Las mujeres waorani se resisten a los intereses extractivistas de Ecuador en la Amazonía

Las mujeres indígenas en Ecuador están haciendo frente a una industria extractiva que desplaza a las comunidades vulnerables y concentra la propiedad de la tierra en manos de los ricos y las empresas multinacionales.



Jose Jacome/EFE


En septiembre de 2019, funcionarios de siete países amazónicos se reunieron en la ciudad colombiana de Leticia para la Cumbre Presidencial por la Amazonía. Fueron convocados por el presidente de Colombia, Iván Duque, después de que el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil informara un drástico aumento del 84 % en los incendios forestales en lo que se conoce como el “pulmón de la Tierra”. Presidentes y funcionarios de alto nivel pronunciaron discursos en los que afirmaron su compromiso inquebrantable con la protección de uno de los ecosistemas más críticos del mundo. Paradójicamente, a principios de ese año, el pueblo waorani en Ecuador, liderado por Nemonte Nenquimo, demandó al gobierno para detener la extracción de petróleo en el “Bloque 22”, un sitio petrolero que se superpone con el 16 % de sus tierras ancestrales en la parte ecuatoriana de la Amazonía.

Entonces, ¿qué tanto efecto tienen en realidad los discursos presidenciales sobre los compromisos con la conservación de la Amazonía?

Los países amazónicos han sido grandes promotores del extractivismo durante varias décadas. A finales de la década de los 1990, a medida que la globalización neoliberal provocó la eliminación de las barreras comerciales, la liberalización del sector privado y la relajación de las normas laborales y ambientales en el Sur global, los países latinoamericanos aumentaron su dependencia de la exportación de materias primas. Se liberaron grandes terrenos para las actividades extractivas, desde la extracción minera y de petróleo hasta las grandes plantaciones de monocultivos y la tala. Para 2008, Ecuador tenía 35 bloques petroleros en su porción de la Amazonía; entre 1990 y 2006, la producción de soya en la Amazonía brasileña se triplicó; y para 2010, al menos el 50 % de las actividades de extracción de petróleo de Colombia se llevaban a cabo en su región amazónica.

Los proyectos extractivos han sido importantes impulsores de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua en la Amazonía. También han provocado el desplazamiento de comunidades étnicas y campesinas vulnerables de sus territorios, lo que ha dado lugar a la concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes y multinacionales. De hecho, América Latina es la región con la distribución territorial más inequitativa en el mundo.

“Es momento de dejar de actuar como víctimas. Todos debemos asumir la responsabilidad de lo que está pasando”, declaró el presidente Lenín Moreno, de Ecuador, durante la Cumbre de Leticia. No obstante, los gobiernos amazónicos han hecho un gran esfuerzo por evitar asumir la responsabilidad de la crisis ecológica y social en la Amazonía. Esto ha motivado a los grupos indígenas a tomar medidas para poner al descubierto los intereses extractivistas.

En Ecuador, a pesar de las posturas ideológicas opuestas de los últimos gobiernos (Rafael Correa se autoproclama marxista y socialista, mientras que Lenín Moreno defiende abiertamente la liberalización económica), ambos han fomentado el extractivismo en la Amazonía ecuatoriana a la vez que crean sus propios discursos exculpatorios para evitar tener que rendir cuentas por la deforestación y las violaciones de derechos humanos.

Ambos Correa y Moreno han fomentado el extractivismo en la Amazonía ecuatoriana a la vez que crean sus propios discursos exculpatorios.

Mientras promovía una reforma constitucional que incluía los derechos indígenas y de la naturaleza, Correa lanzó en 2012 la “XI Ronda Suroriente”, un proceso de licitación para adjudicar 13 de 21 bloques petroleros en el sur de la Amazonía, lo que se suma a los 35 bloques petroleros que ya estaban en funcionamiento. “Los más prósperos serán los pueblos y las comunidades, pues no saldrá un solo dólar hasta no haber vencido la pobreza”, dijo Correa en la inauguración de la Ronda, en respuesta a quienes señalaron la inevitable incoherencia con su discurso socialista y antiimperialista.

Por su parte, Moreno ha desacreditado la oposición de los grupos indígenas al sector extractivo, alegando que obedecen a los intereses de Correa, contra quien inició investigaciones de corrupción. Esa fue su respuesta ante las protestas masivas encabezadas por comunidades indígenas en octubre de 2019, tras la eliminación de los subsidios a los combustibles como parte de un paquete de austeridad acordado con el FMI. De esta manera, Moreno descartó las exigencias de los pueblos indígenas de poner fin a años de injusticia económica, corrupción y apropiación de tierras para la explotación petrolera.

Ante tales narrativas para ocultar la responsabilidad de las dramáticas condiciones ecológicas de la Amazonía, Nemonte Nenquimo, lideresa waorani, junto con un grupo de sabios waorani que representan a 16 comunidades de la región de Pastaza, se enfrentaron al gobierno ecuatoriano en los tribunales. En febrero de 2019, presentaron una demanda ante el Tribunal Provincial de Pastaza, en la que sostienen que el proceso de consulta de 2012 para adjudicar el “Bloque 22” de la Ronda Suroriente violó sus derechos a la autodeterminación y a una consulta previa, libre e informada. En julio, después de meses de procesos y audiencias tumultuosos, el Tribunal emitió un fallo histórico a favor de la comunidad waorani: declaró nula la consulta de 2012 y suspendió la adjudicación del Bloque 22.

No es coincidencia que la principal demandante de esta acción fuera una mujer. Las mujeres waorani han estado a la vanguardia de la lucha de sus comunidades para proteger sus tierras ancestrales; esta victoria contra las políticas extractivas del gobierno ecuatoriano en la Amazonía no fue una excepción.

Mujeres waorani protestan durante el proceso de litigio. Fotografía Jose Jacome/EFE.

El litigio se inició después de años de mapeo territorial, un instrumento con el que el pueblo waorani creó sus propios mapas, los cuales representan todas las formas de vida que estarían en peligro por la extracción petrolera. Estos mapas no solo fueron pruebas cruciales en el tribunal, sino que también pusieron de manifiesto las limitaciones de los mapas del gobierno, que retrataban los territorios indígenas como polígonos e ignoraban todas las redes ecológicas y de vida no humana presentes en la selva amazónica.

Las mujeres waorani han estado a la vanguardia de la lucha de sus comunidades para proteger sus tierras ancestrales.

Para elaborar los mapas, las comunidades waorani aprendieron a usar diferentes herramientas de tecnología de la información y la comunicación —desde cámaras de video y grabadoras de audio hasta programas de elaboración de mapas y GPS— y pasaron meses realizando trabajo de campo en el corazón de la selva. Las mujeres, como cuidadoras de la familia y de la selva y poseedoras de conocimientos ancestrales, desempeñaron varios papeles esenciales: realizaron el trabajo de cuidado que hizo posible las estancias prolongadas en la selva, a la vez que dirigieron y participaron en las expediciones de mapeo. “Los hombres cazan y saben mucho sobre el territorio, pero nosotras hemos sido la brújula durante los viajes”, afirma Norma Nenquimo, una mujer waorani y participante activa en el proceso de defensa territorial de su comunidad. Esto ha inspirado a más mujeres a participar en las expediciones de mapeo territorial. Alicia Salazar, del pueblo siona, señala que en el mapeo territorial que está llevando a cabo actualmente su comunidad, las mujeres están cada vez más interesadas en participar en el trabajo de campo y, a medida que aprenden a dominar las herramientas tecnológicas, han adquirido nuevas formas de alzar sus propias voces para defender su territorio.

La sala del tribunal también fue un campo para la resistencia de las mujeres waorani. Ante el trato injusto y discriminatorio de la jueza en el proceso de apelación, las mujeres waorani interrumpieron la audiencia para ponerse de pie y cantar, cargando cestas de palma y vasijas de barro, hasta que la audiencia se suspendió y fueron escuchadas. “En nuestra resistencia, las mujeres estamos en primera línea porque somos una voz para la paz, somos mediadoras con otras nacionalidades y autoridades”, aclara Norma. En efecto, el acto pacífico pero inflexible de cantar en medio del ritualismo y la formalidad de una audiencia judicial es una clara demostración de cómo las mujeres waorani han tomado la iniciativa en la lucha de sus comunidades para proteger sus territorios.

El pueblo waorani, con las mujeres a la vanguardia, ha sentado una base fundamental para la resistencia indígena contra el extractivismo en la Amazonía ecuatoriana. Su exitoso litigio animó a los pueblos kichwa y sapara a defender sus territorios y puso en tela de juicio toda la Ronda Suroriente. Este triunfo histórico no solo representa la larga lucha de los pueblos indígenas contra el abandono y el colonialismo; también es un recordatorio de que las generaciones presentes y futuras, cuyas vidas en medio de la crisis climática dependen de las funciones y los servicios ecológicos de la Amazonía para el mundo, tienen una enorme deuda con la resiliencia de estas comunidades.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: February 17, 2020

Vanessa Daza Castillo es de Colombia, reside en Bogotá y trabaja como investigadora de justicia ambiental en Dejusticia, un centro de estudio sobre derechos humanos, y como activista feminista en Siete Polas.

 


 

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