El Covid-19 y la responsabilidad de brindar información sanitaria a poblaciones diversas

Mientras las naciones europeas tratan de brindar información acerca del Covid-19 a poblaciones de inmigrantes y minoritarias, Noruega ilustra una aproximación incluyente y centrada.



United Nations COVID-19 Response/Unsplash


Aunque pareciera que las estrictas políticas de Noruega parecen haber tenido éxito en suprimir la Covid-19 y brindar atención efectiva, los reportes en las primeras semanas del brote mostraron una tasa desproporcionada de pacientes urbanos de ascendencia inmigrante. Aunque todos los grupos poblacionales tienen, en el papel, el derecho a la salud sin discriminación y a pesar de la traducción de los materiales informativos, la poca efectividad en llegar a las personas en comunidades inmigrantes con información relevante acerca del contagio del coronavirus desencadenó una crítica sustancial de parte de los actores de la sociedad civil y activistas. Como respuesta, el Gobierno destinó unos fondos para fortalecer la capacidad informativa de seis ONG, ninguna de ellas organizaciones comunitarias de base inmigrante, lo cual conllevó a una nueva ola de reclamos por discriminación, exclusión y bajo empoderamiento. Los ejemplos de Suecia, Alemania y el Reino Unido (y Canadá) muestran desafíos similares en relación con la información sanitaria incluyente y no discriminatoria. Creemos que este asunto es una de las dimensiones de derechos humanos más importantes en la respuesta a la Covid-19.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su Artículo 12 y la Observación General No. 14 del Comité DESC insta a que los Estados aseguren a todos los residentes el acceso a instituciones que presten servicios de salud y cuidado. Esto, según la OG 14, implica una responsabilidad de “impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades”. Para que esté disponible y sea accesible, adecuada y comprensible, la información sanitaria debe considerar el conjunto de factores como la edad, el género, el lenguaje, la situación social, el nivel educativo, las creencias culturales y las posibles discapacidades de las personas dentro de distintos grupos. Esto a su vez requiere de un enfoque participativo en el diseño de medidas e información sanitarias.

La evidencia empírica muestra que los programas de información que, en el papel, parecen iguales para todos pueden tener distintos efectos y resultados para los diferentes grupos poblacionales.

Aunque la igualdad formal está basada en el principio de que los casos similares se traten de la misma manera, la igualdad sustantiva requiere que los casos diferentes se traten de manera distinta. La evidencia empírica muestra que los programas de información que, en el papel, parecen iguales para todos pueden tener distintos efectos y resultados para los diferentes grupos poblacionales y, por lo tanto, tienen efectos de discriminación indirectos o sistémicos.

Las autoridades nacionales tienen un amplio marco de discreción para decidir qué medidas informativas, bajo las circunstancias actuales, están mejor diseñadas para combatir el contagio del Covid-19. A continuación, usamos a Noruega como un ejemplo de caso para resaltar siete elementos clave para tener un enfoque incluyente y centrado en los derechos sociales y económicos en materia de la información sanitaria:

  1. Los planes nacionales de preparación sanitaria deben integrar una perspectiva de diversidad sociocultural con antelación a la crisis. Los planes nacionales de preparación en Noruega ante las enfermedades contagiosas han sido criticados durante muchos años por la sociedad civil debido a la falta de una perspectiva de diversidad social. Más aún, el Comité DESC y el Comité de Raza han instado a Noruega a que brinde una mejor información acerca de los derechos a la salud a las minorías.
     
  2. Las estrategias nacionales de información deben considerar qué canales son necesarios para llegarle a distintos grupos poblacionales. Aunque las redes sociales han hecho más accesible la información, varían las habilidades digitales y la capacidad de acceder a la información en línea. Al considerar los canales relevantes de información, se debe apuntar a los sectores de trabajos con alta exposición que son realizados por inmigrantes, como conductores de taxis o autobuses, trabajadores sanitarios, vendedores de tiendas o trabajadores de limpieza.
     
  3. La información debe traducirse a los idiomas que hablan los distintos grupos poblacionales y diseminarse a través de canales digitales y análogos adecuados. Esto implica asegurar que se pongan a disposición afiches con información importante en lugares visibles (buses, espacios públicos y tiendas) en varios idiomas en áreas donde vivan los inmigrantes. Esta información debe darse a tiempo. Aunque la página web del Instituto de Salud Pública de Noruega brindó la información traducida en varios idiomas poco después de que se anunciaron las medidas nacionales, los esfuerzos para llegar a las comunidades inmigrantes no fueron lo suficientemente sistemáticos ni apropiados.
     
  4. Para que sea relevante, la información brindada debe estar diseñada de manera que considere las condiciones habitacionales de los distintos grupos poblacionales. Un factor importante es tamaño del hogar, dado que, por ejemplo, el 38% de los noruegos somalíes viven en condiciones de hacinamiento. En esas circunstancias, la información estándar acerca del distanciamiento social es inadecuada. En lugar de ello, se necesita información concreta acerca de qué medidas pueden tomar quienes viven en áreas hacinadas. Sabemos que las dinámicas de género dentro de una familia, por ejemplo, tienen implicaciones en términos de quién es probable que traiga el virus y quién esté a cargo de la sanidad, la limpieza y el cuidado.
     
  5. La información acerca de cómo protegerse uno mismo contra la infección debe comunicarse de manera respetuosa y comprensible. Si la traducción de documentos de salud pública hace un listado de instituciones sanitarias que no sean conocidas por la comunidad y utiliza un lenguaje técnico y burocrático, el mensaje puede perderse e incluso puede haber malentendidos. También se podría necesitar una traducción “cultural” de las medidas para prevenir el contagio de la infección, con ejemplos concretos que sean fáciles de comprender. Un desafío similar es que algunas personas ven la enfermedad y la muerte como eventos que están determinados por el destino o como un castigo por romper normas sociales, religiosas o culturales. En esas situaciones, el trabajo con expertos en distintas religiones, creencias culturales y sociales y visiones de mundo pueden mejorar la comunicación.
     
  6. La desinformación y las teorías conspirativas acerca de la Covid-19, esparcidas por las redes sociales, presentan desafíos tanto para los grupos minoritarios como mayoritarios. Pero este tema puede requerir enfoques distintos de salud pública para corregir y eliminar falsedades acerca de los riesgos a la salud, las estrategias de mitigación y el tratamiento.
     
  7. Finalmente, las campañas de información basadas en la comunicación de una sola vía son poco efectivas. El contenido y la estructura de la información debe desarrollarse en colaboración con las comunidades afectadas y con organizaciones que tengan competencias lingüísticas y culturales, y con el conocimiento y la confianza de las comunidades inmigrantes.

El caso noruego no es único. Es el epítome de la debilidad de las campañas informativas de salud pública “unificadas”. También indica que la legislación formal es sólo el punto de partida: para promover el acceso universal a la información sanitaria, los planes nacionales de preparación deben integrar una perspectiva interseccional de diversidad sociocultural con antelación a una crisis.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: May 14, 2020

Anne Hellum (Dr.Juris UiO) es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo.

Kristin Bergtora Sandvik (SJD Harvard Law) es profesora de sociología legal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo y profesora investigadora en Estudios Humanitarios en PRIO.

Tatanya Valland (PhD UiO) es investigadora y consejera académica.

Marta Bivand Erdal (PhD UiO) es profesora investigadora en Estudios de Migración en PRIO.


 

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