A medida que las ONG alzan la voz, podemos esperar que aumente la represión

Desde Uganda hasta Polonia, los gobiernos están silenciando a los activistas y las organizaciones que los critican, ¿qué pueden hacer estas ONG para defenderse?

David Kode
December 6, 2017

En todo el mundo, desde el este de África hasta el este de Europa, existe una tendencia a que aumenten los ataques contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyan reformas a las que se oponen los gobiernos.

Las ONG en Uganda, un país que lleva 31 años bajo el régimen del presidente Yoweri Museveni, están enfrentando una represión estatal concertada. Esta comenzó hace dos meses, con allanamientos policiales en las oficinas de Action Aid Uganda, una ONG que promueve los derechos humanos y la mitigación de la pobreza, y otras tres organizaciones. Los agentes salieron de las instalaciones con computadoras portátiles, teléfonos y documentos confiscados, después de mantener a los integrantes del personal como rehenes.   

Flickr/thetravellinged/(CC BY-NC-ND 2.0)(Some Rights Reserved).

The government should instead focus on the massive challenges in Uganda, including high levels of corruption, unemployment and inequality.


El gobierno de Uganda intensificó su ataque el 12 de octubre de 2017, cuando canceló las cuentas bancarias de Action Aid Uganda. Posteriormente, las autoridades se pusieron en contacto con otras 24 ONG que trabajan en Uganda, pidiéndoles sus datos bancarios.  La implicación es clara: es solo cuestión de tiempo. El gobierno de Uganda está librando esta guerra contra las ONG porque, en los últimos meses, Action Aid Uganda y otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) han expresado su profunda preocupación por una propuesta del Presidente Museveni y sus partidarios de enmendar el artículo 102 (b) de la constitución del país, que actualmente limita la edad de un presidente de 35 a 75 años.  

El cambio propuesto ha dominado las discusiones en Uganda en los últimos meses. Además de las OSC, los miembros de la oposición política han sido objeto de amenazas y ataques, y sus hogares han sido allanados. El Presidente Museveni y sus partidarios son plenamente conscientes de que si se mantiene el statu quo, el actual dirigente (que ahora tiene 73 años de edad) no será elegible para participar en las próximas elecciones en el 2021. Muchos ugandeses que se oponen a la eliminación del límite de edad temen que esa medida inconstitucional permitiría que el Presidente Museveni, quien ha estado en el poder desde 1986, ocupe el cargo indefinidamente. También piensan que el gobierno debería centrar su atención en los enormes problemas que enfrenta Uganda, incluidos los niveles elevados de corrupción, desempleo y desigualdad, así como el reciente aumento de los asesinatos de mujeres en la capital, Kampala.  Las restricciones a la sociedad civil y las voces de la oposición, así como los allanamientos contra las ONG, muestran que el gobierno del presidente Museveni está empeñado en enmendar la constitución y eliminar el límite de edad para ocupar la presidencia.  De hecho, el Parlamento está revisando un proyecto de ley para respaldar esta medida.  Las organizaciones de la sociedad civil se han comprometido a combatir estas restricciones y utilizan las redes sociales y las estaciones de radio independientes para seguir alzando la voz, dado que cualquier protesta pública será reprimida con violencia.   

El gobierno está tomando medidas contra las ONG que han denunciado sistemáticamente los planes para enmendar la constitución, en un intento por silenciar estas voces. Uganda —país clasificado como “reprimido” por el Monitor CIVICUS, una herramienta en línea que da seguimiento a las amenazas a la sociedad civil en todo el mundo— a menudo dirige ataques contra las organizaciones de derechos humanos, los periodistas y las empresas de medios que critican las acciones estatales.

"Lo que sucede en Uganda es sintomático de una tendencia inquietante que experimentan distintos países."

Por supuesto, lo que sucede en Uganda es sintomático de una tendencia inquietante que experimentan distintos países. Menos de dos meses antes de los allanamientos policiales en Action Aid Uganda, las autoridades de Kenia intensificaron su campaña contra las ONG críticas. Funcionarios de la Autoridad de Ingresos de Kenia, acompañados por la policía, intentaron ingresar a las oficinas del Africa Centre for Open Governance (AfriCOG) (Centro Africano de Gobernanza Abierta) sin notificación previa y con una orden de registro vencida. Esto ocurrió después de que la Junta de Coordinación de ONG de Kenia entregara un aviso de cancelación de registro a AfriCOG y la Kenya Human Rights Commission (KHRC) (Comisión de Derechos Humanos de Kenia).  El momento elegido para el allanamiento y el aviso de cancelación de las dos organizaciones despertó dudas, ya que coincidió con las elecciones generales celebradas el 8 de agosto; y tanto AfriCOG como la KHRC habían exigido públicamente la transparencia antes y durante las elecciones. Las acciones del gobierno tenían como objetivo disuadir a la KHRC de impugnar el resultado de las elecciones ante el Tribunal Supremo.

En Polonia, la policía asedió las oficinas de Centrum Praw Kobiet (Centro de Derechos de la Mujer) y Baba en Varsovia, Lodz, Gdansk y Zielona Gora. Ambas organizaciones brindan asistencia a las víctimas de violencia intrafamiliar y los allanamientos se produjeron después de que las ONG participaran en manifestaciones contra el gobierno.  Al igual que en Uganda, la policía confiscó documentos y computadoras.  Inmediatamente después de estos allanamientos, una aliada de confianza de CIVICUS, que pidió permanecer en el anonimato para proteger la identidad de su organización, dijo: “Las autoridades quieren asustar a las organizaciones de mujeres para minimizar su participación en las protestas... eso significa que nos pueden investigar en cualquier momento sin previo aviso”. Desde que el partido Ley y Justicia llegó al poder, ha utilizado diferentes métodos, incluidos el allanamiento y la difamación pública, para cambiar la opinión del público a fin de que consideren a las ONG como poco confiables, deshonestas y corruptas. Ahora, las ONG polacas deben actuar juntas, independientemente de sus distintas áreas temáticas, y generar un flujo constante de narrativas positivas para contrarrestar las acciones estatales.

El gobierno ruso también está usando estas tácticas. Recientemente, la policía allanó la oficina de Moscú de Open Russia y registró los hogares del personal asociado con la ONG, confiscando teléfonos, computadoras y cámaras en el proceso. Las autoridades declararon que los allanamientos buscaban pruebas de que Open Russia —una organización fundada por Mikhail Khodorkovsky, crítico de Putin— recibía fondos del exterior. Esta búsqueda se produjo a pesar de que la organización fue proscrita en abril de 2017, después de que las autoridades la designaran como una “organización indeseable” en virtud de una draconiana ley de agentes extranjeros. Open Russia recibió esta designación días antes de que organizara protestas bajo el tema “Suficiente”, que alentaban a los ciudadanos a presentar peticiones solicitando al Presidente Putin que no se presentara como candidato en las elecciones de 2018.

Desde Uganda hasta Kenia y desde Polonia hasta Rusia, mientras los Estados toman medidas autoritarias para mantenerse en el poder, las OSC y los ciudadanos seguirán exigiendo derechos básicos y el respeto del Estado de derecho y el constitucionalismo. Un ejemplo de esto son las protestas masivas en Polonia en octubre del año pasado, lideradas por grupos de mujeres, que detuvieron los planes en el Parlamento para prohibir por completo el aborto. En Kenia, las OSC desafiaron abiertamente el resultado de las elecciones del 8 de agosto y algunas estaban a punto de presentar una petición ante los tribunales antes de que el Tribunal Supremo tomara la decisión histórica de anular los resultados, alegando la presencia de irregularidades y la ilegalidad del proceso electoral. Pero a medida que la sociedad civil y los ciudadanos alcen sus voces en apoyo de las normas constitucionales y el Estado de derecho, es probable que sigamos viendo un aumento de los allanamientos contra las OSC y de los esfuerzos para desacreditarlas.

Estas medidas represivas por parte de los gobiernos obligarán a las agrupaciones de la sociedad civil a cambiar sus tácticas e identificar otras formas de enfrentar estas amenazas. Por ejemplo, algunas organizaciones de la sociedad civil en India han trabajado durante años incluso después de que el gobierno bloqueara sus cuentas bancarias, gracias a la dedicación del personal, el uso de cuentas bancarias secundarias de organizaciones aliadas y el hecho de que priorizan la ejecución de sus actividades en coaliciones y alianzas con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. En otro ejemplo, los ciudadanos de las regiones anglófonas de Camerún han organizado con éxito “ciudades fantasmas” (es decir, días en los que se mantienen alejados de escuelas y negocios) dos días a la semana desde enero del 2017, en protesta por la militarización de las regiones anglófonas y la represión estatal violenta de manifestaciones pacíficas.  

A medida que la sociedad civil sigue combatiendo estas restricciones, los gobiernos democráticos, las Naciones Unidas y los organismos multilaterales, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Commonwealth, deben reforzar la importancia de crear un entorno propicio para la sociedad civil en estos tiempos desafiantes.

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David Kode

David Kode es el responsable de activismo y campañas de CIVICUS, una alianza de la sociedad civil global.

 

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