La resiliencia en contextos no democráticos: perspectivas desde Venezuela

A medida que los gobiernos electos emprenden cada vez más tomas de poder y campañas de desprestigio contra sus críticos, las ONG en América Latina deben colaborar para restaurar la democracia, intercambiar prácticas innovadoras y combatir el autoritarismo regional.


By: Rafael Uzcátegui
July 19, 2018

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Photo: EFE/SANTI DONAIRE

Sin posibilidad de litigar y llevar casos a los tribunales, las ONG se dedican casi exclusivamente a documentar los casos y denunciarlos ante organismos internacionales. 


Cuando las organizaciones de derechos humanos comenzaron a criticar el lento deterioro de los derechos civiles y políticos en Venezuela a principios de la década de los 2000, el gobierno tomó represalias al cuestionar sus fuentes de financiamiento, alegando que el financiamiento extranjero era parte de una conspiración internacional contra el Estado. En 2010, el gobierno aprobó la “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional”, que prohíbe expresamente el financiamiento extranjero para organizaciones que se considera tienen “fines políticos”. Aunque la ley nunca se ha aplicado formalmente, de todas maneras inhibe a diversos actores sociales que no quieren poner en riesgo sus fuentes de financiamiento.

La represión de la sociedad civil no se ha quedado ahí: el gobierno venezolano también recurre con cada vez más frecuencia a las campañas de desprestigio como estrategia de acoso contra los activistas y los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, los medios de comunicación progubernamentales han acusado a las organizaciones de tener una ideología de “extrema derecha”, ser parte de un conspiración internacional o recibir financiamiento directo del presidente de los Estados Unidos. El acoso contra la sociedad civil aumentó hasta tal grado que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó nueve medidas cautelares para proteger a defensores de derechos humanos venezolanos.

La represión de la sociedad civil no se ha quedado ahí: el gobierno venezolano también recurre con cada vez más frecuencia a las campañas de desprestigio como estrategia de acoso contra los activistas y los defensores de derechos humanos". 

Más adelante, a finales de 2016, el partido pro bolivariano de Nicolás Maduro obtuvo sus peores resultados electorales: la coalición opositora derrotó a la coalición gobernante por más de dos millones de votos, lo que provocó un giro hacia la dictadura. La primera evidencia del gobierno autoritario fue el reemplazo prematuro de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, unos cuantos días después de las elecciones parlamentarias, lo que permitió al gobierno garantizar el control del más alto tribunal del país. Ocho meses después, el gobierno decidió suspender dos eventos electorales. Si bien se han tomado otras decisiones igualmente controvertidas, la condena pública que expresó la Fiscal General Luisa Ortega Díaz sobre la toma de control de la asamblea legislativa por parte del gobierno fue el hecho que finalmente detonó las protestas a nivel nacional e internacional.

Las palabras de Ortega —que el intento de controlar el congreso por parte de Maduro era una “ruptura” del orden constitucional— desencadenaron un ciclo de protestas que duró 120 días y tuvo como saldo 124 muertos, más de 5,000 detenidos y 609 miembros de la población civil procesados bajo la justicia militar. La intensidad de las protestas —9 436 manifestaciones, con un promedio de 78 protestas por día— llegó a tal punto que el gobierno finalmente sacrificó el último elemento simbólico positivo del bolivarianismo: la Constitución de 1999. Solo unos meses después, el gobierno organizó elecciones fraudulentas para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) —cuyo propósito es crear un nuevo orden judicial y reescribir la constitución— y la convirtió en una entidad superior a los poderes del gobierno, incluso por encima de la legítima Asamblea Nacional y el presidente.

En este contexto cada vez más iliberal, el espacio para una sociedad civil independiente en Venezuela se reduce rápidamente. El noventa y cinco por ciento de las demandas contra el Estado se declaran “inapropiadas”, lo que refleja la ausencia de un sistema de recurso efectivo a la justicia. La falta de independencia en las ramas del gobierno también ha llegado al ministerio público y la defensoría del pueblo. En consecuencia, las víctimas de violaciones de derechos humanos no cuentan con instituciones que respondan a sus exigencias.

Sin posibilidad de litigar y llevar casos a los tribunales, las ONG se dedican casi exclusivamente a documentar los casos y denunciarlos ante organismos internacionales. Muchas de ellas han tenido que adoptar mayores medidas de seguridad y protección personal, lo que ha generado gastos imprevistos. Por último, la inseguridad general, el deterioro de servicios básicos como la electricidad, el agua e Internet y las dificultades actuales con el transporte público han limitado el trabajo de campo de los investigadores.

Provea ha estado reflexionando y experimentando sobre cómo responder a este entorno restrictivo. Nuestras estrategias se derivan de un análisis cuidadoso, utilizando redes sociales y medios de comunicación no tradicionales, ya que el Estado controla los canales de comunicación tradicionales. Nuestra primera conclusión fue que la gravedad de la situación amerita acciones de derechos humanos que vayan más allá de las actividades tradicionales (documentar, denunciar, litigar y exponer). La necesidad de una acción “política”, entendida en un sentido más amplio que “partidista”, se identificó a partir de un largo diálogo con el movimiento peruano de derechos humanos que luchó contra Fujimori.

También concluimos que, en el contexto de la globalización de las comunicaciones, mantener un alto perfil ofrece una mayor garantía de seguridad para los miembros y para la propia organización en entornos no democráticos.

Una tercera decisión fue elaborar mensajes menos técnicos, alejándonos de la jerga habitual de los activistas de las ONG, para que los ciudadanos comunes pudieran entender que el costo político de los ataques contra los defensores de derechos humanos aumentaría. Por último, concluimos que debemos entablar un diálogo con los “nuevos” activistas, no solo por su conocimiento de las plataformas digitales, sino también porque tienen referencias culturales distintas de las de la sociedad civil “análoga”.

Actualmente, en Provea hacemos un uso intensivo de las redes sociales, incorporando elementos gráficos y visuales en nuestros mensajes. También promovemos las historietas como una forma de llegar al público y patrocinamos capacitaciones sobre escritura narrativa y otras formas de discurso no tradicionales.

Junto con la organización juvenil Redes Ayuda, Provea ha creado una estación de radio en línea cuya infraestructura de grabación y publicación ayuda (sin costo) a que otras iniciativas de la sociedad civil hagan circular grabaciones breves en redes como WhatsApp. Esto ha aumentado la presencia de las ONG en los medios de comunicación y las columnas de opinión de diferentes publicaciones. Nuestras alianzas incluyen músicos, fotógrafos y diseñadores gráficos que generan contenido para nuevas audiencias.

Otra estrategia ha sido construir alianzas con las nuevas plataformas digitales de información que han aparecido debido a la censura y neutralización de los medios tradicionales. Por ejemplo, Provea ha financiado investigaciones de periodistas afectados que publican en diferentes plataformas y fortalecemos los medios de comunicación que dependen del financiamiento colectivo.

Por último, Provea ha impulsado una estrategia llamada “diplomacia ciudadana” mediante visitas de una semana a otros países latinoamericanos, que contribuyen a que se conozca más sobre nuestra crisis política fuera de Venezuela y a delinear iniciativas conjuntas con organizaciones asociadas. Gracias a las tecnologías de la información, la comunicación es más rápida y asequible, pero cuando se trata de obtener aliados, nada puede sustituir a la interacción en persona.

Por supuesto, la diplomacia ciudadana es costosa y los resultados no se producen rápidamente. Sin embargo, estas acciones han aumentado el nivel de información general disponible sobre la situación en Venezuela dentro de los movimientos sociales regionales y en la defensa de los derechos humanos, además de aumentar las alianzas (y posibles alianzas) para el trabajo de Provea.

Gracias a estas estrategias, en Provea, una organización tradicional nacida en la época análoga, hemos podido transmitir contenido sobre los derechos humanos a una generación digital, aumentar nuestra audiencia y mejorar la recepción pública de nuestros mensajes.

Sin embargo, el deterioro de los servicios públicos ha limitado los efectos de estas iniciativas. Por ejemplo, la desaceleración del servicio de Internet y las constantes interrupciones del suministro eléctrico han obstaculizado el crecimiento del proyecto de radio digital sobre derechos humanos. Esto nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de mantener y aumentar nuestra presencia en los medios de comunicación tradicionales, como la radio pública.

Por último, creemos que estas dictaduras posteriores a la Guerra Fría constituyen los nuevos modelos de autoritarismo regional. Las ONG en toda Latinoamérica deben colaborar para restaurar las prácticas democráticas y evitar las divisiones que se ocasionan cuando estas amenazas a la dignidad humana se reducen a meras ideologías de izquierda y derecha. Podemos aprender los unos de los otros al compartir y reproducir las buenas prácticas de una manera que se ajuste al contexto regional.

 


Rafael Uzcátegui es sociólogo y el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).


 

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