EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Incluso a medida que los estados y países comiencen a abrir las puertas después del confinamiento por la pandemia, varias actividades laborales, educativas y comerciales seguirán siendo facilitadas por plataformas digitales. Naomi Klein advirtió que esta es una oportunidad para que los actores más poderosos arraiguen aún más su lógica de explotación de datos e intensa desigualdad en nuestras sociedades. Pero si construimos redes de seguridad social que otorguen poder de negociación a las personas y les permitan confiar y colaborar con iniciativas públicas más amplias para mantener al virus a raya, podremos evitar ese futuro distópico en gran medida.
En primer lugar, las plataformas son cruciales hoy en día para facilitar nuestras comunicaciones y la forma en que nos desenvolvemos en la vida, y sus modelos de negocio se están expandiendo: Google y Facebook están a la vanguardia de las aplicaciones de rastreo de contactos que se despliegan en algunos países Europeos; los alcaldes y gobernadores de todo el mundo están en conversaciones con las empresas de tecnología para rastrear la enfermedad e identificar a las personas que podrían estar infectadas. Se les está pidiendo a estas empresas que reconstruyan la infraestructura de nuestras ciudades —para que ahora sea “a prueba de pandemias”— y las empresas de todo tipo ya están comprando software para controlar a sus trabajadores a distancia. Este cambio está acelerando una tendencia que ya prosperaba en los microempleos (gigs) y los almacenes, donde las empresas monitorean de manera digital el desempeño de los empleados, su eficiencia y su conducta general en el trabajo.
En segundo lugar, sabemos que la pandemia está aumentando los ya de por sí alarmantes niveles de desigualdad tanto a escala global como nacional. Los pobres soportan una carga desproporcionada de morbilidad y mortalidad; están más expuestos y tienen peores afecciones subyacentes asociadas a la pobreza, como la malnutrición, el estrés psicológico, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiacas. Además, los trabajadores de ingresos bajos, entre los que se encuentran muchas mujeres y miembros de minorías raciales y étnicas, se han visto especialmente afectados por las pérdidas de empleo causadas por la desaceleración económica. Según los expertos, esta es la devastación más grave desde la Gran Depresión.
A fin de cuentas, las empresas solo pueden infundir su lógica de explotación de datos y desigualdad extrema en nuestras sociedades si se lo permitimos.
El mayor atractivo de la tecnología para controlar y prevenir algunos riesgos sociales y el aumento de la desigualdad constituyen una combinación peligrosa: dado el estrés económico y el relacionado con la pandemia, será más sencillo que las empresas impulsen el uso de tecnologías y prácticas de vigilancia en los centros de trabajo, instituciones y espacios públicos. Las personas que sufren dificultades económicas y a las que les preocupa que no les alcance el dinero tienen menos posibilidades de elegir no participar y “tendrán que dar su consentimiento” —una contradicción de términos— para las prácticas de vigilancia en sus lugares de trabajo y los espacios públicos; no porque tengan la libertad de hacerlo, sino porque están necesitadas.
Ahora incluso más que antes, librarse un poco de la vigilancia será un lujo. En los lugares en donde las personas tengan acceso a la asistencia social, el seguro de desempleo y otras prestaciones, no solo se podrá recuperar la economía con mayor rapidez —ya que el lado de la demanda estará cubierto—, sino que además los individuos y los grupos se verán menos presionados a dar su consentimiento para prácticas con las que no están de acuerdo. Por ejemplo, un caso reciente en Francia muestra que el poder de negociación de los trabajadores incluso podría contribuir a que el regreso al trabajo sea más seguro: un tribunal determinó, después de una queja del sindicato, que Amazon no podría entregar artículos no esenciales sino hasta que instituyera medidas de seguridad suficientes para proteger a sus empleados del virus. Asimismo, los trabajadores y ciudadanos más protegidos podrían, tal vez, ayudar a controlar la vigilancia.
A fin de cuentas, las empresas solo pueden infundir su lógica de explotación de datos y desigualdad extrema en nuestras sociedades si se lo permitimos. El poder de negociación de los diversos actores en una sociedad dada está determinado por las leyes, las normas y las instituciones. Hoy en día, sin embargo, la balanza se inclina marcadamente hacia el poder corporativo y en contra de las personas, las familias y los trabajadores: programas de seguridad social que no crean una alternativa en caso de pérdida de empleo; leyes que aplican impuestos elevados a la clase media y mucho menores a los superricos, lo que dificulta ahorrar para la jubilación o para un momento difícil; leyes que convierten el seguro médico en un lujo costoso; leyes que establecen salarios mínimos increíblemente bajos; leyes que permiten que las empresas se beneficien de los datos que nosotros producimos con ellas, y más. En resumen, los beneficios generados en nuestro capitalismo digital se distribuyen de una manera que, hoy por hoy, excluye a demasiadas personas.
Contar con mejores redes de seguridad no solo es importante para controlar el poder de las empresas, sino también, sobre todo, para permitir un despliegue positivo de la tecnología. Con la COVID-19, es posible que las personas que tengan acceso a mejores redes de seguridad social tengan mayor capacidad y disposición para colaborar con diversas estrategias de salud pública, incluidas las que se basan en la tecnología, como la adopción de aplicaciones de rastreo voluntario de contactos. Por ejemplo, el protocolo de Apple y Google, que se está adoptando actualmente en Alemania y Suiza, es voluntario y nunca sale información personal identificable de los teléfonos de las personas; de esta manera, la información está a salvo de los gobiernos y de las mismas empresas.
Para evitar una distopía digital, no solo se requiere supervisar la tecnología, sino también los entornos institucionales en donde se despliega.
En su funcionamiento, estas aplicaciones son más parecidas a una red colaborativa y voluntaria de información en la que las personas pueden participar para ayudar a que sus comunidades y ellas mismas den seguimiento al virus. Puede que las personas sean más capaces de aislarse cuando sientan que deben hacerlo si tienen alguna clase de seguro y confían, por ejemplo, en que no perderán sus empleos. No está claro si esta clase de estrategia funcionaría en los EE. UU., donde muchos trabajadores temen que si se quedan en casa, incluso si están enfermos o tienen síntomas, podrían perder sus empleos.
La tecnología no funciona en el vacío. La manera en que se implemente y utilice dependerá en gran medida de los marcos institucionales en nuestras sociedades. ¿Y si los primeros días de la economía de plataformas colaborativas —cuando aún se trataba más de conocer gente en Couchsurfing que de rentar una recámara para poder pagar las cuentas, o de pasar un rato trabajando en Wikipedia o Linux solo por diversión— fueron posibles porque había un poco más de abundancia (al menos para algunos)? ¿Y si parte de la economía basada en compartir es que necesitamos tiempo libre y espacio mental para poder compartir porque no estamos preocupados por nuestro próximo cheque de pago o la próxima factura médica?
Para evitar una distopía digital, no solo se requiere supervisar la tecnología, sino también los entornos institucionales en donde se despliega. Si, en lugar de futuros distópicos de vigilancia, queremos sociedades en las que puedan prosperar modelos más cooperativos y sin explotación, también tenemos que reflexionar sobre el lugar que asignamos a los usuarios y los trabajadores en la negociación imaginaria que ocurre en todas las transacciones comerciales y no comerciales. A principios del siglo XX, cuando otras megacorporaciones comenzaron a desempeñar funciones cruciales para la sociedad —como las empresas ferroviarias o el telégrafo—, muchas de ellas estaban reguladas como infraestructuras, y se adoptaron normas para, por ejemplo, obligarlas a transportar el contenido o las cargas de posibles competidores, dar servicio a todas las comunidades y pagar salarios mínimos. En los EE. UU., a eso se le llamó New Deal.
A estas alturas es un cliché —y en algunos lugares, puede parecer imposible—, pero el Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y el estado de bienestar en el Reino Unido se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y el sistema de asistencia social de Suecia se creó después de que la gripe española devastó el país. Las crisis pueden ser momentos de cambio y oportunidades.
Muchos tenemos la esperanza de que lo peor ya haya pasado, pero la verdad es que no lo sabemos. Sería una verdadera lástima que perdiéramos esta oportunidad de mejorar las cosas.
Se publicaron versiones anteriores de este artículo en la Colección de Medium del Centro Berkman Klein de Internet y Sociedad y de ICT4Peace.