El final de la tiranía: la sociedad civil de Sudáfrica se defiende

En Sudáfrica han vuelto a surgir poderosas coaliciones de la sociedad civil, que utilizan el litigio, la movilización social y la incorporación de fuerzas políticas diversas.


By: Ivor Chipkin
August 8, 2017

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Foto: EFE/Kim Ludbrook

Los activistas de la sociedad civil en Sudáfrica han abordado por primera vez los temas de la construcción del Estado y, lo que es más sorprendente, la administración pública. 


A diferencia del despotismo, la tiranía se refiere a una forma de gobierno que rompe sus propias reglas; este es un útil punto de partida para hablar sobre los acontecimientos políticos recientes en Sudáfrica y las respuestas de la sociedad civil. El gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) dirigido por Jacob Zuma se volvió cada vez más tiránico durante la última década, a medida que se posicionaba en contra de la constitución y el estado de derecho. Esta tendencia a la tiranía no fue simplemente el resultado de la corrupción: también fue una respuesta política a la desigualdad racial en Sudáfrica, que erró al identificar a la constitución como un obstáculo para la transformación económica radical.  Las acciones de Zuma justificaron una creciente anarquía en sectores fundamentales del gobierno y permitieron la corrupción generalizada en el mercado estatal. En respuesta, se ha revitalizado la sociedad civil y han surgido varias coaliciones nuevas, con el objetivo principal de obligar al gobierno a respetar las reglas.

 

La oposición a la constitución

Desde alrededor de 2010, el gobierno de Sudáfrica comenzó a introducir medidas para controlar la difusión de información y regular tácitamente a la prensa. En 2011, ante una oposición impresionante, la mayoría de los miembros del Parlamento (MP) del ANC aprobaron el proyecto de la Ley de Protección de la Información Estatal. La Ley causó gran polémica al otorgar a los funcionarios gubernamentales el derecho de clasificar como “ultrasecreta” cualquier información gubernamental en pro del “interés nacional”, a la vez que criminalizaba la denuncia de irregularidades y el periodismo de investigación. Dada la definición de “interés nacional”, prácticamente nada estaba exento de la censura, y el mandato de los servicios de inteligencia sudafricanos tenía una definición tan amplia que las actividades democráticas ordinarias podían interpretarse como una amenaza a la seguridad nacional. Al final, el presidente Zuma se negó a sancionar la ley, lo que frenó su promulgación. No obstante, el proyecto era sintomático de una tendencia más amplia.

 

Control de las instituciones estatales y los medios de comunicación 

La empresa de radiotelevisión estatal sudafricana, la South African Broadcast Corporation (SABC), tiene una influencia considerable en el país, ya que la radio pública es la principal fuente de noticias de la mayoría de la población. En 2011, Hlaudi Motsoeneng fue nombrado director de operaciones (COO) en funciones de la SABC, y bajo su supervisión, la empresa tomó medidas para prohibir el reportaje de noticias que criticaran o pudieran avergonzar al gobierno. También hubo una purga de periodistas críticos o independientes. Esto coincidió con el inicio de un proyecto de transformación económica radical que se volvió cada vez más antagónico a las instituciones estatales clave y el marco constitucional.

Sin embargo, en 2014, el Protector Público —una institución que protege los derechos de los ciudadanos contra los abusos gubernamentales— concluyó que el nombramiento de Motsoeneng había sido ilegal, ya que no contaba con las acreditaciones necesarias. La ministra de Comunicaciones, Faith Muthambi, respaldó el nombramiento de Motsoeneng, y cuando el Tribunal Supremo de Apelaciones lo destituyó, Muthambi intervino para buscarle otro puesto.

A medida que el régimen de Zuma se radicalizaba y tendía a la ilegalidad y posteriormente a la delincuencia manifiesta, comenzó a depender del manejo de relaciones cada vez más complejas, muchas de las cuales involucraban personas que realizaban actividades ilegales. Entonces, el régimen de Zuma tomó medidas para controlar instituciones estatales fundamentales, en particular aquellas relacionadas con el procesamiento y las investigaciones penales: el Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS, por sus siglas en inglés), los Hawks (unidad de delitos de alta prioridad de la policía sudafricana) y la Fiscalía Nacional (NPA, por sus siglas en inglés).

Intervinieron dos imperativos. En primer lugar, a medida que el proyecto tendía a la ilegalidad, se vio sumido en la penumbra por el riesgo concomitante de perder el control político. Por lo tanto, se necesitaba algún tipo de sistema de gestión. En segundo lugar, había sido necesario cerrar ciertas investigaciones y dar inmunidad o proteger de las acciones penales a personajes clave.

 

La sociedad civil revitalizada

Al principio, estos cambios enfrentaron muy poca oposición organizada, ya que, en gran medida, los medios de comunicación habían logrado repeler los esfuerzos formales de censura. Por otra parte, aún había un legado de periodismo de investigación valiente e independiente que escribía periódicamente sobre los funcionarios gubernamentales corruptos. Dentro del ANC, algunas personas expresaron inquietudes, pero la organización juntó filas para respaldar a su presidente. Esto comenzó a cambiar cuando el entonces ministro de Finanzas, Nhlanhla Nene, fue despedido inesperadamente en diciembre de 2015. Hubo una fuerte reacción en los mercados financieros, el valor de la moneda sudafricana se desplomó y miles de personas marcharon en las calles protestando contra la “captura del Estado”.

Sin embargo, la protesta se mantuvo principalmente en la clase media. Al gobierno de Zuma no le fue difícil presentar esta oposición como el resultado de fuerzas políticas opuestas al cambio radical o al servicio de intereses extranjeros. Pero la oposición al gobierno de Zuma aumentó, incluso dentro del ANC, después del despido del nuevo ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, y su adjunto, Mcebisi Jonas, en 2017 (ambos tecnócratas muy respetados). Sin embargo, el problema con la resistencia hasta entonces fue que su análisis era superficial. En última instancia, volvió a caer en la suposición de que el presidente y sus aliados eran corruptos, estaban motivados por el interés propio o dirigían una amplia red de clientelismo. Además de los defectos obvios de tal análisis —está en sintonía con toda clase de clichés racistas sobre los líderes africanos—, también impedía ver claramente el proyecto político en curso.

En mayo de 2017, publicamos el informe Betrayal of the Promise (La traición de la promesa) para intentar exponer estos clichés e instigar una respuesta más fuerte de la sociedad civil. Después de la publicación de nuestros hallazgos, el Partido Comunista Sudafricano (SACP, por sus siglas en inglés) se pronunció oficialmente contra la “captura del Estado” y ha respaldado los esfuerzos al interior del ANC para destituir al presidente. El informe también fue ampliamente utilizado por algunos de los principales sindicatos de Sudáfrica. La Iglesia, como organización de la sociedad civil, también ha movilizado la oposición religiosa contra el gobierno actual.

Esta coalición es notable por dos razones. Aunque está conformada por muchas de las personas y organizaciones que promovieron la lucha contra el apartheid en las décadas de los 1980 y 1990, y en este sentido representa el renacimiento de una sociedad civil más antigua, no lo es del todo. Las organizaciones empresariales ahora comparten la plataforma con sindicalistas radicales y asociaciones declaradamente liberales.

En segundo lugar, los activistas de la sociedad civil en Sudáfrica han abordado por primera vez los temas de la construcción del Estado y, lo que es más sorprendente, la administración pública. Por primera vez, se aprecia el hecho de que las víctimas inmediatas de la tiranía en Sudáfrica han sido los funcionarios civiles honestos, comprometidos con un espíritu de servicio público.
De hecho, en enero de 2018, después de varias semanas de negociaciones tensas e inconclusas, la cúpula del ANC finalmente decidió tomar medidas para someter al presidente Zuma a un proceso parlamentario de destitución. El 14 de febrero de 2018, Jacob Zuma renunció. En general, se le reconoce a la movilización de las organizaciones de la sociedad civil el mérito de bloquear y, esperemos, poner fin a este descenso hacia el autoritarismo.

En conjunto, 2017 fue testigo del resurgimiento de poderosas coaliciones de la sociedad civil, que utilizaron tres tácticas principales. La primera es el litigio, que permitió a las agrupaciones de la sociedad civil desafiar con éxito los nombramientos y decisiones gubernamentales ilegales. La segunda es la movilización social, que es un factor esencial para constituir públicos nuevos y diversos. En tercer lugar, e impresionantemente, los activistas han creado coaliciones políticas diversas y dinámicas, logrando que personajes destacados dentro del mismo ANC se aliaran con una amplia variedad de organizaciones. Por fin, hay pasión en las entrañas de una sociedad civil rejuvenecida. Junto a los tribunales superiores, los medios de comunicación y numerosos servidores públicos de toda la administración, logramos resistir contra la tiranía.


Ivor Chipkin es el director fundador del Public Affairs Research Institute, vinculado a la Universidad de Witwatersrand y la Universidad de Ciudad del Cabo. También es profesor asociado en la Universidad de Witwatersrand.


 

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