Si Amnistía no lo hace, ¿quién defenderá el estado de derecho?

Al plantear sus objetivos en términos de enfrentar el poder y la injusticia estructural, Amnistía corre el riesgo de debilitar su defensa del estado de derecho, precisamente cuando más se necesita.



Georg Hochmuth/EFE/EPA


El poder es un elemento inescapable de las relaciones humanas. Así que el movimiento de derechos humanos no se puede oponer al poder en sí, a pesar de que estamos muy conscientes de sus peligros inherentes. Nuestro propósito siempre ha sido detener el abuso del poder y promover su uso positivo para defender la dignidad e igualdad de todas las personas y, algunos dirían, fomentar la prosperidad humana. Para esto, es necesario enfrentar y, a veces, trastornar el poder, pero creo que debemos tener cuidado de no ver esto como un fin en sí mismo.

Sin embargo, en las discusiones sobre las direcciones futuras de Amnistía, se ha hablado de “luchar para trastornar los centros de poder existentes” y “combatir las formas invisibles de poder”, sin mencionar objetivos más elevados. Invocar un espíritu más radical puede parecer atractivo, especialmente en estos tiempos de ira popular contra el gobierno y los sistemas injustos. Es probable que sea una buena estrategia para regenerar la base de apoyo.

Pero, en última instancia, ¿cuál sería el objetivo?

Parece que Amnistía está a punto de redefinirse a sí misma como un proyecto de “justicia” en el sentido “denso” utilizado por la izquierda política, y que esto es lo que representa el lenguaje contra el poder mencionado antes. Esto se manifiesta en la creciente visibilidad de Amnistía dentro de las luchas progresistas por la justicia social y económica (p. ej., el movimiento antiausteridad) y la justicia climática (p. ej., Extinction Rebellion), así como en las sugerencias de que la próxima estrategia de Amnistía debería abordar las “causas estructurales de la injusticia en el mundo” y “desafiar las reglas que sirven al statu quo”.

Hay muchas razones de peso para que Amnistía tome este camino. Los desastrosos efectos del aumento de la desigualdad económica mundial y el cambio climático sobre los derechos humanos son cada vez más evidentes, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el Sur global. Es difícil imaginar cómo podríamos revertirlos sin cambios políticos y económicos, drásticos y estructurales. También se trata de temas definitorios de nuestra era; así que centrar la atención en ellos es una buena estrategia para hacer de Amnistía un movimiento más grande e inclusivo.

Pero también hay desventajas.

Las luchas actuales por la justicia social, económica y climática están encabezadas por otros grupos que tienden a usar “marcos” políticos más amplios —que a menudo implican la oposición al capitalismo de libre mercado o neoliberalismo— para definir los problemas que están tratando de resolver. Amnistía coquetea ahora con estos marcos a expensas de su tradicional enfoque positivista en el cumplimiento de los derechos humanos.

Las luchas actuales por la justicia social, económica y climática están encabezadas por otros grupos que tienden a usar “marcos” políticos más amplios.

Tal cambio le permitiría a Amnistía armonizar con estos grupos y conseguir mayor aceptación entre ellos. Sin embargo, el abandono de su pronunciado énfasis en las normas de derechos humanos podría suscitar preguntas sobre qué es lo que aporta, más allá de su gente y su marca. Por supuesto que ambas son útiles, pero se podría percibir que Amnistía intenta capitalizar el impulso creado por otros.

Por otra parte, en un momento en el que Amnistía aspira a lograr una mayor inclusión, comprometerse con una postura más radical y abiertamente politizada corre el riesgo de alienar a los simpatizantes conservadores y de la corriente liberal más convencional. Ellos han sido parte de la familia de Amnistía desde que Peter Benenson la fundara para enfrentar los abusos en ambos lados de las “cortinas de hierro y bambú”. Podría parecer que este es un costo relativamente bajo para Amnistía, dada la marea reaccionaria que se está extendiendo por los sectores políticos de derecha. Sin embargo, es esencial que el movimiento más amplio de derechos humanos mantenga raíces en todo el espectro político. Por ejemplo, para apuntalar la prohibición absoluta de la tortura, necesitamos el respaldo de los conservadores liberales, quienes ayudaron a establecerla en primer lugar y saben bien cómo potenciar las voces contra la tortura dentro del ejército, los servicios de inteligencia y la policía.

Pero el mayor peligro es que al dar prioridad a la participación en movimientos progresistas más amplios, Amnistía se distraerá de las batallas por los derechos humanos en las que, a nivel global, se espera que lidere, en lugar de unirse en solidaridad o seguir. El mundo está experimentando un “giro” autoritario, el cual se intensifica en el contexto de la respuesta al coronavirus. La política del odio va en aumento, la libertad está retrocediendo y el concepto de derechos humanos sufre un ataque ideológico prolongado. El desencanto popular con los derechos humanos está relacionado con un malestar creciente respecto al estado de derecho. En Gran Bretaña, donde se fundó Amnistía, más de la mitad de la población ahora dice que el país necesita un líder fuerte “que esté dispuesto a romper las reglas”. En términos reales, los controles sobre el poder gubernamental se debilitaron en más de 60 países el año pasado; los deterioros más grandes ocurrieron en el centro y este de Europa.

El mayor peligro es que Amnistía se distraerá de las batallas por los derechos humanos en las que, a nivel global, se espera que lidere.

El estado de derecho es una condición sine qua non para los derechos humanos. Por eso, el estatuto de Amnistía la obliga a instar a “todos los gobiernos a que respeten el estado de derecho”. En la historia de Amnistía, nunca antes había sido tan importante intensificar sus esfuerzos al respecto. Cuando desaparecen las restricciones al poder —entre ellas, el acceso a la justicia en un sentido “ligero” y un poder judicial independiente—, es seguro que habrá violaciones sistémicas de derechos, con terribles consecuencias humanas. Tanto en las democracias como en los Estados autoritarios, los “hombres fuertes” están aprovechando la oportunidad que les ofrece la emergencia del coronavirus para desmantelar las limitaciones a su poder.

Es esencial realizar una movilización a toda marcha para defender el estado de derecho como un medio para hacer efectivos todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Amnistía está en mejores condiciones que cualquier otro grupo de la sociedad civil para liderar esta resistencia global, utilizando su alcance e influencia para apoyar a los actores locales de primera línea. Pero esto implica convencer al público de que vale la pena luchar por el estado de derecho. Es preciso que se eleve por encima de las posiciones polarizadas en las que la extrema derecha resiente el estado de derecho como un impedimento para modos de gobierno más contundentes, y la izquierda radical lo desprecia como un instrumento de opresión de la clase dirigente. Sin embargo, esta última crítica se ha expresado en el seno de la dirigencia de Amnistía. Es probable que se extienda más por toda la organización mediante el nuevo marco politizado que se está examinando, lo que hará que Amnistía se muestre tímida en su protección del estado de derecho, en este momento de peligro en el que debe ser audaz.

No hay duda de que las injusticias estructurales son la raíz de las violaciones desenfrenadas de los derechos humanos asociadas con males mundiales como el resurgimiento autoritario, la desigualdad flagrante de ingresos, el coronavirus y el cambio climático. Sin embargo, esto no significa necesariamente que Amnistía deba transformar el enfoque de su aparato de campañas para centrarse en la búsqueda de cambios estructurales, si la transformación implica adentrar el movimiento en debates ideológicos controvertidos. Probablemente, esa metamorfosis revitalizaría a Amnistía y consolidaría su lugar dentro del sector político progresista. Pero si permite que el estado de derecho se tambalee como consecuencia, el resultado final sería desastroso.

Amnistía se encuentra en una encrucijada y tiene que tomar algunas decisiones fundamentales sobre cómo responder al poder y cómo ejercer su propio poder. Sea cual sea el camino que tome Amnistía, sentiremos las repercusiones en todo el movimiento de derechos humanos.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: April 14, 2020

Sonya Sceats es la directora ejecutiva de Freedom from Torture y fue asesora estratégica en Amnistía Internacional. Este blog fue escrito a título personal.

 


 

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