Cómo enfrentar los posibles riesgos de la “Cuarta Revolución Industrial” en materia de derechos humanos

La tecnología tiene el poder de liberarnos del trabajo arduo y tedioso o diezmar nuestros medios de subsistencia; a menudo, las decisiones que tomen los gobiernos y las empresas determinarán la diferencia.

By: Phil Bloomer & Christen Dobson
May 16, 2018

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Uli Deck/EFE.  

A robotic hand developed by the Southkorean company holds an apple during the International Convention of Robotics and Automatization (ICRA). 


En los últimos cinco años, la tecnología se ha introducido en la esfera de las empresas y los derechos humanos con una fuerza que pocos de nosotros esperábamos. Su poder ha cautivado nuestra imaginación, con oportunidades inesperadas, pero también ha creado nuevos riesgos: el potencial de la automatización para liberar a miles de millones de personas del trabajo arduo y tedioso o para diezmar los medios de subsistencia; la oportunidad que ofrece el trabajo esporádico para crear economías compartidas y servicios receptivos, o para debilitar los derechos esenciales de los trabajadores; el poder de la inteligencia de datos para fortalecer la debida diligencia corporativa o para impulsar los prejuicios y la intolerancia existentes en nuestras sociedades. Estas alternativas contrastantes suscitan una pregunta crucial para el movimiento de las empresas y los derechos humanos: ¿cómo podemos contribuir a garantizar que nadie se quede atrás en esta transición? Las decisiones que tomemos, nosotros, nuestros gobiernos y las empresas de tecnología, determinarán si la “cuarta revolución industrial” hará que los derechos humanos esenciales se conviertan en realidad o si esta “revolución” causará más violaciones de derechos humanos y exacerbará la desigualdad.

Por ejemplo, la automatización ha amenazado desde hace mucho tiempo los trabajos manuales de los trabajadores poco cualificados y poco remunerados, y los avances tecnológicos no hacen más que renovar y ampliar esta transición. La amenaza de pérdida de empleos es real, particularmente entre los trabajadores que ya son vulnerables, y podría generar nuevos niveles de desigualdad a medida que los salarios se conviertan en ganancias y este capital se concentre aún más en las manos de unos pocos. Pero esto no es inevitable. A partir de una previsión informada y un enfoque en los derechos, esta misma riqueza podría poner fin al penoso trabajo de las líneas de ensamblaje y ofrecer oportunidades de empleo y formación que paguen un salario mínimo vital. La automatización de las tareas tediosas y repetitivas podría crear nuevas oportunidades para los trabajadores, al tiempo que mejoraría la prestación de derechos y servicios, como la salud y la educación para todas las personas. Para que esto suceda, es esencial que los trabajadores y los sindicatos ocupen un papel central en los debates y la toma de decisiones sobre la automatización. Las empresas que están incrementando el uso de la automatización pueden ayudar a mitigar las repercusiones negativas al fomentar estas discusiones y participar en ellas, además de tomar medidas con base en las necesidades que expresan los trabajadores y los sindicatos; por ejemplo, mediante la inversión en oportunidades para desarrollar nuevas aptitudes. El movimiento de las empresas y los derechos humanos también debe aportar su valiosa perspectiva, desde el principio, antes de que se fijen las normas y reglas.

Si bien las redes sociales y la Internet se han convertido en medios cada vez más importantes para que los activistas y defensores de derechos humanos se movilicen y realicen esfuerzos de defensa y promoción, los gobiernos y el sector privado a menudo utilizan estas mismas herramientas para restringir y vigilar a los activistas, y violar la libertad de expresión y asociación. Esto incluye los apagones de Internet por parte de los gobiernos, que pueden utilizarse para detener las manifestaciones, influir en las elecciones y controlar la difusión de información, las restricciones de las redes privadas virtuales (VPN) y los ataques contra periodistas y activistas en línea. Según un informe de la Liga Antidifamación, durante el año previo a las elecciones presidenciales de 2016 en los EE. UU. se publicaron 19,253 tweets abiertamente antisemitas dirigidos a 800 periodistas, los cuales generaron 45 millones de “impresiones” (vistas de tweets). Tan solo diez periodistas, todos ellos judíos, recibieron el 83 % de estos tweets. Esta es solo una descripción escalofriante del poder de las redes sociales para facilitar y difundir el odio y las amenazas directas.

En el último año, los gigantes tecnológicos como Google y Facebook han sufrido una metamorfosis inversa en la mente de algunas personas: desde la mariposa del florecimiento democrático hasta el gusano que se come el fruto sagrado de los derechos y la democracia. Se desperdició un importante capital de confianza pública debido a las revelaciones sobre la manipulación política de estas plataformas durante elecciones y referendos. El ejemplo reciente más notable es el de las acusaciones contra Facebook de que los perfiles de 50 millones de usuarios se recolectaron sin su consentimiento explícito y fueron utilizados por la empresa Cambridge Analytica para influir en los resultados de la elección presidencial estadounidense de 2016 a favor de Donald Trump.

La vigilancia, en línea y mediante tecnología especializada, también es una preocupación importante. En la actualidad, los gobiernos adquieren con frecuencia poderosas tecnologías de vigilancia de empresas privadas, que a veces se utilizan para vigilar a los defensores de derechos humanos. El supuesto espionaje de defensores de derechos humanos por parte del gobierno mexicano, utilizando spyware de NSO Group, es tan solo un ejemplo de ello. En 2017, las organizaciones de la sociedad civil alegaron que el gobierno espiaba a los periodistas y defensores que denunciaban desapariciones forzadas y abusos sexuales, mediante el uso de software de NSO Group diseñado para utilizarse en contra de los cárteles de narcotráfico o grupos terroristas.

También existe la necesidad urgente de tomar medidas para proteger la privacidad y evitar el sesgo algorítmico en la toma de decisiones. Las leyes generales de protección de datos de la UE, que entraron en vigor en mayo de 2018, podrían ser el comienzo de una ola de acciones gubernamentales y multilaterales más sólidas para insistir en que los gigantes de la tecnología se vuelvan más responsables socialmente. Al mismo tiempo, las prácticas de las empresas de TIC pueden tener efectos positivos para la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios, como en el caso de la alianza de cinco años entre Microsoft y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que pretende desarrollar tecnologías para mejorar la predicción, el análisis y la respuesta a situaciones críticas de derechos humanos.

Dadas todas estas preocupaciones, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos está dedicando más atención a comprender y analizar el nexo entre la tecnología, las empresas y los derechos humanos, como lo demuestra el lanzamiento de nuestro nuevo portal sobre tecnología y derechos humanos. El portal es nuestra contribución inicial a un grupo emergente de organizaciones de derechos humanos que creen que el movimiento global de las empresas y los derechos humanos tiene que hacer más en este ámbito. Hoy en día, la tecnología informa las decisiones de todos los sectores empresariales, además de influir sobre la forma de operar de la sociedad civil. Muchos de los integrantes de nuestro movimiento aportan una experiencia considerable, pero otros todavía no cuentan con los conocimientos especializados ni la capacidad para impulsar que los derechos humanos ocupen un lugar central en esta transición y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer su labor. Las organizaciones de derechos humanos tenemos que seguir incorporando este análisis en nuestro trabajo y concentrarnos en cómo se están utilizando las tecnologías: desde la protección de las libertades civiles y los defensores de derechos humanos, hasta la lucha contra el acaparamiento de tierra y agua, la prevención de la esclavitud moderna, la garantía de un salario mínimo vital, y la erradicación de la corrupción y la evasión fiscal.  

En esta nueva serie de OpenGlobalRights sobre la tecnología y los derechos humanos, en colaboración con la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Universidad de Washington y OpenGlobalRights, animamos a los lectores a unirse al debate e invitamos a los líderes de opinión a que expliquen las nuevas aplicaciones y repercusiones positivas de la tecnología en nuestro campo (que son muchas) junto con las acusaciones de abuso y las amenazas que surgen en contra de los derechos. Estas conversaciones pueden demostrar el potencial para lograr un futuro de prosperidad y seguridad compartidas mediante la tecnología o, por el contrario, de desigualdad extrema, polarización y vigilancia permanente. Esperamos con interés un debate profundo y revelador que conduzca a la acción en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos publicó una versión anterior de este artículo, que puede consultarse aquí.


Phil Bloomer es el director ejecutivo del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

Christen Dobson es investigadora y directora de proyectos sénior en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, y gestiona el trabajo del Centro en materia de tecnología y derechos humanos.


 

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