Las agrupaciones de derechos humanos trabajan en secreto para Estados Unidos. ¿Verdadero o falso?

Para los activistas de derechos humanos, la victoria de Trump es una nube oscura, pero con una rayo de esperanza. Durante los próximos cuatro años, las agrupaciones de derechos humanos serán inmunes a las acusaciones de complicidad con las maquinaciones de la política exterior de EE. UU.

Una vez que Trump asuma el control, es poco probable que algún crítico de buena fe condene a Human Rights Watch, Amnistía Internacional o sus homólogos locales por ser “agentes del imperio estadounidense”.  Después de todo, el nuevo presidente de Estados Unidos rechaza categóricamente los principios fundamentales de los derechos humanos. Aboga por la tortura de los sospechosos de terrorismo, el asesinato de sus familiares, la creación de un registro nacional de musulmanes, la ampliación de las leyes de difamación para silenciar a los medios de comunicación y la privación de la ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en EE. UU.

Hasta ahora, la percepción de ser cómplices de las políticas de Washington ha perjudicado frecuentemente a las agrupaciones de derechos humanos. Desde que el presidente Jimmy Carter proclamó su apoyo a los derechos humanos en los 1970, los críticos de la política exterior estadounidense han acusado a las agrupaciones de derechos humanos respaldadas por Occidente de impulsar tácitamente la hegemonía estadounidense. Existen tres versiones principales de esta acusación:

  1. Una variante sostiene que las agrupaciones internacionales de derechos humanos y el gobierno de EE. UU. hicieron un pacto faustiano a principios de los 1990. Las agrupaciones de derechos humanos respaldaron la primacía de EE. UU. a nivel mundial y, a cambio, Washington ofreció su apoyo a las normas y las instituciones internacionales de derechos humanos.

  2. Otra escuela sostiene que después de que terminó la intervención militar de EE. UU. en Vietnam, los responsables políticos estadounidenses decidieron dejar de utilizar el “anticomunismo” para justificar las intervenciones globales y, en cambio, afirmar que actúan en nombre de los “derechos humanos”.

  3. Una tercera escuela sostiene que aunque las agrupaciones de derechos humanos afirman que sus ideas son universales, los principios que defienden promueven una visión exclusivamente Occidental, que establece las ideas políticas estadounidenses como la norma mundial.

Consideren lo siguiente. En la primavera de 2014, un grupo de 125 activistas, académicos y personalidades galardonadas con el Premio Nobel de la Paz criticaron duramente a Human Rights Watch, una organización con sede en Nueva York, por mantener una “puerta giratoria” con el gobierno de EE. UU. La Prueba A, dijeron, era Tom Malinowski, un miembro del personal de alto nivel que se unió a la agrupación de derechos con sede en EE. UU. en 2001, después de ser funcionario gubernamental, y volvió a trabajar para el gobierno federal en 2013, como director de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

De acuerdo con el grupo de premios Nobel, este caso y otros similares indican que HRW tiene una relación demasiado estrecha con las élites políticas estadounidenses. Dado “el impacto que tienen las percepciones a nivel mundial sobre la capacidad de HRW para llevar a cabo su trabajo”, escribieron, incluso “la apariencia de [esta clase de] incorrección” socava la credibilidad de la organización.

Los dirigentes de HRW impugnaron estas afirmaciones, pero también reconocieron que “el estigma de la ‘imposición occidental’” suele obstaculizar sus esfuerzos.

Y en EcuadorEgipto, la IndiaPakistánRusiaVenezuela y muchos otros países, cada vez es más frecuente que las autoridades acusen a las agrupaciones de derechos humanos locales e internacionales de obedecer las órdenes de Washington. Estos funcionarios también han tomado medidas enérgicas contra el financiamiento de Occidente para las agrupaciones locales de derechos, con el argumento de que estos fondos violan la soberanía nacional.


Pixabay/StockSnap (Some rights reserved)

Survey results from around the world show that adults do not associate “human rights” with “promoting US interests."


Según demuestran nuestros estudios, pocas personas creen en estas afirmaciones

Nuestra propia investigación mediante encuestas, sin embargo, sugiere que relativamente pocas personas creen en estos argumentos. Realizamos encuestas en persona con muestras seleccionadas al azar en seis países de 2012 a 2014. Estas abarcaron todo el país en Colombia, Ecuador y México y zonas rurales y urbanas clave en la India (Mumbai y sus alrededores rurales), Marruecos (Rabat, Casablanca y sus alrededores) y Nigeria (Lagos y sus alrededores).

Encontramos poca evidencia de que los adultos promedio sospechen que los principios o las organizaciones de derechos humanos actúan como agentes estadounidenses. (En estas preguntas, no pedimos reacciones a temas específicos de derechos humanos, como los derechos de la comunidad LGBT; al respecto, los diferentes grupos de personas pueden tener opiniones distintas).

La primera pregunta de nuestra encuesta fue: “¿En qué medida asocia el término ‘derechos humanos’ con ‘promover los intereses de EE. UU.’?” Les preguntamos a más de 9,000 personas seleccionadas al azar que respondieran en una escala de 1 (ninguna asociación) a 7 (máxima asociación).

La mayoría de ellas no asociaban los “derechos humanos” con “promover los intereses de EE. UU.”, ya que la intensidad promedio de la asociación, considerando los seis casos, fue de 3.5, una cifra menor al punto medio (4) de nuestra escala del 1 al 7.

También les preguntamos cuánto confiaban en las organizaciones de derechos humanos y en el gobierno estadounidense, utilizando una escala de cuatro puntos que más adelante recodificamos de 0 (nada de confianza) a 1 (máxima confianza).

Encontramos que las personas confían más en las agrupaciones de derechos humanos que en el gobierno estadounidense. El promedio de confianza en las organizaciones locales de derechos humanos fue de 0.54 en la escala de 0 a 1 y de 0.52 para las organizaciones internacionales; el promedio de confianza en el gobierno de Estados Unidos fue solamente de 0.46. (Los residentes de Lagos confiaban mucho más en el gobierno estadounidense que los demás encuestados, quizás debido a que las opiniones sobre Estados Unidos no ocupan un lugar destacado en la política interna nigeriana).

Por otra parte, nuestro análisis estadístico no reveló una relación positiva entre la confianza en el gobierno estadounidense y la confianza en las organizaciones de derechos humanos.

Sería necesario (aunque insuficiente) encontrar tal relación para concluir que los encuestados sospechan que las agrupaciones de derechos humanos colaboran con el gobierno estadounidense o trabajan para este.

En otras palabras, el pueblo no lo cree, aunque algunas élites sí lo hagan

Nuestros datos muestran que las personas creen ya sea que las agrupaciones de derechos humanos tienen una postura neutral, desde el punto de vista geopolítico, respecto a Estados Unidos o que se inclinan contra Washington. No encontramos pruebas de que muchas personas sospechen que las agrupaciones de derechos actúan como misioneros seculares a favor de una perspectiva Occidental que allana el camino para la hegemonía política de EE. UU.

Las acusaciones de que las agrupaciones de derechos humanos son “siervas del imperio estadounidense” provienen de los académicos o de los dirigentes políticos, especialmente los autócratas, que tratan de desviar la atención de sus propias fechorías.

En los próximos meses, la administración de Trump probablemente contribuirá en gran medida a ampliar esta brecha entre el gobierno estadounidense y las agrupaciones de derechos humanos. Entre más apoyen las políticas anti derechos humanos Trump y sus asesores, será más probable que las agrupaciones de derechos humanos se perciban como separadas de Washington. Quizás resulte cada vez más difícil mantener el escepticismo académico y las críticas políticas respecto a las ONG de derechos humanos.

Durante los próximos cuatro años, la línea divisoria entre el “gobierno de Estados Unidos” y las “organizaciones de derechos humanos” probablemente será muy clara.

 Publicado originalmente el 29 de noviembre de 2016 en The Monkey Cage en The Washington Post.