El 10 de diciembre de 2018, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) celebró su 70 aniversario. Unos meses antes de este aniversario, Samuel Moyn, profesor de Derecho de Yale, publicó su libro titulado Not Enough: Human Rights in an Unequal World (No es suficiente: Los derechos humanos en un mundo de desigualdad), un provocador recuento de los fracasos del movimiento de derechos humanos a la hora de hacer frente al capitalismo global y al consiguiente aumento de la desigualdad social. En él, sostiene que “... ninguna ONG de derechos humanos, en el Norte o en el Sur, enfatizó la desigualdad por sí misma”. La crítica de Moyn (que se hace eco de otras críticas contemporáneas sobre las limitaciones de los derechos) sostiene que el movimiento de derechos humanos se ha alejado de la clara visión redistributiva y centrada en la igualdad de la DUDH para entrar en cambio al ámbito de las organizaciones no gubernamentales y los tratados internacionales anodinos dominados por los derechos civiles y políticos.
Pero, como señaló Wendy Brown, esto pasa por alto el principal poder de los derechos humanos. Los derechos catalizan y movilizan a los agentes de cambio. Ella señala la paradoja de los derechos humanos, que consiste en que los derechos que “... conllevan alguna especificación de nuestro sufrimiento, lesión o desigualdad nos encierran en una identidad definida por nuestra subordinación, y los derechos que evitan esa especificidad no solo mantienen la invisibilidad de nuestra subordinación, sino que incluso tienen el potencial para aumentarla”. Sin embargo, al arrojar luz sobre esta subordinación, el lenguaje de los derechos humanos confirma el carácter insostenible de la injusticia en el presente y expresa con claridad las condiciones y los perfiles de la justicia en el futuro. En otras palabras, lo que la crítica de Moyn pasa por alto es el poder emancipador de los derechos, no como fines, ni siquiera como instrumentos, sino como la expresión de cómo podrían ser la igualdad y la libertad. Al exigir los derechos, se crea un espacio para la movilización a favor del cambio social.
Por todas partes del mundo, podemos apreciar el potencial radical de los derechos humanos para crear espacios en los que las poblaciones subordinadas puedan pensar, soñar, planear y movilizarse. En Sudáfrica, un marco basado en los derechos humanos ha estructurado las posibilidades de acción desde 1994, en particular mediante el litigio de interés público. El Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI), del cual fui cofundadora y dirigí de 2010 a 2012, ha sido uno de los escenarios de la lucha con base en los derechos humanos.
Desde sus inicios, la igualdad socioeconómica ha sido el ideal principal de SERI; en su logo, la E del acrónimo SERI es el símbolo de la igualdad. Además, uno de sus financiadores, la Ford Foundation, se ha centrado en combatir la desigualdad desde 2012. A partir de sus relaciones con personas y comunidades excluidas social y económicamente, movimientos sociales y otras organizaciones no gubernamentales, SERI considera que su función es actuar para “proteger y ampliar los espacios políticos en los que las personas y las comunidades se organizan y ejercen presión para lograr un cambio social”. Por lo tanto, el trabajo de SERI es abiertamente “político” (con p minúscula).
SERI integra su labor de litigio con la investigación y la promoción, trabajando en una variedad de temas transversales que sus aliados han identificado como las líneas de fractura más relevantes en la lucha: conseguir un hogar, ganarse la vida y ampliar el espacio político. Para SERI, el litigio estratégicamente óptimo debe: a) desafiar y reubicar las barreras estructurales en el interés público, o b) en un nivel más directo o micro, eliminar las barreras y crear un espacio en el que los aliados de SERI puedan organizarse, movilizarse y seguir adelante con sus vidas de mejor manera.
SERI ha tenido éxitos legales importantes y ha ganado la mayoría de sus casos. En el ámbito del espacio político, SERI ha defendido con éxito a activistas comunitarios contra arrestos y detenciones ilegales; ha garantizado cierto grado de justicia para las familias de los mineros de Marikana que fueron asesinados por la policía durante las protestas de agosto de 2012 y ha ampliado los límites legales dentro de los cuales pueden ocurrir las protestas. En el ámbito del espacio vital, SERI ha impulsado la jurisprudencia sobre los desalojos justos y equitativos; ha obligado al gobierno a mejorar los asentamientos informales o proporcionarles servicios, y ha desarrollado leyes para restringir la capacidad de los actores privados, como los bancos y los arrendadores, para tomar medidas en contra de los inquilinos y propietarios de bajos ingresos. De esta manera, SERI ha logrado avances significativos para transformar el statu quo político y socioeconómico.
Estas victorias legales también han estado acompañadas de algunas decepciones, especialmente en relación con los esfuerzos de SERI para lograr que los tribunales definan el contenido del derecho a la vivienda. Lo más devastador es que la desigualdad estructural y la exclusión socioeconómica en Sudáfrica han aumentado en lugar de disminuir. Sin embargo, de acuerdo con la teoría del cambio de SERI, el litigio (y los derechos en general) es un medio más que un fin, dirigido a “la creación... de espacios en los que los hombres y las mujeres comunes y corrientes puedan actuar por sí mismos”. Así, reconociendo que la lucha es constante, SERI ha utilizado los derechos para resaltar la injusticia, formular alternativas más justas y abrir espacios en los que los grupos subordinados puedan organizarse y movilizarse a favor del cambio social para crear una sociedad y una economía más progresistas. Paradójicamente, parece que los derechos humanos podrían ser suficientes para garantizar que, en palabras de Martin Luther King, el largo “arco del universo moral... se incline hacia la justicia”.