”.

En Brasil, Bolsonaro ha intentado reducir los fondos para las organizaciones ambientales de la sociedad civil. A principios de 2019, la administración de Bolsonaro trató de suspender todos los contratos entre el “Fondo Amazonas” y las OSC. Cuando el gobierno se dio cuenta de lo mal concebido (e ineficiente) que fue su ataque directo, simplemente extinguió los organismos participativos del “Fondo Amazonas”, lo que provocó que Alemania y Noruega dejaran de aportar al Fondo.

También se pueden observar similitudes entre Hungría y Brasil en cuanto a la persistencia o el aumento de los niveles de corrupción. Transparencia Internacional acaba de publicar su Índice de Percepción de la Corrupción de 2019. El índice asigna a los países una calificación de 0 a 100, donde cero representa un caso extremo de corrupción y 100, un caso perfecto de integridad. Aunque Bolsonaro fue elegido con un discurso anticorrupción, Brasil mantuvo su calificación de 35, por debajo del promedio en América, y cayó a la posición 106 a nivel mundial. Se observa un patrón similar en Hungría. Sin embargo, en este último país, el retroceso ha durado 10 años. En 2019, Hungría obtuvo una calificación de 44, con lo que se mantuvo en los puestos más bajos de su región.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: March 11, 2020

Daniela Ikawa es profesora adjunta en el programa de maestría en derechos humanos del ISHR de la Universidad de Columbia y oficial jurídica de la Open Society Justice Initiative (Nueva York).

 


 

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