La documentación, que en su día fue la columna vertebral del trabajo en favor de los derechos humanos, se encuentra ahora en crisis. Las investigaciones formales, los archivos seleccionados y las pruebas jurídicas están perdiendo terreno en medio de los cambios en los enfoques de la filantropía, la precariedad de las ONG y la reducción de los espacios cívicos. A pesar de que los métodos de documentación establecidos utilizan nuevas tecnologías, el escepticismo hacia las estrategias de denuncia pública y los instrumentos jurídicos ha dejado a la documentación luchando por su relevancia, especialmente en contextos de crisis que exigen respuestas rápidas.
Sin embargo, la documentación no ha desaparecido. Por el contrario, se ha fragmentado, descentralizado y controvertido, lo que plantea preguntas urgentes sobre su papel. Desde Myanmar hasta Estados Unidos, pasando por Palestina y Filipinas, las imágenes de abusos grabadas con teléfonos móviles inundan ahora las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, ofreciendo formas fragmentadas pero vitales de documentación. A medida que se desmoronan las estructuras tradicionales, surgen nuevas formas. La cuestión ya no es si la documentación persistirá, sino cómo evolucionará, quién la controlará y si seguirá sirviendo como herramienta para la verdad y la resistencia.
El futuro de la documentación no puede estar dictado únicamente por las prioridades cambiantes de los financiadores, los gobiernos o las empresas tecnológicas. Por el contrario, debe recuperarse como un acto colectivo de gestión, garantizando que la documentación de los derechos humanos siga siendo no solo una herramienta de rendición de cuentas jurídica, sino un medio para perseguir la justicia en todas sus formas.
Los últimos clavos en el ataúd de la documentación
Durante décadas, las organizaciones de derechos humanos han dependido de fundaciones filantrópicas, subvenciones gubernamentales e instituciones multilaterales para financiar sus esfuerzos de documentación. Este apoyo ha sostenido las investigaciones sobre el terreno, la recopilación de pruebas y la preparación de casos legales. Sin embargo, el panorama de la financiación ha cambiado drásticamente, remodelando el papel y la viabilidad de la documentación.
Durante los últimos 40 años, HURIDOCS ha ayudado a grupos de derechos humanos de todo el mundo con sus necesidades tecnológicas y de documentación, y hemos sido testigos directos de este cambio. Los donantes se inclinan cada vez más por proyectos a corto plazo y orientados a la incidencia, en detrimento de la documentación sostenida. Muchas organizaciones han integrado los equipos de documentación en los departamentos de incidencia política, dando prioridad a la acción política sobre el mantenimiento de registros a largo plazo. Al mismo tiempo, la filantropía tecnológica ha promovido intervenciones basadas en datos, haciendo hincapié en el uso de la inteligencia artificial, las herramientas digitales en tiempo real y las soluciones escalables. Si bien estas innovaciones pueden mejorar la eficiencia, corren el riesgo de dejar de lado los testimonios orales, la investigación etnográfica y el trabajo de archivo cualitativo, prácticas que se resisten a las «seducciones de la cuantificación».
Los gobiernos hostiles a la rendición de cuentas en materia de derechos humanos han restringido aún más la financiación extranjera, impuesto barreras legales y desacreditado a las ONG. A medida que la documentación se vuelve cada vez más fragmentada y precaria, su futuro como herramienta para la justicia, la defensa y la memoria se vuelve cada vez más incierto.
El renacimiento radical de la documentación
En respuesta a las crecientes presiones, han surgido nuevos enfoques, moldeados por la tecnología, los actores de base y las necesidades impulsadas por las crisis. Si bien estos métodos mejoran la adaptabilidad, también introducen nuevos retos.
Las tecnologías digitales y móviles han democratizado la documentación, que antes estaba dominada por actores internacionales e investigadores jurídicos. Ahora son las propias comunidades las que utilizan teléfonos inteligentes, mensajería encriptada y redes sociales para registrar los abusos y difundirlos al instante. Este auge de los contenidos digitales ha impulsado la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), que analiza imágenes de satélite, redes sociales y datos de geolocalización para investigaciones sobre derechos humanos. Las prácticas de OSINT siguen expandiéndose a pesar de las preocupaciones sobre el consentimiento, la privacidad y el uso indebido. Las tecnologías emergentes, como el blockchain y la inteligencia artificial, supuestamente ofrecen registros a prueba de manipulaciones y la automatización de la transcripción y el análisis, pero también introducen riesgos de ciberseguridad, cuestiones de control corporativo y barreras de accesibilidad. La descentralización empodera, pero complica la verificación, lo que hace que la documentación sea vulnerable a la manipulación y la desinformación. Incluso cuando se recopilan pruebas, su admisibilidad legal sigue siendo dudosa.
Dado que los mecanismos de rendición de cuentas establecidos no logran captar, y mucho menos actuar sobre, el alcance total de las violaciones de los derechos humanos, la documentación comunitaria de base ha cobrado importancia, en particular para los grupos marginados cuyas experiencias siguen estando infrarrepresentadas en los procesos judiciales formales. La investigación-acción participativa (IAP) ofrece una alternativa, al pasar la documentación de una función puramente probatoria a un proceso centrado en los supervivientes y con base cultural. Las metodologías de la IAP, como los círculos de narración, las cajas de recuerdos y el mapeo corporal, se han utilizado para documentar la violencia sexual y de género (VSG) preservando la identidad cultural. Arraigados en los enfoques feministas y en el Sur Global, estos métodos dan prioridad a la agencia de las sobrevivientes, transformando la documentación de los derechos humanos en un acto de empoderamiento en lugar de una obligación burocrática. Al integrar técnicas participativas en marcos de justicia más amplios, las iniciativas impulsadas por la IAP desafían las exclusiones sistémicas y fomentan la resiliencia, la sanación y la memoria colectiva.
En HURIDOCS, en colaboración con documentalistas de Asia-Pacífico, hemos elaborado los Principios de Documentación de Respuesta Rápida (RRD) para orientar la documentación de crisis. Entre ellos, el principio de «Documentación como responsabilidad compartida» hace hincapié en la responsabilidad colectiva de preservar las pruebas, al tiempo que se garantiza que las comunidades afectadas mantengan el control sobre sus narrativas. El principio de «Documentación mínima viable» reconoce la urgencia de las crisis y subraya que solo deben recogerse los detalles esenciales necesarios para la justicia y la rendición de cuentas en momentos concretos. La RRD no se limita a mejorar la documentación, sino que busca remodelar las dinámicas de poder centrándose en las necesidades de las víctimas y dotando a los documentalistas de primera línea de las herramientas necesarias para actuar con rapidez y seguridad. Si bien estos principios han guiado la documentación de crisis en Ucrania, Gaza y Bangladesh, siguen siendo en gran medida conceptuales. Deben desarrollarse plenamente para convertirse en herramientas concretas y contar con el apoyo significativo de las principales partes interesadas para garantizar su impacto duradero.
La labor inconclusa de la documentación
Si bien los nuevos métodos de documentación ofrecen posibilidades innovadoras, también plantean importantes retos éticos, jurídicos y prácticos. La documentación descentralizada y de colaboración colectiva suscita preocupaciones en materia de verificación y confianza. La proliferación de deepfakes, vídeos manipulados y desinformación patrocinada por el Estado hace que sea más fácil que nunca desacreditar las pruebas auténticas, lo que socava la legitimidad de los esfuerzos de documentación.
La fragilidad de la documentación digital complica aún más estos retos. Las pruebas almacenadas en las redes sociales, las plataformas en la nube y los servidores cifrados son vulnerables a la censura gubernamental, la pérdida de datos y la piratería informática. Los regímenes autoritarios de la era digital ya han borrado documentación crítica cerrando el acceso a Internet, suprimiendo así las pruebas de la violencia estatal.
Los modelos predictivos basados en la inteligencia artificial y las herramientas de documentación con seguimiento en tiempo real, aunque prometedores, también plantean riesgos. Las tecnologías de transcripción, traducción y reconocimiento facial automatizadas pueden malinterpretar el contexto, borrar matices y reforzar los sesgos, especialmente en zonas de conflicto. En la era de los deepfakes, los medios sintéticos y la IA generativa, tendremos dificultades para discernir la verdad en un ecosistema de información ya inundado de contenidos.
A medida que desarrollamos nuevos paradigmas de documentación, también debemos afrontar el riesgo real e inmediato de perder la documentación del pasado. Los recortes de financiación amenazan la supervivencia de iniciativas de larga trayectoria. Las organizaciones que han dedicado años a recopilar y preservar pruebas fundamentales están cerrando, poniendo en peligro archivos y conjuntos de datos completos. Sin una intervención rápida, corremos el riesgo de perder no solo los documentos en sí, sino también las historias, las luchas y las verdades que contienen.
Reimaginar la documentación como una gestión colectiva
Mientras se sigue cuestionando la eficacia de los modelos de documentación convencionales y los nuevos enfoques siguen planteando problemas éticos, el futuro de la documentación de los derechos humanos debe encontrar un equilibrio entre la credibilidad, la accesibilidad y la resiliencia. Un modelo híbrido que combine el rigor de los métodos establecidos con la base del trabajo participativo, la eficiencia de las herramientas digitales y la agilidad de la respuesta rápida ofrece una vía para avanzar.
Al mismo tiempo, también debemos reconsiderar qué infraestructuras y prácticas de documentación elegimos mantener al replantearnos el panorama de la financiación. Este momento exige un cambio continuo del poder hacia las comunidades locales, no solo en la forma en que se crea la documentación, sino también en la forma en que se diseñan, mantienen y gestionan las bases de datos y los archivos. Es esencial evitar reforzar la dependencia de las infraestructuras estatales y corporativas o confiar únicamente en modelos legalistas y tecnocráticos de preservación. Si la documentación es una práctica fundamental que sustenta el ámbito de los derechos humanos, entonces reimaginar nuestras bases de datos y archivos —cómo se construyen, quién los controla y para qué sirven— debe convertirse en una responsabilidad compartida.
La documentación de los derechos humanos ha muerto. ¡Larga vida a la documentación de los derechos humanos!