En 2018, Theresa May, entonces primera ministra del Reino Unido, expresó su "profundo pesar" por el legado colonial británico de leyes que penalizan las conductas homosexuales.
Sin embargo, el legado del colonialismo va más allá de estas leyes y a menudo se oculta y olvida deliberadamente. En todo el mundo, existen leyes y políticas obsoletas de la época colonial que discriminan a las comunidades marginadas, incluidas no sólo las personas LGBTQI+, sino también las personas que viven en la pobreza. La rigidez de estas leyes niega los derechos a la no discriminación y a la dignidad, que deben aplicarse a todos.
Algunas de estas leyes tienen casi 500 años. La Buggery Act de 1533, aprobada por el Parlamento durante el reinado de Enrique VIII, volvió ilegal la sodomía en Inglaterra y en lo que entonces era el "Imperio Británico". En 1885, se penalizaron otros actos sexuales consentidos en la Gran Bretaña victoriana y sus colonias bajo el concepto de "indecencia grave entre varones".
En la actualidad, 67 países de todo el mundo siguen penalizando los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, mediante leyes que a menudo se refieren explícitamente a las relaciones sexuales entre hombres. Unos 32 de estos países, la mayoría de los cuales son antiguas colonias británicas, son miembros de la Commonwealth, incluida Uganda, donde el Parlamento ha aprobado recientemente un nuevo proyecto de ley draconiano dirigido contra las personas LGBTQI+ y sus aliados. Unos 41 países penalizan explícitamente las relaciones sexuales entre mujeres, ya que muchos extendieron a las mujeres las nociones coloniales británicas de "indecencia grave" o "delitos contra natura".
Pero el legado colonial de las leyes británicas es aún más profundo. Las leyes y prácticas contemporáneas que discriminan a las comunidades marginadas en el Reino Unido y en todo el mundo, incluso durante la pandemia de la covid-19, se basan en el legado perjudicial y estigmatizador de las leyes de la época colonial.
En mayo de 2020, en plena pandemia de la covid-19, la Policía Metropolitana de Londres comprobó la identidad de un migrante sin hogar cerca de la estación de Liverpool Street. La ironía se les escapó a los agentes, que decidieron multarle porque no cumplía las directrices del gobierno de "quedarse en casa". Para colmo de males, también le detuvieron porque tenía pendiente una orden de detención por un delito menor anterior.
En el Reino Unido, la Ley de Vagos y Maleantes, de 200 años de antigüedad, que surgió tras las guerras napoleónicas, combinada con leyes y ordenanzas introducidas más recientemente, se ha utilizado para alejar de determinadas zonas a las personas sin hogar.
En febrero de 2022, el gobierno anunció su decisión de derogar la Ley de Vagancia. Aunque la decisión de derogar la ley es definitiva, no se ha eliminado de los libros de leyes porque el gobierno pretende sustituirla por una legislación alternativa, que los activistas temen que pueda ser otro conjunto de medidas punitivas similares.
Como Amnistía Internacional puso de relieve el año pasado, las autoridades hacen uso de estas leyes arcaicas, combinadas con otras leyes y ordenanzas de orden público, para penalizar a las personas sin hogar que duermen en la calle. A principios de este mes se reveló que más de mil personas sin hogar han sido detenidas desde febrero de 2022.
Las leyes inglesas que se remontan al siglo XIV y se dirigen contra las personas sin hogar o que viven en la pobreza siguen vigentes en decenas de países de todo el mundo. Estas leyes se introdujeron en muchas colonias británicas a través de un modelo de código penal basado en la Ley de Vagancia inglesa de 1824. Las leyes, parte de un sistema general de dominación racial impuesto por las potencias coloniales, tenían originalmente el propósito de garantizar mano de obra barata y reducir las responsabilidades de las autoridades para hacer frente a la pobreza y proteger la propiedad.
Unos 33 países del continente africano siguen castigando a las personas con base en nociones anticuadas que reflejan en gran medida las percepciones coloniales y se utilizan para deshumanizar a las personas con un estatus socioeconómico percibido como inferior. Por ejemplo, el Código Penal de Malawi, antigua colonia británica, castiga a las personas por "ser un pícaro y un vagabundo", lo que a menudo se traduce en detenciones arbitrarias masivas dirigidas contra personas que viven en la pobreza. En 2017 y 2022, el Tribunal Superior de Malawi dictaminó que estas disposiciones eran inconstitucionales y ordenó al Parlamento que revisara el Código Penal antes de 2024.
Las leyes de vagabundeo son discriminatorias porque suelen utilizarse para acosar y detener a personas que viven en la pobreza, a personas LGBTQI+, a quienes hacen trabajo sexual y a comunidades racialmente marginadas. Por ejemplo, la vagancia, un "delito" que consiste simplemente en merodear, se utiliza para acosar, detener y castigar a trabajadoras sexuales no sólo en el Reino Unido, sino también en muchas de sus antiguas colonias, incluida Sierra Leona, donde las ONG están impugnando actualmente estas leyes arcaicas ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
Cada vez se reconoce más que las leyes que penalizan actos relacionados con la pobreza y la falta de hogar son discriminatorias y violan los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación por la discriminación y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de la penalización de las personas sin hogar. En 2020, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos concluyó que las leyes sobre vagabundeo, incluidas las que penalizan la falta de hogar, son incompatibles con varios derechos humanos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre ellos el derecho a vivir sin discriminación y el derecho a la dignidad.
Los Estados de todo el mundo deben derogar las leyes discriminatorias y arcaicas que reproducen desigualdades históricas y pautas de opresión. Las leyes de vagancia, las leyes que penalizan las conductas homosexuales, así como otras leyes penales, forman parte de un legado colonial que debe desmantelarse urgentemente.
Varios países europeos son responsables de haber introducido leyes discriminatorias en sus antiguas colonias. Además del Reino Unido, Francia y los Países Bajos también penalizaron las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en los territorios que controlaban, como Camerún y el extremo suroccidental de Sudáfrica, respectivamente.
Los países europeos deben reconocer el daño histórico de sus leyes penales más allá de la mera expresión de arrepentimiento y derogar las leyes y normativas que criminalizan la pobreza y discriminan a las comunidades marginadas. Los países que estuvieron sometidos al colonialismo deben igualmente derogar estas leyes si realmente pretenden cuestionar el legado del colonialismo.