Situar las normas de derechos humanos en el núcleo de los debates sobre las campañas políticas en línea

Hasta la fecha, se ha dejado que las empresas de tecnología establezcan los límites para las campañas políticas en línea. Los gobiernos deben intervenir y utilizar las normas de derechos humanos como marco regulatorio.




Claramente, a los reguladores les ha resultado difícil adaptarse al ritmo del cambio en las campañas políticas en línea. Conforme se ha ido desarrollando la tecnología, los problemas se han vuelto más evidentes: hay desinformación y contenido divisivo; explotación de algoritmos y uso de bots, cyborgs y cuentas falsas; microfocalización con base en información personal detallada y perfiles psicológicos; una polarización de los debates que aprovecha emociones como la ira y la repugnancia y se apoya en las políticas de identidad.

Aunque aún no sabemos dónde se deben ubicar, está claro que es necesario establecer los límites de la legitimidad en este campo. De lo contrario, el mundo sin reglas de las campañas políticas en línea amenaza con dañar nuestras democracias de manera irreparable.

Para establecer esos límites, debemos recurrir a las normas internacionales de derechos humanos. La legislación sobre derechos humanos incluye calibraciones cuidadosas diseñadas para proteger a las personas del abuso de poder por parte de las autoridades. Además, proporciona un marco normativo que nos permite trazar límites claros para la elaboración de campañas digitales legítimas, con base en 70 años de reflexión sobre la mejor manera de sopesar factores contrapuestos. Aunque no es vinculante para las empresas, todas tienen la responsabilidad de respetarla.

Los legisladores, y no las empresas, son quienes deben determinar la reglamentación y las políticas en beneficio del interés público.

La libertad de expresión es vital, y es evidente que no se respeta en los países en los que las personas no son libres de expresar sus opiniones políticas en línea. Es absolutamente inaceptable que los gobiernos u otros actores impidan el acceso a Internet o censuren puntos de vista. Sin embargo, la libertad de expresión no legitima el discurso de odio sin restricciones, la desinformación que busca causar daño ni la microfocalización para confundir e inducir al error. Es preciso tomar en cuenta todos los derechos afectados, entre ellos:

  • El derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho al voto. Esto incluye el derecho a participar en el debate público. Si los políticos se sienten obligados a retirarse debido a la magnitud de las amenazas y maltratos que enfrentan en línea, este derecho no se está respetando. Los Estados y las plataformas digitales deben garantizar un entorno en el que todas las personas puedan sentirse en libertad de participar y votar sin temor.
  • El derecho a la privacidad. Este derecho incluye el derecho a elegir no divulgar información personal y el derecho a optar por no participar en el comercio y la elaboración de perfiles con base en sus datos personales. Por el momento, no tenemos otra alternativa real que permitir que los partidos políticos recopilen una gran cantidad de información sobre nosotros y la utilicen en estrategias de microfocalización que les permiten enviarnos mensajes diseñados para que nos resulten específicamente atractivos a cada uno de nosotros. Para hacer que el derecho a la privacidad sea un derecho real en lugar de un derecho teórico, necesitamos cambios significativos en la forma en que se recopilan, comparten y utilizan los datos, y tenemos que poder verificar fácilmente qué información se almacena sobre nosotros. Los “consentimientos” teóricos no bastan.
  • Los derechos a la libertad de pensamiento y opinión. Estos derechos son esenciales para delimitar las fronteras adecuadas entre la influencia legítima y la manipulación ilegítima. Hasta ahora, se ha prestado poca atención a estos derechos, pero nunca antes se habían producido esfuerzos para manipular nuestras opiniones políticas a la escala que ahora es posible en línea. Necesitamos revisar cómo operan las plataformas digitales, para garantizar que los métodos del discurso político en línea respeten la autonomía personal y evitar el uso de técnicas de manipulación sofisticadas.
  • El derecho a la libertad de expresión. Los gobiernos deben establecer reglas sobre los límites del contenido permitido en línea, y estas deben ser compatibles con el derecho a la libertad de expresión. Las plataformas deben ser mucho más transparentes sobre su proceso de toma de decisiones y sus políticas con respecto a la regulación de contenidos. También deben elaborar marcos que permitan procesos internos de presentación de quejas y supervisión de contenidos que sean eficientes, justos y coherentes, con la debida atención a las normas internacionales de derechos humanos.

Los legisladores, y no las empresas, son quienes deben determinar la reglamentación y las políticas en beneficio del interés público. Hasta ahora, las propias plataformas digitales han dirigido las respuestas, por ejemplo, al decidir filtrar el contenido, hacer que los anuncios sean transparentes e incluyan información sobre sus financiadores, o prohibir los anuncios políticos por completo. Pero las plataformas digitales no están en la posición adecuada para distinguir el interés público, y se rigen necesariamente por sus propias motivaciones comerciales. Los reguladores y los formuladores de políticas están comenzando a considerar estas cuestiones. Para que puedan hacerlo, las plataformas digitales y los encargados de las campañas políticas deben ser mucho más transparentes sobre lo que está sucediendo en este momento.

A nivel internacional, el Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Cooperación Digital pidió un examen urgente de cómo los derechos humanos deben guiar la tecnología y la cooperación digital. Actualmente, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU está analizando el tema. El Comité Asesor merece contar con todo nuestro apoyo en este esfuerzo. Dado que estas cuestiones son multijurisdiccionales, los gobiernos deberían trabajar en ellas de manera conjunta y por separado. En general, tenemos que hacer que los derechos humanos sean reales y no teóricos en el ámbito del discurso político en línea.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: December 13, 2019

Kate Jones es miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y directora de su Programa de Estudios Diplomáticos. Escribió el informe Online Disinformation and Political Discourse: Applying a human rights framework (La desinformación y el discurso político en línea: aplicación de un marco de derechos humanos), publicado por Chatham House.


 

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