El Monumento Nacional a la Esclavitud, que conmemora la abolición de la esclavitud en los Países Bajos en 1863, fue inaugurado el 1 de julio de 2002 en Oosterpark en Amesterdam. En 2016, el gobierno local de Amsterdam lanzó la Agenda de Derechos Humanos de Amsterdam, que declara a Amsterdam una ciudad de derechos humanos, afirmando que "una ciudad de derechos humanos es una ciudad que se refiere explícitamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Europea en sus políticas sociales locales". El orden del día, sin embargo, no tiene implicaciones jurídicas.
David Mulder/Flickr/CC-BY-NC-2.0)
La emergencia global del COVID-19 ha puesto en evidencia un sinnúmero de inequidades y perplejidades a lo largo del mundo. Una de ellas ha sido el rol que un importante numero de alcaldes y gobernadores ha jugado para promover principios basados en la ciencia y la cooperación internacional, en contra de las acciones de mandatarios nacionales en sus países. Mandatarios locales, desde New York a Gwangju, desde Kerala a Sao Paulo, han no solo contrastado en su respuesta a políticas nacionales, sino que en algunos casos se han enfrentado directa y vocalmente al poder central.
Dos factores generan aires de esperanza para quienes defendemos principios de dignidad humana como carta de navegación de la interacción global y local. Primero, el hecho de que este protagonismo local ha defendido lo que varios de estos mandatarios nacionales han denigrado y atacado – cosmopolitanismo, solidaridad, cooperación internacional y respuestas basadas en derechos. Segundo, que sea un grupo bastante heterogéneo de ciudades y regiones que tiene tanto la posibilidad de conectarse entre si, como la capacidad de atraer nuevas voces y energía a los debates sobre la relocalización de los derechos humanos.
El caso sobre la relación entre ciudades y derechos humanos no es nuevo; está de hecho muy bien establecido. En una entrada anterior en este espacio, Annabel Short, lo presentó persuasivamente. Pensar en derechos humanos en la ciudad y para la ciudad es, de inicio, una cuestión lógica: en tan solo 30 años dos tercios de la población mundial habitará centros urbanos. Como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “las autoridades locales están cerca de las necesidades diarias de los ciudadanos y se enfrentan a problemas de derechos humanos a diario”.
Un creciente numero de ciudades están localizando normas y prácticas de derechos humanos. En 1997, Rosario, en Argentina, se convirtió en la primera ciudad que se proyecto como la “primera ciudad de derechos humanos” del mundo, seguida luego por
Amsterdam. Por su parte, Gwangju, en South Korea, ha sido la organizadora del ‘World Human Rights Cities Forum’ desde 2011. Otras areas urbanas han reconocido la importancia de la promoción de derechos humanos desde sus estructuras institucionales meduante la inversión en entidades decidadas a la promoción y protección de derechos humanos y la no discriminación. Entre ellas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México goza de un staff exclusivo de 700 personas y un presupuesto anual de 20 millones de dólares americanos. Es decir, dos veces el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que promueve los derechos en toda las Américas.
Las ciudades Tambien estan jugando cada vez mas un rol active en la construcción e implementación de normas nacionales e internacionales. Con el incremento de la diplomacia de la ciudades a nivel global, Tambien se ha incrementado el numero de redes de ciudades que trabajan en diversos temas e iniciativas transnacionales que van desde el cambio climático y los derechos humanos a las políticas migratorias.
Adicionalmente, en un ejemplo pionero de diplomacia transnacional en derechos humanos, la ciudad de Ámsterdam se encuentra considerando hacer una disculpa oficial a Surinam por su rol en la esclavitud. En el siglo diecisiete, Ámsterdam directamente controló a Surinam como colonia. La ciudad reconoce que se benefició con la esclavitud transatlántica en esa época y busca hacer su disculpa como una forma de reparaciones.
Pero como el emergente campo del cosmopolitismo urbano crítico ha mostrado, la urbanización acelerada trae su propio conjunto de desafíos y conceptos debatibles como el de diversidad. De hecho, el concepto de cosmopolitismo urbano tiene distintos significados. Como los recientes eventos en los Estados Unidos han mostrado, muchos centros urbanos enfrentan problemas de segregación racial y económica marcados. La influencia corporativa en las ciudades es también una práctica extendida alrededor del mundo.
Si gobiernos locales y ciudadanos organizados en clave de ciudad quieren evitar repetir los errores y debilidades del sistema de gobernanza existente deben tener en cuenta tres aspectos. Primero, la conciencia de derechos humanos tiene fronteras amplias y no puede quedarse dentro de los muros de ciudades ni en la relación ciudad-ciudad. Las decisiones que toman las ciudades tienen consecuencias directas en otros lugares y comunidades del mundo, muchas veces comunidades rurales de países del sur global. Desde el impacto del guacamole que se disfruta en el brunch domincal en la deforestación de bosques nativos mexicanos, hasta la pregunta de la disposición final de basura. Las redes inter-ciudades pueden fácilmente olvidar estos problemas pues la mayor parte de ellas suelen padecer dependencias similares.
En tan solo 30 años dos tercios de la población mundial habitará centros urbanos.
Segundo, los centros urbanos deben ser tanto ciudadanos globales como buenos vecinos. Especialmente en estos tiempos en que la emergencia COVID-19 ha producido disrupciones dramáticas en las cadenas de producción y distribución y las ciudades están interesadas en localizar la producción para atender sus necesidades básicas. Por ejemplo, la polarización ideológica entre zonas urbanas y rurales, y la rampante inequidad en el acceso a derechos y servicios básicos entre campo y ciudades como las que existen en casi todas las regiones del mundo.
Finalmente, invertir en solidaridad horizontal y no repetir el modelo jerárquico de estados nacionales o las bipolaridades políticas es no solo moralmente necesario, sino estratégico. Lecciones cruzadas sobre soluciones concretas son vitales para la protección de derechos humanos. Algo muy poco explotado por los Estados, que han asumido generalmente una posición defensiva cuando se trata de exponer soluciones a problemas de derechos humanos.
La crisis económica que la pandemia proyecta puede dar lugar a un intercambio de soluciones del sur que pueden ser usadas por países del norte menos acostumbrados a enfrentar agudas crisis económicas. Ciudadanos del norte, que han gozado de democracias más estables, pueden también acoger lecciones de otras latitudes en donde han tenido que de manera creativa ingeniárselas para enfrentar el autoritarismo. Las formas de organización para ejercer la protesta social en tiempos de cuarentenas y violencia policial como las exhibidas en Hong Kong o el cacerolazo brasilero son dos buenos ejemplos.
Los Estados seguirán obviamente conservando un enorme poder en el concierto internacional y en la implementación de derechos humanos. Son los poderes nacionales los que tienen la autoridad de imprimir dinero, hacer leyes - incluso desplazando los intereses y preferencias de los poderes locales - y dirigir la política internacional. Pero la articulación de centros urbanos - entre sí y con las zonas rurales con las que coexisten y dependen - puede dar lugar a una idea de soberanía más fluida y que se acomode mejor a las necesidades de las nuevas ciudadanías.
Este artículo es parte de una serie publicada en colaboración con la Iniciativa Young sobre la Economía Política Global del Occidental College, la división de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto sobre Desigualdades en Salud Global de la USC. Se deriva de un taller realizado en septiembre de 2019 en Occidental sobre ”Conversaciones globales transversales sobre los derechos humanos: interdisciplinariedad, interseccionalidad e indivisibilidad”.