Situar los derechos humanos en el centro de las luchas por la salud y la igualdad social

Hemos progresado en materia de derechos económicos y sociales, pero la comunidad de derechos humanos necesita estrategias nuevas y mucho más colaborativas para hacer frente a las desigualdades que subyacen a las continuas violaciones de derechos.



Mujeres en Guatemala participan en la coreografía de "Un violador en tu camino." En una parte gritan, "El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves". Photo: Edwin Bercian/EFE.


El hecho de que actualmente un poco más de 2,000 multimillonarios tengan una mayor proporción de la riqueza mundial que el 60 % de la población del planeta supone una amenaza existencial para la democracia en muchos países y para un orden internacional pacífico y seguro. Las enormes desigualdades sociales alimentan el conflicto, el desplazamiento y la injusticia climática, y tienen una interacción tóxica con las crecientes tendencias hacia el populismo y el autoritarismo. Los derechos humanos deben estar en el centro de las luchas por un cambio social significativo a fin de preservar las aspiraciones a un orden social en el que las personas diferentes tengan igual dignidad, lo que incluye la justicia económica. Pero como ya se ha sugerido en este foro, para que esto suceda, las personas defensoras de derechos humanos tenemos que cuestionar algunas de nuestras apreciadas certezas, desarrollar nuevas estrategias y métodos, aliarnos con movimientos sociales progresistas a nivel nacional e internacional, y crear nuevas formas de hacer y financiar nuestro trabajo. Y si, como parte del movimiento de derechos humanos, somos capaces de entender mejor los avances que hemos logrado, estaremos en mejores condiciones para desplegar las estrategias y herramientas de derechos humanos con mayor eficacia frente a estas amenazas entrelazadas.

En mi nuevo libro, When Misfortune Becomes Injustice (Cuando el infortunio se convierte en injusticia), trato de contribuir a una reflexión colectiva muy necesaria al examinar de forma (auto) crítica lo que el movimiento de derechos humanos se propuso lograr, y lo que hemos logrado, en cuanto al uso de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para promover la justicia social, en particular con relación a la salud. Mediante un análisis de la evolución normativa y los datos empíricos, sostengo que se han producido avances asombrosos en los estándares jurídicos en el derecho internacional y en muchas leyes constitucionales, además del reconocimiento de la humanidad plena de una proliferación de poblaciones, desde las mujeres hasta las poblaciones LGBTQI y las personas con discapacidades. A su vez, el movimiento ha transformado las ideas sobre las reivindicaciones de derechos en ámbitos públicos y privados, y los procedimientos y mecanismos para su cumplimiento. 

Por otra parte, estos logros han tenido impactos de largo alcance no solo en las normas, sino también en el bienestar y la vida de una diversidad de personas. Así como ninguna persona que se vea obligada a vivir bajo un régimen de despotismo autoritario arbitrario piensa que el estado de derecho es un acto de prestidigitación, ninguna persona que se vea obligada a vivir sin medidas esenciales de salud pública o servicios de atención médica que salven vidas piensa que establecer el derecho a la salud como un derecho exigible —desde los medicamentos antirretrovirales hasta la atención obstétrica de emergencia y el acceso al aborto— es un logro trivial. 

La marcha constante del neoliberalismo ha dejado a su paso repercusiones enormes y marcadas por el género en la salud y la (in)justicia social.

Al mismo tiempo, la marcha constante del neoliberalismo incorporado en la gobernanza económica internacional y nacional ha dejado a su paso franjas de miseria, degradación y desigualdades, con repercusiones enormes y marcadas por el género en la salud y la (in)justicia social. Además, ha cambiado la capacidad y la naturaleza misma del Estado, del cual exigimos cada vez más. La reducción del espacio fiscal, acompañada con demasiada frecuencia por la subordinación del Estado a los intereses privados, ha distorsionado radicalmente las posibilidades de utilizar las estrategias tradicionales de derechos humanos para aumentar el igualitarismo y las capacidades sociales, también en materia de salud. Las vías de progreso están cada vez más predeterminadas: la innovación tecnológica combinada con la inversión del sector privado es la solución que proponen los propios filantrocapitalistas que estructuran nuestros ecosistemas de conocimiento y acción en lo que concierne a la salud global. En demasiadas ocasiones, los indicadores de desempeño económico y de salud global se basan en algoritmos opacos que permiten que los burócratas globales gobiernen a distancia. 

La simple estrategia de "denunciar y desacreditar" las violaciones dentro del statu quo sin cuestionar el diseño fundamental de la arquitectura económica global ya no es suficiente (si es que alguna vez lo fue). Tampoco basta con establecer "enfoques basados en los derechos humanos" y sus contradicciones con los paradigmas neoliberales dominantes. Con demasiada frecuencia, los Estados son cómplices o prisioneros (o ambos) de las prescripciones de política y macroeconomía que fluyen a partir de una gobernanza económica cada vez más intrusiva. Pero la lucha contra los supuestos hegemónicos sobre la austeridad y el crecimiento económico o el papel del sector privado frente al Estado —que están integrados en las leyes e instituciones dentro de los países y entre ellos— requiere una praxis de derechos humanos diferente. 

La lucha contra los supuestos hegemónicos sobre la austeridad y el crecimiento económico o el papel del sector privado frente al Estado requiere una praxis de derechos humanos diferente. 

Quienes formamos parte del movimiento de derechos humanos hemos luchado con ahínco para que la pobreza extrema no sea una "condición de fondo" sino una cuestión de obligaciones estatales, y para ampliar el contrato social a fin de que alcance el ámbito privado, donde se suelen violar los derechos de salud de las mujeres en particular. Ahora, necesitamos urgentemente llegar a las raíces de la desigualdad, que a menudo se encuentran en el orden global. No existe motivo alguno para limitar artificialmente el contrato social a las fronteras geográficas del Estado-nación, algo que no se ajusta a nuestra realidad hiperglobalizada. Las obligaciones extraterritoriales (OET) —la noción de que los deberes de los Estados en materia de derechos humanos se extienden a sus acciones que tengan repercusiones en el exterior— no dependen exclusiva, o siquiera principalmente, de las migajas de asistencia de donantes en los países ricos, o incluso de la judicialización, sino también del fortalecimiento de la movilización social y la reforma de las leyes democráticas con respecto a las normas para controlar los efectos transfronterizos de las acciones estatales y empresariales. A modo de ejemplo, la desregulación y los regímenes comerciales y de otro tipo modificaron las normas de gobernanza económica, de modo que pueden modificarse de manera progresiva; por ejemplo, para captar los efectos de la evasión fiscal transfronteriza y modificar las protecciones laborales, de propiedad intelectual y ambientales. 

Pero ese y muchos otros desafíos exigen entrelazar la praxis de derechos humanos —los derechos humanos para el cambio social— con los movimientos sociales más amplios, así como superar los confines disciplinarios en nuestro trabajo. Los problemas que enfrenta el movimiento de derechos son demasiado complejos para un solo conjunto de herramientas de defensa y promoción o para los conocimientos especializados de un solo campo. Por supuesto, no existe una única "comunidad de derechos humanos" monolítica, como tampoco existe una "comunidad de salud y derechos humanos" unificada. Esos tropos se utilizan desde el "interior" para vigilar los límites de la ortodoxia y desde el "exterior" para caricaturizar conjuntos de actores y estrategias. Sin embargo, existe el riesgo de atrincherarnos defensivamente en nuestras tribus profesionales. La complejidad de los desafíos que plantean la desigualdad desenfrenada, la propagación del autoritarismo y el iliberalismo, la falta de confianza en el multilateralismo y el cataclismo climático exigen la aceptación de las críticas justificadas y la receptividad ante nuevas ideas y perspectivas, así como la colaboración con el movimiento laboral, el ambiental y muchos otros movimientos de justicia social. 

No podemos esperar a descubrir todas las implicaciones de experimentar con nuevos enfoques y alianzas. El paso del tiempo tiene una dimensión ética. Cuando nuestro mundo está en llamas, literalmente, seguir haciendo las cosas como de costumbre equivale a tocar el violín mientras arde Roma. Todas las personas que formamos parte del diverso tapiz de agentes que se superponen en el movimiento de los derechos humanos —de la academia y el activismo, del Norte y el Sur— tenemos la necesidad urgente de encontrar las herramientas y estrategias que exige un compromiso genuino con la igualdad de dignidad con justicia social en nuestro planeta compartido e irremplazable.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: February 20, 2020

Alicia Ely Yamin es asesora sénior de derechos humanos de Partners in Health e investigadora sénior del Centro Petrie-Flom de Políticas Legislativas de Salud, Biotecnología y Bioética de la Facultad de Derecho de Harvard.


 

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