Identidades en la mira: la censura del contenido LGBTQ en Internet alrededor del mundo

Una empresa canadiense permite que su software se utilice a nivel mundial para censurar el acceso a la información sobre temas LGBTQ, en violación de las normas internacionales.


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Foto: Land Rover Mene/Wikimedia


Si usted se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y quiere acceder al sitio web de GLAAD o la Human Rights Campaign, es posible que no tenga suerte: en lugar de llegar a los sitios web de estas dos organizaciones de defensa LGBTQ, se le notificará que están bloqueadas. Si está en Bahréin, Sudán, Emiratos Árabes Unidos o Yemen e intenta buscar las palabras “gay” o “lesbiana” en Google, sin cifrado HTTPS, también llegará a una página bloqueada. Enfrentará obstáculos similares si está en Afganistán o Kuwait e intenta acceder al blog Vanguard de Los Angeles LGBT Center.

¿Cuál es el rasgo común que comparten estos ejemplos? Todos son consecuencia de que varios países están utilizando la misma tecnología de filtros, producida por la empresa canadiense Netsweeper, para impedir el acceso a contenido que está protegido conforme a los marcos internacionales de derechos humanos.

La tecnología de filtros de Netsweeper se utiliza con frecuencia para limitar y bloquear el acceso a ciertos sitios web que podrían considerarse inapropiados. En las escuelas, puede utilizarse para bloquear el acceso a la pornografía; en las oficinas, para limitar el acceso de los empleados a las redes sociales. Pero en manos de gobiernos autoritarios que controlan las capacidades de Internet de todo un país, esta tecnología se torna en algo más inquietante.

En abril de 2018, Citizen Lab publicó un informe que identificaba instalaciones de Netsweeper en redes de 30 países. Descubrimos que esta tecnología se estaba utilizando para filtrar una variedad de contenidos, entre ellos, contenidos religiosos, medios de comunicación independiente y sitios web de política críticos. En cinco de esos países, encontramos casos en los que se bloqueaba contenido relacionado con temas LGBTQ. La lista de páginas bloqueadas es extensa e incluye sitios de noticias y cultura LGBTQ, organizaciones sobre VIH/SIDA y organizaciones de defensa y promoción como la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés).

En otros casos, encontramos contenido LGBTQ no pornográfico que se había clasificado incorrectamente como “pornografía”; esto resulta particularmente problemático dado que la pornografía es uno de los contenidos que se bloquean con más frecuencia. Esta clasificación errónea del contenido LGBTQ pone de relieve las consecuencias de que los procesos automatizados de categorización malinterpreten la presencia de ciertas palabras clave y, por lo tanto, confundan el material de salud sexual con el contenido para adultos.

Un motivo de especial preocupación fue la evidencia de que algunos contenidos se bloquearon en los EAU porque Netsweeper los clasificó como “Estilos de vida alternativos”. De acuerdo con la descripción que ofrece la empresa, esta categoría estandarizada incluye: “toda la gama de prácticas, intereses y orientaciones sexuales no tradicionales”.

Esta categoría de contenido es especialmente problemática, pues no parece tener ningún propósito más allá de facilitar el bloqueo del contenido LGBTQ no pornográfico. Reconocemos que es posible que una empresa de filtros de Internet como Netsweeper no pueda garantizar que los clientes no utilicen su producto para filtrar contenido LGBTQ u otros contenidos protegidos. Sin embargo, estas empresas no deberían simplificar el filtrado de estos materiales mediante, por ejemplo, la creación de categorías de contenido como “Estilos de vida alternativos”.

El bloqueo sistemático y generalizado de contenidos tiene una serie de efectos adversos y contribuye a una mayor estigmatización de las personas LGBTQ en países que quizás ya tengan un alto grado de discriminación. Al bloquear el acceso a las organizaciones sobre VIH/SIDA, Netsweeper puede estar limitando el acceso a información de salud que podría salvar vidas. Las investigaciones también indican que Internet ofrece espacios seguros en los que los miembros de comunidades minoritarias pueden estar en contacto, compartir recursos y formar vínculos sociales sólidos. A falta de estos medios, muchas personas LGBTQ se encuentran aún más aisladas en sistemas que podrían criminalizar su mera existencia. Y a mayor escala, el bloqueo del acceso a medios de comunicación diversos que ofrezcan diferentes puntos de vista garantiza que las conversaciones de la sociedad sobre la orientación sexual y las identidades de género permanezcan estancadas, lo que frena la aceptación social más amplia.

Desde una perspectiva jurídica, el uso de la tecnología Netsweeper para bloquear el acceso al contenido LGBTQ genera inquietudes sobre las violaciones de varios derechos protegidos a nivel internacional, entre ellos, el derecho a la libertad de opinión y expresión, la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, y el derecho a la no discriminación.

Los Estados tienen la obligación legal de salvaguardar la libertad de expresión de todas las personas LGBTQ y garantizar que cualquier restricción sobre estos derechos no sea discriminatoria. Como parte de los  Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, todos los gobiernos, incluido el de Canadá, también tienen la obligación de proteger contra las violaciones de derechos humanos por parte del sector privado, lo que incluye “enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades”, incluso a nivel extraterritorial. Sin embargo, en el caso de Netsweeper, el gobierno de Canadá ha brindado apoyo financiero y ha promovido a la empresa en misiones comerciales organizadas por el gobierno, y continúa brindando apoyo comercial.

Además, conforme a los mismos Principios Rectores, las empresas como Netsweeper tienen la responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Si bien los 10 países que destacamos pueden tener marcos jurídicos que permiten esta clase de censura en Internet, eso no exime a las empresas privadas que operan en una jurisdicción determinada de acatar el derecho internacional. Los Principios Rectores establecen que la responsabilidad de las empresas privadas es “una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos”.                                     

Nuestra investigación ha demostrado que el uso de los productos y servicios de Netsweeper tiene efectos negativos considerables sobre la libertad de expresión de las personas LGBTQ y su acceso a la información. Sin embargo, no parece que Netsweeper haya cumplido su responsabilidad de respetar los derechos humanos al realizar sus actividades. La empresa no tiene un compromiso de política pública visible, algún proceso de diligencia debida o medidas correctivas en materia de derechos humanos.

Existen precedentes de empresas que desarrollan tecnologías de censura de Internet y toman medidas concretas para limitar las repercusiones de sus productos y servicios para las comunidades LGBTQ. En 2011, Lightspeed Systems, una empresa que desarrolla servicios de filtros de Internet para contextos educativos, anunció que eliminaría la categoría de contenido “education.lifestyles” (educación.estilosdevida) que bloqueaba el acceso a la información educativa relacionada con cuestiones LGBTQ. De manera similar, en 2013, Blue Coat Systems anunció que eliminaría la categoría de contenido “LGBTQ” de su producto WebFilter. Otras empresas que desarrollan tecnologías de filtros de Internet han hecho declaraciones públicas sobre sus propias prácticas de responsabilidad social empresarial, como Juniper Networks, Symantec y Forcepoint.

Dado el efecto que tienen estas tecnologías sobre las comunidades LGBTQ y otros grupos afectados por esta clase de censura, los Estados deben garantizar que el apoyo comercial y financiero esté condicionado al compromiso de las empresas con los derechos humanos. Además, las empresas deben adoptar procesos para evaluar y mitigar los efectos de sus productos y servicios sobre los derechos humanos.


Ronald Deibert es el director, Adam Senft es el gerente de Operaciones y Miles Kenyon es el especialista en comunicaciones de Citizen Lab, en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública de la Universidad de Toronto.


 

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