Las oportunidades profesionales y la educación en derechos humanos para los científicos podrían impulsar el cambio sistémico

Construir una vía de desarrollo para profesionales de derechos humanos y científicos interesados en trabajar en el cruce de ambos campos crearía oportunidades para el cambio sistémico.




En marzo de 2020, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó una Observación general sobre las conexiones entre la ciencia y el pleno ejercicio de los derechos ESC. Esta declaración, que interpreta el derecho a disfrutar los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones, destaca los importantes vínculos entre los datos científicos y los derechos a la salud, la educación, la no discriminación, y muchos más.  

Aunque esta es la primera Observación general sobre el derecho a la ciencia, el reconocimiento del papel esencial de la ciencia y la tecnología para los derechos humanos no es nuevo. Durante décadas, las tecnologías, las herramientas y los métodos científicos se han aplicado en la práctica de los derechos humanos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los científicos e ingenieros que trabajan en proyectos basados en los derechos llegan a esos proyectos por suerte y aportan sus habilidades como voluntarios. Estos accidentes afortunados seguirán siendo necesarios hasta que la comunidad de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) cultive una infraestructura educativa y profesional que respete los derechos humanos y motive a todos los científicos, ingenieros y profesionales de la salud a considerar que involucrarse activamente en la práctica de derechos humanos es parte importante de sus responsabilidades sociales. Necesitamos vías de desarrollo profesional de interés público para los científicos, ingenieros y profesionales de la salud que deseen forjarse una carrera en el ámbito de los derechos humanos.  

Cada vez más, los científicos y las organizaciones científicas aceptan su papel en la promoción de los derechos humanos. Esto se manifiesta en la creciente variedad de servicios de vinculación que ayudan a que las ONG y los investigadores entren en contacto (sitio web de NASresearch4impactOn-call ScientistsSociology Action NetworkStatistics Without Borders). Estas iniciativas han tenido efectos significativos, pero suelen basarse en el trabajo voluntario de personas específicas y no son suficientes para afrontar los cambios sistémicos que se necesitan para ejercer plenamente el derecho a la ciencia o los derechos humanos con los que ese derecho está entrelazado. Para ello, se requiere un enfoque más profundo e institucionalizado sobre el acceso a la información, la educación, la investigación y la tecnología.

Necesitamos vías de desarrollo profesional de interés público para los científicos, ingenieros y profesionales de la salud que deseen forjarse una carrera en el ámbito de los derechos humanos.

Uno de los enfoques ha sido incorporar completamente los métodos científicos en el trabajo actual de las organizaciones de derechos humanos. Physicians for Human Rights, por ejemplo, es una ONG dedicada totalmente a la incorporación de la evidencia científica en sus labores de defensa y promoción. El equipo interno de análisis cuantitativo de Human Rights Watch representa otro enfoque. Sin embargo, ni siquiera las organizaciones internacionales de derechos humanos más grandes pueden incluir personal experto en todos los métodos o herramientas científicos que pudieran ser útiles, por no mencionar las capacidades de las ONG pequeñas y comunitarias que centran sus competencias en los problemas locales de derechos humanos. Pero, muchas veces, esas agrupaciones locales tienen inquietudes científicas compartidas; por ejemplo, los proyectos extractivos que afectan a conjuntos de comunidades podrían beneficiarse enormemente del apoyo de asesores científicos con conocimientos y experiencia sobre la industria y la situación local. Estas personas podrían educar a los defensores locales para que puedan desarrollar alternativas, estrategias de mitigación, remedios y reformas con base en los derechos. Para ello, se necesitan expertos con diferentes tipos de conocimientos técnicos y experiencia en ciencia ciudadana o comunitaria.  

A los estudiantes de STEM y los científicos que están empezando sus carreras les interesa mucho aplicar sus conocimientos especializados en el ámbito de la justicia social. Pero su trabajo académico obligatorio les ofrece pocas posibilidades de aprender sobre los métodos de la ciencia ciudadana o las responsabilidades de la investigación basada en los derechos. Hay todavía menos oportunidades de convertirse en profesionales de tiempo completo de la investigación o consultoría en materia de derechos humanos.  

¿Cómo podría ser una vía de educación en derechos humanos y STEM?  

  • Los estudiantes que buscan un título de química, ecología, sociología, ingeniería civil o cualquier otra disciplina en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) deben tener oportunidades de ver cómo ese campo puede afectar (tanto positiva como negativamente) los derechos humanos. Por ejemplo, muchas universidades estadounidenses permiten estudiar derechos humanos como disciplina secundaria, pero muy pocas tienen asignaturas especializadas en la materia para los estudiantes de carreras de ciencia o ingeniería y la mayoría de ellas pertenecen a las áreas de salud global o pública. Actualmente, la Universidad de Connecticut es la única universidad en los EE. UU. que permite estudiar derechos humanos como disciplina secundaria en su facultad de ingeniería. Los cursos de ingeniería de la construcción de paz de la Universidad de Dayton son otro ejemplo. 

  • Se requieren oportunidades de aprendizaje experiencial, pasantías, prácticas profesionales y becas para los estudiantes de STEM que quieren desempeñarse en una carrera de interés público/servicio público. Algunas de esas oportunidades pueden comenzar en las universidades, pero se necesitarán donantes que apoyen a las ONG que ofrezcan estos espacios.  

  • Las universidades y asociaciones profesionales deben dar incentivos que animen a los estudiantes de STEM a explorar la ciencia de interés público como un ejercicio profesional tan prestigioso como una carrera en el sector académico, y deben alentar a los profesores a impartir estas asignaturas. Un ejemplo es el desarrollo y sostenimiento de centros académicos de investigación sobre el impacto de la ciencia en los derechos humanos, como el Centro de Ciencias de Derechos Humanos en Carnegie Mellon. 

Una vez establecida esta infraestructura de educación y capacitación, es preciso que estos estudiantes bien preparados puedan encontrar un trabajo al graduarse. La realidad es que pocos científicos han podido traducir su pasión por los derechos humanos en una carrera de tiempo completo. Muy pocas organizaciones se especializan en brindar apoyo científico y técnico a las organizaciones de derechos humanos. La mayoría de las universidades y las empresas científicas privadas no consideran que involucrarse activamente en el ámbito de los derechos humanos sea fundamental para su misión.  

Para aprovechar una gama más amplia de conocimientos y recursos científicos y tecnológicos en beneficio de los derechos humanos, se requerirán dos cambios críticos en el statu quo. En primer lugar, es necesario construir organizaciones dedicadas a la asesoría científica sin costo o de bajo costo para los derechos humanos. Ya existe un puñado de ONG de este tipo —ELAW, AIDA, EAAF—, pero esto no se acerca siquiera a satisfacer las necesidades. Se necesita un esfuerzo similar al proyecto de la Fundación Ford para apoyar a las oficinas de asistencia jurídica para financiar nuevas organizaciones de asesoría científica y a sus compañeros de proyecto. También se requiere financiamiento destinado a que las organizaciones internacionales y ONG de derechos humanos contraten científicos e ingenieros para que trabajen junto con los profesionales de derechos humanos.

A muchos departamentos universitarios les entusiasma la educación en derechos humanos, pero ese entusiasmo no se traduce en una labor de promoción real porque sienten que es demasiado política. 

En segundo lugar, para que las instituciones académicas y las empresas privadas de consultoría puedan aprovechar las oportunidades de promover los derechos humanos, es preciso impugnar los supuestos que ambas, sobre todo las consultoras, utilizan para decidir si aceptan o no un proyecto de derechos humanos. A muchos departamentos universitarios les entusiasma la educación en derechos humanos, pero ese entusiasmo no se traduce en una labor de promoción real porque sienten que es demasiado política. Muchos académicos no quieren ser testigos expertos en los litigios y pueden rechazar proyectos si les parecen riesgosos. Las consultoras de ingeniería y ciencias ambientales a menudo ofrecen el trabajo voluntario de sus empleados, pero por lo general les prohíben trabajar para las comunidades a las que afecta su propio sector, por conflicto de intereses. Esta determinación excesivamente amplia es innecesaria; examina los posibles daños inmediatos a la institución o empresa, en lugar del beneficio de largo plazo que les conferiría trabajar en pro del interés público. Refuerza el statu quo para los poderosos y garantiza que muchas comunidades no tengan acceso al tipo de conocimiento que necesitan para colaborar plenamente en la protección de los derechos humanos, lo que incluye, por ejemplo, los procesos públicos de las evaluaciones de impacto ambiental.  

Al igual que en la educación, para lograr este cambio, será necesario dar incentivos que recompensen los aportes a los derechos humanos. También será preciso fortalecer las protecciones para los científicos, ingenieros y otros tecnólogos que tomen medidas para evitar que sus empresas sean cómplices de violaciones de derechos humanos, como en el caso de las acciones recientes en Google y Amazon.  

No todos los científicos tienen que ser profesionales de derechos humanos. No todos los profesionales de derechos humanos tienen que ser científicos. Pero desarrollar una vía de desarrollo para quienes quieran trabajar en el cruce de ambos campos crearía oportunidades para el tipo de cambio sistémico que es posible cuando se ejerce plenamente el derecho humano a la ciencia.

 


Esta serie fue desarrollada en asociación con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton como parte de la Conferencia de Práctica Social de Derechos Humanos 2019. Para leer más, visite nuestra página de asociación.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: September 17, 2020

Theresa Harris es directora de proyectos en el Programa de Responsabilidad Científica, Derechos Humanos y Derecho de la American Association for the Advancement of Science (AAAS). Es abogada de derechos humanos y cuenta también con títulos de antropología y planificación urbana. Administra proyectos de la AAAS que ponen en contacto a las organizaciones de derechos humanos con especialistas científicos y técnicos, incluida la iniciativa On-call Scientists de la AAAqS.

 
 


 

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