«¡Dejen de matar a las mujeres!» era el lema que coreaban miles de personas que se manifestaron en ciudades de Kenia entre enero y febrero de 2024. Las manifestaciones se produjeron tras la indignación pública por el aumento de las tasas de femicidios, asesinatos cometidos en su mayoría por parejas íntimas o personas conocidas por las víctimas. La violencia doméstica suele producirse cuando las mujeres desafían los roles de género tradicionales o cuando los hombres actúan según los ideales tóxicos de masculinidad impuestos por la sociedad. Así lo demuestran los numerosos casos de deportistas femeninas en Kenia asesinadas por sus parejas, posiblemente tras intentar desafiar las estructuras de género tradicionales. Esta opresión sistémica, agravada por la incapacidad del Estado para responder de manera eficaz, ha creado una cultura en la que la violencia contra las mujeres no solo se tolera, sino que, en muchos casos, se normaliza.
Históricamente, los Estados no han respondido de manera eficaz a la violencia doméstica porque se consideraba principalmente un «asunto privado». Según el derecho consuetudinario, los maridos tenían derecho a castigar físicamente a sus esposas, lo que reforzaba la idea de que la violencia era aceptable. Esta tolerancia institucional, junto con los estereotipos de género profundamente arraigados en torno al papel de la mujer en la sociedad, ha llevado a la institucionalización de la discriminación sistémica por motivos de género. Con el tiempo, estas políticas normalizaron la idea de que las mujeres debían quedar relegadas a una posición subordinada, lo que afianzó aún más la impunidad de los autores de violencia doméstica.
Cuando las mujeres kenianas buscan ayuda, nadie las escucha
Muchas víctimas de violencia doméstica reciben poco o ningún apoyo a través del sistema formal de justicia penal. En Kenia, se han realizado intentos para promulgar leyes y políticas que garanticen la seguridad de las mujeres, como la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica (PADVA), que ofrece a las sobrevivientes mecanismos como órdenes de protección. Sin embargo, siguen existiendo importantes lagunas tanto en el marco jurídico como en el político. Cabe destacar que la PADVA solo prevé medidas civiles y no tipifica como delito la violencia doméstica, por lo que es necesario recurrir a otras leyes, como el Código Penal o la Ley de Delitos Sexuales, que no definen explícitamente ni abordan de manera exhaustiva la violencia doméstica. Además, la falta de un marco institucional y normativo sólido —incluida la inadecuada asignación de recursos, la debilidad de las estructuras de aplicación de la ley y la insuficiente capacidad de las fuerzas del orden y el poder judicial— sigue obstaculizando la aplicación efectiva de estas reformas legales.
Por otra parte, existen pocos mecanismos eficaces de protección y apoyo para las sobrevivientes. Como resultado, las mujeres pueden verse obligadas a seguir viviendo en el mismo hogar que sus parejas incluso después de haberlas denunciado a la policía. Algunas también dependen económicamente de sus agresores, lo que pone de relieve los dolorosos cálculos que deben hacer las mujeres a la hora de decidir si denunciar la violencia les proporcionará más seguridad.
En algunos casos, los agentes de policía exigen sobornos para investigar y enjuiciar los casos. Muchos agentes desconocen las leyes de Kenia sobre la violencia de género, por lo que las sobrevivientes a menudo no son informadas de sus derechos u opciones después de presentar la denuncia. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también se enfrentan a la falta de recursos, lo que dificulta su capacidad para investigar y enjuiciar los casos de manera eficaz. En consecuencia, algunos de ellos imponen una carga injusta a las sobrevivientes que denuncian los casos, por ejemplo, exigiéndoles que reúnan y conserven las pruebas por sí mismas.
Desarrollo de un enfoque multisectorial para poner fin a la violencia de género
Cuando un Estado no actúa tras la denuncia de un caso de violencia doméstica, esto supone una forma de aliento o permiso de facto, que indica a la sociedad que la violencia contra las mujeres es permisible. Por lo tanto, es imperativo que el Estado no solo responda eficazmente a los casos de violencia doméstica, sino que también establezca medidas para prevenirla en primer lugar. La tipificación como delito de todas las formas de violencia contra las mujeres mediante leyes específicas, como la Ley Maria De Penha de Brasil o la adopción de leyes de detención obligatoria en los Estados Unidos, garantiza que la policía esté obligada a detener a los autores en los casos de violencia doméstica. De este modo, se reduce la discrecionalidad policial y se transmite a la sociedad en general el mensaje de que no se tolerará la violencia contra las mujeres, lo que actúa como medida disuasoria.
Sin embargo, esto también debe ir acompañado de una reforma política e institucional que permita la aplicación de dichas leyes mediante el desarrollo de capacidades y la asignación de presupuestos adecuados a los diferentes organismos de justicia penal. Los kenianos siguen esperando el enjuiciamiento de la mayoría de los casos de feminicidio, lo que demuestra la escasa prioridad que se concede a la violencia de género en general.
No obstante, algunas académicas feministas han abogado por dejar de depender excesivamente de la reforma del derecho penal para abordar la violencia de género, dado que el sistema de justicia penal no aborda la naturaleza sistémica de la violencia. Este enfoque limitado impide cuestionar plenamente las dinámicas de poder que alimentan la violencia doméstica. Por lo tanto, la prevención debe considerarse un pilar igualmente fundamental en los esfuerzos por poner fin a la violencia contra las mujeres. Los Estados deben garantizar que se maximice la prevención tratando de resolver la causa fundamental de la violencia de género a nivel comunitario.
Por ejemplo, organizaciones como Raising Voices han sido pioneras en acciones a nivel comunitario al entablar conversaciones para cambiar las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en las relaciones. Otras iniciativas de prevención se han estructurado en torno a medidas de intervención que pueden integrarse en políticas y medidas legales, como el control del abuso de alcohol y sustancias, la promoción de una educación sexual integral, que puede ayudar a romper las normas de género profundamente arraigadas, y la adopción de iniciativas de empoderamiento económico.
Por último, una respuesta eficaz a la violencia doméstica también debe incluir protecciones sólidas para las sobrevivientes. Los gobiernos de los condados de Kenia ofrecen oportunidades para que el Estado mejore estas disposiciones para todas las sobrevivientes. En este caso, todos los condados pueden dedicar una parte de sus presupuestos anuales específicamente a apoyar a las sobrevivientes de la violencia, por ejemplo, mediante la construcción de refugios, el equipamiento de centros de recuperación de la violencia de género y la oferta de iniciativas de empoderamiento económico para todas las mujeres.
Es hora de poner fin a la cultura de impunidad en torno a la violencia de género
Las normas sociales que promueven los estereotipos de género y el abrumador fracaso de los gobiernos a la hora de responder a la violencia contra las mujeres han creado conjuntamente una cultura de impunidad y una epidemia de feminicidios en todo el mundo, incluida Kenia. Los Estados deben tratar la violencia doméstica como un precursor del feminicidio y reforzar los esfuerzos para prevenir y responder a dicha violencia mediante un enfoque multisectorial. Hasta que el Estado actúe, las mujeres seguirán marchando, no solo por la justicia, sino por el derecho a seguir con vida.