La pandemia muestra que este es el momento de poner fin a la detención de inmigrantes

La detención de inmigrantes rara vez está justificada y ahora supone un riesgo mayor para el público, dada la propagación de la COVID-19 en las instalaciones del ICE.



 El director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, habla durante una rueda de prensa ante el centro de detenciones de Otay Mesa en San Diego, California.  EFE/Manuel Ocaño


En su primer informe sobre casos confirmados de COVID-19 en los centros correccionales y de detención en los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) documentaron cifras aterradoras: 4,893 casos de personas detenidas o encarceladas y 2,778 casos de miembros del personal, con un total de 103 muertes en ambas categorías hasta ese momento. 

Pero estas cifras ni siquiera reflejan los totales reales, ya que solo el 69 % de las jurisdicciones de todo el país registraron sus datos, las prácticas actuales de aplicación de pruebas no son universales y no todas las jurisdicciones proporcionaron información sobre las prisiones y centros de detención de inmigrantes privados. La información obtenida del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestra más de 3,596 casos confirmados de inmigrantes detenidos y 153 de empleados del ICE en las más de 200 prisiones y centros de detención del ICE hasta julio de 2020, pero solo se han aplicado pruebas a alrededor del 10 % de la población inmigrante detenida.

Estados Unidos encarcela a unos 2.3 millones de personas, más que cualquier otro país industrializado del mundo, con aproximadamente 50,000-500,000 personas detenidas por motivos de inmigración cada año, la mayoría simplemente en espera de audiencias de inmigración. Dado que las justificaciones para esta clase de detención son endebles en términos de salud, jurídicos y morales, es imperativo acabar con la detención de inmigrantes de una vez por todas.

Desde hace mucho tiempo, el ICE ha sido objeto de duras críticas por parte de profesionales del derecho y la medicina, así como el Departamento de Seguridad Nacional, por no proporcionar atención médica adecuada a las personas detenidas. También se han entablado varias demandas contra el ICE, acusándolo de violar los derechos civiles de los inmigrantes. Debido a la indiferencia sistémica respecto a la atención médica adecuada, 207 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE desde 2003 y, tan solo en 2020, han muerto 10 personas en los centros de detención del ICE. Los CDC y los servicios de salud estatales han documentado brotes de múltiples enfermedades contagiosas que el ICE no evitó ni trató adecuadamente. Miles de profesionales médicos han predicho que la COVID-19 se propagará en los centros de detención y las cárceles si las condiciones no cambian.

De los casos registrados en todo el país, casi 1 de cada 6 ocurrieron en instalaciones en Texas, la mayoría de ellas operadas por empresas de prisiones privadas con fines de lucro. Las más grandes, entre ellas GEO Group e Immigration Centers of America, reciben millones de dólares del gobierno federal y realizan grandes esfuerzos de cabildeo para conservar el financiamiento de sus instalaciones (solo en 2019, GEO gastó más de USD 1.5 millones en cabildeo). 

Los centros de detención del ICE han estado funcionando al triple y cuádruple de su capacidad, y los detenidos se ven obligados a dormir en habitaciones abiertas con literas amontonadas, lo que hace que el distanciamiento social sea totalmente imposible. Los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos se han quejado de que no se les proporcionan mascarillas, guantes, desinfectantes o incluso agua caliente para que puedan evitar la propagación del virus. Los niños inmigrantes detenidos corren un riesgo mucho mayor que los adultos y, para marzo, más de cincuenta niños inmigrantes y más de una docena de empleados que trabajan en los centros de detención infantil habían dado positivo en el virus.

Los estadounidenses a los que les interese detener la propagación del virus deben exigir que se ponga fin a la detención de inmigrantes, como se está haciendo en muchos otros países.

A falta de una política federal racional para liberar a todos los detenidos que no son delincuentes o no suponen un riesgo para el público, la única manera de afrontar la pandemia entre los inmigrantes detenidos es mediante la presentación de demandas individuales o consolidadas. Los litigios han incluido acciones colectivas que exigen la liberación de todas las personas de alto riesgo en centros de detención específicos; grupos de niños y padres; o clases de personas vulnerables, como las de Florida, Washington, DC, California y Texas. (Aquí se puede consultar una tabla que recopila los litigios sobre detención relacionados con la COVID-19). En uno de los fallos recientes más trascendentales, la jueza Dolly Gee ordenó la liberación de más de 100 niños, padres y madres detenidos en tres centros de detención del ICE en Texas y Pennsylvania, afirmando que las instalaciones “están ‘en llamas’” por la propagación del virus. 

La gran mayoría de los inmigrantes detenidos no son delincuentes; sin embargo, las políticas cada vez más estrictas desde la década de los 1990 han criminalizado las infracciones migratorias civiles. Se puede rastrear un aumento correspondiente en la detención de inmigrantes durante las últimas dos décadas: de alrededor de 105,000 detenciones en 1990 a alrededor de 500,000 en 2019. Sin embargo, los estudios científicos han demostrado que la gran mayoría de los inmigrantes que presentan solicitudes contra la deportación se presentan a sus audiencias después de ser liberados

Los argumentos para la detención de niños inmigrantes son aún más endebles o carecen de justificación alguna, y están sumamente alejados del consenso mundial. Esto se hizo muy evidente durante las negociaciones sobre la Declaración de Nueva York y los Pactos Mundiales sobre Refugiados y Migrantes. Una mayoría abrumadora de Estados estuvo a favor de que la redacción de la Declaración —y los Pactos Mundiales— expresara que se debe prohibir la detención infantil. La administración estadounidense insistió en cambiar el texto para que dijera que “a los efectos de determinar la situación migratoria, la detención raras veces o nunca redunda en el interés superior del niño”, y logró que la Declaración incluyera esa redacción más débil. Esto es especialmente irónico si tomamos en cuenta que, después de que se votó la Declaración, EE. UU. abandonó los dos Pactos Mundiales y fue el único país, además de Hungría, que votó en contra del Pacto sobre Refugiados.

Debido a la indiferencia sistémica respecto a la atención médica adecuada, 207 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE desde 2003 y, tan solo en 2020, han muerto 10 personas en los centros de detención del ICE.

Expertos de todas partes del mundo han pedido a todos los Estados que pongan fin a la detención de inmigrantes, ya que ahora supone un riesgo mayor para el público debido a la propagación del virus. La ONU ha aumentado la presión para que se obedezca más estrictamente la letra y el espíritu del Pacto Mundial sobre la Migración, a lo que se han comprometido la gran mayoría de los países. El Grupo de Trabajo sobre Alternativas a la Detención de Inmigrantes de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración elaboró una guía de políticas para que los Estados utilicen la detención de inmigrantes solo como último recurso. Las acciones más importantes que está pidiendo la ONU a los Estados son no detener a más inmigrantes, introducir una moratoria en la detención de inmigrantes y liberar a todos los inmigrantes detenidos a cambio de alternativas no privativas de la libertad basadas en la comunidad.

EE. UU. puede y debe seguir las mejores prácticas que ya instituyeron muchos países. Por ejemplo, España se comprometió a poner fin a la detención de inmigrantes, y la mayoría de sus centros de detención de inmigrantes ya están vacíos. El gobierno está alojando a los recién llegados en instalaciones basadas en la comunidad con acceso a servicios sociales y de salud locales. Noruega también ha estado liberando a los inmigrantes de los centros de detención y ha adoptado en cambio medidas de monitoreo y alojamiento comunitario. En Zambia, el Ministerio de Asuntos Internos ordenó la liberación de todas las personas en los centros de detención de inmigrantes. Varios países también anunciaron políticas de no arrestar a personas que requieran pruebas de detección del virus o atención médica, mientras que otros se comprometieron a dar acceso pleno a la atención médica a todas las personas, incluidas las personas migrantes e indocumentadas. Portugal fue el primer país en ofrecer servicios de atención médica a todos los no ciudadanos, independientemente de su estatus, durante la pandemia.

Como en EE. UU., los tribunales de algunos otros países han tomado la iniciativa para ordenar la liberación de personas detenidas. En el Reino Unido, los tribunales ordenaron la liberación de cientos de migrantes, exigen justificación individual para las detenciones adicionales y ordenaron que se ponga fin a la detención previa a la deportación. Los tribunales mexicanos también han ordenado al gobierno que libere a todos los migrantes vulnerables en riesgo de contraer el virus y que traslade a todos los menores sin acompañantes de los centros de detención a albergues comunitarios. 

Sin embargo, los litigios por el derecho a la liberación son costosos y prolongados, su éxito no está asegurado y no resuelven los problemas sistémicos que afectan a todas las personas detenidas. Los estadounidenses a los que les interese detener la propagación del virus deben exigir que se ponga fin a la detención de inmigrantes, como se está haciendo en muchos otros países. De hecho, esta exigencia está cobrando fuerza entre las comunidades afectadas por las políticas de detención masiva alrededor del país. Pueden basarse en las “mejores prácticas” internacionales de otros países y las guías de políticas de la ONU que destacan la necesidad apremiante de acabar con las detenciones masivas e ilustran alternativas razonables que se están poniendo en práctica en otros lugares.

No hay argumentos jurídicos ni morales que justifiquen la detención de la gran mayoría de los inmigrantes adultos, mucho menos de los niños inmigrantes. Continuar con la detención de inmigrantes supone un riesgo excesivo, no solo para los inmigrantes, sino para la salud de cada uno de nosotros.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: August 18, 2020

Susan M. Akram es profesora clínica en la Universidad de Boston y directora de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho.


 

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