Exclusión masiva del sistema nacional de identificación en Uganda
Durante casi una década, el sistema nacional de identificación digital de Uganda se ha basado en promesas de aumentar la inclusión y fomentar la seguridad. Estos compromisos han resultado a menudo esquivos para los más vulnerables, poniendo de manifiesto serias preocupaciones sobre la aplicación de los derechos humanos en el contexto del gobierno digital.
El sistema nacional de identificación de Uganda, también conocido como Ndaga Muntu, sigue una estructura similar a la de muchos sistemas de identificación centralizados. Se organiza en torno a una base de datos central donde se digitaliza y almacena la información personal y biométrica. La Autoridad Nacional de Identificación y Registro (NIRA, por sus siglas en inglés) se creó para administrar esta base de datos; recopilar datos, incluidos escáneres biométricos de huellas dactilares y fotografías faciales; y expedir un número de identificación nacional único y un documento nacional de identidad a quienes superen con éxito un proceso de verificación de la ciudadanía.
En los años transcurridos desde su introducción en 2014, la NIRA ha tenido dificultades para garantizar que todos los adultos que cumplen los requisitos se inscriban correctamente. Según estimaciones recientes del auditor general, más de 10,8 millones de documentos de identidad no se habían tramitado y más de 13,65 millones no se habían expedido. Ha habido numerosos casos de errores, así como un sistema de tasas que hace prohibitivo para muchos ugandeses subsanar los errores o sustituir las tarjetas perdidas o dañadas. El resultado ha sido una exclusión masiva, sobre todo para quienes pertenecen a grupos marginados, como las personas mayores, las mujeres, las minorías étnicas y las personas que viven en la pobreza.
Empeorar las cosas: el peligro de una integración excesiva
Por sí sola, esta exclusión es suficientemente preocupante, ya que millones de ugandeses han quedado excluidos del sistema nacional de documentos de identidad, una fuente clave de identidad oficial. Para empeorar las cosas, ahora las personas deben demostrar su identidad a través de este sistema defectuoso antes de poder acceder a la asistencia sanitaria, la seguridad social y otros servicios. La Ley de Registro de Personas de 2015, la legislación que sustenta el sistema nacional de identidad, codifica esta integración. Las instituciones que prestan servicios públicos están ahora obligadas a solicitar un número de identificación nacional o un documento nacional de identidad.
Combinada con el problema de la exclusión masiva, esta agenda excesivamente ambiciosa para la integración del DNI nacional ha dado lugar a un catálogo de perjuicios. Miles de personas mayores han quedado excluidas de un programa clave de protección social destinado a paliar la pobreza, el Subsidio para Mayores. Como consecuencia, se les niega el acceso a lo que a menudo es su única fuente de ingresos y corren el riesgo de caer aún más profundamente en la pobreza extrema. También ha habido numerosos casos de mujeres y niños que carecen de documento nacional de identidad y son "expulsados" de los centros de salud cuando necesitan desesperadamente atención médica.
El sistema nacional de identificación se ha convertido, por tanto, en una barrera infranqueable para el acceso a servicios vitales para algunos de los más vulnerables, que no pueden sortear los obstáculos administrativos, legales, técnicos y financieros impuestos por la NIRA.
Hacer cumplir los derechos humanos en el contexto de los documentos de identidad digitales y el gobierno digital
En este contexto, tres organizaciones de la sociedad civil ugandesa (Initiative for Social and Economic Rights, Unwanted Witness y Health Equity and Policy Initiative) han interpuesto un recurso judicial. Los demandantes alegan que el uso obligatorio del sistema nacional de identificación viola el derecho a la salud y a la seguridad social, así como a la igualdad y a la no discriminación. Buscan tanto una declaración formal que reconozca estas graves violaciones como soluciones inmediatas para los excluidos. Esto incluiría permitir formas alternativas de identificación y la supervisión judicial del sistema nacional de identificación.
Desde luego, éste no es el primer caso de impugnación de un sistema nacional de identificación digital por violación de los derechos humanos. En India, Kenia y Jamaica se han dictado sentencias que limitan, o incluso anulan por completo, sistemas nacionales de identificación digital similares. En Jamaica, por ejemplo, el Tribunal Supremo dictaminó que un sistema de identificación digital propuesto era inconstitucional debido a que el registro obligatorio en el programa, que recogía amplia información biográfica y biométrica, violaba el derecho a la intimidad. Los tribunales han reconocido sistemáticamente los graves riesgos de exclusión y discriminación, y a veces incluso han suavizado los requisitos obligatorios para permitir alternativas. Sin embargo, la exclusión todavía no ha sido motivo para invalidar un sistema e, incluso después de las intervenciones judiciales, los problemas de exclusión, fraude y errores suelen persistir.
Lo que hace que el caso de Uganda sea novedoso es tanto el amplio historial de daños como el hecho de que se centre en el uso de los derechos económicos y sociales para frenar un sistema de identificación digital. En virtud de numerosos tratados de derechos humanos a los que Uganda está vinculada, el gobierno tiene fuertes obligaciones positivas de proporcionar un acceso equitativo a los servicios esenciales, así como fuertes obligaciones negativas contra la introducción de medidas regresivas y la introducción de barreras discriminatorias. El Tribunal Superior de Uganda ya ha aceptado un informe amicus de un antiguo relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, que expone la carga extremadamente pesada que debe soportar el gobierno para justificar su acción -y su inacción- a la hora de abordar las barreras al acceso.
Dado el franco reconocimiento por parte del gobierno ugandés de sus dificultades para hacer que funcione el sistema de identificación digital, será difícil proporcionar una justificación aceptable para los daños bien documentados y el daño continuo a los sistemas de asistencia sanitaria y protección social.
Las personas excluidas de los servicios públicos en Uganda necesitan urgentemente soluciones inmediatas, que sin duda serán el principal objetivo del caso a medida que avance. Pero al tribunal también se le ha presentado la oportunidad de transformar la jurisprudencia emergente en torno a los sistemas de identificación digital, examinando las pruebas y reconociendo que el uso de un sistema nacional de identificación digital que excluye a los grupos marginados de los sistemas de protección social y atención sanitaria constituye una grave violación de los derechos humanos. El tribunal podría enviar un mensaje contundente de que los gobiernos deben dar prioridad al acceso a los derechos económicos y sociales por encima de las promesas, a menudo esquivas, de los documentos de identidad digitales.