Este será un año crucial para lograr el acceso a la justicia para todos

Varios eventos clave en 2019 ofrecen una verdadera oportunidad para lograr avances en el ODS 16 (garantizar el acceso a la justicia para todos) y para hacerlo de maneras que además combatan la desigualdad.


By: Elizabeth Andersen
January 31, 2019

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Photo: Swathi Sridharan/Flickr

"Se está realizando un esfuerzo de múltiples actores interesados a nivel mundial para enfrentar la “brecha de justicia”: la cantidad de personas que no tienen acceso a los sistemas de justicia para resolver sus problemas legales."


La publicación del libro Not Enough: Human Rights in an Unequal World (No es suficiente: Los derechos humanos en un mundo de desigualdad), de Samuel Moyn, el año pasado provocó un acalorado debate en el movimiento de derechos humanos, al menos en los Estados Unidos, sobre la medida en que los defensores de derechos humanos deben afrontar el desafío de una desigualdad económica cada vez mayor. En su provocadora argumentación, Moyn sostuvo que el movimiento de derechos humanos no solo ha descuidado indebidamente la desigualdad, sino que, al estar entrelazado con el orden neoliberal, el propio movimiento es cómplice de un sistema que va dejando a muchas personas atrás. Los defensores del movimiento de derechos humanos respondieron que Moyn está equivocado, los derechos humanos no son los culpables y, en todo caso, abordar la desigualdad de frente tendría el efecto perjudicial de politizar la causa de los derechos humanos.

Entre todo este alboroto, corremos el riesgo de pasar por alto una enorme y genuina oportunidad para integrar las agendas de derechos y desarrollo y activar el movimiento de derechos humanos para enfrentar un aspecto esencial de la desigualdad. Esa es la oportunidad que presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, el Objetivo 16: garantizar el acceso a la justicia para todos.

Resulta curioso que ninguna de las partes del debate se ha involucrado mucho en el proceso de los ODS. Moyn relega los ODS a una irrelevante nota al pie en su libro, mientras que las organizaciones de defensa de los derechos humanos de mayor tamaño e influencia han dedicado relativamente poca atención a los procesos y foros de los ODS. Hasta la reciente reunión entre periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la Agenda 2030, incluso los mecanismos de derechos humanos de la ONU se habían mantenido en gran medida al margen del trabajo sobre los ODS de la organización. Esto es sorprendente y lamentable, ya que los ODS proporcionan un marco intergubernamental universalmente aprobado para manejar la compleja relación entre los derechos, la desigualdad y el desarrollo. El proceso de los ODS es quizás el esfuerzo más prometedor que se ha emprendido para integrar estas agendas desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace setenta años.

No cabe duda de que los ODS no son perfectos. Con 17 objetivos, 169 metas y una cantidad casi inmensurable de indicadores, corren el riesgo de difuminar y diluir las acciones y los avances serios. Al mismo tiempo, representan una mejora significativa sobre los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cuanto a que reflejan el reconocimiento y la aceptación a nivel mundial de la importancia fundacional del respeto por los derechos humanos, la buena gobernanza y el estado de derecho para el desarrollo inclusivo. La afirmación más clara y completa de esta idea se encuentra en el Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y más allá del Objetivo 16, el papel de los derechos y del estado de derecho también se refleja como un elemento crítico en todos los objetivos y sus metas e indicadores asociados, en lo que se conoce como la Agenda 16+.

Lo más importante es que, después de tres años de trabajo en la consecución de los ODS, los objetivos son el impulso para que se adopten medidas amplias y significativas en relación con una agenda de derechos y desarrollo para la que 2019 será un gran año. En lo que se refiere a la promesa de “acceso a la justicia para todos” del ODS 16, se está realizando un esfuerzo de múltiples actores interesados a nivel mundial para enfrentar la “brecha de justicia”: la cantidad de personas que no tienen acceso a los sistemas de justicia para resolver sus problemas legales. Coordinados por el grupo de múltiples interesados Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas y su Equipo de Tareas sobre Justicia, este esfuerzo incluye desarrollar metodologías para medir la brecha de justicia, evaluar sus efectos (incluidos en la desigualdad), identificar soluciones y catalizar acciones sobre la agenda de justicia. Estos esfuerzos se centran en la oportunidad que presenta el Foro político de alto nivel en 2019. Este organismo intergubernamental de la ONU se propone examinar los avances logrados con respecto al Objetivo 16 y el Objetivo 10 (reducir las desigualdades) en su reunión ministerial anual de julio de 2019, y con respecto a todos los ODS en la cumbre cuatrienal de jefes de Estado que se celebrará en septiembre de 2019. Este es el año para emprender acciones significativas en relación con la agenda de justicia.

Mi organización, World Justice Project (WJP), está contribuyendo a este esfuerzo con sus conocimientos especializados en la recopilación y análisis de datos. Nuestra revisión de los datos disponibles sugiere que hay alrededor de cinco mil millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a la justicia; con esto nos referimos a personas que no pueden acceder al sistema de justicia para resolver sus problemas cotidianos de justicia civil y penal o se enfrentan a una exclusión sistemática del sistema de justicia debido a factores como la falta de identidad jurídica. Nuestras encuestas en hogares de más de 100 países revelan que más de la mitad de los adultos del mundo han tenido algún problema legal en los dos años anteriores, la mayoría de ellos no recurren a los abogados o tribunales, más de una tercera parte de ellos informaron que el problema persistía y casi un 40 % dijeron haber sufrido adversidades relacionadas, incluidas consecuencias para la salud y la pérdida de vivienda y empleo.

Esto tiene consecuencias drásticas y trascendentales que afectan a los pobres de manera desproporcionada. Es más probable que tengan un problema legal, menos probable que reciban la asistencia necesaria y más probable que sufran adversidades como consecuencia. De esta manera, la brecha de justicia refleja la desigualdad y también la exacerba, lo que socava los esfuerzos para alcanzar las metas de los ODS en otras áreas, como la salud, la educación, la igualdad de género, el empleo y la seguridad alimentaria. Por esta razón, el acceso a la justicia está ganando terreno como un tema crítico para el desarrollo sostenible e inclusivo.

El trabajo en la agenda de justicia de los ODS ofrece una valiosa oportunidad para formar una causa común entre quienes se preocupan por los derechos civiles y políticos, por un lado, y quienes se centran en los derechos económicos y sociales, la desigualdad y el desarrollo, por el otro. No resolverá las espinosas cuestiones teóricas que se encuentran en el centro del debate entre estos campos, pero sí promete cambiar el rumbo de la justicia y la desigualdad de maneras concretas e importantes.

Una serie de eventos durante los próximos seis meses destacarán las investigaciones actuales, mostrarán soluciones y generarán compromisos para la acción. Estos incluyen el próximo Innovating Justice Forum (Foro de Innovación en la Justicia), el Justice Partners Forum (Foro de Socios de Justicia) y los eventos paralelos relacionados, convocados por el Hague Institute for Innovation of Law, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y otros; la Mesa Redonda de Alto Nivel de la OCDE sobre Igualdad de Acceso a la Justicia; el World Justice Forum (Foro de Justicia Mundial) de WJP; y la Reunión Cumbre de Open Government Partnership, todos ellos en preparación para el Foro político de alto nivel en julio y septiembre.

Todas las organizaciones e instituciones de derechos humanos deben estar presentes y comprometidas, aportando su considerable capacidad de incidencia a esta causa crucial de nuestros tiempos.


Elizabeth Andersen es directora ejecutiva de World Justice Project. Adriana Stephan, investigadora de World Justice Project, aportó investigación para este artículo.


 

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