Sri Lanka tiene una larga historia de violencia hacia sus poblaciones tamil y musulmana. Tras la independencia en 1948, tomó forma un nacionalismo cingalés-budista fundacional que sigue impregnando la sociedad en lo económico, social y político de la vida cotidiana.
La ocupación generalizada de las regiones de habla tamil en el norte y el este de la isla, junto con las numerosas violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado que duró desde 1983 hasta su brutal final y genocidio en 2009, obligan a los tamiles a seguir enfrentándose a la opresión.
En febrero de 2020, el Estado se retiró formalmente de sus compromisos con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluida la resolución 30/1 que pedía el establecimiento de mecanismos internacionales de rendición de cuentas por los crímenes atroces.
Con la elección de Gotabaya Rajapaksa como presidente en 2019, la situación de derechos humanos en Sri Lanka es cada vez más perjudicial para los tamiles, que siguen viviendo en una de las regiones más militarizadas del mundo, con una proporción de 2:1 entre civiles y militares, lo que crea un clima de represión y miedo.
Dado que Sri Lanka no ha demostrado ninguna voluntad política de adoptar medidas de rendición de cuentas a nivel nacional después de 2009, las oportunidades de hacer justicia residen en opciones internacionalizadas como el Consejo y la intervención de los Estados miembros mediante el establecimiento de vías alternativas a la justicia.
El 27 de enero de 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe que condenaba el deterioro de la situación de derechos humanos en Sri Lanka, los fallos del Estado interno y su trayectoria, y que revelaba que el país se encuentra en una “trayectoria alarmante hacia la repetición de las violaciones de derechos humanos”.
El informe examina los riesgos actuales para los derechos humanos, al tiempo que subraya la necesidad de una acción internacional urgente. Subraya la retórica etnonacionalista exacerbada y reforzada en Sri Lanka, concretamente encarnada en su gobierno y en su ejército, que están ocupados por personas previamente acusadas de corrupción o de haber cometido crímenes de guerra. El carácter profundamente arraigado de la impunidad en estas instituciones permite a los autores de crímenes de guerra ocupar altos cargos de poder, y así influir en las políticas y las actividades cotidianas del país.
Además, el informe avanza la petición de sanciones específicas contra los autores de crímenes de guerra, el ejercicio de la jurisdicción universal para promover la rendición de cuentas y el fin de la vigilancia y la represión.
El carácter profundamente arraigado de la impunidad en estas instituciones permite a los autores de crímenes de guerra ocupar altos cargos de poder, y así influir en las políticas y las actividades cotidianas del país.
Tras el historial de violaciones continuas de los derechos humanos de los tamiles y los musulmanes, la trayectoria actual de Sri Lanka indica que existe un gran potencial para que se produzcan nuevos ciclos de conflicto. El gobierno actual no tiene intenciones de aplicar medidas de rendición de cuentas que aborden de manera significativa las preocupaciones de los supervivientes tamiles.
Ante la falta de esfuerzos legítimos y tangibles en el ámbito nacional, es evidente que el deterioro de la situación de los derechos humanos en Sri Lanka requiere una acción urgente y contundente por parte de la comunidad internacional. Así, el 23 de marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 46/1, que encomienda a la ACNUDH que recoja y conserve las pruebas de las graves violaciones de los crímenes internacionales cometidos en Sri Lanka e informe sobre las posibilidades de rendir cuentas por estos crímenes.
Aunque esta resolución es un paso hacia la justicia, se queda notablemente corta con respecto a las demandas conjuntas realizadas por los partidos políticos tamiles y los grupos de la sociedad civil, y deja a muchas comunidades de víctimas y supervivientes decepcionadas por el hecho de que la resolución no haya ido más allá para reflejar el fuerte llamado a la acción del que hace eco el informe del Alto Comisionado. Esto pone de manifiesto las reiteradas limitaciones del Consejo a la hora de hacer justicia por los crímenes atroces masivos en Sri Lanka, donde es fundamental una acción decisiva y contundente.
Es imperativo reconocer la naturaleza etnocrática del Estado de Sri Lanka y la supremacía cingalés-budista que defiende, que está profundamente vinculada a los esfuerzos fallidos y poco sinceros del gobierno para rendir cuentas y hacer justicia. Sigue siendo necesaria una acción decisiva más allá del Consejo de Derechos Humanos; sin ella, las comunidades tamiles y musulmanas corren el riesgo de sufrir una amenaza reiterada de graves violaciones de los derechos humanos.
Históricamente, el nacionalismo cingalés-budista ha informado la agenda del gobierno de Sri Lanka de colonización patrocinada por el Estado de la patria tradicional tamil en el noreste. Desde que Sri Lanka obtuvo la independencia en 1948, con el poder político mayoritario en manos de los cingaleses, la nación mostró una tendencia de “creciente fundamentalismo y un vínculo cada vez más reaccionario de la religión, la etnia y el poder estatal”.
A partir de entonces, los sucesivos gobiernos dominados por los cingaleses se han dirigido a las zonas dominadas por las poblaciones de habla tamil para reclamar los derechos históricos sobre esas tierras y rediseñar la demografía de su población mediante este plan de colonización denominado “cingalización”.
En 1978, la Constitución de Sri Lanka entró en vigor con el propósito de imponer una forma extrema de nacionalismo cingalés-budista. Según la Constitución, “la República de Sri Lanka concederá al budismo el lugar más importante y, en consecuencia, el Estado tendrá el deber de proteger y fomentar el Buda Sasana”. Este artículo se mantiene sin cambios en 2021.
Teóricamente, guiado por esto, el gobierno de Sri Lanka funciona para mantener la hegemonía del Estado cingalés-budista a expensas de los budistas que no son cingaleses, es decir, los de habla tamil. En consecuencia, el presidente creó en 2020 el Consejo Asesor Budista para pedir consejo a los “Maha Sangha” (sacerdotes budistas) sobre las políticas gubernamentales. El consejo presentó varias propuestas para proteger los lugares históricos con valor arqueológico, proporcionar escrituras a las tierras de los vihara, priorizar la seguridad nacional, etc. - todo ello con el fin de apropiarse indebidamente de tierras tradicionalmente habitadas por poblaciones de habla tamil.
El nacionalismo cingalés-budista institucionalizado se extiende a cuestiones de salud pública y servicios sociales, como lo demuestra la respuesta a la pandemia de la covid-19 en la isla. A pesar de haber cometido graves violaciones de derechos humanos durante el punto álgido del conflicto armado, el general Shavendra Silva fue nombrado director del Centro Nacional de Operaciones para la Prevención del Brote de Covid-19 de Sri Lanka en marzo de 2020.
Haciendo caso omiso de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, el Estado hizo obligatoria la incineración de las personas que murieran o se sospechara que hubieran muerto a causa de la covid-19. Tras meses de protestas contra esta controvertida prohibición de los entierros, el gobierno de Sri Lanka designó tácticamente a Iranaitivu, una isla recientemente recuperada por los tamiles después de haber estado bajo ocupación militar durante más de 25 años, como lugar de sepultura de las víctimas de la covid-19.
Con el aumento de la militarización y los grupos de trabajo presidenciales exclusivamente cingaleses, está claro que el gobierno no muestra ninguna voluntad política de rendir cuentas por el pasado, ni de deconstruir su fundamentalismo cingalés-budista.
En febrero de 2021, decenas de miles de tamiles y musulmanes se unieron en la marcha Pottuvil to Polikandy (P2P) contra el gobierno autocrático de Sri Lanka, que se desarrolló durante cinco días. Los manifestantes exigieron el fin de la militarización y la cingalización en la isla, concretamente en el noreste, así como justicia por el pasado genocidio contra los tamiles.
Desde el final del conflicto armado en 2009, Sri Lanka sigue demostrando ser una nación que no ha hecho justicia a las comunidades de víctimas y supervivientes y que no rinde cuentas, simplemente por falta de voluntad política. El virulento nacionalismo cingalés-budista que surgió desde la independencia sigue impregnando las estructuras del Estado y reprimiendo a tamiles y musulmanes en la actualidad.
Aunque la resolución 46/1 adoptada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos es un paso en la dirección correcta, el Consejo debe explorar y emplear una amplia gama de herramientas y mecanismos para abordar las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. El camino hacia la rendición de cuentas y la justicia para las comunidades de supervivientes y víctimas tamiles debe incluir un seguimiento continuo del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos en la isla y una acción decisiva y firme por parte de diversos organismos internacionales.
Casi 12 años después del genocidio y los tamiles siguen esperando que se haga justicia, las opciones internacionales son su esperanza más cercana.