La CPI investigará la destrucción del medio ambiente, así como los crímenes de guerra

La CPI ahora dará prioridad a los delitos relacionados con la destrucción ambiental y el acaparamiento de tierras. ¿Cómo cambiará esto el desarrollo económico?

Richard J. Rogers 
October 19, 2016

Dado que el acaparamiento de tierras se está convirtiendo rápidamente en uno de los problemas más acuciantes de derechos humanos de nuestro tiempo, la Corte Penal Internacional ha comenzado a reconocer que la máscara del desarrollo económico puede ocultar muchos crímenes contra la humanidad. En efecto, la destrucción del medio ambiente, la incautación ilegal de tierras y la explotación ilegal de los recursos naturales pueden tener efectos devastadores sobre el derecho de las personas a una vida saludable, segura y digna.

El 7 de octubre de 2014, como socio de Global Diligence LLP, presenté una Comunicación (similar a una “queja”) en nombre de las víctimas de Camboya ante la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La Comunicación pidió a la fiscal que investigara los crímenes en masa relacionados con el frenesí de acaparamiento de tierras que ha plagado a Camboya durante los últimos 20 años. En el documento, sostuvimos que aproximadamente 850,000 personas se han visto afectadas negativamente por conflictos territoriales, y unas 300 a 400,000 ya han sido desalojadas de sus tierras; tan solo en Phnom Penh, 145,000 personas han sido desplazadas. Quienes se resistieron al desalojo fueron expulsados mediante el uso de gases lacrimógenos, porras y munición de guerra. Algunos han sido asesinados, violados, golpeados brutalmente y encarcelados por cargos falsos. La población indígena minoritaria, dada a su particular dependencia de la tierra y su apego cultural a esta, se ha visto afectada de manera desproporcionada.


Flickr/jidanchaomian (Some rights reserved)

A frenzied demand for land in Cambodia has led to an epidemic of irresponsible deforestation.


El acaparamiento de tierras también es la causa de la rápida tasa de deforestación de Camboya, que, según consta, es la quinta más alta del mundo. Los desalojados ahora viven en condiciones miserables y algunos se convierten en víctimas de la trata de personas, el trabajo infantil y la prostitución. Los activistas han sido intimidados, procesados, detenidos por cargos falsos y asesinados.

La Comunicación afirma que los miembros de la “élite gobernante” de Camboya realizaron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil camboyana, en virtud de una política de Estado, y cometieron los delitos subyacentes de traslado ilegal forzoso de poblaciones, asesinato, encarcelamiento ilegal, otros actos inhumanos y persecución. El efecto acumulativo de estos delitos llevó la situación más allá de los límites del derecho de los derechos humanos y hacia la esfera del derecho penal internacional; los hechos satisfacen todos los elementos de un “crimen contra la humanidad” y, por lo tanto, la situación queda completamente dentro de la jurisdicción de la CPI.  

Esta presentación obtuvo atención y apoyo considerables a nivel internacional: cuarenta organizaciones de derechos sobre la tierra de todo el mundo agregaron su firma a una carta en la que se pide a la fiscal que tome medidas; miles de camboyanos enviaron una petición a favor del caso, y organizaciones de derechos humanos como Global Witness y la FIDH le dieron todo su respaldo. El 21 de agosto de 2015, di testimonio sobre el tema ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos; asistieron aproximadamente 600 camboyanos-estadounidenses. La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo debatió la Comunicación y, el 26 de noviembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condenaba las violaciones de derechos humanos en Camboya.

Los delitos sistémicos cometidos so pretexto del “desarrollo” no son menos perjudiciales para las víctimas que muchas atrocidades en tiempos de guerra. 

Más recientemente, el 15 de septiembre de 2016, la fiscal de la CPI anunció un cambio en la política de selección y priorización de casos. La Fiscalía ahora dará prioridad a los delitos que se cometen por medio de o que dan como resultado “la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de recursos naturales o el despojo ilegal de tierras”. Parece ser que la fiscal ha aceptado el argumento que presentó Global Diligence de que los delitos sistémicos cometidos so pretexto del “desarrollo” no son menos perjudiciales para las víctimas que muchas atrocidades en tiempos de guerra. El anuncio de la política se produce en un momento crítico, en el que el acaparamiento de tierras se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos a los derechos humanos de nuestro tiempo. Debido al aumento de la población mundial y de los niveles de consumo, se ha ejercido una presión enorme sobre los recursos naturales. En los países que no cuentan con una buena gobernanza, las transacciones territoriales han dado pie a que se traslade forzosamente a la población, a que las personas vulnerables pierdan sus medios de subsistencia y a que se degrade el medio ambiente.

La política de la CPI no cambia las leyes ni las definiciones existentes. En cambio, señala un nuevo “enfoque interno” para priorizar los casos relacionados con cierta clase de delitos (o causas o consecuencias) que están dentro de la jurisdicción de la CPI. Conforme al Estatuto de Roma, el traslado forzoso de poblaciones, que a menudo se deriva del acaparamiento de tierras, se menciona expresamente como un acto subyacente de los crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, si se realizan desplazamientos forzosos masivos de la población civil como parte de un ataque generalizado y sistemático de conformidad con una política de Estado, entonces la situación puede constituir un crimen contra la humanidad. La destrucción del medio ambiente y la explotación ilegal de los recursos que se derivan del acaparamiento de tierras también pueden convertirse en elementos cruciales que influyan en las prioridades de la fiscal de la CPI.  

El nuevo enfoque de la Fiscalía tiene un enorme potencial para tener efectos positivos en la práctica. En primer lugar, aunque es poco probable que la amenaza de ser acusados formalmente detenga a la mayoría de los criminales de guerra, los infractores que incurren en el acaparamiento de tierras tienen mucho más que perder. Estos suelen ser funcionarios del gobierno y ejecutivos empresariales que se preocupan por su reputación, su legitimidad, su riqueza y su libertad. Es mucho más probable que cambien su comportamiento. En segundo lugar,  es mucho más probable que los ejecutivos empresariales tomen medidas serias de debida diligencia antes de invertir en países que sufren conflictos territoriales; de lo contrario, corren el riesgo de convertirse en cómplices de los crímenes contra la humanidad.  En tercer lugar, si la CPI toma el caso de Camboya, empoderará a las víctimas y los grupos de derechos sobre la tierra en todo el mundo, y ayudará a evitar más violaciones.

Este cambio de enfoque en la Fiscalía de la CPI marca un avance importante del derecho penal internacional: es la primera vez que un tribunal penal internacional ha indicado que los crímenes en masa cometidos en tiempos de paz y en nombre de las ganancias se considerarán junto con los crímenes de guerra tradicionales. De este modo, la fiscal de la CPI ha demostrado que escucha con atención las preocupaciones de las víctimas y está dispuesta a destinar sus recursos a abordar los problemas de derechos humanos más apremiantes de nuestros días.

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Richard J. Rogers 

Richard J. Rogers es un experto en derechos humanos internacionales y derecho penal internacional. Asesora a gobiernos, empresas, organizaciones internacionales e individuos que enfrentan desafíos legales derivados de conflictos armados o entornos inestables.

 

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