La contabilidad de los derechos humanos: lecciones de Siria

Si los defensores de los refugiados no dan pistas acerca de los presupuestos, será casi imposible asegurar un apoyo sostenido.


By: Sean Luna Mcadams
May 25, 2016

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Una versión de este artículo fue inicialmente publicada aquí en el Blog Global de Dejusticia.

La crisis de los refugiados de Siria ha recibido mucha atención por parte de los medios y la comunidad internacional, pero ¿cómo canalizar esta atención en acciones que resulten en la efectiva y sostenida protección de los refugiados? Como Roni Amit y Loren Landau señalan, ni los mejores regímenes legales pueden garantizar protección si los actores clave le son adversos. James Hathaway desarrolla un argumento parecido en relación con la Convención de los Refugiados: el problema no es tanto la ley sino su operacionalización. Sin embargo, Bill Frelick manifiesta el desacuerdo acerca de quién debería ser el principal implementador –Estados u organizaciones internacionales como ACNUR- y, como Tim Finch y James Milner , cuestiona la viabilidad de los programas que esperan a los Estados a consentir ante una autoridad externa.

Hasta el momento falta en el debate la pregunta por la financiación. Ya sea que la solución es una ACNUR revitalizada, un sistema de protección administrado o programas que de manera creativa articulan la protección de los refugiados con los intereses de los Estados, se necesita una financiación suficiente y sostenida para trabajar.

Sin embargo, el dinero no llega. El reciente acuerdo negociado entre la Unión Europea (UE) y Turquía limita el número de refugiados sirios que pueden ser reubicados en Europa a tan solo 76.000 por año (aproximadamente el 0.0015% de la población europea) con sólo el 0.3% del presupuesto de la UE 2014 – 2020 destinado para el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Asimismo, la ACNUR reporta que a partir del 26 de abril de 2016, su capacidad de financiación para el Plan de ayuda Regional para los Refugiados y la Resiliencia es del 32% y para el Plan de Respuesta Humanitaria para Siria es del 22%. Para tener un impacto, las instituciones internacionales como la ACNUR deben ser financiadas adecuadamente para garantizar la capacidad operacional para implementar sus mandatos. El análisis presupuestario puede contribuir a asegurar que las agencias relevantes y los Estados tengan los recursos necesarios para efectivamente hacer frente a las crisis a medida que se desarrollan.


Flickr/European Commission DG ECHO (Some rights reserved)

Syrian refugees in Lebanon register for aid from the World Food Program.


Hay algunas pistas de que el financiamiento para la crisis en Siria podría estar mejorando.  En septiembre de 2015, The Guardian informó que el Programa Mundial de Alimentos (WFP por su sigla en inglés) podría reducir las raciones debido al grave déficit en el presupuesto, pero el WFP anunció recientemente que volvería a servir raciones completas gracias a un aumeno en la financiación. Esta reciente inyección de fondos se debe a la conferencia realizada en Londres en febrero de 2016, donde los Estados y las instituciones financieras internacionales se comprometieron con préstamos y donaciones para enfrentar las necesidades humanitarias y de refugiados de la región. La UE, asimismo, aumento significativamente el apoyo económico a la región otorgando más €5 mil millones de los cuales €3 mil millones serán para Turquía como parte del acuerdo alcanzado en marzo de 2016. No obstante, considerando el aumento en la financiación, la mayoría es a corto plazo: más de la mitad (52%) de la financiación recaudada en la conferencia de Londres es sólo para 2016 y los €3 mil millonres prometidos a Turquía apuntan a financiar proyectos de refugiados sólo para el presente año. Esta aproximación de corto plazo exacerva los problemas de la financiación impredecible que enfrentan los países del Sur Global albergando grandes poblaciones de refugiados. Cuando la atención se transfiera a otra problemática, ¿los donantes continuarán ofreciendo los mismos niveles de apoyo?

Si los defensores no dan pistas acerca de los presupuestos, será casi imposible implementar un enfoque proactivo para hacer frente a las crisis a medida que surgen.

La presidenta brasilera Dilma Roussef ofrece tal vez el mejor ejemplo de la brecha entre apoyo financiero y retórico. En septiembre 21 de 2015 Dilma escribió un artículo de opinión que proclama la solidaridad de Brasil con los refugiados sirios y hace hincapié en que "Brasil da la bienvenida a los refugiados con los brazos abiertos.”. Es cierto que Brasil ha proveído visas expeditas para refugiados que huyen de Siria, los europeos y otros países de altos ingresos podrían aprender de esto. Sin embargo, revisando el presupuesto de la ACNUR de 2015 vemos que Brasil contribuyó con tan solo $743.133 mientras que Estados Unidos contribuyó con $1200 millones. Si la contribución de Brasil fuera proporcional a la de los Estados Unidos, según su PIB,  ésta debería ser 240 veces más grande, alrededor de $179 millones. Por supuesto que sería injusto esperar que la contribución de un país de ingreso medio alto como Brasil coincida proporcionalmente con la más grande economía del mundo. Sin embargo, su contribución actual sigue siendo muy baja en comparación con contribuciones anteriores a la ACNUR. Por otra parte, a diferencia de Europa, los refugiados en Brasil carecen de cualquier tipo de asistencia estatal. La falta de asistencia, junto una economía con problemas de recesión y el creciente desempleo hacen de Brasil un anfitrión poco deseado para los refugiados.

Los países de renta media alta como Brasil representan el 24% del producto bruto mundial, de acuerdo con las cifras de 2014La UE representa una igual porción: 24%. Incluyendo miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no hacen parte de la UE esta cifra alcanza la mitad del producto bruto mundial. Sin embargo, la UE y la OTAN proporcionan el 80% del presupuesto de la ACNUR. Al mismo tiempo, los países de renta media alta han hecho un objetivo de política exterior prioritaria el aumento de su influencia en las instituciones de gobernanza económica globales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, durante la última década (Brasil ha aumentado su cuota al FMI 264% en este tiempo). Sin embargo, otras instituciones como la Organización de Naciones Unidas no ha recibido tanta atención. Aquí el argumento de Emily Arnold-Fernández adquiere una nueva relevancia: los presupuestos ofrecen una manera para medir el compromiso de los Estados y se podrían consolidar como un punto de referencia común para coordinar la defensa de los derechos humanos en distintos escenarios domésticos.

Revisando los presupuestos tal y como están cuestiona la visión de Hathaway de una ACNUR revitalizada –puede apenas financiar su actual enfoque ad hoc y fragmentado. De igual manera, pone en duda la propuesta de protección administrada de Finch: ¿acaso la inversión del 0.3% de la UE realmente proporciona la capacidad institucional y técnica necesaria para procesar las solicitudes de asilo de los inmigrantes que llegan incluso si son enviadas de vuelta a Turquía? Por último, si los defensores no dan pistas acerca de los presupuestos, será casi imposible implementar un enfoque proactivo para hacer frente a las crisis a medida que surgen o asegurar un apoyo sostenido. La defensa a nivel doméstico es clave para asegurar que los países financiadores ofrecen un nivel de apoyo adecuado y consistente, pero también para que en los países receptores los fondos se invierten de la mejor manera para promover los derechos de los refugiados.

Estos ejemplos demuestran la importancia de incorporar el análisis financiero en cualquier tipo de defensa de los derechos humanos. Como parte del trabajo de rendición de cuentas, tenemos que evaluar si los presupuestos asignados para la aplicación de los derechos humanos reflejan realmente una contribución adecuada sobre la base de los compromisos y los niveles de ingreso, entre otras variables. Sin este análisis, las instituciones y las leyes por las que hemos luchado tanto carecerán de capacidad operativa para abordar los problemas a medida que se desarrollan. Este enfoque no sólo proporciona a los defensores una herramienta para impulsar la implementación de enfoques proactivos para la gestión de crisis, sino que también podría ayudar a hacer hincapié en la agencia de los refugiados mediante la inclusión en el cálculo de los posibles beneficios de la inmigración. El enfoque reaccionario actual se presta a la profundización de la crisis en detrimento tanto de los patrocinadores como de los titulares de derechos.


Sean Luna McAdams es investigador en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad en Colombia.

 
 


 

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