A principios de este año, la Junta de Supervisión de Meta (la Junta) revocó una decisión de Facebook de mantener una publicación dirigida a una destacada defensora de los derechos humanos (DDH) peruana y miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una coalición nacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) con más de 40 años de experiencia. La imagen la mostraba con sangre en la cara, lo que sugería una herida en la cabeza. El pie de foto acusaba a las ONG peruanas de «incitar a la violencia» y hacer un uso indebido de los fondos extranjeros.
Pero lo que Meta descartó inicialmente como una metáfora inofensiva sobre una DDH con «las manos manchadas de sangre» dio lugar a una lección crucial sobre por qué el contexto —quién, qué y cómo— es clave para garantizar que el contenido se interprete con precisión, que las decisiones se tomen con conocimiento de causa y que la seguridad esté garantizada en la plataforma.
Detalles del caso
La publicación fue realizada por el líder de La Resistencia, un grupo extremista conocido por difundir desinformación y organizar ataques físicos y en línea. Facebook decidió inicialmente que la publicación no violaba su política sobre violencia e incitación, describiendo el rostro ensangrentado de la defensora de los derechos humanos como metafórico y calificando el contenido como «comentario político».
Después de que la publicación se hiciera pública, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la denunció a Facebook, advirtiendo que suponía una amenaza velada en un contexto volátil en el que los ataques en línea suelen avivar la violencia física. Otros defensores de los derechos humanos y una organización internacional miembro del Programa de Socios de Confianza de Meta respaldaron la denuncia. Tras la decisión de Facebook de mantener la publicación, CEJIL apeló.
La Junta de Supervisión es un organismo independiente encargado de revisar las decisiones tomadas en los servicios de Meta, como Facebook, Instagram y Threads, y de evaluar si dichas decisiones se ajustan a las políticas, los valores y los compromisos de Meta en materia de derechos humanos. La Junta recibe millones de solicitudes y solo revisa una pequeña parte de las presentaciones, dando prioridad a los casos que plantean cuestiones complejas y sistémicas con implicaciones globales relacionadas con sus prioridades estratégicas. Como resultado, es posible que muchos casos graves pero localizados nunca se aborden, lo que hace aún más crucial que la sociedad civil tome medidas.
Si un proceso de apelación interno no aborda el contenido marcado en línea, las personas que no estén de acuerdo con una decisión de los servicios de Meta pueden presentar su caso ante la Junta. La Junta revisará entonces la situación y tomará una decisión definitiva y vinculante para Meta. También puede emitir recomendaciones políticas más amplias para mejorar las normas que rigen a miles de millones de usuarios, conocidas como Normas de la comunidad, que abarcan áreas como la violencia y la incitación.
La Junta concluyó que la publicación era una amenaza velada y que debería haberse eliminado. Fundamentalmente, hizo hincapié en que el contexto es crucial: quién publicó el material, cuál es la dinámica local y cómo funcionan esas imágenes en entornos en los que las amenazas contra los defensores de los derechos humanos son habituales y a menudo quedan impunes.
Esta decisión supone un importante reconocimiento de los peligros a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en todo el mundo y de la responsabilidad de las plataformas digitales a la hora de protegerlos o ponerlos en peligro. Este caso histórico ofrece tres lecciones clave: el contexto importa, la inacción no es neutral y la supervisión independiente respaldada por la sociedad civil puede impulsar el cambio.
Comprender la amenaza: el contexto es clave
Perú está atravesando una profunda crisis marcada por la erosión de las instituciones democráticas y el creciente autoritarismo. En este entorno, los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la defensa de las libertades fundamentales y el orden constitucional. Pero su labor tiene un coste: la intensificación de las amenazas físicas y en línea, a menudo procedentes de grupos extremistas envalentonados por la impunidad.
Grupos militantes como La Resistencia atacan habitualmente a los defensores de los derechos humanos con amenazas de muerte, agresiones físicas, acoso, doxxing y campañas de desprestigio, incluida la táctica incendiaria del terruqueo, es decir, la falsa acusación de terrorismo. La persona responsable de la publicación que motivó la decisión de la Junta tiene un historial documentado de comportamiento amenazante y ha sido condenada por difamación contra organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, estos ataques suelen ser reforzados, en lugar de castigados, por los actores estatales. El acoso físico y digital suele ser el primer paso, un peligro agravado por los gobiernos que buscan ejercer un mayor control sobre la sociedad civil. En abril de 2025, el Congreso peruano promulgó una ley que permite al Gobierno sancionar arbitrariamente a las organizaciones que reciben financiación internacional. Estas iniciativas han sido condenadas por los relatores especiales de la ONU y los gobiernos por violar las normas internacionales. Sin embargo, medidas similares han ganado terreno en toda América Latina, desde Paraguay hasta El Salvador y Venezuela.
La inacción no es neutral
Tanto los Estados como las plataformas digitales tienen el deber de prevenir y responder a las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, tanto fuera de línea como en línea. En virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y otras normas internacionales de derechos humanos, las plataformas deben garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan expresarse y organizarse de forma segura.
Cuando las amenazas no se controlan, ya sea por parte de actores estatales o de plataformas digitales, el resultado no es la neutralidad, sino una posible complicidad. Permitir que circule contenido amenazante legitima los ataques, envalentona a los agresores y silencia las voces disidentes. Crea un efecto intimidatorio que socava la democracia.
Supervisión independiente
Por eso es tan crucial la determinación de la Junta: emitió una orientación fundamental para casos futuros con el fin de prevenir daños a los defensores de los derechos humanos y afirmó la necesidad de que las plataformas digitales comprendan la dinámica política y social antes de tomar decisiones de aplicación. Aunque una crítica común cuestiona la autonomía de la Junta debido a su financiación, su independencia no es solo una promesa, sino que está protegida estructural y legalmente. Su gobernanza se establece a través del Oversight Board Trust, una entidad jurídica irrevocable diseñada para salvaguardar el juicio independiente de la Junta frente a Meta.
La decisión de la Junta sienta un importante precedente, ya que también recomienda que Facebook actualice sus Normas comunitarias para prohibir explícitamente las amenazas codificadas en las que el método de violencia podría no estar claramente articulado. También pide una revisión anual de cómo se gestionan esas amenazas, evaluando la precisión de Meta a la hora de identificar posibles amenazas veladas y exigiendo que se preste especial atención al contenido que contiene amenazas contra los defensores de los derechos humanos que permanece incorrectamente en la plataforma, así como a los casos de discurso político que se han eliminado incorrectamente.
En última instancia, este caso pone de relieve cómo la libertad de expresión y la rendición de cuentas están profundamente interrelacionadas. Cuando la supervisión se basa en las realidades locales y cuenta con el apoyo de la sociedad civil, puede remodelar las normas de participación en línea y ayudar a proteger a las personas que corren mayor riesgo.
La decisión de la Junta en este caso peruano no resuelve todos los retos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en Internet, pero sí señala el camino a seguir. Demuestra que la inacción de una plataforma conlleva riesgos reales, que el contexto debe ser fundamental en las decisiones de eliminar contenidos y que la supervisión independiente puede marcar la diferencia en la protección de los defensores de los derechos humanos frente a las amenazas digitales.