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En los últimos dos años, Japón ha apuntado a mejorar la robótica.
En los últimos dos años, muchos países han hecho públicas sus estrategias oficiales sobre la inteligencia artificial (IA). La tendencia comenzó con Estados Unidos en 2016, y le siguieron el Reino Unido (RU), Alemania, Francia, la UE, Rusia, Japón, China y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Estas estrategias oficiales tienen muchos temas en común que se tratarán a continuación. Sin embargo, también se concentran en aspectos específicos de la revolución tecnológica con base en sus ventajas comparativas. Por ejemplo, EE. UU. le da más importancia a la innovación basada en datos, el RU se concentra en el sector financiero y los servicios de salud, Alemania centra su atención en la fabricación, incluidas las fábricas inteligentes y los autos autónomos (lo que también se conoce como la “Industria 4.0”), Japón apunta a mejorar la robótica y los EAU se ocupan de la IA en el sector público. Rusia y China le prestan más atención a la vigilancia interna y al fortalecimiento de sus capacidades militares.
El miedo a llegar tarde
Una preocupación que comparten estos documentos oficiales, en mi opinión, es el miedo a “perder el tren” a medida que los avances tecnológicos generan cambios rápidos en la sociedad que probablemente tendrán efectos directos sobre las estructuras sociales, la riqueza económica, la fuerza militar y el equilibrio de poder a nivel mundial.
Por ejemplo, en su Reseña sobre la estrategia oficial del RU, Wendy Hall y Jérôme Pesenti definen esta preocupación en términos de no ser dominados por otros países. La solución también sugiere un deseo de dominar a otros países, aprovechando el liderazgo en la nueva revolución tecnológica, y ese planteamiento no incluye ninguna reglamentación o referencia a los derechos humanos y laborales.
Por lo tanto, todas estas potencias mundiales se centran en las áreas en las que tienen una ventaja comparativa para no perder su superioridad, o permitir que otros las superen en estas áreas, sin prestar mucha atención a los riesgos que suponen sus acciones para los derechos humanos.
¿Qué medidas se tomarán?
Las características comunes de estas estrategias sugieren una cooperación estrecha entre el Estado, la industria y la academia. Por ejemplo, todos los Estados se comprometieron a asignar miles de millones de dólares para futuras inversiones y proyectos de investigación sobre IA y han ofrecido incentivos sustanciales para que las empresas globales y las nuevas empresas inviertan en sus países.
También están alentando a las universidades a abrir nuevos departamentos y centros de investigación dedicados a diferentes aspectos de la revolución tecnológica y crear nuevos puestos doctorales y posdoctorales para atraer a los mejores cerebros del mundo.
Además, las autoridades han prometido tomar las medidas necesarias para adaptar la fuerza de trabajo a las condiciones cambiantes, mejorar las habilidades y desarrollar un plan de estudios que permita a los estudiantes prepararse para los cambios drásticos que experimentará el mercado laboral. Se crearán comisiones sobre inteligencia artificial que incluyan a múltiples interesados para auditar y supervisar el proceso y responder a las expectativas de las partes interesadas en el día a día.
Como los datos son cruciales para el desarrollo y entrenamiento de los algoritmos, se están estableciendo fideicomisos y centros de datos nacionales para verificar y compartir los datos con las partes interesadas y evitar que los Estados competidores accedan al proceso y lo manipulen.
Un planteamiento de “esperar y ver qué pasa”
El lado más débil de estos documentos estratégicos es su incapacidad de sugerir un planteamiento claro para los diferentes sectores de la sociedad, principalmente los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas estrategias contienen secciones breves sobre las preocupaciones éticas, pero por lo general son abstractas y repiten conceptos similares como la rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de las normas éticas. Las estrategias oficiales deberían ir más allá de estos deseos.
Es crucial tener un planteamiento bien definido sobre el trabajo con las diferentes partes interesadas, porque los gobiernos están asignando millones de dólares a la promoción de la IA, y las medidas previstas ya mencionadas se realizarán mediante la cooperación estrecha entre empresas, universidades y Estados, sin ningún principio ético y social claro y legalmente vinculante. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones sociales y éticas previas y los procesos de revisión para que las empresas reciban este financiamiento gubernamental para el desarrollo de la IA? Si no se establecen con claridad los requisitos legales para acceder a los fondos y para los procesos de auditoría, frases como “centrarse en las personas” y “progreso tecnológico favorable para los trabajadores” seguirán siendo solo buenos deseos.
Además, si bien las estrategias mencionan el potencial de la IA para fomentar la riqueza y el crecimiento económico, no hablan sobre la distribución equitativa de los ingresos. Algunos de estos documentos enfatizan que las pymes tendrán acceso a datos de buena calidad y aprovecharán los servicios y los resultados de las investigaciones de las universidades para impulsar sus actividades comerciales, y que se tomarán las medidas necesarias para evitar el desempleo mediante el apoyo a las perspectivas de carrera y la capacitación técnica para personas empleadas en trabajos que están en riesgo. Encontrar trabajos para evitar el desempleo es importante, pero no se mencionan los derechos laborales ni las condiciones de trabajo dignas. ¿Qué tipo de empleo se fomentará? ¿Las condiciones de trabajo precarias, “autónomas” y de corto plazo o las condiciones de trabajo dignas con un salario mínimo vital, libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva?
Entonces, podríamos definir el planteamiento común de estos documentos de estrategia y las pautas sobre los empleados y las pymes como de “esperar y ver qué pasa”. Está claro que aún no es posible determinar, o incluso imaginar, todas las consecuencias de la revolución tecnológica, lo cual puede significar que la única opción son los deseos y conceptos generales. No obstante, los encargados de formular políticas podrían establecer un planteamiento más claro y detallado.
Por ejemplo, los sindicatos, las ONG que defienden los derechos humanos y laborales, las asociaciones que promueven los intereses de las pymes y muchas otras organizaciones que representan sectores específicos de la sociedad deberían incorporarse a los comités de supervisión propuestos para exponer sus preocupaciones. Sin embargo, las reuniones de expertos no deberían formular estas políticas por sí solas; es fundamental que exista un debate público sobre el potencial de la revolución tecnológica. Esta clase de planteamiento incluyente fomentaría la rendición de cuentas de las empresas y de los encargados de formular políticas y ayudaría a superar las estrategias de manipulación que crean miedo entre las masas.
Ya existe una vasta literatura sobre la economía de ocupaciones transitorias, los aspectos éticos de la IA y los debates sobre cómo proteger a las personas de las decisiones discriminatorias que toman los algoritmos en cuestión de recursos humanos, la gestión de cadenas de suministros, el sistema judicial y la policía. Esto no solo es un debate sobre el futuro del trabajo y la sociedad; es un proceso que ya estamos viviendo y experimentando, por lo que es imperativo considerar las preocupaciones, las exigencias y los debates nuevos y ya existentes.
Estas estrategias gubernamentales exponen los intereses y expectativas de las grandes empresas y reflejan las estrategias militares y político-económicas de los Estados. Sin embargo, las estrategias de IA no deberían reflejar únicamente las competencias o rivalidades actuales y las estrategias futuras de las empresas y los Estados. Los miembros de la sociedad en general deberían poder opinar sobre el tipo de futuro en el que les gustaría vivir y cómo les gustaría beneficiarse de la revolución tecnológica.
*** This article is part of a series on technology and human rights co-sponsored with Business & Human Rights Resource Centre and University of Washington Rule of Law Initiative.