Los derechos de las minorías y disidentes sexuales en Argentina han experimentado considerables avances en las últimas décadas. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en proteger los derechos de la población LGBTQIA+ a través de la legislación que reconoce la igualdad matrimonial en 2010, la inclusión de la diversidad sexual y de género dentro de las fuerzas armadas en 2011, la ley de identidad de género y contra los delitos de odio en 2012, la ley de reproducción asistida en 2013 (que incluye a las parejas del mismo sexo), y la ley antidiscriminatoria y de cupo laboral travesti en la provincia de Buenos Aires en 2015. Sin embargo, a pesar de los logros de colectivos y activistas en las últimas décadas, aún está pendiente la reparación histórica a las víctimas LGBTQIA+ de la dictadura militar.
A medida que la crisis económica se ha agravado durante el periodo pospandémico, el populismo de derechas ha ascendido en la política argentina, llevando a Javier Milei a ganar las elecciones presidenciales de 2023. A diferencia del clima político de la crisis de principios de milenio, la victoria de la derecha en 2023 es particularmente preocupante para las minorías sexuales y de género debido a los ataques directos que Milei lanzó durante su campaña presidencial, no sólo contra la comunidad LGBTQIA+ sino también contra las políticas de género, especialmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada el 30 de diciembre de 2020.
Además, Milei adoptó un tono reaccionario contra el progresismo en general en los debates políticos durante las elecciones presidenciales de 2023. En esos debates, la negación por parte de Milei de la historia de dictaduras del país revictimizó de hecho a todos los que fueron sistemáticamente perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados durante ese período. La victoria de Milei supone una amenaza para el progresismo y, en concreto, para los derechos de las minorías sexuales y de género en Argentina, con un impacto potencialmente más amplio en el Cono Sur y en toda América Latina.
Lejos de estar aislado en Argentina, este fenómeno se está produciendo a escala global. Las políticas de género progresistas han sido atacadas por partidos y movimientos populistas de derechas en todo el mundo occidental, tanto en Europa como en América. Con el ascenso de gobiernos autoritarios en Hungría, Italia, Polonia, Rusia, Serbia y Turquía en la última década, las minorías sexuales y de género han sido objeto de discursos de odio y prácticas excluyentes promovidas por políticos populistas de derechas. Estos movimientos populistas promueven la polarización de la sociedad y son especialmente perjudiciales para las democracias, sobre todo cuando buscan deslegitimar a los opositores y excluirlos de la arena política. Asimismo, sectores de la derecha europea -como Alternative Für Deutschland en Alemania, Partij voor de Vrijheid en los Países Bajos y VOX en España- han dirigido ataques contra la comunidad LGBTQIA+. Del mismo modo, los populistas de derechas de América -incluidos Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay- apoyan esta postura.
En muchos casos, la población LGBTQIA+ ha sido objeto de campañas que promueven el odio y la marginación de las minorías sexuales y de género "como estrategia política para ganarse el apoyo de los sectores reaccionarios y conservadores de las sociedades occidentales, con el objetivo último de recuperar el poder ejecutivo y legislativo. También sirve para distraer la atención de problemas significativos que afectan a sus sociedades, como la inflación, la violencia, la corrupción, la pobreza y el desempleo, entre otros."
Así, el ataque a la colectividad forma parte de una fórmula preestablecida diseñada para probar su eficacia en diferentes geografías. Como ejemplo, durante la campaña política llevada a cabo por la ultraderecha para deslegitimar el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en Colombia en 2016, la población LGBTQIA+ y la sección que busca la reparación de las víctimas por razones de sexualidad o género en el conflicto armado colombiano fueron objeto de desinformación y odio. Brasil también destaca por la alta tasa de transfemicidios y los ataques directos del populista de extrema derecha Jair Bolsonaro a la población LGBTQIA+ durante su gobierno (2019-2022). Por último, el ejemplo de Estados Unidos y la presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021 ejemplifica los esfuerzos de los políticos autoritarios de derecha por socavar los derechos de la población LGBTQIA+, especialmente los derechos laborales de las personas trans y no binarias.
Durante la campaña presidencial de 2023 en Argentina, Milei aplicó la fórmula de estigmatización de las minorías de género utilizada por otros populistas de derecha. La campaña de Milei también convirtió el discurso antiabortista en una de sus principales plataformas. Su oposición a la educación sexual obligatoria en las escuelas y a la cobertura médica gratuita de los tratamientos de reasignación de género también ha atacado directamente a la población LGBTQIA+. Este discurso anti-LGBTQIA+ también apareció a escala regional durante las elecciones argentinas. Ricardo Bussi, diputado nacional electo por el partido de Milei, Libertad Avanza, ha equiparado las identidades de género minoritarias con una discapacidad, despojando al Estado de su rol en la protección de los derechos de la comunidad trans y no binaria.
Es fundamental destacar que estos discursos homofóbicos y misóginos se dan en el marco de una discusión nacional más amplia que toca a todos los sectores sociales, definiendo el rol último del Estado durante la dictadura militar ocurrida entre 1976 y 1983 y su necesidad de reparar a las víctimas de la dictadura. Uno de los documentos que movilizó a parte de la población LGBTQIA+ es el informe de Néstor Perlongher, difundido clandestinamente en 1981 por la Comisión por los Derechos de los Homosexuales. Este documento reveló el alcance del terrorismo de Estado durante la dictadura, recopilando testimonios de personas homosexuales, lesbianas y transexuales que fueron detenidas y torturadas.
Es probable que el primer ataque del gobierno de Milei contra las minorías sexuales y de género se dirija contra la ley de despenalización del aborto y la cobertura gratuita de los tratamientos de reafirmación de género. Según Sonia Corrêa, coordinadora de sexualidad y política, es crucial distinguir entre las campañas contra los derechos de las personas trans y las políticas antitrans organizadas e implementadas sistemáticamente por los gobiernos. Aunque en un principio estos mecanismos ejecutivos no tengan un impacto nacional, como señala Sonia Corrêa, podrían producirse a nivel federal. Por ejemplo, los discursos de Ricardo Bussi ejemplifican un ataque a la comunidad en la provincia de Tucumán.
Entre las primeras medidas tomadas por el nuevo presidente se encuentra la disolución del Ministerio de Género, Mujer y Diversidad, convertido en una subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, y el recorte de subsidios para el tratamiento cero positivo. Esta decisión constituye un primer retroceso en la institucionalización impulsada por el movimiento LGBTQIA+ en las últimas décadas y pone en riesgo la representación de las identidades sexuales y de género marginadas en la agenda nacional. El cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), proclamado a través del paquete de reformas conocido como Ómnibus en las últimas semanas de diciembre de 2023, también representa una seria amenaza para los derechos de la comunidad en caso de ser aprobado en el Congreso.
El caso de Argentina es de gran importancia por la magnitud global que puede tener el retorno del discurso de odio a niveles institucionales y las políticas excluyentes contra las minorías sexuales y de género. Es importante prestar atención al comportamiento del Estado argentino frente a los derechos de las minorías sexuales y de género. El gobierno de Milei podría marcar una tendencia dentro de la nueva ola de populismo de derecha a socavar las conquistas democráticas de la última década, así como a reactivar la opresión y la exclusión institucional sistémica de la comunidad LGBTQIA+.