Del empoderamiento legal al empoderamiento ciudadano en Chile: el avance de los derechos humanos a través de la investigación-acción en un contexto dinámico

"Promover los derechos humanos a través de un enfoque centrado en las personas implica exigir que los investigadores sean sensibles y respondan a desafíos inevitables y a menudo impredecibles".


 

Los manifestantes protestan contra el aumento en el precio de los boletos del metro en octubre de 2019, en Santiago de Chile, que finalmente desembocó en protestas que desencadenarían el voto plebiscitario sobre la constitución. EFE / Elvis González


Las reformas del acceso a la justicia suelen centrarse en el funcionamiento institucional y la expansión geográfica del sistema judicial. Sin embargo, para ofrecer remedios, las instituciones de justicia deben activarse por quienes buscan proteger y promover sus derechos legales, es decir, las personas deben ejercer su agencia legal. Los derechos de los que disfrutan las personas dependen no sólo de la calidad institucional, sino también de los factores que promueven o inhiben las decisiones de participación en las instituciones de justicia.

En 2017, las autoras llevamos a cabo un proyecto de investigación colaborativa para explorar el vínculo entre los factores estructurales, actitudinales y políticos y la participación en el sistema de justicia en Santiago de Chile y Medellín, Colombia. A través de un innovador diseño de investigación comparativa de grupos focales, que indagó en los puntos comunes y las diferencias entre países y categorías demográficas, descubrimos un notable contraste entre los participantes de las poblaciones marginadas de Santiago y los de Medellín. Descubrimos que, si bien los chilenos y colombianos de bajos ingresos tenían una motivación similar para buscar soluciones cuando experimentaban daños y afrentas a su dignidad, los participantes colombianos mostraban mayores niveles de conciencia de derechos y de conocimientos jurídicos que sus homólogos chilenos. Es decir, los chilenos tendían a no entender dichas violaciones en términos de derechos legales ni a saber a dónde acudir para obtener un recurso institucional.  

Este hallazgo resonó con nuestros socios locales en Chile, a quienes habíamos consultado en el diseño del estudio de grupos focales y que tenían una importante experiencia en intervenciones comunitarias para la resolución de conflictos y propuestas de acceso a la justicia. Nuestro estudio reforzó sus observaciones acerca de las limitaciones del enfoque institucional del acceso a la justicia en Chile, concebido y diseñado desde arriba, con poca atención a las necesidades y capacidades de la gente común en materia de justicia.

A partir de este diagnóstico compartido, y en línea con el impulso internacional de un enfoque de justicia centrado en las personas, lanzamos en agosto de 2019 un proceso de planeación participativa para desarrollar un proyecto de empoderamiento legal con participación comunitaria en una comuna de bajos ingresos (San Joaquín) de Santiago. El proyecto, apoyado por una financiación de la Minnesota Model Strategic Partnership, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los participantes para utilizar la ley y las instituciones de justicia para proteger y promover sus derechos e intereses. Como parte de este proceso de empoderamiento, seguimos un enfoque metodológico de “investigación de acción participativa” que permite a los grupos marginados “convertirse en protagonistas del avance de su sociedad”.

Menos de dos meses después, en octubre de 2019, estallaron en Chile las protestas masivas contra la injusticia sistémica vinculada al orden constitucional legado por la dictadura de Pinochet. La agitación llevó a los líderes del Congreso a anunciar un acuerdo histórico para celebrar un plebiscito nacional vinculante en abril de 2020 sobre si se debe redactar una nueva constitución y cómo hacerlo.

Este nuevo contexto político modificó las necesidades de la comunidad de San Joaquín y de nuestros socios locales, lo que hizo que nuestro proyecto cobrara mayor relevancia y ampliara su alcance. El gobierno municipal se movilizó para hacer frente al clamor emergente en la comunidad por conocer las cuestiones constitucionales y cómo participar de forma significativa en el proceso constitucional. En respuesta, desarrollamos e implementamos varias sesiones de un módulo de educación constitucional, dirigido por nuestros socios locales de la Universidad Alberto Hurtado. Luego ampliamos la intervención original de empoderamiento legal que habíamos planeado para la primavera de 2020 a un programa de empoderamiento ciudadano, diseñado para fortalecer las capacidades de la comunidad para ejercer sus derechos en el proceso de elaboración de la constitución en curso.

Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de lanzar esta versión adaptada del proyecto, la pandemia de la covid-19 nos obligó a suspender el trabajo de campo. Hasta finales de 2020, cuando la primera ola de la pandemia había remitido en Chile, nuestros socios de San Joaquín no estuvieron preparados para seguir adelante con el proyecto. Pasamos a un programa de empoderamiento ciudadano virtual. Con el apoyo del municipio, reclutamos a 25 participantes, la mayoría mujeres, que son líderes de “Comités de Seguridad Vecinal”. En sesiones dirigidas por nuestro equipo multidisciplinar chileno (de derecho, psicología y administración pública), trabajamos en salas virtuales para identificar los temas que más les preocupaban a los participantes. Las futuras sesiones se centrarán en los temas de ciudadanía y participación, derechos sanitarios, delincuencia y seguridad, y acceso a la información pública, y explorarán la comprensión y las experiencias de los participantes con cada tema, identificarán las barreras y los éxitos en el ejercicio de la ciudadanía y, por último, debatirán cómo los participantes podrían replicar la metodología de empoderamiento en su trabajo comunitario.

La promoción de los derechos humanos a través de un enfoque centrado en las personas implica trabajar en entornos reales con seres humanos, lo que requiere que los investigadores sean sensibles y respondan a los inevitables, y a menudo imprevisibles, desafíos.

Tras dos meses de aplicación de este programa, hemos comprobado que el nuevo formato virtual presenta tanto ventajas como dificultades. Un beneficio clave es que, con la ayuda de un líder del gobierno municipal, ampliamos el alcance territorial de la intervención para atraer a participantes de todo el municipio, lo cual crea así un espacio para que los líderes comunitarios aprendan unos de otros. Además, la posibilidad de participar desde casa hace que los talleres sean más accesibles para las personas que tienen que cuidar a otras personas o que tienen otras exigencias.

Sin embargo, este enfoque presenta desafíos únicos. En primer lugar, la conectividad y la alfabetización digital son desiguales dentro del grupo, y tenemos que dedicar una cantidad significativa de tiempo en cada reunión a ayudar a la gente con las dificultades técnicas y sus frustraciones concomitantes.   

En segundo lugar, tuvimos que encontrar la manera de crear confianza y comunidad en el grupo y de acabar con las jerarquías. Con esto en mente, en la primera reunión, el anfitrión agradeció a todos por permitirnos entrar en sus espacios privados y pidió a cada persona que se presentara y compartiera un objeto a su alcance y que explicara qué significa para ella. Los participantes y los animadores compartieron desde estuches de lápices y cinta adhesiva hasta fotos de seres queridos o sentimientos sobre lo que significaban sus casas. Fue un ejercicio democratizador y humanizador. De hecho, desde entonces, los participantes han expresado su entusiasmo por el proyecto, e incluso han aceptado reunirse quincenalmente en lugar de mensualmente, lo cual duplica el compromiso de tiempo propuesto.

Además de los retos y adaptaciones a la parte de “acción” del proyecto, también hemos modificado el componente de investigación. Hemos dado prioridad a nuestro compromiso ético con la comunidad de San Joaquín, y adaptamos el calendario y el contenido del proyecto a sus peticiones en este momento político único. Aunque seguimos adelante con una encuesta en Chile, ya no estará vinculada a la intervención en San Joaquín. Sin embargo, seguiremos realizando entrevistas de salida con los participantes para evaluar el programa de empoderamiento y difundir esos resultados dentro y fuera de la comunidad.

Nuestra experiencia ilustra lo que entendemos como la esencia del Modelo de Minnesota para la Investigación de los Derechos Humanos. No hacemos este trabajo en un vacío social y político. La promoción de los derechos humanos a través de un enfoque centrado en las personas implica trabajar en entornos reales con seres humanos, lo que requiere que los investigadores sean sensibles y respondan a los inevitables, y a menudo imprevisibles, desafíos. Estos retos exigen flexibilidad y adaptabilidad en las prioridades de investigación y en su aplicación. Cuando propusimos nuestro proyecto de empoderamiento legal en Chile a principios de 2019, esperábamos trabajar en persona, en un contexto de estabilidad social, política e institucional; casi dos años después estamos implementando nuestro proyecto en línea con una comunidad sacudida por un levantamiento social y una pandemia global, y que anticipa una reorganización fundamental del sistema político. Adaptar nuestro trabajo a estas dinámicas es fundamental para la ética de la investigación colaborativa sobre derechos humanos, en general, y para el trabajo de empoderamiento ciudadano, en particular.

 


Este artículo es parte de una asociación con el Laboratorio de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. La serie explora las posibilidades y barreras para construir colaboraciones de investigación y práctica efectivas entre académicos y profesionales de los derechos humanos.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: April 16, 2021

Lisa Hilbink es profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Minnesota-Twin Cities.

Valentina Salas es estudiante de doctorado en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesota-Twin Cities.


 

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