Las zonas económicas especiales en Pakistán socavan los derechos humanos de las mujeres


Con una floreciente población de 212 millones, Pakistán es un país en desarrollo, en búsqueda de crecimiento económico y nuevas oportunidades de inversión. El gobierno actual ha manifestado su compromiso con el empoderamiento financiero de las mujeres. Sin embargo, en este momento, las mujeres constituyen el 49.2 % de la población de Pakistán pero solo el 24 % de la fuerza de trabajo. Esto pone de relieve la apremiante cuestión de mejorar la participación de las mujeres en la economía de Pakistán, que es una responsabilidad del Estado en virtud de las normas internacionales establecidas por la CEDAWel objetivo 5 de los ODS y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.  

A pesar del movimiento mundial encaminado a hacer efectivas las normas de derechos humanos dentro de la actividad económica, las zonas económicas especiales (ZEE) en Pakistán siguen socavando el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, lo que resalta la necesidad de una reforma urgente.  

Las ZEE son áreas delimitadas geográficamente —reguladas por el Estado, aunque dentro de sus propios regímenes jurídicos flexibles— que se establecen para fomentar la inversión en el Estado. Pueden existir en forma de zonas francas industriales (ZFI), zonas de libre comercio, zonas industriales y polos de crecimiento agrícola. En las dos últimas décadas, las ZEE han surgido como vectores para fomentar el crecimiento económico en los países en desarrollo. Al igual que otros Estados de Asia, Pakistán se ha dado cuenta de la importancia de las ZEE como oportunidades para promover la inversión local y extranjera, y ha desarrollado varias zonas industriales, parques industriales y ZEE. En épocas más recientes, la mayor oportunidad económica para Pakistán es el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés): un proyecto de 45.6 miles de millones de dólares que ha proporcionado nuevas oportunidades para el crecimiento económico y el empleo. Hasta la fecha, se han establecido nueve ZEE en el marco del CPEC.  

¿Cómo socavan las ZEE los derechos de las mujeres? 

A pesar de sus beneficios económicos, las ZEE han sido ampliamente criticadas por socavar los derechos laborales en los Estados en desarrollo, ya que se consideran excepciones a la actividad económica ordinaria, sumidas en la informalidad y basadas en la ideología de que el crecimiento económico y la protección de los derechos no pueden lograrse al mismo tiempo. Aunque estas zonas fomentan el desarrollo industrial, ese desarrollo se logra a expensas de los derechos humanos, laborales y territoriales.  

Con el desarrollo de las ZEE, han surgido interrogantes en cuanto a la protección de los derechos laborales, en particular los derechos de las mujeres en la fuerza de trabajo.  

Aunque la Ley de Zonas Económicas Especiales de 2012 establece que se deben cumplir las leyes laborales nacionales, no aclara en absoluto la naturaleza y el alcance de las leyes que se han de aplicar y solo tiene validez para las zonas económicas especiales. Las ZFI siguen estando exentas del cumplimiento de diversas leyes laborales nacionales, que incluyen la protección de derechos como la seguridad social, el entorno laboral seguro, el pago del salario mínimo, etc. Dentro de estas ZFI, los salarios mínimos se determinan a través de acuerdos especiales, las huelgas de los empleados están prohibidas y las disputas relativas a la aplicación de las leyes laborales se resuelven mediante mecanismos internos de resolución de disputas, en lugar de que las traten los tribunales nacionales. Lo anterior tiene el potencial de influir gravemente en la efectividad de los derechos laborales. Lo que es más importante, estas cuestiones siguen profundizando las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres dentro de la fuerza de trabajo, y desalientan a las mujeres de participar en la actividad económica en las zonas económicas especiales debido a la falta de accesibilidad física y a la ausencia general de políticas favorables para ellas.

Aunque estas zonas fomentan el desarrollo industrial, ese desarrollo se logra a expensas de los derechos humanos, laborales y territoriales. 

Además, el desarrollo del CPEC ha dejado sin resolver varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes laborales. Aún no está claro en qué medida afectará esta nueva iniciativa la protección de las trabajadoras, ya que las mujeres constituyen menos del 10 % de la fuerza laboral total de los proyectos del CPEC. Al igual que en la fuerza laboral de Pakistán en general, la participación de las mujeres sigue siendo baja en las ZEE debido a las actitudes patriarcales, la falta de acceso a las oportunidades de empleo y la falta de educación. El mayor defecto del sistema de las ZEE radica en su opacidad, ya que la información disponible sobre la participación de las trabajadoras en estos centros industriales es escasa o nula.  

¿Las ZEE pueden utilizarse como herramientas para hacer efectivos los derechos de las mujeres? 

A pesar de los beneficios económicos de las ZEE, persisten las desigualdades de género en sus operaciones. La Ley de ZEE establece protecciones limitadas y la situación de las leyes nacionales relativas a los derechos laborales, la lucha contra la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo sigue siendo ambigua.  

Además, la crisis económica actual en el marco de la propagación de la COVID-19 ha destacado aún más la marginación de las trabajadoras en Pakistán. Las mujeres siguen teniendo empleos mal pagados y se espera que también sean las cuidadoras primarias en el hogar; por consiguiente, están en desventaja con respecto a la recesión económica que provocará más desempleo. Esta situación económica desventajosa tendrá profundas repercusiones para la participación, ya de por sí limitada, de las mujeres en las actividades económicas del país. 

Por lo tanto, es imperativo que el Estado reconozca la necesidad de garantizar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, que sigue siendo una obligación en virtud de diversos instrumentos internacionales y es fundamental para el logro de los ODS. El Estado debe trabajar para modificar la ideología básica sobre la que funcionan las ZEE. En particular, esto debería incluir más investigación sobre las formas de regular las ZEE, la introducción de políticas especializadas encaminadas a la incorporación de perspectivas de género y el desarrollo de mecanismos de reparación adecuados y eficaces para garantizar la protección de los derechos laborales de las mujeres en todos los niveles.

 


Este artículo es parte de una serie de publicaciones de blog centrada en las dimensiones de género en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. La serie es un esfuerzo conjunto del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el Instituto Danés de Derechos Humanos y OpenGlobalRights. Las opiniones que se expresan en la serie corresponden a los autores. Para obtener más información sobre las últimas noticias y recursos sobre el género, las empresas y los derechos humanos, visite este portal.