En Ecuador, un país conocido por su biodiversidad y producción agrícola, hay una historia que revela el profundo impacto de las cadenas de suministro globales: el caso de Furukawa Plantations C.A. Este caso ha sacado a la luz uno de los ejemplos más crudos de esclavitud moderna en América Latina, lo que supone una lección crucial para el futuro de la responsabilidad corporativa.
En Ecuador, la empresa Furukawa C.A. es propietaria de plantaciones que producen abacá, una fibra que se utiliza habitualmente en productos como papel moneda, bolsitas de té y materiales de embalaje sostenibles. Durante más de medio siglo, cientos de familias trabajaron en condiciones inhumanas en estas plantaciones, sin acceso a servicios básicos, seguridad laboral ni contratos de trabajo formales.
Este caso supone un incómodo espejo para el sistema económico mundial. Las fibras de abacá producidas y cultivadas en las fincas de Furukawa se venden en Japón, Estados Unidos y Europa bajo el pretexto de la «sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental», a pesar de que los trabajadores permanecían atrapados en ciclos de desigualdad intergeneracional y violencia sistémica.
Del silencio a la sentencia
El caso contra Furukawa fue iniciado en 2018 por organizaciones locales que incluyen la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Comité Solidario Furawaka Nunca Más y la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El caso se motivó a partir de denuncias de familias afrodescendientes que vivían en campamentos sin servicios básicos, así como de víctimas de violaciones de los derechos laborales de los niños, mutilaciones y hacinamiento.
Durante la vista del caso se presentaron testimonios desgarradores: en los campamentos nacían y crecían niños sin documentación, se abusaba de las mujeres y los trabajadores recibían salarios mínimos o pagos en especie. Finalmente, mediante una sentencia judicial de 2023, el Estado ecuatoriano fue declarado responsable por omisión: el Estado no había supervisado ni protegido los derechos de las comunidades afectadas, y el tribunal ordenó medidas de reparación integrales.
Aunque Furukawa es comparable a otros casos emblemáticos en América Latina en los que los tribunales han reconocido prácticas de esclavitud moderna dentro de las cadenas de valor de exportación, como La Pampa (Perú) o Consorcio Cargill (Brasil), en Ecuador las empresas privadas estaban directamente vinculadas a violaciones sistemáticas, lo que cuestiona la idea de que la responsabilidad principal recae únicamente en el Estado.
Un espejo global
El caso ecuatoriano pone de relieve un patrón común en el Sur Global: la coexistencia de políticas de sostenibilidad y prácticas extractivas basadas en la precariedad laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi 28 millones de personas viven actualmente en condiciones de trabajo forzoso, muchas de ellas vinculadas a cadenas de suministro que abastecen principalmente a marcas del Norte Global.
Al comparar el caso Furukawa con otros precedentes, como Rana Plaza (Bangladesh) o las denuncias de trabajo forzoso en la industria del cacao en África Occidental, Furukawa revela que la esclavitud moderna no es un fenómeno aislado. Por el contrario, es un componente estructural de la economía global, en la que las empresas multinacionales utilizan la subcontratación como táctica para beneficiarse de la falta de transparencia y de una regulación eficaz en países con instituciones públicas débiles.
Responsabilidad corporativa y diligencia debida
La reciente aprobación de la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD) y el Reglamento sobre productos libres de deforestación (EUDR) de la Unión Europea exige a las empresas identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro. Estas medidas también animan a los Estados a implementar políticas de control y regulación, así como medidas para cumplir con estas regulaciones, para la exportación de materias primas.
Casos como el de Furukawa demuestran por qué estas leyes son cruciales: sin mecanismos vinculantes, las buenas prácticas se quedan simplemente en el ámbito del discurso. Sin embargo, el reto actual consiste en garantizar que las voces de las víctimas del Sur Global tengan un peso real en la aplicación de estas normas. Los tribunales nacionales, como el de Ecuador, están liderando el camino, pero la coordinación global es esencial para garantizar que los productos sostenibles no se vean mancillados por la explotación y la violencia.
Justicia y reparación más allá del papel
Si bien la sentencia judicial en el caso Furukawa representa una victoria simbólica tanto a nivel nacional como internacional, su aplicación se ha enfrentado a varios obstáculos. Las víctimas de Furukawa siguen esperando una indemnización, tierras, acceso a la vivienda y oportunidades de trabajo digno. La reparación no puede limitarse a la indemnización, sino que debe incluir garantías de no repetición, políticas públicas inclusivas y la participación activa de las comunidades afectadas.
El caso Furukawa nos obliga a replantearnos el concepto mismo de responsabilidad corporativa, demostrando que la implementación de sistemas de trazabilidad y auditorías voluntarias es insuficiente. En cambio, se necesita una transformación estructural en la forma en que entendemos la producción, el consumo y la justicia social en el siglo XXI.
Este caso no solo es una tragedia nacional, sino un recordatorio de que, mientras las empresas globales sigan beneficiándose de la desigualdad, la sostenibilidad seguirá siendo una narrativa falsa, ya que detrás de cada producto exportado con la etiqueta «sostenible» pueden esconderse innumerables abusos y violaciones.
Ecuador ha dado un paso histórico al reconocer la esclavitud moderna en su territorio. Sin embargo, la verdadera justicia solo se logrará cuando ningún trabajador, ya sea en América Latina, África o Asia, tenga que elegir entre la supervivencia y la libertad.